sábado 17 abr 2021 | Actualizado a 20:09

Desacato, ¿arma política para defenestrar?

El límite entre criticar e insultar

/ 29 de julio de 2012 / 04:02

Un día la prensa no tuvo reparos en hacer noticia con las afirmaciones de un teólogo y un veterano periodista sobre la condición humana y la honorabilidad nada menos que del Jefe del Estado boliviano.

Y qué coincidencia de fechas. El 25 de agosto de 2008, el periodista que se atribuyó 50 años en el oficio, y presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y de la Asociación Nacional de la Prensa, escribió: “Nosotros, los sucios periodistas, no somos narcotraficantes, como en cambio lo es el presidente Evo Morales”. El 25 de agosto de 2011, el estudioso en Teología, Filosofía y Letras, profesor en Derechos Humanos y Literatura dijo: “Hay ya en este Gobierno engendros de mula con demonio (García Linera) o de llama con Lucifer (Evo Morales) y travestis con el mismísimo Hades (Sacha Llorenti)”.

Bien los dos casos pudieron incurrir en desacato, tipificación penal que es entendida por unos como instrumento político represivo del Gobierno y por otros como campañas políticas destinadas a desacreditar al servidor público.

Una explicación puede encontrarse en el derecho romano. “Se estimó que podía cometerse injuria no sólo por hechos, sino también mediante palabras que lesionaban la fama de las personas (Jordán, 2004)”. Importaba la calidad de la persona y el ánimo de injuriar del agresor.

El imperio Inca se protegía también de los ataques contra la dignidad. “El delito grave lo constituía el levantamiento contra el poder real del Inca. En este caso, el pueblo insurrecto era arrasado, los principales cabecillas eran lapidados por la espalda, despellejados y descuartizados” y “con la misma pena se castigaba al que profería ofensas a la persona del rey inca, su mujer principal y el heredero primogénito (Villamor, 1978)”.

La Colonia penalizó los delitos de calumnia e injuria contra la Corona y sus representantes en la América. En la República, la Constitución de 1826 imponía a los ciudadanos el deber de “respetar y obedecer a las autoridades constituidas”. Esa situación se mantuvo hasta 1843. Mucho después se incorporaría el derecho a la dignidad.

El Código Penal Santa Cruz prescribía que “el que insulte a sabiendas algunas de las personas designadas en el artículo precedente (Presidente, Vicepresidente y ministros de Estado) en los mismos casos con acción o palabra injuriosa, será castigado con dos a seis años de prisión o reclusión, siendo las injurias públicas; y con la mitad de estas penas si fuere privada. Si la injuria fuere a presencia de ellas, o cometida por medio de un libelo infamatorio, o en sermón o discurso al público, pronunciado en sitio público se aumentaran dos años de la pena correspondiente”.

El Código Penal, en vigencia, penaliza la calumnia, injuria y difamación dirigida contra “un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas”, sanción agravada si se trata del Presidente, Vicepresidente, ministros de Estado, del Tribunal Supremo o de la Asamblea Legislativa (artículo 162. Desacato).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó   —lo hace desde 1998— la derogatoria de las leyes de desacato porque son incompatibles con la libertad de expresión: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Se tienen casos célebres por de-   sacato. El abogado Manuel Morales Dávila permaneció 42 días de 1996 en la cárcel de La Paz por decirle “vende patria” al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy, varios litigios penales por desacato involucran a altas autoridades nacionales, entre los más significativos: vicepresidente Álvaro García Linera y varios ministros de Estado como querellantes, y al senador Róger Pinto, el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas y otros legisladores de la oposición como querellados.

Otros 17 casos menos conocidos por la prensa llegaron, desde hace años, hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional en procura de la aprobación de recursos y acciones constitucionales de causas que tuvieron origen en denuncias y querellas por desacato presentadas por fiscales, jueces y concejales municipales en contra de ciudadanos por proferir “insultos”, “agravios”, “ofensas”, “escándalos”, “calumnias”, “injurias”, “burlas”, “faltamiento a la autoridad”, etc.

De las sentencias analizadas, en tres casos se planteó ante el Tribunal Constitucional la “inconstitucionalidad” del artículo 162 por ser incompatible con la libertad de expresión, el derecho a disentir, criticar y opinar sin riesgo de ser procesado por delitos contra el honor, para lo cual acudieron a los argumentos jurídicos de la recomendación de la CIDH.

El Tribunal Constitucional pronunció los autos constitucionales 0390/2010-CA (30/6/10) y el 0481/2010-CA (21/7/10) rechazando el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, con el que se pretendía derogar el 162, esto por “carecer de fundamento jurídico-constitucional” y “por basarse en preceptos de la Constitución abrogada”. El tercer recurso de acción de inconstitucionalidad abstracta fue planteado en marzo de este año por legisladores de la oposición, a la cabeza de Pinto. El Tribunal aún no se pronuncia.

En febrero de este año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comunicó en La Paz que estaba preocupado por “las denuncias por desacato contra asambleístas, personalidades políticas, funcionarios públicos, abogados y periodistas”.

Recientemente, el vicepresidente García Linera anunció la decisión del Gobierno boliviano de derogar el delito de desacato, pero sin eliminar los delitos de calumnia ni difamación, se entiende, contra los servidores públicos. La tendencia jurídica, también recomendada por la Corte Interamericana, es que los delitos contra el honor ya no correspondan al ámbito penal sino civil.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una célebre sentencia (caso Chavero. No. 1942 de julio de 2003), que rechaza la recomendación de derogar el delito de desacato, porque la CIDH no tomaba en cuenta la existencia de poderes económicos y políticos que formen “un bloque o matriz de opinión que es que obran en confabulación con Estados o grupos económicos, políticos, religiosos o filosóficos extranjeros o transnacionales, y que tal debilitamiento y hasta parálisis de las instituciones se adelante mediante ataques persistentes, groseros, injuriosos, desmedidos y montados sobre falacias, contra los entes que conforman el tejido institucional del país”.

No es lo mismo, pues, criticar —aún con dureza— la gestión pública del servidor público que atacar su dignidad personal; no es lo mismo decirle ineficiente que decirle engendro o narcotraficante, haciendo con este último extensivo la ofensa a su entorno social íntimo.

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Departamentos, los gobiernos complejos

En seis asambleas departamentales, el MAS es mayoría; en tres, los indígenas tienen el ‘voto de oro’

Por Iván Bustillos

/ 14 de abril de 2021 / 14:57

EL PUNTO SOBRE LA I

Hoy, 11 de abril, en cuatro departamentos se define en segunda vuelta quién será el gobernador: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Gana quien obtenga así sea un solo voto más que su adversario, con el porcentaje que sea. En los cuatro departamentos la contienda es entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus oposiciones: Jallalla en La Paz, Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca, Unidos por Tarija (UPT) en Tarija, y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando. En tres departamentos el MAS ganó en primera vuelta la gobernación: Oruro, Potosí y Cochabamba. También en primera vuelta, la oposición se hizo con la gobernación en dos: Beni con el MTS, y Santa Cruz con Creemos.

Pero el gobierno departamental no solo es el Ejecutivo, el gobernador, sino que está además, como un contrapeso, su órgano legislativo y fiscalizador, la Asamblea Departamental; y los miembros de las asambleas ya fueron elegidos el 7 de marzo, ya hay una distribución del poder en su interior, una correlación de fuerzas que no siempre se corresponde con quien ganó la silla de gobernador (que la mayoría de la asamblea departamental la tenga el partido del gobernador).

Y he aquí las sorpresas. De las nueve asambleas departamentales ya electas, en cuatro (Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) hay una franca hegemonía del MAS, pues cuenta con dos tercios o incluso más de los asambleístas; y en dos, de La Paz y Pando, tiene mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

 Pero, lo verdaderamente novedoso es que en las asambleas de Tarija, Beni y Santa Cruz, ante el práctico empate entre los dos grandes bloques partidarios (el MAS frente a sus oposiciones), los asambleístas indígenas tienen lo que se puede considerar los “votos de oro”, dirimidores, la llave para que uno de los dos grandes bloques, mayoritarios, se imponga al otro.

Aquí es preciso aclarar que mientras los asambleístas de partido (territoriales o por población) son electos mediante el voto universal, lo que pasó el 7 de marzo, los asambleístas indígenas son elegidos, designados, directamente por usos y costumbres propios de cada pueblo indígena; excepto Potosí, en todos los departamentos hay representación indígena en la asamblea departamental. 

HEGEMONÍA. Las asambleas de “extrema” hegemonía del MAS son las de Oruro, Potosí y Cochabamba, pues en ellas, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, los asambleístas masistas no solo alcanzan los dos tercios del legislativo departamental, sino que llegan a 7475%, los tres cuartos.

En Oruro, donde en primera vuelta ganó el candidato a gobernador por el MAS, su legislativo lo conforman 33 asambleístas: 16 por territorio (uno por cada una de las 16 provincias que tiene el departamento), 16 por población y 1 indígena; de los 33, 25 son del MAS. Buena parte de la supremacía masista se debe a que este partido ganó en las 16 provincias orureñas. También logró la mayoría de los escaños por población, 9 de 16; pero, he aquí un hecho que se repetirá en prácticamente todos los departamentos: si las oposiciones al MAS tienen alguna presencia en las asambleas, sobre todo es por sus asambleístas por población, aquellos que se asignan según la votación obtenida en el departamento, proporcionalmente, por cada partido. En Oruro, las oposiciones suman 7.

Similar situación es la potosina: de los 32 miembros que tiene su asamblea, 24 (75%) son del MAS, y de las 16 provincias que también hay en el departamento, en 15 ganó el MAS; solo en una, en la provincia Tomás Frías (donde está el municipio de Potosí), se hizo de la victoria el Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol). Aquí aparece otro rasgo de la distribución del voto: las oposiciones al MAS ganan asambleístas sobre todo en las provincias en que está la capital del departamento. Para gobernador, en Potosí ganó el MAS en primera vuelta.

En Cochabamba, la hegemonía del MAS en su asamblea nuevamente se expresa en contar con más de dos tercios de los asambleístas departamentales, 25 de 34, lo que equivale a 74%. Lo mismo que en los anteriores departamentos, en Cochabamba en 15 de las 16 provincias ganó el MAS; la única provincia en que triunfó la oposición (la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa), es Cercado, la que alberga al municipio de Cochabamba; y solo de esta forma obtuvo  5 de 16 asambleístas por población.

Pero, sin duda, el caso más llamativo es Chuquisaca. Allí, en la primera vuelta ganó Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST), con 45,62% de los votos válidos, contra 39,12% del segundo, Juan Carlos León, del MAS; como la distancia entre ambos es de solo 6,5 puntos porcentuales, irán a segunda vuelta hoy. Lo peculiar pasa en la Asamblea Legislativa: pese a su derrota, el MAS logra dos tercios de los miembros del legislativo departamental, de un total de 21 asambleístas, el MAS sumó 14, CST 5, y 2 escaños los indígenas. ¿Cómo pudo pasar este inusual hecho, perder la elección de la cabeza de la Gobernación y ganar, de lejos, la elección de los asambleístas? La primera sospecha estaría en un alto índice del “voto cruzado” (voto por el CST para gobernador, pero voto por el MAS para asambleísta). En una parte de la votación al parecer ocurrió eso, el voto cruzado, pues mien

tras CST le ganó al MAS en el voto para gobernador (por 45,62% a 39,12%), en la votación de los asambleístas por población, fue el MAS el que ganó, con 43,10%, contra 35,20% de CST.  Pero nuevamente se impone el voto por territorio (por provincia). Así, de las 10 provincias que tiene el departamento (un asambleísta territorial por provincia), en 9 ganó el MAS; como en los anteriores casos, y confirmando que en las ciudades capitales al partido de gobierno no le va bien, perdió en la provincia Oropeza, que tiene a Sucre como su principal municipio.

MAYORÍA. Como se ilustra en los gráficos adjuntos, en la asamblea legislativa de La Paz, de 45 miembros, 25 (56%) son del partido azul. Se enfrenta a tres minorías de algún peso: Jallalla, que tiene 8, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) 5, y la representación indígena 5 asambleístas departamentales. Las minorías de un solo asambleísta cada una son Sol.bo y el MTS. Hoy se define la gobernación entre el MAS y Jallalla.  

También aquí es necesario hacer notar que si hay algo que sube la hegemonía del MAS en el legislativo paceño es que de sus 25 asambleístas, 16 fueron elegidos por territorio, ganó en 16 de las 20 provincias de La Paz. En cambio, la oposición de alguna manera es más fuerte entre los legisladores por población; de los 20 asambleístas por población paceños, 11 son opositores. PBCSP (de Rafael Quispe), por ejemplo, que sin tener ningún representante por territorio (lo que significa que no ganó en ninguna provincia), sí logra tener 5 asambleístas por población.

En Pando, si bien al MAS en su asamblea le falta un solo asambleísta para tener los dos tercios de voto, tiene un práctico predominio del legislativo departamental.

Lo peculiar es que en Pando hubo un práctico empate por la Gobernación: el MAS ganó con 41,08% contra 39,07% del MTS, apenas 2 puntos porcentuales de distancia, que por eso hoy en el departamento se va a segunda vuelta. Pero he aquí que su Asamblea Departamental nuevamente presenta una supremacía del MAS “desmedida” en relación a ese cuasi-empate: de 21 legisladores departamentales, 13 pertenecen al MAS, 5 a sus oposiciones y 3 a los indígenas.

 En la presencia masiva del MAS en la asamblea pandina, definitivamente tiene que ver el número de asambleístas por territorio: de los 15 asambleístas por territorio que hay en el departamento, 11 son del MAS y 4 de sus oponentes. En relación a los asambleístas por población, en Pando ocurre un hecho peculiar: solo hay 3 asambleístas por población, provenientes de las dos provincias más pobladas, Nicolás Suárez (dos asambleístas) y Madre de Dios (un asambleísta, de los cuales 2 son del MAS.

INDÍGENAS. Son los casos de Tarija, Beni y Santa Cruz que presentan la más peculiar correlación de fuerzas y la nueva importancia dirimidora que tendrán los indígenas en las asambleas departamentales.

En los tres departamentos, el rasgo común es la fuerte presencia del MAS: tiene la primera mayoría en Tarija (13 de 30 legisladores departamentales) y en Beni (12 de 28 asambleístas) y, con 11 legisladores, iguala el número de asambleístas que tiene Creemos en la asamblea cruceña.

En Tarija, donde el MAS ganó la primera vuelta a gobernador por apenas 358 votos, que por eso allí hoy también hay segunda vuelta, la preferencia electoral está más equitativamente dividida: si el MAS tiene 13 legisladores, Unidos por Tarija (UPT) cuenta con 12, la grupación Todos tiene 2, y los indígenas suman 3 escaños. Si bien las oposiciones al MAS (UPT y Todos) sumadas ya hacen mayoría frente al MAS, pues suman 14 asambleístas, son los indígenas, con 3 votos, quienes podrán decidir si se consolida esta mayoría opositora al MAS, sumando 17 votos en total, o si hacen del MAS la mayoría relativa, con 16 votos (13 del MAS y 3 de los indígenas). En Beni, donde ya es gobernador el candidato del MTS, aparte de que de 28 asambleístas, el MAS cuenta con 12, es llamativo que el MTS, el partido del futuro ejecutivo de la Gobernación, apenas tenga 7; a ello se agrega que la agrupación Todos cuenta con 5 asambleístas y 4 indígenas.

En resumidas cuentas, si el MAS tiene 12 asambleístas, sus oposiciones unidas sumarían otros 12 legisladores; y aquí nuevamente la llave la tendrán los 4 votos indígenas, que inclinarán la balanza a uno u otro lado.

Pese a que en Beni, el MTS ganó la gobernación con un contundente 41,79% contra 22,21% del MAS, en asambleístas, el MAS casi le dobla el número al MTS. Y es que otra vez pesó la representación territorial: en el departamento hay 24 asambleístas por territorio, pero, cuando en el resto de los departamentos el territorio a representar es la provincia, en Beni más bien son los municipios: un asambleísta por cada uno de los 24 municipios que hay allí. Y he aquí que de los 24 escaños en 12 gana el MAS, y como en Beni no hay asambleístas por población, pues lo que manda es la representación territorial.

Santa Cruz, lo mismo. Luis Fernando Camacho, de Creemos, ganó la elección de gobernador con un significativo 55,64% contra 38,17% del MAS, nada menos que 17 puntos porcentuales de distancia; pero, paradoja, esa mayoría absoluta no se refleja en la composición de la asamblea. Y aquí ya no se puede hablar tanto del voto cruzado, pues son de muy similar porcentaje las votaciones tanto por gobernador como por asambleísta por población, con Creemos como claro ganador.

La diferencia nuevamente la establece el voto territorial. El órgano legislativo cruceño está compuesto por 15 asambleístas por territorio, 8 por población y 5 indígenas. Pues bien, de los 15 asambleístas territoriales, el MAS se lleva 8, Creemos tiene 6 y Alianza Solidaria Popular (ASIP) 1; entre los asambleístas por población, que solo son 8, el MAS tiene 3 y Creemos 5. Si bien Creemos puede hacer una alianza natural con ASIP, como frente antimasista, y lograr la mayoría relativa ante el MAS, sumando 12 legisladores, pasa que son los legisladores indígenas los que tendrán los llamados “votos de oro”, pues con sus 5 votos pueden inclinar la balanza o hacia el lado del MAS o hacia el polo de Creemos.

El gobernador es de Creemos, y de darse la eventual alianza MAS-Indígenas, tendría mucho trabajo para llevar adelante su gestión con una óptima gobernabilidad.

Finalmente. Algo pasa con el voto en blanco por los asambleístas por población, pues en todos los departamentos registra inusuales altos porcentajes, tratándose en promedio de un tercio de los votos emitidos: 35% en La Paz, 31% en Oruro, 41% en Potosí (aquí, si se le suma los votos nulos, se llega a 46%: poco menos de la mitad de los electores se apartaría de elegir representantes), 20% en Cochabamba, 32% en Chuquisaca, un promedio de 24% en Tarija, entre 29 y 30% en Pando, y 28% en Santa Cruz.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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La clase media profesional

Se trata de un sector de clase que tiene el poder de influir en la opinión pública nacional

/ 14 de abril de 2021 / 14:53

SALA DE PRENSA

Independientemente de la poderosa influencia de las encuestas anteriores a la elección, en el caso de gobernaciones y municipios, particularmente de las ciudades del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), que inducen a la población a votar por una opción de posibilidades antioficialistas, las clases sociales subalternas sorprenden siempre con un voto por los representantes nacional populares.

A pesar de la secular presión que ejerce la oligarquía nativa y el capital transnacional, a través de un sector de la clase media profesional, presente en instituciones como medios de comunicación (conductores y analistas de radio, prensa, televisión y redes sociales), sistema educativo (maestros y docentes de primaria, secundaria y universidad), jerarquía de la Iglesia, comités cívicos, partidos políticos y asociaciones ciudadanas conservadoras y liberales, colegios profesionales (particularmente el de médicos), oenegés, el invertido Conade, los sectores subalternos se empoderan en las gobernaciones y municipios en distintos grados.

Por de pronto, el MAS ganó en tres gobernaciones (Cochabamba, Oruro y Potosí), quedando pendientes de una segunda vuelta cuatro departamentos (Pando, La Paz, Chuquisaca y Tarija), en los que se enfrentarán otra vez el MAS con la oposición. A nivel de municipios, el MAS ganó en 70% de los mismos; sin embargo, pierde en ocho de las ciudades capitales, fenómeno que muestra, por un lado, el dominio territorial del MAS, pero, por otro, que el discurso conservador y liberal de este sector de la clase media profesional logró cierta unidad de la oposición en torno a candidatos no deseados ni por ellos mismos, como veremos más adelante.

Esta clase media profesional, cuantitativamente mínima en relación a la clase media que vive de su economía, que con propiedad se denomina pequeña burguesía (Pierre Bourdieu), tiene el poder de influir en la opinión pública creando un discurso estereotipado sobre el régimen nacional popular que gobierna por una década y media Bolivia, con una interrupción de un año del régimen de facto, que pretendió liquidar lo avanzado en 14 años del Proceso de Cambio. Este discurso o narrativa de oposición, en síntesis, califica al gobierno del MAS como autoritario, centralista y corrupto, con el añadido de antiecológico, machista y racista a la inversa, para justificar su accionar político antioficial y tratar de involucrar a otras fracciones de la clase media citadina.

Lo cierto es que esta clase media profesional de viejo cuño, que vive de sus conocimientos y especialidades y no de su economía (Pierre Bourdieu), estuvo relegada y perdió su poder de influencia política por más de una década, al mismo tiempo que fue sustituida progresivamente por una nueva generación comprometida con el Proceso de Cambio. La reacción de esta fracción de la clase media desplazada va cambiando en este largo proceso: Primero, el discurso opositor estaba centrado en señalar que no existió una verdadera nacionalización del gas, que se quebró la seguridad jurídica y en consecuencia se liquidó la posibilidad de la inversión extranjera. Por lo demás, el gobierno estaba en manos de inexpertos, por lo que su poder sería efímero (2006-2009).

Segundo, posterior a la aprobación de la nueva Constitución (2009), la narrativa opositora señala que la Carta Magna era del MAS y que el gobierno destruyó el Sistema de Partidos y el país pasó a conformar el bloque del Socialismo del Siglo XXI, con los riesgos del bloqueo y el monopartidismo, en fin, el peligro de la venezolización del proceso (2009-2016). Tercero, a partir del extemporáneo referendo de 2016, el discurso opositor se radicaliza y el portavoz sigue siendo esta clase media profesional. Sus consignas son la de inexistencia de la independencia de poderes, incluido el Tribunal Supremo Electoral, el incumplimiento del Art. 168 de la Constitución y, sistemáticamente, se muestra solo los gastos “suntuarios” de la bonanza económica (Casa del Pueblo, museo de Orinoca, avión presidencial, sedes sindicales y las canchitas de fútbol), sin mencionar que esto representa menos del 5% de las inversiones, ocultando que el 95% restante fue invertido en caminos, prospección e industrialización del gas, hidroeléctrica, agua para consumo y riego, infraestructura de educación y salud y subsidios a la producción nacional (2016-2019).

Cuarto, un año antes de las elecciones generales de 2019, el antioficialismo se extrema, aflora un anticomunismo parecido al de la década de los 60, con una lógica anterior a la caída del Muro de Berlín y, un racismo discriminatorio absurdo en un país de indios y mestizos, lo que no es denunciado por esta clase media profesional, al contrario, son ellos los que magnifican el papel de las plataformas 21F, el bloqueo de “pititas” y la intervención de la juventud cruceñista y la resistencia cochala, al grado de atribuirles la caída de Evo Morales, cuando lo que ocurrió fue un golpe de Estado de los representantes de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí (Fernando Camacho y Marco Pumari) facilitado por las Fuerzas Armadas y la Policía.

2019 no se centra en la discusión de propuestas electorales; se da por establecido que el MAS tiene para ello la Agenda 20-25 con una supremacía del Estado y la oposición, con variantes, el desarrollo del libre mercado con la supremacía de la inversión privada. La clase media profesional en cuestión, directa o indirectamente, abierta o veladamente, simulando una neutralidad o denunciando sin pruebas, difunde una narrativa antigubernamental más agresiva. Los calificativos de autoritarismo se elevan a dictadura, el centralismo a antiautonomista, la reelección a prorroguismo, la inversión pública a gasto discrecional, las empresas estatales a elefantes blancos, los poderes del Estado a serviles al gobierno, el padrón electoral a la base del fraude, en fin, que pese a la bonanza económica habríamos tenido una década y media perdida.

La contundente victoria del MAS del 18 de octubre de 2020 echa por tierra todo el discurso conservador y liberal de esta clase media profesional. El fraude de 2019 nunca existió; la dictadura, corrupción y prorroguismo se mostró al desnudo en el gobierno de Jeanine Áñez, que ellos mismos contribuyeron a establecerlo. Una cosa lleva a la otra, ahora en pleno proceso de elección de gobernaciones y municipios, que por fin concluirá con la segunda vuelta en 4 gobernaciones hoy 11 de abril, esta clase media se ve obligada a mantener un discurso político que no creen ni ellos mismos. Contra toda lógica y evidencia empírica, siguen manteniendo que en 2019 existió un monumental fraude y que el gobierno de Áñez es resultado de una sucesión constitucional. Como si esto fuera poco, tienen que reconocer que, hoy por hoy, son representados por Jhonny Fernández, Manfred Reyes Villa e Iván Arias, minimizar las masacres de Sacaba y Senkata y callar sobre el separatismo de Fernando Camacho.

(*) Danilo Paz B. es sociólogo, investigador asociado CESU-UMSS

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‘La barbarie de la literalidad’

El autor señala que el Golpe de Estado y la argumentación forzada de la Sucesión Constitucional no se comprimen y anulan en la intención de validar el hecho violento y de sangre con dos palabras literales

/ 14 de abril de 2021 / 14:51

DIBUJO LIBRE

El empirismo lógico del Círculo de Viena, corriente filosófica influyente en los años 20 del pasado siglo, estuvo fuertemente determinado por el Tractatus logico-philosophicus, obra del lúcido filósofo Ludwig Wittgenstein. Este profesor nacido en Viena, estudió, afirmó y habló de los hechos del mundo tal y como son, una idea del uso del lenguaje para describir la realidad. Con esas inferencias conclusivas y resueltos sus propios desafíos intelectuales finalizó su atención a la filosofía. Pero sería únicamente una pausa. Transcurrió el tiempo y Wittgenstein regresó a sus investigaciones filosóficas (que será el título de su segunda obra en publicación póstuma en 1953), pero en un sentido profundamente diferente de los años anteriores. Este otro tiempo, que hoy se comprende y denomina como el segundo Wittgenstein, refiere a las construcciones llevadas a cabo con el lenguaje de los humanos; cómo vamos construyendo nuestras formas de hablar donde los seres humanos, con sus formas de usar el lenguaje creamos constructos referidos a la realidad. El “segundo Wittgenstein” se constituyó en un áspero crítico del “primer Wittgenstein”. Fue la expresión del pensamiento dinámico. Evolución, investigación, análisis y contrastación para concluir en la explicación de paradigmas superadores.

Compendiando las crónicas escritas entre 2016 y 2020, Thomas Piketty ha publicado su libro ¡Viva el socialismo! En 1992, Piketty realizaba su primer viaje a Moscú, visitaba entonces la plaza Roja, donde la bandera soviética ya había dejado de flamear y ahora el viento ondeaba los colores de la insignia rusa. Pasó también varios minutos detenido, mirando y observando el mausoleo de Lenin. En ese tiempo el convencimiento de sus ideas liberales lo llevaban a afirmar que la economía de mercado y la propiedad privada eran las soluciones que reducirían las brechas de la desigualdad social. Treinta años después, en la mirada de sobrepasar alternativamente al capitalismo —dice Piketty— “uno no puede contentarse con estar en contra del capitalismo o del neoliberalismo: hay que estar también y sobre todo a favor de otra cosa, lo que exige ser capaz de definir con precisión el sistema económico ideal que uno desearía poner en práctica, la sociedad justa que uno tiene en mente, sea cual sea el nombre que finalmente decida darle”. Piketty sorprende aún más cuando señala: “Empecemos con una afirmación que a algunos les puede parecer sorprendente. Desde una perspectiva de largo plazo, la larga marcha hacia la igualdad y el socialismo participativo está bien encaminada”. Todo ello es la evidencia aguda del movimiento del pensamiento dinámico, de la construcción de las ideas y de la fuerza de la observación e investigación.

El español Javier Cercas, quien en 2016 produjo un llamativo artículo al que tituló La barbarie de la literalidad, opinaba: “los ‘tontos cultos’ no detectan una ironía, una metáfora o una provocación, y así atrofian el pensamiento”. Pues el pensamiento atrofiado, inmóvil y raquítico se anota en el extremo opuesto del pensamiento dinámico. Allí no hay evolución, no existe un ejercicio de continuo esfuerzo interpretativo con la suma de elementos que se incorporan, que clarifican y que contrastados todos ellos, van revelando los hechos de un acontecimiento de manera gradual. La literalidad cerrada como forma y metodología para interpretar y analizar un momento coyuntural, que en sí y en esencia, es fuertemente volátil, encierra un pensamientoabandono intelectual cuando no fingidos intereses que agravian al pensamiento.

Reducir los hechos de noviembre de 2019 a dos declaraciones de literalidad editada, abandonando la exposición global, no reúne el requisito de honestidad que el firmante anónimo reclama y que él no logra acreditar. El Golpe de Estado y la argumentación forzada de la Sucesión Constitucional no se comprimen y anulan en la intención de validar el hecho violento y de sangre con dos palabras literales. La intención de asociar aquellos hechos a un relato de forzadas interpretaciones y visiones de conspiración para escapar del apuro, desafía a sus mismas hojas de periódico, esas que tuvieron que recoger los números dejados por las horas golpistas del orden constitucional: 37 muertos, más de 800 heridos y por encima de 1.000 personas detenidas de forma injusta y expedita. El relato es un intento de modulación discursiva de una realidad ficcional que busca desesperadamente imponerse para obtener impunidad negociada. La realidad, en cambio, enumera las cifras de la angustia producida por la gente del noviembrismo.

La crítica de cierta fuerza mediática asociada al conservadurismo opositor del hecho popular, reincide en la superficialidad del argumento que tiene más de desesperación emocional que de inteligencia objetiva. Esta acción fustigadora, que esperanzada en la literalidad no modifica las metodologías reiteradamente fracasadas en las últimas décadas, solo favorecen al poder sus adversarios. Unos y otros, hablando y escribiendo mucho, pero leyendo y comprendiendo poco, con apariciones y publicaciones de fuerte ferocidad discursiva, pero solo para un público de convencidos que necesita consumir aquello en lo que se reconoce, esto que se llama sesgo de confirmación; sin audiencias, sino con hinchadas abarrotadas de delirio obsesivo. Leen selectivamente para confirmarse, escuchan para validarse. Especulan con estrategias inexistentes, realidades artificiales que imaginan ver o requieren fundar.

Obliga parafrasear la intención de un editorial que busca eximirse de integrar el extendido e ingrato club sin membresía de quienes deforman y modulan las noticias que debemos consumir: “Si en Bolivia la justicia fuera eficiente e imparcial”, entonces las manifiestas intenciones de manipular y modular la voluntad ciudadana con información falsa “podrían ser sujetos de prueba”. Pero no, ocultan su inconsistencia democrática retornando a la diaria clase de moralina, siempre estampada en la opinión del nombre oculto.

(*) Jorge Richter Ramírez es politólogo y vocero presidencia

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¿Fraude o golpe?

Quienes tomaron el poder en 2019 cometieron el error de no legalizar sus actos

/ 14 de abril de 2021 / 14:48

DIBUJO LIBRE

Si quedan dudas sobre las circunstancias que derivaron en la realización de las elecciones de octubre pasado, resulta que son las mismas que originaron y continúan originando los procesos electorales de segunda vuelta: la aplicación subsidiaria de la ley, lo que en su sentido epistemológico significa que se sustituye la ley o se apoya solo una parte de la misma, que sirve de ayuda o apoyo solo aquello que conviene de la ley. En este aprendizaje, la Constitución a veces ni se la toma en cuenta.

Desde ahí se puede comprender que ante la vulneración al ordenamiento político-constitucional (el golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019), la salida en ese momento fue allanar una solución con rótulo democrático y no siempre de legalidad. Es que cuando se concibe a la democracia desde sus ángulos perversos de racionalidad e irracionalidad, hasta puede ser inapropiado renunciar, abrir al vacío de poder, dejar el territorio, irse al exilio y esperar que la soberanía del pueblo ejerza su rol de democracia propia.

Pues eso precisamente pasó: Evo Morales dejó el poder el 10 de noviembre y desde ese momento el ordenamiento político jugó un rol preponderante para ejercer sus actos conforme ciñe la Constitución o para desviarse en él, a fin de configurar un nuevo orden constitucional. En esta segunda lógica se adscribieron los neofalangistas, fascistas de ultraderecha que iniciaron sus acciones el 22 de octubre de 2019, sumándose varios legisladores nacionales, profesionales, organizaciones sociales, algunas ONG, la Iglesia Católica, políticos opositores, las iglesias alternativas de origen extranjero, exservidores públicos, la Universidad Pública, las universidades privadas y principalmente la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En el análisis constitucional, por ejemplo, el TCP tuvo un desvío de posición que fue optado de forma hormonal y sin el razonamiento esperado, que incluso le llevó a emitir un comunicado por fuera de sus atribuciones, convirtiéndose en ese momento en un órgano colegiado meramente político, como si se tratase de una organización política más.

Todos estos actores del golpe, sin olvidar el asesoramiento externo e imperialista que tuvieron, y con operadores que salían a los medios a decir que fueron ellos los artífices de la salida del tirano, cometieron un error garrafal: no legalizar sus actos conforme prevé la Constitución y las leyes.

Pasaron los meses y desde que asumió el gobierno de facto el 12 de noviembre de 2019, los intelectuales del derecho constitucional esperaban que los actos políticos que quebrantaron el periodo constitucional sean mínimamente analizados, interpretados con la Constitución y manifestados en términos al menos de una tendencia.

No actuar con la debida sinceridad, como hicieron los gobiernos de facto en el pasado, trajo consigo una dicotomía en el pensamiento de las y los ciudadanos, pues en la narrativa que se armó, como parte de la estrategia del golpe, se dijo que nunca se diga golpe, sino fraude.

Para descartar la hipótesis del golpe, que sesgó el imaginario de los golpistas y sus seguidores, es necesario remontarnos a la idea de fraude que se plantó como la semilla del mal y del odio contra Evo Morales. Tal supuesto fraude, como lírica del pensamiento golpista, estuvo circunscrito a cuatro ideas fuerza, desde donde se generó el discurso que polarizó la población: lo que se llamó la paralización del TREP, el ocultamiento de ánforas, el padrón desactualizado y el voto servil de las organizaciones sociales. Tales criterios fueron manejados con la discriminación y racismo justificados en el odio extremo de que era “imposible permitir la continuidad del gobierno de ese entonces”.

Aun cabe la duda sobre si la gestión de los 14 años, a la que tanto aludían, era la razón principal para no dar paso a una continuidad del poder, o era solo porque el prorroguismo no está permitido en la sabia lógica y moral de las logias y de las familias de buen entender en el país.

No obstante aquello, está en la historia que la continuidad de esa gestión de gobierno al menos cuidó los estándares tanto de orden constitucional como de democratización, y que lo que aconteció con el golpe fue un acumulado de la fuerza opositora que desde la movilización y quebrantamiento del orden constitucional logró irrumpir e interrumpir la gestión que se había institucionalizado hasta ese momento.

Comparativamente ¿qué es lo que el gobierno de facto no cuidó en su momento? Un elemento que será evaluado en su momento es que para hablar de fraude y no ser, o al menos no aparentar, un gobierno de facto, una vez posesionado el vocal que sería el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) éste debía, junto a los vocales seleccionados por la Asamblea Legislativa, aprobar o desaprobar el informe de los vocales expulsados que conformaban la anterior Sala Plena. Por esto, la población no ha conocido cuál fue el rol individual y colegiado de los miembros de ese órgano del Estado, en el marco de su organización interna y de la gestión pública desempeñada.

Dada esa carencia de información del actual Órgano Electoral, en el discurso político de los opositores y críticos al gobierno de Evo Morales quedó inscrito que se anuló de facto las elecciones de octubre de 2019 porque prevaleció el clamo popular; no obstante, la Ley Electoral (Art.190) dispone expresamente que los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Entonces, lo que les faltó a los detractores del sistema, tanto en el Órgano Electoral como en la Asamblea Legislativa Plurinacional, más allá del respaldo discursivo de la Organización de los Estados Americanos, era coordinar una ley modificatoria de la Ley del Régimen Electoral para no tener este bache, que queda como antecedente constitucional y es un resquicio para el discurso del denominado fraude.

Tal error de poder en el momento previo y en el gobierno de facto permite comprender que la nulidad de las elecciones del 20 de octubre de 2019 no era posible normativamente, siendo que, igual que la emisión de la circular del Tribunal Constitucional, que operativizó la ilegal sucesión presidencial, debía contar con un instrumento legal expedito para contar con un margen de legalidad, el que finalmente le otorgó la Asamblea Legislativa, con la aprobación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio para la realización de Elecciones Generales el 24 de noviembre de 2019, que por cierto tuvo una modificación en diciembre de 2019; en ningún caso ha previsto modificación sustantiva a la Ley (especial) del Régimen Electoral.

Consiguientemente, la historia aún tiene aportes y nos deja señales como indicios para el análisis, respecto a que lo que se vivió en octubre y noviembre de 2019 fue mero fraude o un golpe de Estado, donde se pasaron de largo las leyes y la legalidad del Estado, y si fue preparado conspirativamente con milimétrica planificación o fue llanamente consumado desde una base opositora desplegada tendenciosamente, con el factor ciudadano convencido en su sana predicción de que podría plasmarse una “mejor realidad y futuro para él”, sin que aún entienda a estas alturas que ha sido descubierta a toda luz su peculiar doble moral política.

(*) Iván Bascopé S. es abogado constitucionalista

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EL IPSO FACTO Y LA ASAMBLEA

Dos temas para entender 2019: el funcionamiento de la Asamblea y el comunicado del TCP

Por Iván Bustillos y Susana Rivero Guzmán

/ 7 de abril de 2021 / 13:45

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada

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