Hace cinco meses, mientras asistía en Tarija a un foro debate sobre el proceso político en Bolivia —proceso al que denominamos Revolución Democrática y Cultural— uno de los asistentes me preguntó si era posible profundizar esta revolución política hacia una revolución económica y social sin la participación de la clase obrera. Le respondí inmediatamente que no, porque para consolidar un periodo de transición hacia la construcción de una nueva forma de socialismo comunitario es imprescindible la participación obrera dentro del bloque social revolucionario que gestó este proceso de transformaciones en 2000, en la denominada “guerra del agua”, cuando comenzó el derrumbe del neoliberalismo.

Aquella pregunta era muy pertinente porque en mayo de 2013 estaban en pleno auge las movilizaciones por la Ley de Pensiones que convocó la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el gobierno de Evo Morales. Fuertemente influenciados por tendencias políticas de ultraizquierda, aglutinadas en el denominado Partido de los Trabajadores (PT), los cobistas cometieron un error garrafal al movilizar a la base laboral con afiebrados discursos en los que se llegó a proponer el reemplazo de Evo por “otro gobierno”, como afirmó un dirigente del magisterio de Santa Cruz. Esta orientación maximalista llevó a la COB inexorablemente al fracaso, ya que la huelga y las movilizaciones nunca lograron respaldo popular y al final la dirigencia sindical tuvo que retroceder casi en desbandada.

La desviación que llevó a la derrota tuvo origen en la caracterización que la ultraizquierda hace del actual Gobierno como “burgués y proimperialista”, una falacia simplificadora propia de las corrientes políticas de matriz ideológica limitadamente clasista y obrerista, lo que le impide comprender el abigarramiento de la formación social boliviana, cuyo análisis debe hacerse en clave compuesta de nación y clase.

El actual proceso de cambio se constituye por el despliegue dinámico de la lucha de clases sociales dentro del capitalismo que se combina, a momentos en forma contradictoria, con la lucha histórica de las naciones originarias contra el colonialismo interno. Ésa es la naturaleza dialéctica de este proceso en el que las tendencias estructurales anticapitalistas y anticolonialistas, expresadas en la acción política de clases explotadas y naciones oprimidas, posibilitan la transformación revolucionaria de las relaciones económicas de explotación, de las relaciones políticas de exclusión y de las relaciones culturales de opresión. Aunque siempre existe el riesgo de que este curso de transformaciones, debido a presiones externas, fragmentaciones internas o por concesiones programáticas, se agote o se revierta.

Volviendo al conflicto con la COB, luego de su desenlace, el Gobierno se planteó la tarea de recomponer rápidamente su relación con los obreros, al mismo tiempo que los trabajadores de base comenzaron a ajustar cuentas con las dirigencias ultristas dentro de los sindicatos. Esto es lo que acaba de ocurrir en el Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, una organización emblemática porque en ese distrito está la mayor concentración de proletarios de todo el país. Son 4.500 mineros que habían elegido hace más de un año a una directiva sindical radicalmente confrontada con el Gobierno. Esta directiva protagonizó la huelga de mayo, el bloqueo de carreteras en Caihuasi y la voladura de un puente ubicado en esa localidad.

Hoy, debilitada y aislada, esa ultraizquierda que por un tiempo se encaramó en la organización terminó defenestrada por una masiva asamblea general de los trabajadores, que decidió también aprobar la construcción de un nuevo pacto político de unidad con el gobierno de Evo Morales.

No cabe duda de que tal reposicionamiento obrero tendrá un fuerte impacto en el PT, pues este instrumento político ha perdido ya su columna vertebral; se sentirán los efectos también en la orientación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y en la propia COB.

Veamos otro sector, el de los trabajadores en construcción. Este sector laboral es uno de los que más ha crecido debido al ciclo expansivo de las inversiones públicas y privadas en el rubro de nuevas construcciones de inmuebles. En las ciudades de Bolivia se pueden ver por todas partes edificios y complejos habitacionales en plena ejecución, lo que conlleva la contratación —como mano de obra eventual o a destajo— de gran número de trabajadores. Pero la organización sindical de este sector es débil y dispersa, en parte porque su dirigencia suele estar controlada por las grandes empresas constructoras, pero también por la escasa regulación que efectúa el Estado.

Esta docilidad de los sindicatos ha comenzado a cambiar en el último congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia desarrollado en la ciudad de Santa Cruz. Allí, los obreros constructores eligieron una nueva conducción sindical y definieron como tarea la sindicalización masiva y obligatoria de todos los albañiles, maestros y ayudantes, así como pasar de los acuerdos verbales con los patrones a contratos colectivos de trabajo en todas las obras en construcción. Será también una forma de superar la situación de “obreros informales”, que es una de las peores herencias del neoliberalismo, en un país en el que menos del 20% de los trabajadores está sindicalizado.

En cuanto a los obreros fabriles, fue uno de los sectores más duramente golpeado por los despidos masivos, llamados con eufemismo “relocalizaciones” por el Decreto Supremo 21060, de agosto de 1985. Después, el sector fabril fue sometido por casi dos décadas a la flexibilización laboral del neoliberalismo, cuyo objetivo era disminuir las cargas sociales en favor de las ganancias del capital.

Hoy el sector fabril pasa por momentos de rápida reorganización sindical, lo que ha permitido potenciar a la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Pero aún resta consolidar la organización de nuevos sindicatos, especialmente en las ciudades de El Alto y Santa Cruz, las dos mayores concentraciones de fábricas industriales de Bolivia.        

La importancia de que los sectores obreros se reincorporen al proceso de transformaciones, acordando una agenda programática con el gobierno de Evo Morales, radica no solamente en que permitirá cohesionar una fuerte base laboral de apoyo, sino también en que fortalecerá a las tendencias antiimperialistas y revolucionarias del proceso.

La referida agenda programática podría contemplar los siguientes aspectos: 1) una nueva Ley General del Trabajo que, preservando los avances logrados en la ley actual, permita avanzar en nuevos derechos para los trabajadores; 2) una campaña nacional de sindicalización masiva en todos los sectores que carecen de organización propia y 3) el fortalecimiento del sector social y comunitario de la economía, en alianza con el sector estatal nacionalizado.

El 2 de julio de 2013, cuando ocurrió el atentado contra la inmunidad diplomática del avión en que viajaba el presidente Evo Morales, recordé lo ocurrido hace 11 años, cuando un embajador estadounidense en Bolivia, Manuel Rocha, se atrevió a lanzar una monserga a los bolivianos exigiéndoles no votar por Evo en las elecciones nacionales a riesgo de perder la ayuda norteamericana. La insolencia terminó de catapultar al Movimiento Al Socialismo (MAS), que estuvo a punto de ganar las elecciones de 2002, antesala del triunfo de diciembre de 2005, que finalmente convirtió a Morales en presidente de Bolivia. Sobre Rocha, removido de su cargo se retiró a la actividad privada en un país caribeño.

Volviendo al atentado, poco a poco se fue develando que Washington presionó a gobiernos europeos signatarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que impidan el tránsito del avión presidencial, difundiendo a través de un embajador la información falsa y tendenciosa de que Edward Snowden —ex contratista de sus servicios de Inteligencia— estaba viajando en el aparato.

Aunque Barack Obama pretendió desentenderse del asunto, dejando que sus “aliados” asuman todo el costo político, la autoría norteamericana quedó al descubierto cuando su secretario de Estado, John Kerry, ante el anuncio de que Venezuela otorgaría asilo político al disidente, declaró: “Ningún avión venezolano que transporte a Snowden podrá pasar por espacio aéreo de Estados Unidos ni de ningún país miembro de la OTAN”.

Pero los genios del norte —que también se equivocan y esta vez, superando a Rocha, en escala internacional— nunca imaginaron que la reacción en Latinoamérica llegaría a tan altos niveles de solidaridad regional, de apoyo incondicional a Bolivia y de condena a la violación de convenios de las Naciones Unidas sobre convivencia pacífica entre países. Tampoco esperaban que a la postura de los gobiernos (especialmente de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Cuba) se sumaría luego la movilización de organizaciones sindicales, campesinas y populares, así como partidos políticos de izquierda, que protagonizaron acciones de masas en varias ciudades latinoamericanas.

Luego de casi una década vuelve a darse en la región una efervescencia antiestadounidense que no se veía desde aquella oleada de movilizaciones que hizo fracasar el año 2005 el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Hoy son multitudinarias concentraciones realizadas en La Habana, Managua, Guayaquil y, la más reciente, en Cochabamba, a la que podríamos sumar la reunión de partidos de izquierda del Foro de Sao Paulo.

La Cumbre Antiimperialista y Anticolonialista que se realizó en Bolivia tuvo una respuesta que rebasó las expectativas de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) que la convocó. Más de 1.500 delegados de los nueve departamentos en el ámbito nacional y casi 400 representantes de una veintena de países, la mayoría latinoamericanos, pero también de Europa y Asia, configuraron un resonante éxito internacional cuyo cierre congregó a casi 200.000 personas en la avenida Blanco Galindo.

La cumbre ha fijado estrategias para contener y revertir la ofensiva imperialista estadounidense en el continente. Esa ofensiva comenzó con el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en junio de 2009, asonada muy bien caracterizada por Hugo Chávez: “Éste es un golpe contra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América”.
El golpe hondureño retrasó la expansión del Alba, pero no logró destruir esa alianza entre los gobiernos antiimperialistas de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador.

Posteriormente, en abril de 2011, los gobiernos de Sebastián Piñera, en Chile; Alan García, en Perú; Juan Manuel Santos, en Colombia, y Felipe Calderón, en México, conformaron la Alianza del Pacífico, un bloque único comercial que funciona bajo los principios neoliberales de apertura irrestricta a las inversiones externas, flexibilización laboral y libre circulación de capitales. El Gobierno de Estados Unidos promueve desde entonces la ampliación a otros gobiernos de este bloque que reaviva su viejo proyecto del ALCA.

La existencia de bases militares que pueden ser utilizadas por tropas estadounidenses en Guantánamo (Cuba), Palmerola (Honduras), Palanquero y otras seis más en Colombia constituyen un factor de riesgo en nuestra región. A ello se suma la manifestación de interés por parte del gobierno colombiano para ingresar a la OTAN, un bloque militar anticomunista surgido en plena guerra fría y que, en los últimos años, ha realizado operaciones bélicas de agresión en la ex Yugoslavia, en Irak, en Afganistán y en Libia. La Cumbre Antiimperialista se pronunció en torno a estos tres temas. Condenó las formas de desestabilización y neogolpismo contra los procesos de transformación en el continente.

Analizó que ya no son esos clásicos golpes de Estado en los que las tropas militares ocupan posiciones y bombardean los palacios de gobierno, como hizo Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973. Ahora son modalidades conspirativas que operan sistemáticamente desde algunos medios de comunicación y el control de los poderes Judicial y Legislativo contra el Ejecutivo; así fueron los casos de Honduras y el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay.

La cumbre planteó la necesidad de organizar un proyecto político y un instrumento político antiimperialista en toda Latinoamérica, lo cual pasa por la unidad y la defensa común entre gobiernos progresistas y revolucionarios, así como la acción coordinada de movimientos sociales, sindicales y populares de todos los países. En el tono de los debates prevaleció el postulado de que un antiimperialismo y anticolonialismo consecuentes suponen también un anticapitalismo consecuente, ya que el imperialismo no sólo actúa desde fuera de nuestras fronteras, sino que encuentra sus aliados internos en las oligarquías y en las fracciones más fuertes de las burguesías en cada país.

Pero a su vez este planteamiento anticapitalista conduce a la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo socialismo, que en el caso boliviano es definido como “socialismo comunitario”.

En lo económico, el evento planteó como tarea de primer orden acelerar la integración de nuestras economías bajo enfoques de complementariedad y no de competitividad, como sugieren los neoliberales. También se afirmó que cada país debe lograr su soberanía económica a través del control sobre los recursos naturales estratégicos implementando procesos de nacionalización. En cuanto a los servicios básicos, el acceso a ellos por la población debe ser un derecho humano y no una fuente de negocio privado.

La cumbre se pronunció contra la presencia militarista de la OTAN, postulando una Latinoamérica libre de guerras. Para esto exigió el inmediato cierre de todas las bases militares que sirvan a intereses imperialistas de agresión. Por estas cosas, lo de Cochabamba fue mucho más que una cumbre.

Días atrás, la diputada Norma Piérola sorprendió al ambiente político al anunciar que había presentado en la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda contra el presidente Evo Morales. Rápidamente varios medios de comunicación amplificaron la noticia, olvidando las repetidas veces que sobre diversos temas esa legisladora mintió públicamente. Esta vez no fue la excepción, pues afirmó que “la demanda ha sido admitida”. Luego se constató que no hubo tal admisión y que a la señora sólo le dieron una nota de recepción de documentación.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal que tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los términos del Estatuto de Roma, que es su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos (Holanda).  

El origen histórico de la CPI es la creación de los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en los albores de la creación de la ONU, el Consejo de Seguridad encomendó a un panel de expertos explorar la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, complementaria a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. La idea prosperó después de la Guerra de los Balcanes y las denuncias de “limpieza étnica” en Yugoslavia (1991-1995) y del genocidio en Ruanda (1994).

Por estos trágicos hechos y por el desarrollo alcanzado por el derecho internacional, se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de Estados miembros de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se estableció la CPI.

El órgano entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2002. Su competencia y funcionamiento se rigen por las disposiciones del mencionado Estatuto de Roma. El EstadoPlurinacional de Bolivia ha ratificado el Estatuto de Roma mediante Ley 2398, del 24 de mayo de 2002, y ha realizado depósito del instrumento el 27 de junio de 2002.

La CPI es una instancia judicial que complementa y no reemplaza ni sustituye a los órganos judiciales de cada país. Ha sido creada por los Estados con el objetivo de juzgar los crímenes de guerra y de agresión, de genocidio y de lesa humanidad. Se trata de casos realmente particulares, de crímenes gravísimos que pueden ser cometidos en guerras entre países o en sangrientas confrontaciones (guerras civiles) dentro de los países. Como fácilmente se puede colegir, ninguna de ambas situaciones se ha presentado en Bolivia y menos en la última década, por lo que la demanda de marras no tiene fundamento material o jurídico para prosperar.

Pero el costoso viaje a Europa forma parte de una campaña internacional de desprestigio contra el gobierno de Evo Morales. ¿Quiénes patrocinan estas acciones de agravio contra nuestro país?, ¿de dónde sale el dinero para traslados y looby?, ¿hay una estrategia política extranjera de la que la diputada cochabambina es únicamente operadora?

Piérola, lo mismo que su jefe partidario, Manfred Reyes Villa, es activa militante que ha participado de varias reuniones de una organización denominada UnoAmérica, que es una plataforma política de extrema derecha conducida por el venezolano Alejandro Peña Esclusa, personaje que tuvo protagónica participación en su país en el fracasado golpe antichavista del año 2002. Esta plataforma se formó en diciembre del año 2008 en la ciudad de Bogotá (Colombia) con el objetivo de cerrar el paso al “Foro de Sao Paolo” en el que está aglutinada la izquierda latinoamericana.

En uno de los párrafos de la declaración con la que se fundó UnoAmérica puede leerse: “Actualmente hay 14 países latinoamericanos, cuyos gobiernos pertenecen o están vinculados al Foro de Sao Paolo, y aunque llegaron al poder por la vía democrática, muchos de ellos están destruyendo la democracia y coartando las libertades, como es el caso de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y Daniel Ortega”. Puede verse que las campañas de ataque a estos presidentes se dan en aplicación de esta línea política.

La investigadora argentina Stella Calloni ha descubierto los lazos financieros que la organización derechista tiene con la National Endowment for Democracy (NED), que según publicó en marzo de 1997 el New York Times: “Se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante decenios. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.
Además, UnoAmérica recibe fondos de la Fundación para el Análisis Económico Social (FAES), que dirige el expresidente español José María Aznar. Sería muy interesante seguir la evolución de las investigaciones que actualmente se efectúan en España, a propósito del escandaloso desvío de “dinero oscuro” proveniente de manejos corruptos en la administración pública a las cuentas del Partido Popular (PP), del cual es uno de sus dirigentes históricos el propio Aznar, cuya Fundación pudiera haberse beneficiado con parte de ese botín.

No puedo concluir estas líneas sin referirme a un caso similar al exabrupto judicial contra Evo. La misma aberrante forma de acusación la aplicó hace seis años el exfiscal general Mario Uribe contra mí, tratando de inculparme nada menos que de genocidio por los sucesos de noviembre de 2007, en Sucre. En mi defensa, para aclarar lo sucedido y para poner en evidencia las inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas por Uribe, escribí junto a la periodista Luisa Limachi un libro titulado Historia de una conjura, cómo intentaron hacer fracasar la Constituyente. Hoy que el proceso de cambio sufre este ataque internacional, deberíamos escribir otro libro en el que pongamos en evidencia que la derecha boliviana, por un cálculo político doméstico, no vacila en traicionar a la patria en los foros internacionales.

Hoy, Latinoamérica parece oscilar entre los diferendos históricos que intentan ser resueltos por la vía del diálogo entre Estados o acudiendo a las instancias judiciales internacionales. Los procesos de integración política y económica siguen avanzando, pese a un contexto de deterioro económico regional por el impacto de la crisis internacional.

Aquellos diferendos se gestaron    a lo largo de dos siglos, luego de los procesos independentistas y la cruenta formación de nuevos Estados en el continente. Son una herencia histórica que sigue generando tensiones en varios lugares del continente, pero cuya resolución es la condición necesaria para profundizar los procesos de integración en curso.

Sobre estos asuntos fueron dos las novedades que se presentaron en las últimas semanas. Por una parte, la sentencia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua, y, por otra, la invitación de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) para que Bolivia sea parte de este bloque.

El 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda) —que es la máxima instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945— delimitó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en el mar Caribe. La resolución fue muy bien recibida en Managua, pues amplió la soberanía marítima nicaragüense, pero causó malestar en Bogotá, cuyo Gobierno anunció que podría desconocer la jurisdicción de la Corte y desacatar el fallo.

Las repercusiones llegaron hasta Chile y Perú, cuyos gobiernos esperaban con mucho interés la sentencia, por las implicaciones que tiene para su problema de delimitación marítima en la zona en la que ambos países tienen frontera. Hay que recordar que en enero de 2008 el Gobierno peruano presentó ante la Corte Internacional de Justicia el “caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile”. Desde entonces, el caso sigue avanzando y ha llegado ya a la fase de alegatos orales, en la que los equipos de juristas internacionales que representan a ambos estados exponen los argumentos legales e históricos para sustentar su demanda e impugnar las razones de la otra parte.

El Gobierno de Bolivia está atento a esta fase de debates, porque pueden aparecer nuevos elementos que enriquezcan nuestra propia demanda marítima, en fase final de elaboración para su posible presentación ante la CIJ. Es pronto todavía para arribar a conclusiones, tomando en cuenta que la sentencia en este caso salga a mediados de 2013. Sin embargo, siendo la resolución del problema abierto con la guerra de 1879 algo irrenunciable para el interés boliviano, nuestro país sigue ratificando su profunda convicción pacifista e integradora.

En orden a esta voluntad integradora, la invitación por el bloque del Mercosur para el ingreso como miembro pleno de Bolivia es una muestra de que naciones vecinas tan importantes tienen confianza en el rol que puede tener nuestro país para la consolidación geopolítica, no tan sólo económico-comercial, del bloque.

Nuestra ubicación en el centro de Sudamérica, como parte de los tres grandes pisos ecológicos de la región: andino, amazónico y platense, constituye un factor ventajoso que fue tomado en cuenta al momento de decidir firmar el “Protocolo de Adhesión” el viernes en Brasilia. Este documento, suscrito por el presidente Evo Morales, fue también rubricado por los mandatarios Dilma Roussef, de Brasil; Cristina Fernández, de Argentina; José Mujica, de Uruguay; y el representante de Venezuela.

La presencia en esa reunión del mandatario de Ecuador, Rafael Correa, puso de manifiesto que también ese país tiene interés en seguir los pasos de Bolivia, con lo que el Mercosur pasará a convertirse (por su potencial energético, productivo y de consumo) en el más importante proceso de integración económica al interior de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al punto de que el nombre con que nació hace dos décadas —“mercado común”— quede chico para sus actuales proyecciones. Esto es algo que debieran tomar en cuenta los que siguen analizando al bloque únicamente en sus aspectos arancelarios, dejando en claro que el tema de aranceles es importante y será discutido en función del interés de nuestro país.

Hay otros aspectos a los que se les tiene que dar la misma o mayor importancia, como son los proyectos de integración energética que a Bolivia le interesa impulsar. Estos proyectos, a tiempo de darle valor agregado a nuestra producción gasífera, podrían también ampliar los actuales mercados argentino y brasileño, o abrir nuevos mercados en la región. En este aspecto energético entra también la industrialización minera bajo condiciones de soberanía económica —por lo que tendrán que estar en manos del Estado y no de privados— de nuestras enormes reservas de minerales estratégicas (como el litio o el indio).

No hay que perder de vista que los estados del Mercosur son los de mayor producción mundial de alimentos básicos, por lo que su importancia en las próximas décadas crecerá en magnitud asombrosa. Bolivia tiene que ser parte de proyectos regionales de industrialización de alimentos, de manera que ya no seamos tan sólo exportadores de commodities.

Bolivia se ubica en esta región donde se encuentran las mayores reservas planetarias de agua dulce (con la excepción de la Antártida), por lo que los proyectos compartidos entre varios países de preservación y uso sustentable de esas reservas tendrán, en el futuro inmediato, carácter estratégico.

Como se puede ver, el proceso de adhesión tiene que darse con una agenda propia, capaz de lograr respaldos entre los gobiernos y los pueblos de las naciones vecinas. Tal vez ahí radica la clave para una inserción positiva de Bolivia en el pacto regional. Pero queda una cuestión abierta que sólo el tiempo podrá responder: ¿en el proceso de integración, terminará prevaleciendo la agenda del Vivir Bien, del respeto a la Madre Tierra, o la integración potenciará las tendencias desarrollistas ya presentes en nuestros respectivos países?