Tras una reunión de emergencia y aún sin la confirmación de supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Pacto de Unidad y la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), al mando del expresidente y jefe del partido, Evo Morales, determinaron la realización del X Congreso Ordinario en el municipio de Villa Tunari de Cochabamba, el lunes 10 de junio.

“En esta reunión, ampliamente debatida, hemos decidido de consenso que sigue el congreso del MAS-IPSP, el 10 de junio, aquí en Villa Tunari, en el estadio Bicentenario. Está programado para las 08.00 la inauguración. Hemos demostrado que la convocatoria es legal y legítima”, dijo Morales.

Argumentó que la reunión de emergencia se realizó porque a mediodía se conoció la declinación de competencia de un juez de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, sobre el tema, después de admitir la demanda de acción de amparo constitucional del 21 de mayo.

Tras su decisión, la autoridad judicial remitió el caso a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La decisión “levanta muchas sospechas, no quiero pensar mal, pero sabemos que el Gobierno uso al magistrado autoprorrogado Olvis Egüez de Santa Cruz. Ha amenazado al juez: ‘Si realizas esa audiencia de amparo para garantizar el congreso del 10 de junio, va a ser procesado y encarcelado bajo una auditoría interna de su despacho’”, manifestó el exmandatario.

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Indicó que como partido se cumplió legalmente con la solicitud de supervisión y se presentó en La Paz una medida cautelar en la Sala Constitucional Primera para que autorice al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el acompañamiento del cónclave. 

“Si el juez de Cuatro Cañadas admitió la demanda (es) que tenemos razón, hemos cumplido con las normas. Lo otro era rechazar, no admitir la demanda, hubiera entendido. (Al) admitir, a último momento declinar competencia, levanta sospechas. Y otra vez seguimos haciendo la batalla legal para evitar cualquier conflicto o cualquier movilización radical del movimiento campesino”.

Ponciano Santos, dirigente del Pacto de Unidad evista, señaló que el congreso en Villa Tunari se lleva «sí o sí» y el TSE debe supervisarlo, “caso contrario va a tener serios problemas con el movimiento campesino indígena originario y serios problemas con la militancia”.

El equipo jurídico del MAS evista presentó la medida cautelar, demandando que la Sala Constitucional se la otorgue al igual que al bloque arcista, cuando ordenó al TSE que realice la supervisión, aunque luego el tribunal desconoció las decisiones del cónclave.

Tras la declinatoria de competencia de un juez de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, sobre la supervisión del TSE al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al expresidente Evo Morales, el equipo jurídico de este bloque presentó una medida cautelar a la Sala Primera Constitucional de La Paz para que ordene el seguimiento al evento del 10 de junio en Villa Tunari, en Cochabamba. 

“El juez ha suspendido audiencia y ha declinado competencia a la Sala Constitucional Primera, en ese sentido hemos solicitado que nos otorgue una medida cautelar igual que les otorgó a esos señores que decían ser dirigentes del MAS (bloque arcista) y luego han sido desechados por el Tribunal Supremo Electoral, porque la única directiva que vale es la de Evo Morales”, señaló Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico del ala evista.

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Chávez acusó a los funcionarios judiciales de maniobrar para que su solicitud no llegue a la Sala Constitucional y no se les conceda la medida cautelar. “Este equipo de abogados vamos a conducirnos al Tribunal Departamental de Justicia para que baje el memorial y la Sala, que ha sido tan pronta en atender al (arcismo), sea pronta igual con nosotros y de esta manera se supervise el congreso de nosotros programado en Villa Tunari”.

El MAS arcista también acudió a la Justicia, que obligó al TSE a acompañar su congreso en El Alto, empero, el cónclave fue rechazado por la Sala Plena, debido a que se incumplió con varios requisitos del estatuto del partido y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. 

Es el tercer intento del partido de gobierno de llevar adelante su congreso ordinario para elegir una nueva directiva. El primero fue en Lauca Ñ, en 2023, encuentro que fue rechazado por el Órgano Electoral. El segundo fue propiciado por el arcismo y, posteriormente, también rechazado.

Chávez invocó a la Justicia para que pueda emitir la solicitud de medida cautelar, por lo que esperan que se cumpla la autorización para que se realice la supervisión del congreso evista por parte del TSE.

Tras una polémica sesión de la Asamblea dirigida por el senador Andrónico Rodríguez, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, del bloque arcista del oficialismo, señaló este viernes que lo que se aprobó en la plenaria “no es válido, es ilegal e inconstitucional”.

“La sesión no debería llevarse. Andrónico sabía muy bien, pero está obedeciendo a Evo Morales y su entorno que lo está haciendo equivocar. El presidente nato de la Asamblea, (vicepresidente) David Choquehuanca, no estaba ausente, en ese sentido nuestro hermano Andrónico prácticamente se ha equivocado”.

El jueves, la convocatoria al pleno se cumplió pese a la sentencia constitucional que determinó su suspensión y advirtió que será “nulo de pleno derecho” todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad.

Con la participación de asambleístas de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, y del MAS evista, se aprobó por dos tercios los proyectos de ley 075, que cesa a los magistrados prorrogados, y 079, referente al contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi.

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Además, se dio el visto bueno a la continuidad de la preselección con miras a las elecciones judiciales, y el Decreto Presidencial 5137 referido a la “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”.

Challco también acusó a la oposición y al bloque evista de no dejarla ingresar el jueves a la Asamblea. “Siempre hemos ingresado donde es el piso 18, pero ellos lo han cerrado y estaban dejando pasar solamente (a los de sus grupos)”.

Desde el ala arcista se habla de tomar acciones legales contra Rodríguez por ignorar la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dar continuidad a la sesión de la plenaria. En respuesta, el presidente del Senado desafió al arcismo a procesarlo.

A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado denunció este jueves que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y sus “cómplices” usurparon las funciones del presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, y perpetraron “un golpe a la democracia, al Estado de derecho y al orden constitucional”.

“Esta institución de creación constitucional, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, y conforme manda el Artículo 229 de la Constitución Política del Estado, condena los actos desarrollados en la reunión inconstitucional e ilegal de legisladores que incurrieron en desobediencia a resoluciones constitucionales” (sic), señala el comunicado.

Rodríguez llevó adelante la tarde de este jueves una cuestionada sesión en la Asamblea, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de un fallo, determinó la suspensión y advirtió que será “nulo de pleno derecho” todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad.

La Procuraduría también recordó el auto constitucional 0254/2024-CA y señaló que se ordenó la suspensión de la “forzada sesión” convocada por Rodríguez.

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“El artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece textualmente que, desde el momento de la notificación con el recurso directo de nulidad, ‘quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto’ y ‘será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad’” (sic).

La entidad señaló que ninguna “ley o declaración” aprobada podrá ser considerada o promulgada por el presidente Luis Arce, ni mucho menos publicada en la Gaceta Oficial.

“La Procuraduría asumirá todas las acciones que la Constitución y la ley le otorgan para preservar el Estado de derecho ante las amenazas y acciones de hecho que atentan contra la democracia”.

En la sesión, con presencia de los asambleístas de oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), se aprobaron por dos tercios los proyectos de ley 075, que cesa a los magistrados prorrogados, y 079, referente al contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi.

Además del visto bueno legislativo que dispone la continuidad de la preselección con miras a las elecciones judiciales, y el Decreto Presidencial 5137 referido a la “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló este jueves que diputados y senadores hicieron bien en sesionar y aprobar la agenda en la Asamblea Legislativa que irregularmente fue postergada. Además, cuestionó la competencia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de ordenar la suspensión de la convocatoria.

“Los ciudadanos autoprorrogados en el TCP no tiene competencia alguna, menos para suspender la Asamblea Legislativa, sus actos son nulos por mandato constitucional”, escribió Rodríguez Veltzé en sus redes sociales.

El miércoles, el presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, presentó una acción de nulidad a la convocatoria del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, “por usurpar funciones que no le competen”.

Este jueves, el TCP, en una sentencia constitucional, determinó la suspensión de la sesión y advirtió que será “nulo de pleno derecho” todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad.

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Rodríguez asumió la titularidad de la Asamblea tras el viaje del presidente del Estado, Luis Arce, a Rusia, quien delegó el mando al vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato del Legislativo. El senador evista alegó que el cargo le corresponde por prelación, al ser la tercera autoridad más importante del Estado.

Pese a la notificación del TCP, la convocatoria se cumplió y se instaló la sesión con la aprobación por dos tercios de los proyectos de ley 075, que cesa a los magistrados prorrogados, y 079, referente al contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi.

Además del visto bueno legislativo que dispone la continuidad de la preselección con miras a las elecciones judiciales, y el Decreto Presidencial 5137 referido a la “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”.