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La unión homosexual ante el escollo político, la Iglesia y los prejuicios

La constitución en tela de juicio

/ 10 de junio de 2012 / 04:05

La presentación del proyecto de Ley de Unión de Convivencia entre Parejas del mismo Sexo, en abril de este año, pone en el debate político no sólo la autenticidad de un Estado que pretende defender el pluralismo en todas sus facetas, sino también la veracidad o impostura de ser un Estado laico o un aparato de Gobierno que somete su labor legislativa a opiniones de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta discusión, que tiene un fondo político, ha sido opacada por argumentos que han dejado a la vista profundos prejuicios o por conclusiones basadas en libros de la Biblia —los cuales no tienen ninguna autoridad para una persona que no pertenezca a las creencias que tales textos postulan— o por una mezcla de los anteriores: juicios de valor preconstruidos y creencias religiosas, ambos bien revueltos.

El anuncio de la norma desnudó prejuicios a tal nivel que incluso produjo la esquizofrénica aseveración del jesuita Miguel Manzanera (publicada en Punto de vista de la web de la agencia ANF), quien no tiene el más mínimo problema en relacionar la unión de parejas del mismo sexo con el narcotráfico y el lavado de dinero. “En países como Bolivia, donde hay índices altos de narcotráfico y de lavado de dinero, este tipo de uniones (parejas del mismo sexo), fáciles de constituirse y de terminarse, podría ser utilizado por delincuentes para ocultar o desviar dineros malhabidos hacia la comunidad de bienes de la convivencia homosexual”. Esta perla del prejuicio no merece réplica.

En todo caso, la discusión se dirige mucho más hacia los derechos civiles que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos que a controversias teológicas. Los matrimonios heterosexuales son beneficiarios de una serie de normas como el derecho al seguro de salud (si es que uno de los cónyuges tiene acceso a él gracias al trabajo que desempeñe) o de herencia directa. Sin embargo, el Estado niega esta posibilidad a las parejas de personas del mismo sexo.

El proyecto de ley presentado por Érika Claure, diputada  de Convergencia Nacional (CN), fue aplaudido por tener buenas intensiones por el colectivo nacional Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT). Sin embargo, esta agrupación se encuentra realizando otro proyecto que hablará de matrimonio, y no sólo de unión de convivencia, el cual será puesto en consideración de la Asamblea Legislativa el 28 de junio (Día del Orgullo Gay).

“Agradecemos la iniciativa de la diputada Claure;  sin embargo, no estamos de acuerdo porque no queremos una ley especial, no somos especiales;  somos ciudadanos comunes, queremos que nos incluyan en las leyes que ya existen”, afirma Ángela Fuentes, presidenta del colectivo Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB), parte de LGBT.

Sea unión o matrimonio de parejas del mismo sexo, cualquier opción  se asienta constitucionalmente, según Fuentes, en el artículo 14, II de la Constitución Política del Estado (CPE): “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

Bajo este sustento, Claure asegura que la inviabilización de la ley de unión sería una incoherencia del Gobierno. “Si no se hace posible la propuesta de ley, el Estado entraría en contradicción con su propio discurso inclusivo y no discriminatorio. La CPE ha sido aprobada con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). También se vulnerarían los derechos manifestados en la Ley 045, contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Por eso, la mayoría gobernante tiene que ser acorde al pluralismo que defiende. Nosotros no estamos lanzando la propuesta al aire, sino que existe una CPE que la respalda.”

Y la Asamblea Legislativa Plurinacional parece ser el primer escollo para esas pretensiones. El senador evangélico del MAS David Sánchez, quien rechaza este argumento, asegura que la CPE hace a ambas propuestas (unión o matrimonio) irrealizables de acuerdo al artículo 63, I (“El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”), el cual no menciona a parejas del mismo sexo.

Sobre los derechos civiles que se restringen a estos grupos, por el no reconocimiento legal de su unión, el legislador es categórico y parece pensar que fueron las personas de orientación distinta quienes se la buscaron. “(La elección sexual) es una decisión privada y tendrán que responsabilizarse por esa decisión. Decir que se viola la Ley 045 es buscar argumentos desesperados. Su vida debería ser de carácter privado, nosotros no tenemos ningún interés de que su accionar se haga público; peor aún el querer llegar a ámbitos como la Asamblea Plurinacional. No vamos a sacrificar un bien colectivo mayoritario por una pequeñísima minoría”, dice. 

Tal punto de vista es rebatido por el defensor del Pueblo, Rolando Villena (cuya opinión sobre el tema se encuentra en extenso en la página 10), quien piensa que la comunidad LGBT “no está pidiendo ningún favor, sino exigiendo un derecho”.

En todo caso, Fuentes asegura que la población de LGBT no ha sido contabilizada en el último censo, pues, no figuró la pregunta sobre la orientación ni identidad sexual. “No hay el reconocimiento de que estas personas viven años en pareja, aportan, pagan impuestos y participan en varios espacios productivas. El hecho de que el Estado no les permita firmar un documento les priva de una serie de derechos que los afecta económicamente. Como no figuramos en el censo se desconoce cuánto dinero aportamos al país y de qué manera no estamos siendo beneficiados como el resto de la población”.

El jefe de la bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, argumenta desde el punto de vista cultural. Según dice, en la cosmovisión andina las parejas del mismo sexo no existen. “Las comunidades quechuas y aymaras no conocen este tipo de relación; no existen. En el mundo aymara, el hembra-varón existe en todo, no sólo en el ser humano, sino también en las plantas, el agua, las piedras, los animales. Nuestro pensamiento es radical en esto; la complementariedad hombre-mujer rige la cosmovisión aymara”.

Por su parte, la Iglesia Católica, que reivindica la unión “convencional” hombre-mujer, hizo público su total rechazo tanto de la unión como del matrimonio de parejas del mismo sexo. “No estamos en contra de regular los derechos de convivencia de estas parejas dentro de la legislación común. Lo que rechazamos es que estas prerrogativas civiles se vinculen a la unión, porque ésta significa un paso hacia el matrimonio, que es lo que al final quiere esta comunidad”, dice el sacerdote José Fuentes.

Acerca de las posibilidades que tiene la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa, la diputada Claure opina que “en oficialismo como oposición se ha visto posiciones tanto a favor como en contra; el presidente de Convergencia Luis Felipe Dorado ha manifestado públicamente su apoyo al decir que es una ley que necesita salir al plenario y ser discutida”.

Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), expresó su desacuerdo con el matrimonio, pero también refirió la necesidad de normar la convivencia, según Fuentes.

Matrimonio o unión entre miembros de la comunidad LGBT, el asunto va mucho más allá de la institución familiar y apunta directamente a un problema de derechos civiles que el Estado debe regular. De todas maneras, al margen de los prejuicios, los escollos son políticos y dogmáticos, atribuibles al sistema político y a la Iglesia Católica, aunque la correlación de fuerzas y los tiempos son aparentemente favorables.

‘Que el Estado nos reconozca, no la Iglesia’: Ángela Fuentes, presidenta de TLGB

Aunque pueda sonar agresivo, vivimos en un país laico con una Constitución; nosotros no queremos el reconocimiento de la Iglesia Católica, un certificado de matrimonio de la Iglesia no nos sirve legalmente; necesitamos un documento del Estado para que las parejas del mismo sexo puedan beneficiarse de los mismos derechos que las heterosexuales.

‘No se va a poder aprobar en Asamblea’: Eugenio Rojas, jefe de bancada de senadores del MAS

Los diputados no están de acuerdo; entonces, para qué nos vamos a engañar, no se va a poder aprobar en la Asamblea. Esto tiene que ver con la sociedad, pues, ésta rechaza este tipo de leyes. Entonces, no será por obedecer a la Iglesia, sino que la sociedad no está de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo. Muchos asambleístas del MAS y también de la oposición no la aceptan.

‘No se quiere interferir con el matrimonio’: Érika Claure, diputada de Convergencia Nacional

La propuesta de ley que hice para la “unión de convivencia entre parejas del mismo sexo” quiere que las personas que hayan hecho una elección sexual diferente a la heterosexual puedan tener los mismos derechos civiles que cualquier pareja. Con la normativización de estas relaciones nosotros no queremos interferir con la figura del matrimonio.

‘Es el momento para abrirse a este pedido’: Rolando Villena, defensor del Pueblo

El derecho a la igualdad debe ser el sustento para que la legislación acepte la unión de parejas del mismo sexo. El pedido se basa en el artículo 14 de la Constitución, que rechaza la discriminación por razón de orientación sexual; esto es insoslayable. Estamos en un momento de construcción de un Estado Plurinacional, es el momento para abrirse a este pedido.

‘El tema es inviable desde lo constitucional’: David Sánchez, senador del MAS

El tema es inviable de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE). Sobre qué base se haría una norma que la CPE no reconoce; para ello se tendría que modificar, no hay dónde perderse. También hay que aclarar que si bien hacen esfuerzos para estas propuestas, el derecho a elegir su preferencia sexual no significa hacerla pública, tratándose sobre todo de una notoria minoría.

Derechos negados a la comunidad LGTB

Esencialmente, las propuestas de unión de convivencia y matrimonio entre parejas del mismo sexo va más allá de la institución familiar e incumbe más al tema de los derechos civiles a los que la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGBT) no tiene acceso porque el Estado, hasta ahora, no lo ha permitido.

“El hecho de que no se reconozca legalmente a dos personas del mismo sexo como una pareja constituida significa que ésta no tiene el derecho a la herencia, pues, los convivientes no son reconocidos como familiares. Según las leyes, hay una gradación en la sucesión de patrimonio y el cónyuge de una pareja de personas LGBT no va a acceder nunca a esta posibilidad pues no es reconocido como familiar político”, dice Ángela Fuentes, presidenta de Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB).

Por otro lado, la no existencia de una normativa hace imposible que una pareja de LGBT  pueda asegurar médicamente a su conviviente: “en espacios como la Caja sólo se reconoce a familias constituidas dentro del matrimonio o a hijos legítimos. Entonces, en mi caso, tengo este seguro como maestra, sin embargo, no puedo hacer que mi pareja se beneficie. Si un día tengo un hijo que salga del vientre de mi conviviente, tampoco podré hacer que ninguno de ellos goce de este seguro”, reclama Fuentes.

Otra desigualdad que existe se refiere a las solicitudes de préstamos para vivienda en mutuales o cooperativas sociales, pues, éstas privilegian a parejas casadas; es más, dentro de varios de sus protocolos se pide un certificado de matrimonio. También se dificulta el acceso a seguros de vida, “No se pueden dar estas pólizas a quien se quiera, sino que tiene que ser a una pareja o familiar”, dice.

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Evangélicos y gobiernos populares

Pese a su tendencia hacia la derecha, los evangélicos cristianos cada vez más se acercan a la izquierda.

En Argentina, Bolivia, México, Perú y Venezuela se ve un significativo acercamiento entre las iglesias no católicas y los gobiernos populares

Por Iván Bustillos Zamorano

/ 22 de mayo de 2022 / 20:37

El punto sobre la i

A mediados de este mes, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) presentó un provocador estudio acerca de la presencia en el ámbito político de los evangélicos en la región: Venga a nosotros su reino: Iglesias evangélicas y Gobiernos populares en Latinoamérica, por Yair Cybel y Sebastian Furlong. Provocador porque contra la tradición de la naturaleza conservadora de estas iglesias (‘más ligadas a gobiernos de derecha’, se decía), se propone más bien revisar experiencias que ya hubo de un acercamiento, de una fluida relación, entre estas iglesias y gobiernos progresistas, de izquierda, cuando no de una presencia misma de representantes evangélicos en el gobierno; esto se vio/constató, dicen los autores, en cinco países: Argentina, Perú, México, Bolivia y Venezuela.

“Se trata de gobiernos progresistas de características diversas, pero con un rasgo común: con sus particularidades o matices, todos tienen vínculos políticos con sectores evangélicos”, destacan los autores del estudio.

La base obligada para el estudio sin duda tiene que ser la presencia poblacional evangélica, cuál y cuánta es su base social para hablar de su fortaleza política: “Actualmente, la cifra de fieles evangélicos ya supone más de 20% de la población latinoamericana1. En México más de 10% de la población es evangélica; en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá se habla de una cifra superior a 15%; en Costa Rica y Puerto Rico llega a 20%; en Brasil se barajan cifras que oscilan alrededor de 30% y en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua la cantidad de fieles supera ampliamente 40%”, sintetiza el informe del Celag.

CRISTIANOS. Hay que aclarar que el estudio utiliza “evangelismo” como “nombre genérico que incluye: iglesias cristianas evangélicas, pentecostales y neopentecostales”.

En el recuento de porcentajes de presencia evangélica en determinados países, es llamativa la ausencia de Bolivia. Tal vez se deba a la antigüedad del dato a través de un censo. La última vez que en un censo de población y vivienda se indagó sobre la adscripción religiosa de los bolivianos fue en el censo de 2001. En esta consulta se obtuvo que 77,99% de los habitantes del país dijeron ser parte de la Iglesia Católica; 16,22%, de la protestante/evangélica (que incluye a las iglesias históricas, pentecostales y otras); 3,24% correspondía a otras religiones o cultos de origen cristiano como los adventistas, mormones y similares; y, 3,24% reunía a otras creencias, entre rosa cruces, budistas y más. Además, 2,43% afirmó que no pertenecía a ninguna religión.

Al parecer, la situación no ha cambiado mucho. Poco antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el 29 de septiembre de ese año, el medio colega Página Siete publicó que, según un ejercicio estadístico efectuado por la encuestadora Mercado y Muestras, 74,9% de la población votante era católica: mientras que 13% se definía de confesión cristiana, y solo 4,9% era votante evangélico; 1,2% mormón; 0,4% Testigo de Jehová; y, apenas 1,2% dijo ser ateo.

Pese al pedido de los evangélicoscristianos y de la propia Iglesia Católica de incluir en la boleta censal la pregunta sobre la religión que profesan los bolivianos, el Instituto Nacional de Estadística (INE), a principios de abril, rechazó ese pedido, porque la pregunta de creencia religiosa va contra el Estado laico, consagrado en la Constitución, según su director, Humberto Arandia.

Pero, antes de ver el nexo evangelistas- gobiernos progresistas, es bueno precisar, destacan los autores, por qué, por lo general, las iglesias evangélicas tienden a sumarse a regímenes de derecha. Son cuatro rasgos claramente identificables, aseveran: “posturas ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales; abierta defensa del neoliberalismo y la sociedad de consumo; gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses; despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales”.

Desde la vereda del frente (los gobiernos hacia la izquierda), sin embargo, los autores del estudio del Celag ven que hoy día “la relación entre iglesias evangélicas y gobiernos progresistas se materializa principalmente a través de dos vías: por un lado, la creciente presencia evangélica en los territorios más pobres refuerza una intermediación con las esferas estatales para obtener recursos de asistencia o de mejoramiento en los barrios populares; por otro, la búsqueda de erigirse en grupos de presión a partir de reuniones periódicas con las máximas autoridades gubernamentales y/o con los despachos ministeriales para influir en las políticas públicas y la aprobación de proyectos de ley que defiendan sus intereses”.

PASTORES. Ahora, se preguntan los estudiosos, ¿cuáles son los rasgos religiosos centrales que están en la base de los cristianos-evangélicos? “Están basadas en el mismo hito fundacional del pentecostalismo: la unción de sus pastores por el espíritu santo y una orientación medieval de lucha contra el ‘demonio’; al mismo tiempo, sostienen una estética show, un discurso de la prosperidad, el emprendedurismo y una particular atracción por el marketing profesional”. Pero he aquí una característica central: al no existir un “Vaticano evangélico”, o sea, la ausencia de una “institución vertical e integradora a la que respondan las diferentes iglesias”, pues se extendió el proceder más bien autónomo de los pastores: esa falta de Vaticano evangelista “ha permitido que los predicadores puedan instalar cultos adaptados a regiones o rasgos culturales, dando lugar a una mayor autonomía económica, política y religiosa”. Los pastores carismáticos pueden establecer reglas propias para su presencia en barrios populares, en la solución de los problemas de estos sectores populares. Al no haber reglas rígidas desde arriba, “esta situación también habilita a que un peronista, un chavista o un castillista pueda ser predicador, siempre y cuando su intervención política se adapte a una lectura bíblica o teológica del proceso en cuestión”.

Presencias en la política que, se apresuran a aclarar los autores, pueden ser contradictorias: “Pastores bautistas dirigen la histórica organización revolucionaria ‘Centro Martin Luther King’ en Cuba, mientras que sus mismos correligionarios fueron pioneros en reunirse con la presidenta golpista Jeanine Áñez en Bolivia”.

Ahora, ¿por qué mayor afinidad con los gobiernos progresistas (al menos en los referidos cinco países?)

Por su presencia extendida en los barrios y áreas rurales populares y por la capacidad que tienen de “representar” las demandas de mejores condiciones de vida de la gente:

“Consiguen y gestionan recursos y colaboran en sostener el tejido social en tiempos de crisis. Este fenómeno no fue ignorado por los gobiernos populares y de izquierda en la región, que basaron su credibilidad en la integración de los excluidos a la arena política y la redistribución del ingreso vía intervención estatal”.

VÍNCULOS. Pero aún arriesgan los autores del estudio del Celag algunas conclusiones que dan luz sobre “el vínculo cada vez más estrecho entre gobiernos populares y sectores evangélicos”:

– El vínculo entre iglesias evangélicas y gobiernos populares no es un fenómeno novedoso.

– La incursión político-partidaria de los líderes y pastores evangélicos se ha dado a título personal, sin la intervención ( formal) de sus iglesias o federaciones.

– En el mundo del evangelismo político conviven una multiplicidad de miradas político-ideológicas, incluso de izquierdas, pero algo que no se puede negar es que un mayor compromiso del gobierno con los evangelistas puede frenar la generación de derechos sociales, incluso se puede retroceder, “en pos de priorizar las agendas conservadoras ‘pro-vida’ y ‘pro-familia’”.

– Dada su enorme extensión territorial, el progresismo, dicen, mal haría enfrentándolas. “El desafío es cómo incorporarlos en forma subordinada a la construcción política de justicia social y redistribución de la riqueza sin retroceder en aspectos fundamentales de un Estado laico”.

– Finalmente, de lo que se trata no es de retroceder en la historia. “Es preciso destacar que en los países donde la religión es el eje preponderante de la política, los cambios sociales tienden a ser bastante complejos o regresivos, como en los casos donde gobiernan las visiones integristas del hinduismo; las facciones musulmanas más conservadoras (Arabia Saudita, Afganistán) y el propio catolicismo (lo que ocurre en Hungría o Croacia). En ese sentido, el dilema es si con este giro a la integración de sectores evangélicos no se propiciaría el regreso a un pasado donde la religión fue un elemento de discordia política”.

ARGENTINA

EN SOLO 11 AÑOS, LOS EVANGÉLICOS AUMENTARON 70%

Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas (2019), las personas que se reconocen “evangélicas” crecieron 70% en apenas 11 años: de 9% en 2008 a 15,3% en 2019. El avance evangélico tiene su correlato en la disminución de los fieles que se identifican como “católicos”: de 76,5% al 62,9 % en el mismo periodo.

En la relación Gobierno- evangélicos, hubo:

– Reunión de Cristina Fernández con pastores evangélicos para tender lazos con el peronismo y ampliar la base social de representación (febrero 2019).

– Incorporación de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas al programa gubernamental “Argentina contra el Hambre” (diciembre 2019).

– La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas manifiesta respaldo a la iniciativa de quita de la deuda externa y acerca posiciones con el Gobierno sobre la despenalización del aborto (abril 2020).

– Congregaciones evangélicas se ponen a disposición del Gobierno para asistir a los sectores más afectados por la crisis económica y la pandemia (mayo 2020).

BOLIVIA

EVO PROMULGÓ LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Según una encuesta de Statista (2018), en Bolivia 11,6% de la población se identifica evangélica, 2,5% como adventista, 1,6% como evangélico pentecostal, 1,2% como mormón y 1,1% como evangélico bautista. En las elecciones presidenciales de 2019, los datos revelaron que el 17,9% de los votantes era cristianoevangélico y que en el caso de los aymaras solo 65,9% es católico, 22,5% es cristiano y 4,8% es evangélico. A nivel socioeconómico, cabe destacar que en los sectores populares 21,8% de la población es cristiana evangélica

Evangelistas y Estado se relacionaron:

– La Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas se suma a la Cumbre de Justicia organizada por el Gobierno boliviano y manifiesta estar dispuesta a participar en “aspectos diversos de la construcción del Estado” (enero 2016).

– El expresidente Evo Morales promulga la Ley de Libertad Religiosa — cuyo trasfondo fue reconocer a las distintas iglesias y espiritualidades— con el apoyo de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (abril 2019).

PERÚ

EN 35 AÑOS, LOS EVANGÉLICOS SE QUINTUPLICARON

Como explica el investigador José Luis Pérez Guadalupe: “en 1972 los evangélicos en el Perú eran solo 2,5% (los católicos, 96,1%)”, pero para 2007 quintuplicaron esta cifra hasta ubicarse en 12,5% (con 81,3% de católicos). Para 2017, Pérez Guadalupe estimaba entre 15% y 18% de comunidad evangélica en el Perú.

En la relación evangélicos- Castillo, se dio:

– El Colectivo de Cristianos Comprometidos expresa su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

También lo respalda el Colectivo Ciudadanía Cristiana por el Desarrollo y el Buen Vivir (mayo 2021).

– Pedro Castillo ora junto al joven predicador evangélico Anthony Lastra (Centro Cristiano Vida de Dios), quien señala que al maestro rural “lo eligió Dios como presidente del país”.

– La esposa y los hijos de Pedro Castillo —él se confiesa católico— pertenecen a la Iglesia del Nazareno. Precisamente, la casa del presidente en Cajamarca está ubicada frente a una iglesia de esta congregación.

MÉXICO

SE CONTRAVIENE LA SEPARACIÓN ESTADO-IGLESIA

Censo de Población: 11,2% de la población se reconoce protestante y evangélica, número relativamente menor al resto de la región por la importante pregnancia del catolicismo. Sin embargo, el crecimiento de estos credos es sostenido y en detrimento del catolicismo: entre 2000 y 2020 los católicos pasaron de 92,9% a 77,7%, mientras que los protestantes subieron de 7,3% a 11,2%.

Relaciones:

– El Partido Encuentro Social (PES), de raigambre evangélica, se suma a la coalición Juntos Haremos Historia que alcanza la presidencia de México con la candidatura de AMLO (diciembre 2017).

– El PES presenta un proyecto para permitir deducir de impuestos las donaciones a iglesias, otro para regular la educación con enfoque de género y un último para permitir el financiamiento privado de partidos políticos (2018).

– El Instituto Nacional Electoral concede la reinscripción del PES, pese a que 15 ministros de culto participaron como líderes de afiliación de voto, contraviniendo la legislación laica mexicana que establece la separación entre iglesias y Estado (septiembre 2020).

VENEZUELA

CHÁVEZ ASUMIÓ CONSIGNA BÍBLICA PARA SU CAMPAÑA

El movimiento bolivariano conducido por Hugo Chávez vio en el sector evangélico un potencial aliado desde comienzos de la década de 1990. Ya en la campaña que lo llevó a la presidencia, Chávez mencionaba a los evangélicos como uno de los grupos de la sociedad civil que quería movilizar para su “revolución democrática”. Su parafraseo de un versículo bíblico: “El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos, que oiga” llegó a ser el lema principal de su candidatura.

Estrecha relación:

– Sectores cristianos evangélicos marchan en respaldo al presidente Nicolás Maduro con una movilización denominada Gran Caminata por la Paz y Prosperidad de Venezuela (abril 2018).

– Maduro firma un decreto mediante el cual declara el 15 de enero de cada año como el Día Nacional del Pastor, en tributo a Martin Luther King y a petición del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela (diciembre 2019).

– Maduro aprueba la propuesta para crear la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela (diciembre 2019).

 (*) Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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La crisis del maíz y el modelo agrícola

La biotecnología genética como única vía para elevar la productividad en el campo es una ficción.

/ 22 de mayo de 2022 / 20:30

DIBUJO LIBRE

La escasez de maíz en el mercado boliviano ha abierto un debate profundo sobre el modelo de desarrollo agrícola. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente se sostiene que la escasez es resultado de las restricciones a las exportaciones y el bajo rendimiento de las semillas no transgénicas. La Gobernación de Santa Cruz aduce la menor oferta a las pérdidas por sequía en el Chaco. El Gobierno acusa a los productores de especular con los alimentos. En estos breves párrafos se hace un análisis de estos argumentos.

Una de las leyes que rige el comportamiento de los mercados es el principio de la autorregulación. Cuando la demanda de un bien excede su oferta, el precio debe inexorablemente subir para reflejar la escasez relativa del producto. Esto no ocurrió con el maíz porque su precio subió de Bs 45 a Bs 100 el quintal pese a que la oferta anual estimada para este año de 1.029.179 Tm es mayor a su demanda 995.203 Tm. ¿Por qué esta aparente contradicción? ¿Podrían estar mal los cálculos del Gobierno? Si fuera el caso ¿Por qué en 2021 se exportó un nivel récord 57.000 Tm si no somos autosuficientes? O ¿qué o quiénes son los responsables? Para entender este enigma voy a recurrir a la teoría microeconomía.

Gracias a Arrow–Debreu (1954) y Walras (1874) sabemos que los mercados son interdependientes, que sus equilibrios se alcanzan de forma simultánea y que si todos a excepción de uno de ellos están en equilibrio el último mercado también debería estarlo. La teoría del equilibrio general asumía que todos los mercados operaban de forma eficiente. Sin embargo, no abordaron situaciones de desequilibrios simultáneos y cuando las fuerzas del mercado dejan de funcionar correctamente.

A nivel mundial existe escasez de algunos alimentos, como el maíz, que solían ser provistos por Ucrania y Rusia. Sin embargo, la guerra en el territorio del primero y la limitación para exportar dadas las restricciones financieras en el segundo, han reducido la oferta mundial de estos alimentos. En un mundo globalizado, el desequilibrio entre oferta y demanda se traslada rápidamente a otros confines del planeta, elevando los precios domésticos y generando asignaciones ineficientes, ya que habría consumidores incapaces de acceder a ellos o, para hacerlo, deben reducir el consumo de otros bienes; lo que en términos macroeconómicos se llaman inflación y caída de ingresos reales.

Los efectos del mercado no terminan allí, ya que cuando sube el precio en un mercado donde una empresa es demandante, traslada este costo a sus propios demandantes quienes a su vez podrían hacer lo mismo. Ésta es la razón de porqué la subida del precio internacional del maíz podría elevar el precio del grano nacional y éste a su vez el de otros productos como la carne de cerdo y de pollo, y que a su vez podrían trasladarse al precio de los almuerzos y embutidos. Quienes terminan pagando el costo de los desequilibrios de los mercados son siempre los mismos, los consumidores.

Ahora bien, parecería que el aumento del precio del maíz no solo responde a las fuerzas imperfectas del mercado sino al oportunismo económico. Considerando que los rendimientos por hectárea no cambian drásticamente de un año a otro, salvo que existan eventos climáticos de consideración como el efecto de la Niña, que hubo pero que afectó principalmente a las regiones de Argentina, Brasil y Paraguay y no así a Bolivia. De ser cierta esta sospecha, ¿podría la escasez de maíz deberse a la reticencia de los grandes productores de grano de vender su producción en el mercado nacional a Bs 100, siendo que el precio internacional equivalente es de Bs 180 por quintal (mercado de Rosario)?

Según la Real Academia Española, especular significa efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios, aprovechando las variaciones de precios. La teoría económica justifica y reconoce a la especulación como un comportamiento racional de los agentes que buscan maximizar su rentabilidad. Se podría decir que especular es un arte. Hay que saber el momento exacto para hacerlo y cuándo retirarse. Pero más allá de ser un acto racional, es un acto criminal que atenta contra el bolsillo de la población, porque se beneficia a partir de una situación ficticia que crea el mercado.

La necesidad de una empresa estatal que regule los precios para corregir las fallas del mercado y el potencial riesgo de especulación es inmediata. La estatal Emapa compra el producto a un precio mayor (Bs 100) incentivando su producción y la vende a un precio más bajo (Bs 65) limitando el poder de los especuladores y evitando que los efectos distorsivos del mercado se trasladen a los consumidores finales como ocurriría en una economía de libre mercado, donde las ganancias se individualizan, pero las pérdidas se comparten.

Empero, la intervención estatal no está exenta de críticas que arguyen su baja capacidad de intervención y que compite con las labores privadas. En realidad, Emapa no tiene como objetivo abastecer a todo el mercado, sino solo a pequeños y medianos productores porque —a diferencia de los grandes— no cuentan con la capacidad financiera para comprar sus suministros por adelantado. Es así que los grandes productores no debieron verse afectados por el alza de precios internacionales porque la mayoría compra sus insumos con muchos meses de anticipación. Por otro lado, la creación de una empresa estatal agropecuaria no busca competir con el sector privado sino garantizar el suministro para pequeños productores, que las grandes empresas agroindustriales no están dispuestas a cubrir por los menores retornos que ofrecen al ser productos regulados. Como parte de la política de sustitución de importaciones también se ha promovido la producción interna de maíz tradicional a partir de créditos a bajas tasas de interés y de programas para mejorar el rendimiento.

Pero más allá de lidiar con la especulación, hay un desafío mayor que es superar, el patrón de acumulación de riqueza extractivista vinculado al auge de la agricultura. Desde los sectores económicos del oriente se propone que —ante el desabastecimiento de maíz— se autorice el uso de semillas genéticamente modificas para elevar el rendimiento. El uso de semillas transgénicas está prohíbo por la Ley de la Madre Tierra, por ser una amenaza a la diversidad y existencia de otras especies nativas. Pero las élites agropecuarias del oriente han encontrado en esta coyuntura internacional de precios, el pretexto ideal para reafirmar su demanda.

Los altos precios de los alimentos están promoviendo un nuevo ciclo de extractivismo en el sector agrícola boliviano, cuyo objetivo es expandir desproporcionalmente la frontera agrícola y elevar los rendimientos a costa del daño al medio ambiente y que podría comprometer la salud de los bolivianos a largo plazo, de admitirse el uso de transgénicos. La biotecnología genética como única vía para elevar la productividad en el campo es una ficción y apesta como el estiércol porque no busca contribuir a resolver la crisis alimentaria mundial, sino en como llenarse los bolsillos de dinero por abono.

 (*)Omar Velasco es economista  

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200 años de Pichincha

Crónica de la Batalla de Pichincha (Ecuador), el 24 de mayo de 1822, con los patriotas bajo el mando de Sucre.

/ 22 de mayo de 2022 / 20:23

DIBUJO LIBRE

El 22 de mayo de 1822, como hoy hace 200 años, un valeroso ejército de héroes encontraba un poco de descanso en la hermosa hacienda Turubamba, muy cerca de Quito (Ecuador), a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Comandados por un joven y brillante jefe venezolano —el general Antonio José de Sucre, el oficial más completo, noble y capaz de todos cuantos participaron en la gesta emancipadora—, estos hombres y mujeres estaban a punto de escribir una de las páginas más hermosas de la gesta libertaria americana.

En el afán de liberar el sur de Colombia del oprobioso dominio colonial español, este puñado de valientes superó todos los obstáculos que le supo interponer su avezado rival y la agreste geografía andina.

Una dura derrota en Huachi y dos extraordinarios triunfos en Yaguachi y Riobamba precedieron la célebre jornada del 24 de mayo, día en que el futuro Ecuador finalmente alcanzaría “la Cima de la Libertad”.

Luego del merecido y reparador descanso en Turubamba, Sucre pone en marcha a su Ejército Unido Libertador, conformado éste por dos fuertes divisiones: una colombiana, al mando del general José Mires, y otra peruana, comandada por el coronel boliviano Andrés de Santa Cruz y Calahumana.

Haciendo caso omiso a la copiosa lluvia, entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo, el célebre hijo de Cumaná ordena una audaz maniobra para alcanzar el valle de Iñaquito, al norte de Quito. Se trata de un movimiento envolvente para lo cual sus hombres deben desfilar por las faldas del volcán Pichincha, celoso gigante de piedra a cuyos pies se asienta la ciudad de Quito.

Lenta pero decididamente —en medio de breñas, quebradas y precipicios— las tropas patriotas avanzan tras los pasos de su vanguardia, liderada en esta ocasión por el bizarro oficial neogranadino José María Córdova.

Sucre ordena acelerar el paso y coronar el sitio conocido como El Cinto, la empresa se asume como titánica ya que la lluvia que precedió la jornada había vuelto los caminos resbaladizos y difíciles de transitar.

A las ocho de la mañana del celebérrimo 24 de mayo, el Ejército Unido corona exitosamente las alturas del Pichincha, bloqueando además las comunicaciones entre Quito y Pasto.

Melchor Aymerich, el astuto y experimentado jefe realista de Quito, advertido del decidido avance republicano, envía sus tropas a las faldas del volcán para hacerles frente. El jefe ibérico no escatima recursos en ese propósito y entre los cuerpos movilizados se encuentra el prestigioso batallón Aragón, conformado por veteranos de la Guerra de Independencia Española.

Cuando los primeros rayos del sol comienzan a calentar tímidamente la mañana del 24 de mayo, los 60.000 habitantes de Quito son estremecidos por el rugir de los cañones y el toque desesperado de las cornetas de combate.

Sucre envía en labores de reconocimiento al intrépido comandante José Leal al frente de una compañía del batallón Cazadores de Paya, le sigue una compañía del batallón Trujillo. No tardan los cazadores patriotas en divisar los movimientos del enemigo, el grueso del Ejército Realista —en perfecta y cerrada formación— trepa aceleradamente por las faldas del Pichincha, dispuesto a ocupar sus alturas y desalojar de allí a los independentistas, antes de que éstos bajen al valle de Iñaquito.

Anoticiado Sucre del movimiento del enemigo, no duda en desplegar al grueso de la División Peruana para auxiliar a la valerosa compañía del Paya. Comprometido ya el combate, el esclarecido coronel Santa Cruz y Calahumana cubre el ala derecha patriota con todas las unidades peruanas bajo su mando, adelanta a sus cazadores y, casi de inmediato, hace lo propio con el resto de las compañías del batallón Trujillo, en un esfuerzo desesperado por contener al impetuoso enemigo que se abalanza sobre ellos.

El oportuno accionar del coronel Santa Cruz y Calahumana permite mantener firme las líneas patriotas hasta el arribo de dos compañías colombianas del batallón Yaguachi comandadas por el coronel Antonio Morales, jefe del Estado Mayor del general Sucre. Entretanto, con la autorización de Sucre, el gallardo coronel Córdova, al mando de dos compañías del Magdalena, intenta una arriesgada maniobra para rodear la posición del enemigo y caer sobre sus espaldas. El resto de la infantería colombiana no encuentra otro recurso más que redoblar su marcha en un intento desesperado por llegar a tiempo a su cita con la gloria.

Ante el empuje de la masa realista, la primera línea patriota comienza a ceder, el batallón Aragón avanza sobre la izquierda republicana coronando una ventajosa posición elevada y desde allí se dispone a caer sobre su osado adversario. En tan dramáticos momentos Córdova se extravía con sus hombres, un barranco le impide culminar la maniobra envolvente que había iniciado, desesperado debe retroceder sobre sus pasos. Agotadas las municiones el Trujillo y los cazadores del Paya ceden posiciones, el Piura, enviado en su auxilio, retrocede también; son momentos de desesperación y desasosiego en las filas patriotas.

Durante más de dos horas de combate ambos ejércitos se emplean con un heroísmo sin igual. Mención aparte merece la conducta del valeroso e inolvidable hijo de Cuenca: el teniente Abdón Calderón —de tan solo 18 años— quien colocándose al frente de sus tropas las guía con excepcional osadía al combate, portando en una mano el estandarte del batallón Yaguachi y en la otra su espada. Pese a recibir cuatro sucesivas heridas de bala que destrozaron sus brazos y piernas, el teniente Calderón se niega a retirarse de la línea de fuego, alentando a sus hombres y dando vivas a la patria. El novel héroe morirá días después en Quito producto de sus heridas.

En el momento cumbre de la batalla, la victoria parecía decantarse por el bando realista. El batallón Aragón con sus tres compañías se alista para embestir desde la izquierda a los patriotas y asestar así el golpe decisivo de la contienda. Sucre, apercibido de aquel movimiento, moviliza contra los realistas al batallón Albión que recién había llegado con el parque republicano. La enérgica y aguerrida embestida del batallón británico tomó por sorpresa al opulento Aragón y repentinamente los ibéricos se encontraron arrojados sobre el campo de batalla en una posición desfavorable.

Para mayor desdicha de los españoles, el impertérrito coronel Córdova arriba al campo de batalla con sus dos compañías, secundando así la colosal embestida de los batallones Paya, Yaguachi y Albión.

Finalmente, el triunfo fue para Sucre y su Ejército Unido Libertador. Tras de sí los españoles dejan 400 cadáveres y 190 heridos, por tan solo 200 muertos y 140 heridos de los patriotas. En poder de los vencedores quedan 1.260 prisioneros, de ellos 160 oficiales de diferente graduación.

La victoria robustece a la Colombia bolivariana y eleva la condición humanista de Sucre al conceder este jefe patriota una generosa capitulación a los vencidos, digna de un es(*) Autor de Ayacucho y la independencia del Alto Perú, 2014.píritu noble que no ve en la victoria derechos, sino compromisos para con el vencido.

(*) Autor de Ayacucho y la independencia del Alto Perú, 2014.

(*) Orlando Rincones M. es historiador, ecuatoriano (*)

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El asesinato y ocupación de palestina

La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh conmocionó a la opinión pública mundial.

/ 22 de mayo de 2022 / 20:15

SALA DE PRENSA

La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh conmocionó a la opinión pública mundial. Aunque el Gobierno de Israel niega su responsabilidad sobre los hechos, no son pocos los que lo sindican como autor del crimen y piden que se lo excluya como parte de cualquier investigación, sobre todo tras la feroz represión de las fuerzas policiales durante el funeral de la reportera. Este caso ha reavivado las iniquidades de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

El miércoles 11 de mayo por la mañana, la periodista palestina, que trabajaba desde hace 25 años en la cadena qatarí Al Jazeera, había salido como de costumbre desde su casa en Jerusalén Este (la parte árabe de la ciudad) hacia el norte de la Cisjordania ocupada. Su misión era cubrir las intensas operaciones de las fuerzas israelíes contra la insurgencia palestina. Mientras trataba de acercarse a la escena de los enfrentamientos junto a su productor Ali Al-Samudi (quien también resultó herido y se encuentra estable), Abu Akleh fue asesinada de un tiro en la cabeza a pesar de estar provista de un chaleco antibalas que llevaba en letras grandes la leyenda PRENSA sobre el pecho.

El mismo 13 de mayo se vieron imágenes que dieron la vuelta al mundo e hicieron desconfiar aún más a la comunidad internacional de que los israelíes pudiesen realizar una investigación justa y transparente. Todo empezó la misma tarde del asesinato de Abu Akleh, cuando la policía israelí se apersonó en un velorio improvisado sin el cuerpo y le exigió a la familia de la periodista que bajasen las banderas palestinas de la puerta del recinto donde se realizaba el servicio fúnebre. Ante la negativa, se desplegó a la temida policía de frontera israelí que, junto al oficial a cargo, procedió a secuestrar las banderas. Es importante recalcar que, desde la sanción de los Acuerdos de Oslo, no está penado por la ley mostrar o flamear las banderas palestinas en Israel, por lo que la policía se atribuyó una peligrosa prerrogativa que la coloca por encima de la propia ley del Estado judío. No contentos con ese vergonzoso atropello sobre los dolientes, lo peor estaba aún por llegar.

Durante el funeral de Abu Akleh, que sin duda ha sido uno de los más concurridos de la historia palestina de los últimos 50 años (personalmente solo recuerdo el de Faisal Husseini con una cantidad de concurrentes similar), la policía israelí procedió a reprimir no solo a los asistentes, sino también a quienes llevaban en andas al féretro hacia el cementerio cristiano del Monte Sion en Jerusalén (la periodista profesaba esa confesión religiosa y vivía en la histórica ciudad). Aún para quienes desde hace décadas cubrimos desde el terreno las terribles vicisitudes del conflicto israelí-palestino, las imágenes de las fuerzas de seguridad israelíes golpeando violentamente con bastones a los portadores del féretro en un día de recogimiento fueron brutalmente singulares y serán difíciles de olvidar. En esta ocasión, la policía también intentó ensayar una justificación de lo injustificable, esgrimiendo que había intervenido a pedido de la familia (que supuestamente no quería que se llevase el féretro en andas hasta el cementerio) y solo luego de que la multitud hubiera agredido a los oficiales. Para respaldar la acusación, la policía volvió a compartir un video, en este caso filmado por un dron, en el que se ve a un hombre arrojando una botella (sin que esté claro si es de vidrio o plástico) desde detrás de la multitud. Pero el video no explica que el acto se produjo solo luego de que la policía irrumpiese en el hospital donde estaba el cuerpo ni da razones de la violencia de los uniformados contra las personas que cargaban el ataúd, pues no hay imagen alguna donde se muestre que ellos hayan iniciado un ataque contra la policía. El mismo video muestra a un hombre utilizando una bandera palestina contra la policía, aunque esa acción se produce como acto de defensa después de que la policía comenzara con los golpes.

Anton Abu Akleh, el hermano mayor de Shireen que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó de plano las declaraciones de las fuerzas israelíes: “Les informamos [a las fuerzas de seguridad] sobre los arreglos que habíamos hecho, los caminos que planeábamos hacer, desde la Puerta de Jaffa hasta el Monte Sion. Exigieron que no levantáramos la bandera palestina ni coreáramos consignas alusivas”. Anton Abu Akleh también rechazó terminantemente los pedidos israelíes para una investigación conjunta y dijo que cree que los soldados israelíes son los responsables de matar a su hermana. Observando las imágenes de la represión en el funeral donde se ve a la policía israelí arrancar la bandera palestina del coche fúnebre queda claro que no sería apropiado confiar en un actor que trata a los palestinos de esa manera (y que se encuentra comprometido en la acusación) para realizar una investigación imparcial. ¿O acaso alguien exigiría una investigación conjunta ruso-ucraniana por cada uno de los siete periodistas asesinados por las fuerzas rusas en Ucrania?

¿Cómo puede Israel animarse a reprimir en el mismo funeral de la persona de la que está acusada de asesinar (de manera intencional o involuntaria)? ¿Por qué hace esto Israel? La respuesta es simple: porque puede. La gran mayoría de los ciudadanos israelíes no le han prestado la más mínima atención al asesinato de la periodista palestina, que solo ocupa un pequeño segmento de los clásicos noticieros del país. Es evidente que Israel no sufrirá ninguna condena internacional efectiva y que la situación seguirá siendo igual. De hecho, el mismo día del asesinato de Shireem Abu Akleh, colonos judíos en la ciudad palestina de Hebrón — donde 800 israelíes viven custodiados entre 250.000 palestinos— tomaron una casa palestina sin los permisos necesarios para hacerlo. En esa misma jornada, otros colonos israelíes de un asentamiento en las colinas del sur de Hebrón golpearon a palestinos y a activistas israelíes que protestaban por una decisión de la Corte Suprema que avaló la destrucción de ocho poblados palestinos en áreas ocupadas y administradas por el poder militar israelí (Israel gobierna la Cisjordania ocupada con un órgano militar llamado, en lo que parece un verdadero chiste, “Administración Civil”). La excusa empleada por Israel para la expulsión de 1.800 personas —lo que constituye el mayor desplazamiento de palestinos desde la década de 1970— resulta difícil de comprender: arguye que los palestinos tienen sus poblados en una zona reservada por el ejército para la “práctica de tiro” en territorio ocupado.

El asesinato de Abu Akleh y la extrema represión de su procesión fúnebre han generado una indignación mundial que los israelíes no deben ignorar. Sin la protesta extranjera, la muerte de la reconocida periodista hubiese sido un número más entre las víctimas palestinas. No existe algo parecido a una ocupación militar justa o a un colonialismo sano. Es un contrasentido. Es preciso terminar con la dictadura militar sobre los palestinos lo más pronto posible, primero por su derecho a la autodeterminación, pero también por el propio bienestar israelí. Lo cierto es que, al contrario de lo esperado por muchos, la ocupación no se suavizará. Pero solo hay dos alternativas: o Israel termina con la ocupación o la ocupación terminará desde adentro con el Estado de Israel y el refugio que tienen los judíos en el mundo. Ya no hay tiempo que perder.

(*) Desde 2003, corresponsal en diversos medios gráficos de Oriente Medio. Es autor de La disputa por el control de Medio Oriente. Desde la caída del Imperio Otomano hasta el surgimiento del Estado Islámico (2016). Fragmento del artículo, escrito desde Jerusalén, El asesinato y la ocupación de Palestina, en la Edición Digital de Nueva Sociedad, 18 de mayo de 2022.

(*) Ezequiel Kopel es periodista (*)

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Independencia, el quid de la defensoría

Postulan que el Defensor de Pueblo sea la legítima ‘piedra en el zapato’ del poder político.

Debe llamar la atención que dos organismos internacionales pidan ‘independencia’ del Defensor

Por Iván Bustillos Z.

/ 15 de mayo de 2022 / 22:04

El punto sobre la i

En la primera semana de mayo, en vísperas de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que el viernes 6 iba a elegir al Defensor o Defensora del Pueblo, no dejaron de llamar la atención los pronunciamientos sobre el tema de dos organismos internacionales de derechos humanos: uno, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y, dos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El hecho de que ambos organismos se pronuncien el día anterior a la decisiva sesión de la Asamblea, es previsible, esperable; más aún cuando la cita legislativa para designar al nuevo Defensor ocurría nada menos que a tres años y cuatro meses de la renuncia del defensor titular David Tezanos Pinto (en enero de 2019).

Lo verdaderamente llamativo de ambos pronunciamientos internacionales es la coincidencia en su pedido o convocatoria: la independencia del futuro Defensor del Pueblo.

“La Misión Técnica hace un llamado a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, responsables de la elección, para que (…) aprovechen esta oportunidad histórica y logren elegir a un/a titular de la Defensoría del Pueblo independiente, imparcial, con integridad y con un compromiso pleno con la defensa y promoción de los derechos humanos”, señala parte de un comunicado de la OACNUDH en Bolivia.

Por su lado, la CIDH en su comunicado afirma que “la labor independiente de la Defensoría del Pueblo es fundamental en Bolivia, particularmente, ante el impacto de las graves violaciones de derechos humanos descritas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), así como ante la necesidad de generar espacios de consenso y diálogo que permitan trabajar de manera objetiva con un profundo conocimiento y sensibilidad respecto de la diversidad de la sociedad toda”.

PARCIAL.

Para el abogado constitucionalista Israel Quino, el hecho de que ambos organismos pidan “independencia e imparcialidad” en el nuevo Defensor, en el fondo “lo que nos han dicho los organismos internacionales es que la actual institución, la actual gestión, es dependiente y parcializada”.

En general, el largo interinato en la entidad lo que ha causado, añade el jurista, es una “desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo”.

En específico, Quino se refiere a que la entidad, que está para defender la vigencia, cumplimiento, difusión y promoción de los derechos humanos, hoy día “no es más que una oficina de estadística de denuncias de vulneración de derechos humanos”.

Una de las “pruebas” de esta inactividad institucional, insiste, es lo que considera insuficiente reacción ante “las entidades estatales más vulneradoras de los derechos humanos en Bolivia: la Justicia y la Policía”.

Entre las pocas evaluaciones que la defensora interina Nadia Cruz hizo de su gestión está la de la primera semana de mayo, en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente, en el programa de transmisión digital Piedra, papel y tinta. Por estar en el centro de la polémica en torno a su continuidad en el cargo si fracasa el actual proceso de designación de nuevo Defensor, se excusó de dar alguna declaración.

En todo caso, en la entrevista en Piedra, papel y tinta un hecho que salió a relucir es que todas las evaluaciones que se hagan de la gestión de los Defensores tendrán un rasgo común: el mayor o menor enfrentamiento o tensión que hayan tenido con las autoridades del Estado, siendo los más notorios los lances con el gobierno central.

Así, en el caso de Cruz, sin duda, la mayor parte de su gestión, o la más notoria, estuvo marcada por su relación- conflicto con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. No hay que olvidar que el 13 de julio de 2020 los viceministros de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y de Autonomías, Franklin Santander, llegaron a “informar” que Nadia Cruz ejercía el cargo de Defensora del Pueblo de forma ilegal, “ya que la designación interina (que se le había conferido en enero de ese año) feneció en abril de 2019, con base en la Sentencia Constitucional 0218/2004, que restringía todo interinato a tres meses. Luego la Defensoría mostró que dicha sentencia no alcanzaba a la Defensora interina: ella era funcionaria designada, no de carrera.

La tensión con el gobierno transitorio sin duda llegó a su mayor tono el momento de las masacres de Sacaba y Senkata. Por eso, no es casual que en el referido Piedra, papel y tinta, Cruz contara cómo, dijo, evitó una tercera masacre. Narró que en la noche del 20 de noviembre de 2019, en Senkata, El Alto, tras la matanza del día anterior, ella intercedió para aplacar los ánimos de la gente, que todavía estaba muy alterada, y logró que el gobierno retrocediera en su intención de intervenir.

“Hay datos que nadie sabe; por ejemplo, en la masacre de Senkata. Cuando ocurre la masacre, nosotros ingresamos al día siguiente con médicos forenses. Esa noche, el 20 de noviembre, podría haber ocurrido la tercera masacre en Senkata”, dijo.

ACCIÓN.

“Estaban ya los helicópteros rondando el lugar, porque la gente estaba muy dolida, y nosotros estábamos en el lugar, y yo me ofrecí, con el ministro de Defensa (Luis Fernando López), y decirle ‘yo voy sola y paro a la gente, pero por favor, saquen sus helicópteros, porque lo que van a hacer, al momento de que uno se exalte o pase algo, los van a volver a matar’. Y eso nadie lo sabe”, relató Cruz.

Un especial apunte que hizo Cruz en la entrevista con Claudia Benavente fue el rol de los medios de comunicación en la crisis. “Yo tenía una conferencia de prensa y los medios de comunicación me rechiflaban, (decían) que yo estaba defendiendo a delincuentes; los medios en las conferencias”, enfatizó. “Había uno, de Unitel si mal no recuerdo, que me decía ‘usted está defendiendo hordas’, el periodista”, recordó. Y había cuestionamientos tales como que de “por qué yo estoy yendo por las víctimas y no por la población. Y sostenerte en eso sola, absolutamente sola, es difícil, muy complejo”, remarcó.

“En ese momento mantenerte firme, porque hay que ser honestos, todos los medios, todo el ámbito mediático, se nos vinieron en contra”, destacó la aún Defensora del Pueblo.

Hace solo la semana pasada, la cineasta y columnista de La Razón Verónica Córdova hacía notar que entre octubre de 2019 y octubre de 2020, “en un momento en que otras instituciones llamadas a defender los derechos de las personas eran cómplices o perpetradoras de persecuciones, violencias y masacres, Nadia y su equipo hicieron lo que tenían que hacer: defender al pueblo. (…) No es casual que, mientras la prensa nacional callaba o mostraba el dormitorio de Evo, los únicos informes fidedignos y con contabilidad de muertos, heridos y presos que se difundieron hayan salido de la Defensoría. No es casual que los únicos interlocutores que tenían los cientos de detenidos injustamente, hayan sido personeros de la Defensoría del Pueblo”, apunta Córdova.

En efecto, uno de los pocos informes nacionales (la mayoría, al menos cuatro, provinieron de organismos de derechos humanos del exterior) sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en la crisis de 2019, es el informe de la Defensoría del Pueblo Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia (313 páginas) publicado en septiembre de 2020.

Para la oposición lo hecho por Cruz en 2019 directamente es parcializarse. En el actual proceso de designación del nuevo Defensor, para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, el MAS acaso busca descalabrar la elección para que Cruz siga de Defensora: “Yo creo que ellos están buscando ese escenario, porque la persona de consenso en las estructuras del MAS, por su desempeño favorable al MAS y no así a la población en los sucesos de 2019, es Nadia Cruz; entonces, ellos buscan un escenario más bien para la ratificación de ella”.

LIMITACIÓN.

Ahora, pasando a un plano más general, cuando frecuentemente se ha criticado que la Defensoría por norma está limitada en su acción legal a reclamos antes que procesos más efectivos contra violaciones de derechos humanos, el constitucionalista Quino no deja de llamar la atención sobre que la Defensoría podría hacer más de lo que le permite su actual normativa: en el caso del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, por ejemplo, dice, ante el “acoso judicial” que habría sufrido hasta su muerte, la Defensoría debió haber tenido un rol más activo, de iniciativa: comprobado dicho acoso, “por qué el Defensor no los procesa penalmente a los fiscales y jueces; la ley no se lo impide. Dicen: ‘La ley del Defensor del Pueblo me dice que solo haga informes de intervenciones defensoriales’; pero ¿acaso la Constitución no dice que cualquier ciudadano, en el artículo 108, que en el cumplimiento del deber y ante el conocimiento de hechos ilícitos pueda activar una acción penal?” Y es que para Quino hay algo más de fondo: el Defensor no procesa penalmente porque “le tiene miedo al poder político, al sistema judicial, y no lo hace, y se queda en un trabajo de gabinete”.

En la relación entre el poder político y la Defensoría, Quino apunta que es inevitable la tensión política, de mayor o menor coincidencia o disidencia, lo que definitivamente depende de quién es el Defensor o Defensora.  En el mejor sentido de la palabra, añade, se puede hablar de un necesario “activismo político” en la Defensoría.

“Desde la Defensoría por supuesto que se hace activismo político, pero activismo político por los derechos humanos, independientemente de quién ejerza el poder. La Defensoría es (o debiera ser) la piedra en el zapato del poder político, pero lastimosamente hubo gestiones que no lo han entendido así, y a más de generar incluso lineamientos de entendimiento con el poder, han sido muy débiles respecto a críticas y resistencia al poder político; eso ha generado la desinstitucionalización”, provoca el jurista.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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