El presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, respaldó la propuesta del presidente Luis Arce de convocar a un congreso único con la participación del expresidente Evo Morales para dar una salida a la crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El jueves, Arce exhortó a Morales a “reflexionar” y reunirse con el Pacto de Unidad arcista para convocar a un congreso único y evitar que se proscriba la sigla del partido oficialista.

Arce recordó que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad convocaron en cuatro oportunidades a Morales a una reunión para llamar a un congreso junto con las organizaciones; no obstante, el expresidente no atendió el llamado.

El mandatario recordó que el congreso del MAS, desarrollado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, fue convocado en el marco del plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la renovación de la directiva del partido oficialista.   

En entrevista con La Razón Radio, aseguró que, permanentemente, su facción ha ido buscando a Morales para “sentarse y dialogar” para viabilizar el congreso ordinario como establece el estatuto del MAS.

“Esperemos que exista reflexión por parte del sector (evista) del MAS, sino por el resto de los legisladores”, dijo.

Lamentó que el “sector radical” del MAS anteponga una agenda política y aspiraciones personales que están “deteriorando” la unidad del partido.

Al ser consultado sobre una posible llamada o carta enviada por Arce a Morales para llegar a un consenso en el MAS, aseguró que su bloque convoca a Morales a través de los medios de comunicación. “Las organizaciones tiene sus mecanismos para llevar adelante esos procesos de diálogo”, añadió.

A inicios de mes, el bloque arcista llevó adelante un congreso en El Alto, en el cual eligió a Grover García como presidente del partido. Sin embrago, el TSE deberá validar las resoluciones emanadas del cónclave.

Al conocerse la noticia, el ala evista se declaró en emergencia y anunció medidas de presión. El MAS atraviesa una de sus crisis más profundas desde 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra por parte del gobierno de Arce.

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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó este viernes que la investigación contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, radica ahora en Santa Cruz.

“Este proceso ha sido derivado a Santa Cruz a raíz de un incidente de declinatoria de competencia suscitado por una de las personas investigadas”, informó la autoridad judicial a los periodistas en Sucre.

Ese caso fue abierto por Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio. La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

Israel Huaytari

En su defensa, el legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) negó su vinculación con cualquier hecho de corrupción. También atribuyó la denuncia a una “guerra sucia” por parte de un miembro de la Asamblea Legislativa cuyo nombre no dio.

Incluso, dijo que está dispuesto a renunciar a su derecho al secreto bancario. “No hay miedo”, dijo el diputado potosino en conferencia de prensa.

“Esta presidencia jamás se metería en hechos de corrupción, peor todavía los potosinos, que somos trabajadores. Huaytari no es politiquero y no vive de la política; Huaytari recién asume en su carrera política primera vez como parlamentario”, añadió.

Respecto del patrimonio de Huaytari, y según consta en la Contraloría General del Estado, cuenta con 10 bienes declarados; un total de bienes activos por Bs 605.350, deudas por Bs 2,78 millones y rentas recibidas por Bs 294.215.

El Viceministerio de Sustancias Controladas brindó un informe respecto a los resultados de la lucha contra el narcotráfico durante los tres años de su gestión y en los primeros cuatro meses de 2024.

“En los últimos tres años hemos secuestrado más de 1.000 toneladas de hoja de coca que estaban siendo desviados al narcotráfico (…); durante nuestra gestión se ha desarticulado más de nueve organizaciones criminales nacionales y con presencia internacional”, informó a los medios Jaime Mamani, viceministro de Sustancias.

Además, reportó que en solo cuatro meses y nueve días, las fuerzas antidroga secuestraron 23 toneladas de cocaína.

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Logros

A lo largo de los tres años, informó, se destruyeron 111 laboratorios y 2,184 fábricas y se aprehendió a 9.000 personas. Estos resultados se lograron en 29.947 operativos contra el narcotráfico.

“Estadísticamente, hemos superado a todos las gestiones de otros gobiernos”, aseguró el viceministro.

De acuerdo con los datos presentados, las gestiones pasadas habían logrado incautar en promedio anual 16 toneladas de cocaína. Mientras que, en la presente administración, en promedio se incautan 24 toneladas.

Asimismo, recalcó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) no contaba con los medios adecuados para los operativos. Denunció que las armas eran obsoletas y dicha fuerza carecía de vehículos.

Además, de acuerdo a la autoridad, durante su gestión se lograron importantes avances en materia de digitalización y transparencia.

El lugar donde más se afectó al narcotráfico, de acuerdo a un mapa de calor presentado, es el departamento de Cochabamba, específicamente en el municipio de Villa Tunari; seguido de zonas alejadas en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Desafíos

Sin embargo, el viceministro Mamani reconoció que el puente aéreo, mediante aeronaves y helicópteros, todavía es un reto para el Gobierno, pero ya comienza a tener avances. En 2023 se interceptó cuatro helicópteros, la cifra más alta en la historia.

Mamani auguró que los próximos operativos también serán exitosos y ratificó el compromiso con la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con la autoridad, se intenta establecer convenios con países, no solo de la región, sino también de Europa, para poder trabajar de manera conjunta.

El diputado Andrés Romero, de la agrupación de oposición Creemos, fue sorprendido con un celular escondido en sus genitales cuando intentaba ingresar al penal de Chonchocoro a visitar al gobernador electo de Santa cruz, Luis Fernando Camacho.

El hecho, ocurrido el jueves, fue detectado por el scanner que utilizan efectivos policiales para el control de ingreso de visitas en el recinto carcelario. El reporte policial y la imagen que delató la infracción dan cuenta de que el dispositivo fue camuflado en la parte genital del legislador de la bancada de Santa Cruz.

Aún se espera un informe oficial ampliado sobre el hecho por parte de los custodios de ese centre penitenciario de máxima seguridad, en Viacha.

En una entrevista con la red DTV, el diputado Romero admitió el hecho y dijo que pasó por “tonto” al ser descubierto.

“Hoy cumplí mi decimoquinta visita y no pude entrar, hoy, por error mío, por un operío mío que lo tengo que asumir, quise hacerme el vivo y pasé por tonto y perdí la oportunidad de entrar (de visita al penal)”, dijo al periodista Junior Arias.

Aprovechó la ocasión para calificar de “secuestro” la privación de libertad del otrora presidente del Comité pro Santa Cruz que lideró las protestas contra el Gobierno del expresidente Evo Morales.

Camacho está detenido preventivamente en ese recinto desde el 30 de diciembre de 2022, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.

Las protestas que reclamaban un supuesto “fraude monumental” en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año cobraron fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales dimita a su cargo, en medio de una fuerte convulsión social y política.

Frente a la anulación del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa todavía no ha presentado una respuesta institucional. Incluso, existen posiciones contradictorias para asumir una salida al entrampamiento de los comicios.

La semana pasada, la Sala Constitucional Primera del Tribuna de Justicia de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección. El fallo fue emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, esa sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

En entrevista con La Razón Radio, los diputados Marcelo Pedrazas, de la facción renovadora de Comunidad Ciudadana (CC), y Juan José Jáuregui, de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), propusieron una salida política y una salida judicial, respectivamente.

Pedrazas consideró que la discusión en la Asamblea Legislativa sobre las elecciones judiciales es política y no jurídica. Además, lamentó que algunos de sus colegas no contribuyan a viabilizar su solución.

“Sabemos que es un hecho político. No ha habido capacidad de la Asamblea para que políticamente se puedan generar mecanismos de coordinación y comprensión de la crisis judicial”, afirmó.

Con esos acuerdos y mecanismos políticos —según explicó— recién se debería sacar una ley de convocatoria a postulantes a los cargos de los altos tribunales. “Hubo errores garrafales en la ley”.

En su criterio, era fundamental que la oposición establezca un mecanismo que permita generar una posición política de la Asamblea, donde los magistrados también se sientan comprometidos a continuar la elección.

“Tú sabes que este Órgano Judicial ya tiene una visión política, es un error querer entrar a un debate jurídico”, reclamó. 

Consideró que el acuerdo político del 2 de febrero, que viabilizó las elecciones, incurrió en el error de incorporar la discusión de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de funciones de magistrados y consejeros electos en 2017.

En discordancia, Jauregui afirmó que la discusión sobre las elecciones judiciales suspendidas aborda una interpretación constitucional. Reclamó que “el mayor defecto” de la oposición tradicional y la facción evista del MAS fue no comprender que se debe aplicar las leyes de la Constitución de forma minuciosa.

“Los primeros procesos fallidos obedecen a una conducta sencilla: los legisladores de la nueva oposición que incorporaron temas inconstitucionales”, añadió.

Por ello, el legislador negó la existencia de una premeditación o “mano negra” por parte del Órgano Ejecutivo para frenar los comicios. “Lo que ha sido es que no han comprendido que se debe respetar la Constitución”.

“Ahora estamos siendo testigos de declaración solamente políticas para destrabar la elección, ¿eso realmente ayudará a concluir el proceso de preselección?”, cuestionó.

Ratificó la propuesta de la bancada de la facción arcista del MAS en la Cámara de Diputados, encabezada por Jerges Mercado, quien solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

El jueves, Mercado anunció que se presentó un memorial al TCP, en Sucre, para “salvar la preselección y las elecciones judiciales”. “Hemos solicitado que nos otorgue la medida cautelar que permita continuar con el proceso”, dijo.

Es decir, se pretende que el TCP dicte una medida cautelar para que el proceso electoral prosiga más allá de los recursos judiciales en su contra.

El proceso de preselección está paralizado y sin salida. El plazo otorgado por la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya se cumplió el 7 de mayo. Ahora, algunos legisladores piden que el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convoque a una sesión para que el pleno de los asambleístas defina una posición.

Con la vigencia de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se preveía que los comicios se desarrollen al menos hasta la primera quincena de septiembre de este año.

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