Camacho acusado, un año de prisión y más pruebas en su contra
El gobernador y excívico de Santa Cruz fue acusado por terrorismo
Camacho, con chaleco policial, en el conflicto de 2019, en La Paz
Imagen: archivo
“No, había algo por detrás, porque no puede ser que deje una Biblia (en el hall del Palacio Quemado) y a los 15 minutos renuncie (Evo Morales). Claro, no pude dejar la Biblia solamente”.
Eso admitió Luis Fernando Camacho en un homenaje en su honor de parte de su fraternidad, en Santa Cruz, el 27 de diciembre de 2019, poco más de un mes de la caída del Presidente.
Lea también: Tras ser acusado de terrorismo en el caso Golpe I, el exministro López defiende la gestión de Áñez
CAMACHO
“Había algo detrás”. Se refería a la serie de acciones que había propiciado, ayudado entonces por el exmilitar y luego ministro de Defensa Luis Fernando López y otros, para lograr el derrocamiento de Morales. Por ese caso —foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, conocido como caso Golpe de Estado I— guarda detención hace un año en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, La Paz.
Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador, había ingresado a las 16.00 de ese domingo 10 de noviembre de 2019 al Palacio Quemado acompañado por su par del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, y el abogado Eduardo León. Plantó una carta de renuncia (que redactó para que la firme Morales), la Biblia y una bandera tricolor.
Horas antes de ese domingo final, entre las 14.32 y las 15.16, el entonces jefe de la Casa Militar, Milton Escalera, a cargo del Palacio Quemado y de la Casa Grande del Pueblo, mantuvo tres llamadas con el general Gonzalo Terceros, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
MANDOS
Era el corolario de los acuerdos de Camacho con militares y policías, con cuyos mandos había definido una serie de acciones desde el 28 de octubre. Este día, López, al intentar ingresar a La Paz junto a Camacho, mantuvo contacto con el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a través del ayudante de órdenes de éste, José Luis Torrico Andrade, según consta en el cuaderno de investigaciones cuyo extracto conoció La Razón.
“La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue mi padre (NdR: José Luis) que cerró con los militares para que no salgan; fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa; es por eso que está de ministro de Defensa para cumplir los compromisos. En la Policía, fue de la misma manera mi padre”, admitió Camacho en su fraternidad.
Según las pruebas presentadas en el caso Golpe de Estado I por el Ministerio de Gobierno, ese domingo 10 de noviembre, antes de su ingreso al Palacio Quemado, Camacho se reunió con miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), amotinados como sus camaradas desde el 8 de noviembre.
Era el último paso de su propósito contra Morales, mientras esperaba otra reunión crucial entre su alfil López y Kaliman.
A las 16.08, el entonces comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, pidió la renuncia del presidente Morales. Unos 20 minutos antes, a las 15.48, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, comandado por Kaliman, había sugerido la dimisión del mandatario.
Eran dos de las instituciones “clave” de las que había hablado en los cabildos del Cristo Redentor de los días precedentes, cuando había asegurado el “punto final”, la caída, de Morales.
En la mañana, a las 11.11, según registros de las transmisiones de Facebook, el líder cívico había agradecido el “apoyo” de Kaliman a su causa. Quiero “agradecerle al general Kaliman por haber estado con su pueblo”, dijo en un discurso en el frontis del hotel Casa Grande, en la zona de Calacoto de La Paz, donde había instalado su cuartel de operaciones desde cuando logró, en un tercer intento, llegar a la ciudad, el 5 de noviembre.
Luego, Kaliman se puso a disposición de López, otrora oficial de las Fuerzas Armadas. Las pruebas colectadas de una “triangulación” de llamadas muestran que entre las 14.43 y 14.59 mantuvieron cinco contactos vía teléfono celular.
La definitiva fue personal, en el Comando General de las Fuerzas Armadas, entre las calles 9 y 10 de Obrajes, en La Paz. La reunión fue previa a la sugerencia, en conferencia de prensa, de renuncia de Morales.
Los generales Flavio Gustavo Arce San Martín, entonces jefe del Estado Mayor, y Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, comandante del Ejército, contaron detalles del caso en sus declaraciones ante la comisión de fiscales Omar Mejillones, Ingrid Feraudi Guerra y Cristhian Copa Salguero.
Ambos militares se declararon culpables y fueron sentenciados en el caso Golpe de Estado I junto a otros dos jefes militares de 2019 y Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, ministros del régimen de Jeanine Áñez.
Camacho había iniciado las protestas contra el gobierno de Morales desde el 22 de octubre, dos días después de las elecciones generales que descalificó la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las movilizaciones se concentraban en Santa Cruz. En el cabildo del 2 de noviembre, Camacho dio 48 horas para que renuncie Morales. Entonces había invocado la intervención de las Fuerzas Armadas y había anunciado un acuerdo con la Policía Boliviana.
“Cuando pudimos consolidar que ambos no podían salir, fue que dimos las 48 horas, porque ya sabíamos que podía Santa Cruz trasladarse a La Paz. Era ahí el problema, porque aquí no iba a pasar nada, nos iban a mirar del balcón”, contó el entonces dirigente, según el video del 27 de diciembre.
Intentó llegar a La Paz el 4 de noviembre, pero fue devuelto en una avioneta de la FAB. Y cuando pudo llegar a la sede de gobierno, lo hizo con un aparatoso equipo. Las investigaciones develan que, entre el 5 de septiembre y 30 de noviembre de ese año, desde su cuenta en el Banco Ganadero —1051-256626— y a través del personal del Comité pro Santa Cruz, pudo mover al menos Bs 7.862.265 para viajes, poleras, pasajes y hotel para al menos 57 personas.
La mañana del 10 de noviembre, Camacho exigió la renuncia de toda la sucesión constitucional e instó la conformación de una “junta de notables” para reemplazar al gobierno de Morales. Antes, el 4 de noviembre, se le había ocurrido sugerir la “sucesión constitucional” a la decana del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz Sosa.
A la renuncia del mandatario, una reunión extralegislativa propiciada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en la Universidad Católica de La Paz sugirió la sucesión de Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Participaron de esa reunión los jerarcas de la Iglesia Católicia, los embajadores de Brasil, Octavio Henrique Cortes, y de España, Emilio Pérez de Ágreda, y el delegado de la Unión Europea, León de la Torre; además de Waldo Albarracín, Ricardo Paz y Jerjes Justiniano, delegado de Camacho.
Según el relato de Camacho en su fraternidad, producto de sus negociaciones con un “dirigente minero”, si no era posible “tumbar” a Morales ese domingo, al día siguiente debió ocurrir el desenlace. “Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”, contó el otrora dirigente cívico.
CÁPSULA
Ese lunes, sabiéndose sucesora, Áñez llegó La Paz respaldada por policías y militares. “Gran parte de la noche la pasé coordinando mi viaje con Fernando Roca Landívar, como el nexo entre Fernando Camacho y el Comité pro Santa Cruz, con quien mantuve comunicación hasta horas de la madrugada”, cuenta la exmandataria en su libro de memorias Jeanine, de puño y letra.
Del aeropuerto de El Alto, Áñez fue trasladad en un helicóptero de la FAB rumbo al Colegio Militar de Irpavi. “Quedé totalmente sorprendida y le pregunté a Fernando Camacho si sabía algo él y me dijo que sí, que eso se había quedado y ‘que mi papá me dijo que todo iba bien’, esas fueron sus palabras”, recuerda Áñez.
Cerca del mediodía se reunió con Camacho y Pumari en el hotel Casa Grande, y de allí se trasladó bajo seguridad de la cápsula presidencial hacia la Asamblea Legislativa, adonde llegó a las 14.00.
Allí comenzó la historia de otro caso, Golpe de Estado II, relativo a su proclamación del 12 de noviembre de 2019, por la que fue sentenciada a 10 años de prisión.
Camacho fue también pieza crucial del nuevo régimen. Él “me pasaba nombres”, dice Áñez, quien tuvo a López (Defensa) y Justiniano (Presidencia), los hombres clave del otrora líder cívico, como sus principales colaboradores.
