La intervención del Gobierno a los Sedes de La Paz y Cochabamba pone en cuestión el respeto a las autonomías
Se abre un conflicto de competencias. El gobernador Patzi recurre al Tribunal Constitucional y su colega Soria desafía ratificando al director del Sedes
La pandemia abre un conflicto de competencias entre el Gobierno y los gobiernos departamentales de La Paz y Cochabamba. ¿El motivo? La intervención del jueves a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de esas regiones, con el nombramiento de nuevos directores por parte del Ministerio de Salud, hecha bajo el alegato de que se busca una mejor coordinación para la lucha contra el coronavirus, que hasta el jueves tenía 31 fallecidos y 465 infectados en el país.
La noticia cayó como balde de agua fría a los gobernadores Félix Patzi y Esther Soria, de La Paz y Cochabamba, respectivamente. El primero en reaccionar fue el líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el mismo jueves. Si bien afirmó que no se opone a la decisión, lanzó dos dardos al mandato de la presidenta-candidata Jeanine Áñez, que en sí denotan desacuerdo: hará consultas sobre la legalidad ante el Servicio Estatal de Autonomías y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
No es todo. Atribuyó el cambio de Freddy Valle por René Sahonero a una medida que responde a intereses políticos, por la afinidad entre Áñez y los alcaldes Luis Revilla y Soledad Chapetón, de La Paz y El Alto, de Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Unidad Nacional (UN), respectivamente, quienes forman parte de la alianza electoral con miras a los comicios que fueron suspendidos, aún sin fecha, por la emergencia sanitaria. Bajo esta mirada, dijo que el Sedes era un “obstáculo”.
Más directa fue la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien tildó de ilegal e inconstitucional la resolución ministerial 196 y señaló este viernes que tomará todas las acciones legales que estén a su alcance contra la decisión unilateral. Asimismo, exigió a Áñez que respete la autonomía departamental y ratificó al mando del Sedes a Eddy Calvimontes, no así a Miguel Ángel Delgado, en un franco desafío a la disposición gubernamental.
El ministro de Salud, Marcelo Navajas, intentó poner paños fríos al tema. Aseguró este viernes en la mañana que la intervención se aplicará solo por seis meses, ya que se encuentran facultados por la ley para tomar esa determinación. “Primero empezamos con el (Sedes) de Cochabamba y después hemos tenido que tomar esa decisión ahora (con el de La Paz), sin embargo, esto se lo ha hecho para que la coordinación sea mejor y podamos combatir de mejor forma esta lucha”.
Tanto Patzi como Soria negaron una descoordinación con las autoridades del poder central. Mientras Delgado, director nombrado por Navajas para el Sedes de Cochabamba, se refirió a la imperiosa necesidad de un mando único, concentrado en el Ejecutivo nacional, con un tono bélico. “Estamos como en guerra, hubo falta de coordinación y las disposiciones legales le otorgan al ministerio la facultad de asumir la rectoría para tomar acciones y medidas que amerite la pandemia”.
Los Sedes están bajo tuición de las gobernaciones. La Constitución establece como una competencia concurrente de los niveles central y departamental la “gestión del sistema de salud”. Y la Ley de Autonomías señala que los gobiernos departamentales pueden “formular y aprobar el Plan Departamental de Salud en concordancia con el Plan de Desarrollo Sectorial Nacional”, entre otras facultades.
Soria solicitó a Áñez que recapacite y tome las decisiones sin ser “manejada” por “algunos ministros machistas”. “Que actúe con la razón y con el corazón, que no se deje manejar con sus ministros. Actuemos presidenta como mujeres que somos porque nos han dado la oportunidad para gobernar, usted el Estado y yo el departamento de Cochabamba. Necesitamos que se respete nuestra autonomía”.
En marzo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, llamó “sinvergüenza” al director del Sedes de Cochabamba, al acusarlo de no cumplir con su tarea de precautelar la salud tras no haber coordinación en la llegada de 157 bolivianos desde Chile, que debían instalarse en la ex Villa Olímpica. Incluso le amenazó con la cárcel, no solamente a él, sino a la gobernadora Soria, si se resistían a “acatar las órdenes”.