Abogado cuestiona la imputación a Áñez y justifica que en 2019 hubo violencia en Senkata
La defensa legal de Jeanine Áñez calificó a Senkata como un escenario de “violencia” en 2019, y no de movilización “pacífica”, de los seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El abogado de Jeanine Áñez, cuestionó la imputación contra la exmandataria en el caso de la masacre de Senkata,
Imagen: ARCHIVO-APG
Luis Guillén, abogado de Jeanine Áñez, cuestionó la imputación contra la exmandataria en el caso de la masacre de Senkata, en 2019. Dijo que “Senkata fue un espacio de violencia tomado por grupos afines al MAS”.
Las fiscalías de La Paz y Cochabamba libraron la imputación contra Áñez por su presunta participación en las masacres de Sacaba y Senkata, el 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente. La expresidenta es acusada por delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves; asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Respecto de Senkata, Guillén dijo que lo que ocurrió “eran hechos agresivos que estaban impidiendo que la ciudadanía se vea abastecida de combustible”.
“Sabemos que la zona de Senkata fue un espacio con bastante violencia, fue un espacio tomado por personas afines al MAS que no estaban ejerciendo protesta pacífica”, justificó.
Luego una investigación de ocho meses en Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que en Senkata hubo una masacre, lo mismo que en Sacaba.
“No se comprobó que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego, entre sí o en contra de las fuerzas de seguridad”, concluyó el informe del GIEI.
Al menos 20 personas fueron asesinadas a bala en ambas masacres luego de la represión de parte de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que actuaron al amparo del Decreto Supremo 4978.
Ese decreto, abrogado el 25 de noviembre de ese año, eximía de responsabilidades penales a los militares. Fue promulgado el 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, por Áñez y su gabinete de ministros.
Los conflictos comenzaron el 10 de noviembre, el mismo día de la renuncia de Evo Morales. Las protestas cuestionaban la proclamación de la senadora Áñez, dos días después.
En sus cuestionamientos a la imputación contra la exmandataria, Guillén se respaldó en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Aseguró que éste establece que las imputaciones deben estar exentas de cualquier adjetivación y calificativo, “porque esto compromete la objetividad del ende que está investigando, es una imputación comprometida en su objetividad”.
“Estoy solicitando de que se investigue de forma objetiva los hechos acontecidos en 2019. ¿Por qué estaban estas personas ahí bloqueando? ¿Recibían dinero, no recibían? ¿Eran agresivos, no estaban siendo agresivos? ¿Eran en sí una manifestación pacífica? ¿En qué respaldan (la Fiscalía)?”, cuestionó el jurista.
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Si bien el GIEI descartó, bajo informes previos, que los manifestantes hayan intentado “volar” la planta de Senkata y que ésta hubiera estado en riesgo, como denunciaron entonces autoridades del gobierno transitorio y medios de información, la represión degeneró cuando un grupo de 50 personas derribó a pulso el muro de la estación.
Por varias horas hubo “una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal”.
Y “las evidencias recabadas por el GIEI indican que los disparos que resultaron en muertos y heridos se originaron en estas fuerzas de seguridad (Fuerzas Armadas)”.
El martes, Guillén dijo que Áñez debe ser sometida a un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria. En su criterio, es una “vergüenza” que la comisión de fiscales califique de protesta pacífica a la manifestación de Senkata.
Áñez guarda prisión y detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. El 10 de junio, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la sentenció en el caso Golpe de Estado II, por los actos de su autoproclamación.
Fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Además, es acusada por terrorismo en el caso Golpe de Estado I, sobre los hechos precedentes e la caída de Morales. El principal acusado es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido actualmente por el caso en el penal de Chonchocoro.
