Opinión

jueves 7 jul 2022 | Actualizado a 07:37

Contrabando de alimentos

La CAO registra una pérdida de $us 400 millones a causa de esta desleal competencia.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2021 / 01:24

Días atrás, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha advertido que el contrabando de alimentos está produciendo un costo multimillonario a sus afiliados, una gran proporción de los grandes, medianos y pequeños productores agropecuarios de Santa Cruz y Beni. El gremio no solo reclama más esfuerzos de la Aduana, sino también propone algunas otras medidas.

Según el presidente de la CAO, a través de un comunicado divulgado el martes último, el sector al que representa en el oriente del país registra una pérdida aproximada de $us 400 millones a causa de la desleal competencia que representa la importación ilegal de alimentos. Agrega que el contrabando “está matando a miles de unidades productivas”, principalmente a los pequeños productores que son el 75% de los asociados a la CAO. No es difícil imaginar que la situación es igual en el occidente del país.

En respuesta a esta crítica situación, los agropecuarios del oriente proponen, entre otras medidas, ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas, pues no solo se trata de evitar la internación de esa mercadería, sino también que sea exitosamente comercializada en el país.

También plantean los agropecuarios que los gobiernos municipales y departamentales realicen controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando riesgosos para la salud de la población y que el delito sea tratado como atentado a la salud pública. Finalmente, proponen modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando la mercadería valuada a partir de las 5.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), y que todo el proceso sea acompañado por la Oficina de Defensa del Consumidor.

Coincidiendo con el comunicado, el mismo día, el Ministro de Defensa anunció que el Gobierno decidió fortalecer la lucha contra el contrabando de productos agrícolas. Y anunció que se creará el Comando Especial de Lucha Contra el Contrabando Agrícola, subirá los aranceles a la importación de productos agrícolas, reducirá cupos de importación y regulará la internación de estos productos de los productores en zonas de frontera.

Sin embargo, ninguna de esas medidas será suficiente mientras haya en las ciudades gente dispuesta a comprar alimentos de contrabando, lo cual debe evitarse con comunicación y educación, pues la interdicción en los mercados urbanos es poco efectiva, además de estar fuera del alcance de las fuerzas del orden.

En un país que hace años se propuso garantizar su seguridad alimentaria y hasta ser exportador de alimentos, y cuyo Presidente hace poco anunció la decisión de promover la sustitución de importaciones, es inaceptable que el contrabando siga dominando en los mercados.

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Cultura mezquina

El efecto es que se promueve la confrontación. Así no son posibles el debate ni, menos, la paz.

Por La Razón

/ 6 de julio de 2022 / 01:46

La cineasta y creadora boliviana Verónica Córdova elaboró un muy valioso ensayo audiovisual con su mirada e interpretación sobre la coyuntura crítica de 2019 en el país. En esa creación —como ella señala— contó con generosos apoyos, siempre necesarios en el ámbito artístico e intelectual. Pero también tropezó con mezquindades, como la del gobierno municipal de La Paz.

Noviembre rojo es el título de la serie producida por Córdova, que cuenta con 10 capítulos y actualmente se difunde los domingos en dos canales de televisión y diferentes plataformas en internet. En este ensayo audiovisual la autora hace un repaso de los hechos de 2019. Para ello realizó más de 60 entrevistas con opiniones y testimonios, así como un amplio y cuidadoso trabajo de revisión de documentos y archivos hemerográficos, audiovisuales y fotográficos. Es un trabajo de largo aliento.

En medio de una persistente polarización sobre la crisis de 2019, que para unos fue “fraude” y para otros, “golpe de Estado” (o ambas cosas, o ninguna), nada mejor para la conversación pública que contribuir con análisis documentado al respecto. Eso es precisamente lo que hace Verónica con su serie audiovisual. Y se agradece. Uno puede o no compartir su punto de vista, pero se trata de un aporte sustantivo al debate. Solo quienes buscan imponer “su verdad” le temen al debate. Y a la exigencia de justicia.

Un caso deplorable de quienes pretenden anular la deliberación democrática es el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana. Como si fuese comisario de un régimen autoritario, “descubrió” que, en los créditos de la serie, entre otros varios agradecimientos que muestran la generosidad hacia y de la autora, figura la Secretaría Municipal de Culturas. Al opositor no se le ocurrió nada mejor que mandarse un tuit denunciando al alcalde Arias y a la Alcaldía de “ser parte de la serie documental”.

Lo peor no fue lo que hizo el diputado, incapaz de alentar el diálogo plural o al menos informarse, sino la reacción inmediata del gobierno municipal paceño. En lugar de asumir que su “participación” en la serie fue haber facilitado el archivo fotográfico de la familia Cordero, que es un patrimonio de la ciudad, sacó un comunicado aclarando que Noviembre rojo no contó con el apoyo de la Alcaldía. El propio Arias difundió el “deslinde”. Más que mezquindad, es un acto francamente miserable.

Hace poco, Impuestos Nacionales respondió con una carta de amenaza — más bien dejada sin efecto rápidamente— a un tiktoker que criticaba el servicio. Todos por supuesto salimos a defender el derecho a la libertad de expresión del humorista. En el caso de la cineasta Córdova, un diputado y la Alcaldía paceña ejercieron una forma de censura sobre una creación audiovisual solo porque no comparten el enfoque. El efecto es que se promueve la confrontación. Así no son posibles el debate ni, menos, la paz.

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Poner límites

La Paz está en alerta desde hace semanas y pide reiteradamente una nueva cartografía.

Por La Razón

/ 4 de julio de 2022 / 00:09

Con cada día que pasa, el Censo Nacional de Población y Vivienda se aproxima más, y los problemas que hasta hace unas semanas eran amenazas comienzan a materializarse. Esto es previsible, pues de los resultados del conteo de habitantes y sus condiciones de vida depende la distribución política y económica del país, y es mucho lo que está en juego para los gobiernos subnacionales.

Uno de tantos conflictos que ya es parte del debate público, incluso si en los hechos no está en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE) resolver, es el de límites entre jurisdicciones municipales; la cartografía que se elabora con miras a distribuir el recurso humano que levantará los datos de todas las viviendas y hogares es en muchos casos la única evidencia material de cómo se separan municipios que son concomitantes.

El departamento de La Paz es uno de los que tiene más problemas de límites sin resolver. El problema remite no solo a la ambición de controlar más territorio por el valor comercial de los terrenos o por la cantidad de personas, base de distribución de los ingresos mediante coparticipación tributaria, sino en una deuda pendiente del proceso de municipalización en la década de 1990, en el inicio de la Participación Popular.

Parte del esfuerzo por construir una nueva institucionalidad estatal, el primer paso para tener gobiernos locales autónomos (prácticamente solo en el papel hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009) pasaba por delimitar mediante ley cada uno de los recién creados municipios. El intento no prosperó en parte debido a la imposibilidad de lograr acuerdos entre los nuevos municipios.

El ejemplo más notable es el conflicto entre el municipio sede de gobierno, La Paz, y su vecino Palca, que reclama para su jurisdicción casi todo el Macrodistrito Sur; es decir, casi un tercio de la mancha urbana paceña. El Gobierno Municipal de La Paz está en alerta desde hace semanas y pide reiteradamente una nueva cartografía, pues teme perder cientos de manzanos con la consiguiente disminución de población y territorio en el conteo censal.

En la Gobernación de La Paz, la Unidad de Límites Políticos y Administrativos Municipales tiene noticia de todos los conflictos, así como de los procedimientos necesarios para resolverlos, que en el papel son razonables y hasta expeditos, pero en la realidad ya se han demostrado inviables; súmese la falta de voluntad política evidente desde hace al menos dos décadas para encontrar consenso o imponer una solución legal.

Es poco probable que los conflictos por límites se resuelvan en los próximos meses, y el resultado de esta indefinición servirá, en el mejor de los casos, para que las oposiciones pongan en cuestión todo o partes del Censo. El problema, sin embargo, quedará irresuelto y los conflictos se repetirán una y otra vez. Es, pues, deseable que la preocupación por delimitar el municipio sea más estratégica y menos motivada por la sola urgencia de recaudar más.

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Juicios recargados

No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla.

Por La Razón

/ 3 de julio de 2022 / 01:25

La decisión del Ministerio Público de retomar el caso Golpe de Estado I, por otros delitos penales, ha ampliado las indagaciones más allá de la expresidenta Áñez y los altos mandos militares y policiales. Ahora se plantea investigar la participación de quienes trazaron y operaron el llamado “Plan B” de autoproclamación presidencial. El hecho aviva la tensión política en el país.

Luego de casi un año de proceso en la Justicia Ordinaria en el caso Golpe de Estado II, que concluyó con una sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez —juzgada en su condición de senadora en noviembre de 2019—, la Fiscalía reactivó el caso Golpe de Estado I, que estaba en suspenso. A diferencia del juicio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, esta vez la denuncia tiene que ver con delitos más graves como terrorismo y conspiración.

¿Qué implica avanzar en el caso Golpe I? La primera consecuencia es ampliar el rango de personas convocadas a declarar, sea como denunciados, sea como testigos. Así, de forma inmediata se activaron las declaraciones de quienes participaron en las reuniones de la Universidad Católica, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, cuyo resultado fue la autoproclamación inconstitucional de Áñez. Entre ellos están actores políticos como Mesa, Quiroga y Doria Medina, además de otros operadores de segunda línea.

Una gran interrogante en torno a este proceso, que la oposición califica como persecución política por un “falso golpe”, es hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo. ¿Los ahora convocados a declarar como testigos serán luego imputados? ¿Qué implicaría ello para la disputa y la polarización en el país? ¿Y para el pluralismo político, toda vez que casi todos los líderes opositores estarían enjuiciados? Es una decisión crítica en un escenario que mantiene abiertas las heridas de 2019.

En este contexto de juicios recargados, otra cuestión relevante tiene que ver con el curso que seguirán los juicios contra Áñez por supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. Aquí el camino señalado por la Constitución y la ley es inequívoco y no admite “interpretaciones”: juicio de responsabilidades autorizado por la Asamblea Legislativa. Claro que hay voces oficialistas que quieren un nuevo juicio ordinario, esta vez por las masacres de Sacaba y Senkata. Sería insostenible.

La nota de color en este ambiente sombrío de procesos penales la dio el excandidato de Comunidad Ciudadana, dos veces derrotado en las urnas, al anunciar un juicio contra el expresidente Morales por “incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo” con su renuncia. No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla. Lo más dramático es que estos juicios de ida y vuelta se producen ante un sistema de administración de justicia en situación de crisis terminal.

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Impulso exportador

Estos buenos resultados tienen mucho que ver con el buen momento de precios que se está viviendo a escala global.

Por La Razón

/ 2 de julio de 2022 / 01:59

El buen momento de las exportaciones bolivianas se está confirmando y posiblemente este año se superará el nivel logrado en 2014. Este es un resultado alentador porque contribuye al crecimiento y a la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, sería deseable que esta coyuntura sea la base para una estrategia renovada de revitalización del comercio exterior en el mediano y largo plazo.

Aunque el Gobierno hace mucho énfasis en la demanda interna como principal motor del crecimiento, el buen desempeño exportador es también un factor muy importante de la dinámica económica del país. Por otra parte, un superávit en la balanza comercial refuerza la disponibilidad de divisas y por tanto el mantenimiento de la estabilidad en la política cambiaria.

En ese sentido, es una buena noticia que las exportaciones nacionales acumuladas hasta mayo lograrán un nuevo récord, llegando a $us 5.715 millones, el valor más alto desde 2014. Ese buen desempeño permitió además tener un superávit comercial positivo de $us 1.082 millones hasta esa fecha. Si no hay cambios bruscos en el escenario internacional en estos meses, es esperable que esta gestión sea una de las más favorables en este ámbito de los últimos años.

Hay novedades en la composición de esas exportaciones: la mayor parte corresponde a la industria manufacturera, la minería y los hidrocarburos. Al parecer, hay una dinámica interesante sobre todo en las industrias y sectores relacionados con la producción agrícola y minera, que están superando la venta de gas que era desde hace varios años el rubro más importante.

Ciertamente, estos buenos resultados tienen mucho que ver con el buen momento de precios que se está viviendo a escala global, pero es además una gran oportunidad para consolidar mercados y fortalecer líneas renovadas de producción destinada a la exportación. Sería, por tanto, deseable que se aproveche la coyuntura para un relanzamiento y renovación de la política y acciones de apoyo a los sectores dedicados a esas actividades.

Junto con el esfuerzo para impulsar el nivel de producción de gas y de reposición de las reservas de ese recurso, se perfila, por ejemplo, en el horizonte la necesidad de trabajar con mayor ímpetu en el desarrollo de nuevas inversiones y operaciones en el sector minero, que parece que tendrá buenas perspectivas de mercados y precios en los próximos años.

De igual modo, los incentivos a las exportaciones no tradicionales de alimentos, productos agropecuarios y manufactureros tendrían que reforzarse. Eso pasa por acciones concretas de simplificación administrativa, acompañamiento en la búsqueda de mercados, generación de información y facilidades para los productores de todos los tamaños y un acompañamiento solidario desde el Estado.

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Contraloría en suspenso

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina.

Por La Razón

/ 1 de julio de 2022 / 01:14

Ayer ha terminado oficialmente el mandato del Contralor General del Estado, posesionado el 1 de julio de 2006. Hasta ayer era poco claro el procedimiento necesario para evitar la acefalía en la institución encargada de la función de control en el Estado y es poco probable que se logren acuerdos rápidos para resolver este vacío jurídico, así como para reemplazar al Contralor saliente.

No hay aquí ninguna novedad: oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han tomado posiciones desde el inicio de la gestión y no muestran intención alguna de moverlas. El resultado: un permanente empantanamiento en casi todas las tareas propias de este órgano del Estado y un creciente descrédito de las organizaciones políticas y sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores.

Luego del ostensible fracaso en la designación de la persona que debe dirigir la Defensoría del Pueblo (en parte por falta de capacidad de negociación, en parte por deliberada intención de restar legitimidad a esa institución), la bancada oficialista, y mayoritaria, aprobó hace más de una semana, sin mayor debate, el reglamento para la elección de titular para la Contraloría. Previsiblemente, la oposición ha condenado el procedimiento.

El reglamento establece que las y los postulantes pueden presentar sus documentos desde el pasado viernes hasta el 8 de julio y que la última fase del proceso de selección culminará el 20 de agosto; luego, días después, la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas, responsable de la calificación de las y los postulantes, entregará un informe señalando a las tres personas mejor calificadas, y el pleno de la Asamblea deberá elegir a la autoridad por dos tercios de votos.

En entrevista con LA RAZÓN, el Contralor saliente remarcó, por una parte, que en aplicación de lo dispuesto por la Constitución, no le corresponde quedarse ni un día más luego de terminado su mandato, a diferencia de lo establecido para el Defensor del Pueblo u otras autoridades, que deben permanecer hasta la designación del sucesor. Por otra, garantizó la independencia de la Contraloría afirmando que la estructura de la institución impide la injerencia externa e interna en los casos que se investigan.

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina y mucho menos qué pasará con los casos que están siendo auditados: si no hay quién ponga la firma en los informes, ¿qué pasará con las conclusiones y recomendaciones?

Es posible imaginar que la oposición aprovechará este estado de cosas para reafirmar su crítica a la gestión gubernamental a tiempo de hacerla inviable, mientras que el oficialismo ensayará sus habituales estrategias retóricas, que inflaman ánimos, pero no resuelven conflictos. Mientras tanto, la institucionalidad del Estado seguirá viéndose afectada por la incapacidad de unos y otros para hacer política constructiva, imprescindible para mejorar y transformar el Estado y el país entero.

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