La Alcaldía de La Paz informó este domingo que 45.193 contribuyentes en mora, tanto de bienes inmuebles y vehículos automotores, regularizaron el pago de sus impuestos en lo que va del año. Otros se acogieron a planes de pago. 

Las deudas municipales corresponden desde la gestión 2012 a 2022.

“Durante este año, en el rubro de inmuebles regularizaron sus deudas 19.898 contribuyentes en mora y en el rubro de vehículos 25.295 morosos”, informó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

Los propietarios que regularizaron sus deudas por impuestos municipales “en inmuebles representa una recuperación del 23% de la mora. En vehículos representa un 15% de la recuperación de la mora”.

Lastra indicó que, al inicio de este año, la cantidad de propietarios con tributos municipales en mora fue de 249.761 personas, de las cuales 86.873 propietarios tenían deudas de inmuebles y 162.888 de vehículos.

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La Alcaldía paceña ejecuta un proceso coactivo con la finalidad de recuperar la deuda tributaria en mora de al menos 10 años.

El procedimiento incluye en primera instancia, la notificación de la deuda con el pegado de stikers, embargo y congelamiento de cuentas de los propietarios, secuestro y el remate de la propiedad.

Los contribuyentes tienen la posibilidad de detener este proceso con el pago de su deuda, ya sea al contado o plan de pagos. Para favorecerse con el plan de pagos, deben pagar una primera cuota del 10% de la deuda total y el saldo en 30 pagos mensuales.

El trámite debe realizarse en una de las cuatro ventanillas del segundo piso de la ATM y que durará máximo 10 minutos, con la presentación de las fotocopias del carnet de identidad y del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT).

La semana pasada, funcionarios de la ATM colocaron stickers de “deuda tributaria” a 469 vehículos que tienen tributos en mora por más de 10 años, en zonas de los macrodistritos Centro y Cotahuma.

El pegado de stikers se realizó entre el lunes 9 al viernes 13 de este mes. La acción municipal continuará en los siguientes días con el objetivo de recuperar la deuda tributaria.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyo, llegó a Bolivia para participar del Primer Encuentro Regional sobre Camélidos Sudamericanos ‘Nutriendo la vida, preservando el futuro’.

“En la ciudad de Santa Cruz, recibimos al hermano director general de la FAO, Qu Dongyu; que visita Bolivia para participar del 1er Encuentro Regional sobre Camélidos Sudamericanos: ‘Nutriendo la vida, preservando el futuro’, este 16 y 17 de septiembre en La Paz. ¡Bienvenido a Bolivia!”, escribió Celinda Sosa, ministra de Relaciones Exteriores, en sus redes sociales.

El país organiza el “1er Encuentro Regional sobre Camélidos Sudamericanos: Nutriendo la vida, preservando el futuro”. El lunes 16 y martes 17 de septiembre en La Paz se reunirán a representantes de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, con el objetivo de abordar problemas y oportunidades del sector desde una perspectiva integral y sostenible.

Representantes

El evento contará con la participación del presidente Luis Arce, Qu Dongyo; productores de camélidos, actores locales, expertos académicos, organismos internacionales, las ONG, y representantes de la cooperación internacional.

En el evento además se intercambiará conocimientos para fortalecer la colaboración en el manejo sostenible en torno a cinco ejes temáticos: Mejora productiva e innovación tecnológica; conservación y manejo sostenible; intercambio de conocimientos y diálogo intercientífico; valoración cultural y social de los camélidos; e, industrialización, promoción de mercados y desarrollo económico.

“Estos ejes permitirán guiar las discusiones, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre diferentes actores involucrados, fomentando un enfoque multidisciplinario y participativo”, señala una nota institucional de la Cancillería.

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El encuentro incluye también una ‘sesión especial de financiamiento y cooperación internacional’ enfocada en la identificación de acceso y movilización de financiamiento para el sector camélido y sus ecosistemas asociados, así como los mecanismos de cooperación.

En el 74º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en 2017, se proclamó el 2024 como el Año Internacional de los Camélidos. En ese marco, Bolivia, busca resaltar la importancia multifacética de estos animales, abarcando dimensiones culturales, económicas, ecológicas y sociales.

La proclamación se fundamenta en el papel esencial del sector camélido; especialmente en las regiones desérticas y montañosas, donde son una parte integral de las tradiciones y modos de vida de las comunidades indígenas, originarias, campesinas.

Población

Especies como las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos en Sudamérica han sido vitales para la subsistencia de estas comunidades desde tiempos precolombinos. No solo ofrecen recursos económicos, sino también valores culturales y simbólicos. 

Bolivia cuenta con más de 3 millones de cabezas de camélidos; de los cuales las llamas representan más de 2 millones, lo que convierte al país en uno de los principales productores a nivel regional. Más de 80 mil familias se dedican a este rubro en gran parte del territorio nacional; y desempeñan un rol crucial en la preservación de los ecosistemas andinos y en la economía de comunidades indígenas y rurales.

En un mensaje a la nación, el presidente Luis Arce anunció este sábado que el Gobierno otorgará “incentivos financieros” a los productores que no quemen y produzcan de manera sostenible con el medio ambiente.

“No todo debe resolverse por la vía punitiva, sino que también debemos incentivar las buenas prácticas para que éstas se multipliquen. Es decir, que no sólo se piense en castigar a los que hacen malas cosas, sino en premiar a los que las hacen bien”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario felicitó a los productores pequeños, medianos y grandes que modificaron sus prácticas productivas y “ya no queman”, además, a las instituciones que impulsan este cambio y a los sectores que asumen la responsabilidad con «esta y las próximas generaciones».

“Nada será suficiente aquí, como no lo es en otros países, si es que no se genera una conciencia colectiva respecto a las prácticas nocivas para la humanidad y el medio ambiente vinculadas a las formas de habilitación de tierras para la producción”, advirtió.

Señaló también que las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios serán consideradas tierras fiscales “no disponibles” por un periodo mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración.

Dijo que también se dispuso que los ministerios de Defensa y de Gobierno refuercen el “resguardo de áreas protegidas y reservas forestales”.

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Explicó además que en los más de 100 días de trabajo para afrontar la sofocación de los incendios se movilizó más de 4.000 bomberos forestales en las distintas comunidades, más de 70 guardaparques en áreas protegidas y se desplegaron 80 unidades militares.

“Nuestros bomberos forestales de las Fuerzas Armadas recibieron capacitación internacional, a nivel regional se equipó y capacitó a los bomberos municipales e incorporamos a los bomberos voluntarios al Comando Conjunto para luchar contra los incendios”, resaltó.

Dijo también que se ejecutaron intervenciones por tierra y operaciones aéreas, con helicópteros y dos aviones Hércules, para respaldar las operaciones de descarga de agua con el sistema Guardián, «que son unas cajas de agua, tecnología utilizada por primera vez en el país».

Asimismo, el jefe de Estado anunció que en los siguientes días llegará un avión cisterna desde Canadá con el propósito de coadyuvar en las tareas de sofocación de los incendios.

Finalmente señaló que se trabaja en el plan postincendio que involucra cuatro áreas de intervención, como la reforestación de las áreas que fueron afectadas; la entrega de alimentos y agua para consumo humano y animal; la recuperación de la producción agrícola y la reposición de viviendas quemadas por los incendios.

A cuatro días de cumplirse el plazo para la recepción de las postulaciones para el cargo del nuevo Fiscal General del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural solo registró a cuatro profesionales.

El miércoles 18 cumple la segunda etapa, de las 14 fases, del cronograma establecido por la Asamblea Legislativa para el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado 2024.

El último en inscribirse fue el abogado Julio Huarachi, de Oruro. En días pasados, se inscribieron la abogada Lizzie Mónica Riera Sorich, el abogado Jorge Morón Urquiola y la administradora de empresas María Soledad Torrico Morales.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, aclaró el viernes que los postulantes a Fiscal General del Estado deben ser abogados de profesión y no tener afinidad política. Además, señaló que para la etapa final se necesita un mínimo de cinco y un máximo de 10 postulantes.

“La Ley 1579 es clara. Se necesita de un mínimo de cinco y un máximo de 10 postulantes. Esperamos que en estos días vengan a dejar sus documentos y de esa manera se abra la selección correspondiente para la designación del Fiscal General, sea hombre o mujer”, señaló el legislador.

Reiteró que los postulantes a Fiscal General del Estado deben ser abogados y haber realizado cursos en temas constitucionales, penales o en derechos humanos.

“Viendo la importancia del tema del Fiscal General del Estado, es importante también que la (futura) autoridad no tenga militancia, para así, de esa manera, garantizar la soberanía que necesita el Ministerio Público”, señaló.

A cuatro días del cierre, la autoridad invitó a los profesionales abogados a que puedan postularse al cargo. “Estamos a tiempo. Hay varios profesionales que están haciendo su trámite y entendemos que hasta el miércoles vamos a tener la cantidad suficiente para hacer la selección correspondiente”.

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La recepción de la documentación es de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30.  En tanto, sábados y domingos es desde las 08.30 hasta las 12.00.

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para el Fiscal General del Estado. La Comisión Mixta de la Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

Entre las etapas a este proceso están la publicación de la convocatoria; presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo Fiscal General del Estado, máxima autoridad del Ministerio Público, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

Ante el anuncio de marchas y bloqueos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” responsabilizan a los “falsos dirigentes y políticos radicales” de cualquier hecho de enfrentamiento o violencia que se registre desde el lunes 16.

“Será de estricta responsabilidad de ellos”, señala parte de los pronunciamientos que emitieron las organizaciones sociales. 

También, ambas confederaciones rechazaron cualquier intento de paro general indefinido, bloqueo de carreteras y marchas convocadas por “falsos dirigentes y politiqueros radicales” que buscan desestabilizar la economía del país y que van en perjuicio de los productores y la población.

El pronunciamiento de los campesinos se da en un contexto marcado por el anuncio del bloqueo de caminos por una facción de ponchos rojos de La Paz, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

También, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó la marcha desde el 17 de septiembre “para salvar a Bolivia”. El inicio de la movilización está previsto en Caracollo, Oruro, hacia la ciudad de La Paz.

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Entre las demandas planteadas en el encuentro del ampliado de Villa Tunari, Cochabamba, están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó el viernes la medida de Morales de un “matonaje político” que va en contra de la ciudadanía.  

“Nos dicen que nos van a cercar, nos van a bloquear, como si fuera un tema de interés nacional, cuando es el tema de una persona en particular y su habilitación a una candidatura”, dijo Torrico.

Además, señaló que “nadie” se va a someter al capricho de “alguien” para este tema. “Fuera un tema nacional participamos todos, pero eso no es un tema nacional, sino es absolutamente una tozudez de una persona que insiste en ser candidato cuando no puede”.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, recordó este sábado a Evo Morales que existe una acción popular vigente de una sala constitucional de La Paz que le prohíbe a él y sus organizaciones sociales realizar cualquier bloqueo en las carreteras.

“Esta acción popular le ha dado la razón al pueblo boliviano. Por lo tanto, Evo Morales no puede realizar ningún tipo de bloqueo, no puede incitar, además de eso, a acortar el mandato del presidente Luis Arce”, explicó la autoridad.