En la OEA, Bolivia equivocó el camino al mar
El Mar y la OEA
Ramiro Prudencio Lizón
El Gobierno nacional ha errado el camino al mar en la última reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevada a cabo en Cochabamba. Creyó ingenuamente que la organización tenía facultades para presionar a Chile a que aceptara negociar una salida al mar con soberanía. Pero los 19 países que comentaron las palabras de los dos cancilleres, Choquehuanca y Moreno, manifestaron enfáticamente que el problema es bilateral y que sólo mediante una negociación amistosa se podría llegar a soluciones constructivas.
Lamentablemente, hubo personeros del Gobierno que con un espíritu triunfalista excesivo llegaron a manifestar que si Chile no cumplía con los “mandatos” de la OEA, debería retirarse del organismo. Además, la base de la posición nacional se refería a la resolución de 1979, la cual no fue aceptada por Chile porque en ella se incluían absurdos condicionamientos, como el que no haya compensación territorial.
Hubiese sido mejor recordar la resolución de 1983, la cual fue redactada por los cancilleres de ambos países, conjuntamente con el de Colombia, y fue aprobada por unanimidad.
Dicha resolución señalaba textualmente: “Exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de todas las partes involucradas”.
En base a esta resolución se llegó a la negociación denominada del “enfoque fresco”, que se efectuó en los años 1986 y 1987. Pero lastimosamente poco antes de que se reunieran los cancilleres de ambos países en Montevideo para concretar la negociación, el boliviano declaró a la prensa que nunca Bolivia aceptaría una compensación territorial. Con ello, todo se derrumbó.
Se debe destacar algo fundamental: las resoluciones sólo son exhortativas, no son vinculantes. Pero como Chile aceptó la resolución de 1983, ésta lo obligaba por lo menos moralmente y, además, ella daba pautas efectivas para un nuevo entendimiento entre los dos países para superar el enclaustramiento geográfico nacional.
Otro gran error fue insistir en la revisión del Tratado de Paz de 1904. Al respecto, y como recordó el canciller chileno Moreno, Bolivia llevó una solicitud de revisión a la Sociedad de Naciones en los años 20 del siglo pasado. En efecto, en 1920 y 1921 se presentó la demanda ante ese organismo.
El Secretario General de la Asamblea de la Sociedad de Naciones determinó constituir una comisión conformada por tres juristas —uno de Costa Rica, otro de Italia y el tercero de los Países Bajos— para que estudiaran el caso y definieran si la demanda boliviana podía ser aceptada por la organización.
El dictamen de los tres juristas se dio el 24 de septiembre de 1921. Éste decía en su parte medular “que tal como ha sido presentada, la demanda de Bolivia es inadmisible, pues, la Asamblea de la Sociedad de Naciones no puede modificar por sí misma ningún tratado; la modificación de los tratados es de la sola competencia de los estados contratantes”.
Como nuestro país es muy testarudo, continuó con su política de revisión de tratados hasta la Guerra del Chaco. Luego, con la derrota, Bolivia decidió cambiar su política frente al mar. Ya no se insistiría en la revisión del Tratado de Paz, sino que se buscaría una solución al margen del mismo.
Esta nueva política quedó plasmada en un memorándum fechado el 15 de septiembre de 1943 que nuestro embajador en Estados Unidos, Luis Fernando Guachalla, hizo entrega al secretario de Estado, Cordel Hull, con el fin de que éste hiciese conocer al canciller chileno que se encontraba en la capital norteamericana, Joaquín Fernández.
El memorándum se basaba en la desvinculación del problema marítimo del Tratado de Paz y expresaba lo siguiente: “1. Bolivia, fiel a su tradición de respeto a los pactos internacionales, no desconoce la legalidad del dominio territorial que Chile ejerce sobre la costa del Pacífico, de conformidad con los tratados que tiene suscritos. 2. Bolivia mantiene sus legítimas aspiraciones a una salida soberana al océano Pacífico. 3. Bolivia propicia un entendimiento directo con Chile sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los altos intereses de los dos países, sin propósito alguno de perturbar la armonía continental”.
Fruto de esta nueva política nacional, que dejaba al margen al Tratado de Paz, fueron las tres negociaciones principales que se realizaron en el siglo XX: la de 1950, la de 1975, es decir la Negociación de Charaña, y la de 1987, llamada del “enfoque fresco”. Por lo tanto, ¿por qué se insiste ahora en la revisión del mismo? ¿Qué se piensa ganar con ello?
Además, como reacción a lo sucedido en la OEA, personeros del gobierno nacional ya han comenzado a declarar que nuestro país podría llevar el asunto marítimo a uno de los dos tribunales de justicia de La Haya.
Al respecto, hay que tener presente que Bolivia no tiene derechos jurídicos para reintegrarse al océano Pacífico, pero sí tiene derechos históricos y morales. Los históricos provienen de que Bolivia nació siendo un país litoral con una costa que Chile reconocía cercana a los 300 kilómetros. Los derechos morales derivan de la comunidad internacional, principalmente la OEA, y del propio Chile, que muchas veces reconocieron la existencia del problema marítimo nacional.
Pero estos derechos históricos y morales no son tratados en las cortes internacionales de justicia. En consecuencia, la insistencia en llevar la cuestión marítima a aquéllas no puede conducir a nada positivo. Por el contrario, bien puede suceder que por castigar a Chile seamos nosotros, los bolivianos, los castigados, ya que el mar puede alejarse mucho más de nuestro territorio.
Nuevo fracaso de Chile en la OEA
Andrés Guzmán
El resultado de la discusión sobre el tema marítimo boliviano en la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Cochabamba, fue considerado como un triunfo diplomático de Chile por algunos entendidos en la materia, tanto bolivianos como chilenos. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, los antecedentes del tema y el cuestionable y pobre discurso del representante de La Moneda demuestran que, más que una victoria, fue un fracaso bien disimulado.
Primero, es preciso considerar que todos los países que tomaron la palabra —incluido Chile— reconocieron que el tema marítimo boliviano es un problema pendiente que hay que resolver, lo cual es un importante avance para nuestros intereses, porque ya no se cuestiona su naturaleza de problema; eso es innegable, y si bien ya no estamos en aquellos tiempos en los que Bolivia le daba capote a Chile en la OEA, debemos destacar el unánime reconocimiento continental a nuestro problema que, como tal, debe ser resuelto.
En segundo lugar, el hecho de que los delegados de los otros países exhorten a las partes a resolver el asunto de forma bilateral, tampoco señala un triunfo chileno, porque es obvio que si estamos hablando de una transferencia de territorios, los únicos que pueden negociar su ejecución son los países que van a modificar sus fronteras. No debemos confundir una cosa con la otra; la solución del problema es bilateral, pero el interés por alcanzarla es multilateral. Todos los miembros de la OEA que trataron este tema en 1979, excepto Chile, reconocieron que se trata de “un asunto de interés hemisférico permanente” (Resolución 426) y luego la mayor parte de ellos aprobó otras diez resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana (1980–1990) de las cuales tres fueron aceptadas por La Moneda (1980, 1981 y 1983).
La única forma de que otro país intervenga en la solución de este asunto es que el arreglo contemple territorios situados en Arica; sólo en ese caso sería necesaria la aceptación del Perú conforme al Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, pero, aún así, la solución sería de carácter trilateral y no multilateral.
De todas formas, el hecho de que la solución deba alcanzarse bilateral o trilateralmente no impide que Bolivia pueda acudir ante cualquier instancia internacional para recuperar su acceso soberano al mar, lo cual, por tratarse de un medio pacífico de controversia, no debería generar la zozobra de las autoridades chilenas.
En tercer lugar, las palabras del canciller de Chile, Alfredo Moreno, develaron una vez más que no existe coherencia entre lo que dice y hace su gobierno. Al ser consultado sobre las afirmaciones del presidente Evo Morales acerca de que las guerras e invasiones no otorgan derechos, atinó a replicar “lo que genera derechos son los tratados”. Pero lo importante en este caso no son los derechos que otorgan los tratados, sino las obligaciones que emergen de éstos, y las autoridades chilenas evitan comentarlas porque Chile no cumple varias disposiciones derivadas del Tratado de 1904:
1. Las constantes interrupciones de los servicios portuarios en Arica y Antofagasta son una clara transgresión a la Convención de 1937, que obliga a Chile a “garantizar el libre tránsito de Bolivia en todo tiempo y circunstancia” (artículo 1); 2. El cobro por el almacenaje de mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año es una indiscutiblemente contravención de Chile a la Convención de 1912 (art. 12); y 3. La paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno, por ya casi una década, no es menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905, que dicta la obligación de “mantener el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (artículo 12).
A pesar de que el canciller Moreno conoce perfectamente estos hechos y sabe que las convenciones citadas complementan y reglamentan el Tratado de 1904, cuando le tocó intervenir en el pleno de la Asamblea, no tuvo reparos en afirmar “el respeto al derecho internacional y en particular a los tratados; entrega valores a los estados, garantiza la paz y, además, promueve relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos” y luego dijo: “La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra el principio universal Pacta sunt servanda: ‘lo pactado obliga’”.
Como era previsible, resaltó la supuesta voluntad de diálogo de su gobierno, que a estas alturas ya parece infinita, y llegó a decir que “Chile siempre se encuentra disponible”, sin reconocer que la decisión de congelar la Agenda de 13 puntos fue suya.
Después afirmó correctamente que “Bolivia ha interrumpido las relaciones con Chile en dos ocasiones en los últimos 50 años”, pero olvidó aclarar los motivos. No dijo que en 1962 Chile desvió las aguas del río Lauca, que ocasionó un enorme perjuicio a Bolivia, y que en 1978 su gobierno decidió interrumpir las negociaciones que se habían iniciado en Charaña con el propósito de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano. Según Moreno, las acciones que ha tomado su gobierno en relación a Bolivia “van más allá del derecho de libre tránsito fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” y de la
“Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio de los estados sin litoral”, lo cual es completamente cierto, pero no por las razones que él arguye, sino porque Chile ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta a empresas privadas que dificultan el paso del comercio boliviano, y recientemente ha permitido el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.
Todos estos hechos demuestran que el enviado chileno vino a exponer una postura basada en falsedades y omisiones deliberadas que intentan demostrar un supuesto apego de su gobierno al derecho internacional y una auténtica voluntad de diálogo, lo cual, por contrariar la verdad, evidencia que su actuación fue todo un fracaso.