Amnesia plurinacional
Tensión entre medios y Gobierno
Óscar Díaz Arnau
No soy médico, pero me imagino que una “amnesia plurinacional” debe multiplicar por al menos 36 veces la pérdida de memoria respecto de una simple “amnesia nacional”. Hago este comentario en referencia a la facilidad con que se rompen los acuerdos que han costado mucho alcanzar. La nueva Constitución Política del Estado (CPE) tuvo férrea resistencia pero fue aprobada en un referéndum y, como en todo juego democrático, vencedores y vencidos deberían respetarla.
En el 61,43% de los ciudadanos que le dijeron sí a la Constitución debe verse reflejado el “pacto social”, machacado hasta el hartazgo durante la Asamblea Constituyente. ¿Tan pronto se podrá olvidar lo que se hizo sólo tres años atrás? No parece ser un tiempo considerable como para que los impulsores del principal cuerpo normativo del país, hoy, lo desconozcan. (En todo caso, nunca es tarde para arrepentirse del espantoso preámbulo —de redacción bucólica, fulgurante de mal gusto).
Cuesta creer que un proyecto construido con el encallecimiento de los pies de miles de indígenas en su histórica marcha “Por el Territorio y la Dignidad” (1990), 20 años después sea ignorado grosera y desconsideradamente por el capricho antidemocrático de un presidente y cinco ministros (el juicio a tres medios de comunicación por la vía ordinaria y no, respetando la CPE, ante un jurado de imprenta).
El Gobierno, volviendo a la idea original, ya no busca reivindicar primordialmente los derechos de los indígenas; lograr que al fin, después de 500 años de opresión, como nos lo han hecho entender, “vivan bien”. Hace mucho que el sujeto político indígena no es más el pilar fundamental de este proceso de cambio.
Lo corroboró hace poco, en Sucre, el senador Adolfo Mendoza, durante un seminario sobre el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Al ser interpelado al respecto dijo que, pese a ser —el indígena— sujeto de la construcción del Estado plurinacional, el centro de esa construcción está en la variable plural, es decir, en la construcción de un Estado que exprese lo nacional-plural. “Y lo nacional-plural (textual) no se restringe a lo indígena…”.
Amnesia plurinacional. En la Constituyente no había sujeto, actor, persona más importante que el indígena. Y lo pluri pasaba por él, nadie hablaba del “indígena junto con…”. Era su momento, ése era su momento después de “cinco siglos igual”.
Ahora que los indígenas reclaman por lo suyo fuera del paraguas del Movimiento Al Socialismo (MAS), están siendo manipulados por la derecha… ¿Alguien se acuerda del Pacto de Unidad? En 2006, sus dirigentes, con ponchos y abarcas, ocupaban la primera fila en todos los actos. Los constituyentes inflaban el pecho cuando explicaban que Evo Morales gobernaba “de abajo hacia arriba”, o sea que indígenas y organizaciones sociales mandaban a las autoridades y éstas obedecían.
Hoy, si siguen ahí, los del difunto Pacto de Unidad están en la retaguardia, muy atrás porque los salones se encuentran repletos de políticos de clase media, de los k’aras que antes eran perseguidos en la calle por usar traje y corbata y en la actualidad ocupan la mayoría de los cargos en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo, parte de la amnesia plurinacional.
En la búsqueda del poder total (“Ojalá desde diciembre de este año podamos tener realmente el poder… que el poder lo tenga el pueblo significa que tengamos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”: Evo Morales, 18-05-2009), el Presidente caudillo y su equipo de descolonizadores ahora van por el denominado “cuarto poder”, el que supuestamente ostentaría la prensa.
(Quien tenga dudas del caudillismo de Morales puede convencerse releyendo esta otra frase célebre: “No hemos llegado a Palacio de inquilinos, ni estamos de paso. Hemos llegado a Palacio para quedarnos definitivamente, si es posible más de 500 años…”. Menos mal que a continuación aclaró: “…no he dicho que yo me voy a quedar en el Palacio”: Evo Morales, 23-05-2012).
El mismo hombre que se atrevió a emular a Evita Perón con más sencillas palabras que las empleadas por ella: “seremos millones”, en otros discursos menos poéticos ha dispuesto su florido cargamento de galimatías verbales para arremeter contra los medios de comunicación no oficiales. Hasta que algunos de sus ministros —torpemente, seremos sinceros— decidieron echar por tierra 30 años de respeto a la institucionalidad de la prensa concibiendo un juicio que, por la calidad de los argumentos, no resiste el menor análisis.
Da flojera repetir lo que otros han dicho hasta el cansancio, la evidencia de que, en última instancia, el presidente Morales estaría más próximo a los delitos atribuidos a ANF, Página Siete y El Diario (racismo y discriminación) por la descuajeringada sentencia de los flojos que sin malas intenciones podría interpretarse como una manera (antojadiza) de confrontar a altiplánicos y orientales.
Lo fundamental aquí es entender que mientras se descuida la atención a las reivindicaciones populares; mientras por un asunto inherente a la medicina se olvida de la emergencia de las clases sociales marginadas de las políticas neoliberales, el Gobierno prefiere creer que la prensa es su oposición (ni siquiera su rival, ¡su enemiga!) y como se ha acostumbrado a perseguir opositores, lógicamente, ahora persigue también a periodistas y a empresarios del rubro.
¿Qué hay detrás de la pugna?
Hugo Moldiz Mercado
Cómo entender los permanentes choques entre el Gobierno y los medios de comunicación?, ¿la actitud del presidente Evo Morales y sus colaboradores contra varios medios es injustificada y paranoica?, ¿ante la falta de oposición partidaria con cierta viabilidad, se observa a los medios como el enemigo socialmente construido? La respuesta a éstas y otras preguntas requieren de mayor espacio, por lo que lanzaremos sólo algunas constataciones.
Una primera constatación es que el Gobierno y un grupo de medios de comunicación expresan hoy, de manera abierta, una relación de poder; por lo tanto, una pugna por la ocupación de ciertos campos simbólicos, ideológicos y, obviamente, políticos.
Esta relación de poder se da en un contexto radicalmente distinto al pasado. En el período 1985-2005, los grandes medios de comunicación desempeñaban, como aparatos ideológicos de Estado (independientemente de la naturaleza de su propiedad), el papel de “cemento” para cohesionar la forma de producir la riqueza (economía) con la forma de tomar e implementar decisiones políticas (instancias jurídico-políticas). La militancia política de los dueños de los medios atizaba la rivalidad en momentos electorales, pero su intensidad nunca superaba sus intereses de clase ni ponía en peligro el sistema político que garantizaba la reproducción de esos intereses.
Al derrumbarse el sistema político, basado en el sistema de partidos, y después de que las clases y naciones subalternas se han elevado a su condición de nuevo grupo en el poder, dando lugar a la preconfiguración de un nuevo sistema político todavía en construcción, un grupo importante de medios de comunicación ha ampliado su papel de “instrumentos ideológicos” para reproducir el sistema a “instrumentos políticos” para defender los intereses estratégicos del viejo y desplazado bloque en el poder. Ésta es una tendencia generalizada en el mundo, donde la “democracia aparente” ya no aguanta más la irrupción social portadora de una nueva democracia.
Los partidos tradicionales hacen aguas y los medios de comunicación son empujados a jugar un papel para el que no están preparados.
Una segunda constatación es que al registrarse esta nueva relación de poder lo que se hace es alterar y descomponer el concepto de legitimidad que acompaña a cada uno de estos actores. Los medios, refugiados aún en una pretendida neutralidad que ni existe ni la demuestran, buscan erigirse con un nivel de legitimidad y autoridad moral superior del que goza el gobierno del presidente Evo Morales.
La realidad, cuando es observada más allá de lo aparente, evidenciará todo lo contrario. La legitimidad de poder del Gobierno surge de dos vertientes: los altos niveles de respaldo electoral que ha cosechado desde 2005 hasta 2011, por un lado, y por ser la expresión de la capacidad organizativa y política de los movimientos y organizaciones sociales que desde el año 2000 han convertido a esas “otras democracias” —reconocidas por la actual CPE— en la condición de posibilidad de avanzar hacia su emancipación.
Lo mismo no ocurre con los medios de comunicación. Su legitimidad ante los sectores sociales que encarnan el proceso revolucionario está profundamente cuestionada por varias razones, de las que podemos citar a: quieren jugar a “tener” autoridad sin haber sido “elegidos” para eso, se comportan como partidos políticos sin que nadie vote por ellos, hacen gala de una neutralidad que no la tienen, esconden su posición política en vez de transparentarla, defienden el sistema de creencias que hoy está cuestionado en el mundo, camuflan las peores atrocidades cometidas por el imperio, amplifican los conflictos a niveles superiores de lo que ocurren en la realidad y añoran un tipo de sociedad que la mayor parte de la población ya no la quiere.
La tercera constatación es que la pugna Gobierno-medios de comunicación expresa una pugna de intereses de clases distintos. El hecho de que la mayor parte de estos medios se apoye en las capas más conservadoras de la sociedad, particularmente en los prejuicios y temores de las tradicionales clases medias, no quiere decir que ése sea el movimiento real de la sociedad. De hecho, el camino por el que discurren los conflictos y la forma como se resuelven son, por lo general, distintos a los caminos y salidas que nos presentan los medios.
Detrás de ese comportamiento, como es obvio, hay intereses que se esconden. Sin partidos, sin proyecto alternativo y sin liderazgo, lo que hace el viejo bloque en el poder es buscar, a través de los medios de comunicación, la defensa de sus intereses que progresivamente se ven afectados. El hecho de que las élites se hayan ampliado, sobre todo por la composición nacional-cultural (étnica), ya es algo intolerable para el otrora viejo bloque en el poder.
Es bastante funcional a esa pugna de intereses de clases las posiciones de periodistas de origen popular que, por tener una concepción idealizada de los procesos revolucionarios, convierten su crítica en instrumentos al servicio de las clases que dicen combatir. Eso ocurre mucho en medios vinculados a la Iglesia y con periodistas de vieja y reciente militancia de izquierda.
La cuarta constatación es que los medios no son lo todopoderosos que se creen y se piensan. El proceso boliviano cuestiona el concepto de la aguja hipodérmica. El límite del papel ideológico y de la acción política de los medios de comunicación está determinado por la capacidad de organización y conciencia del núcleo social hegemónico en el poder.
En momentos de conflictos agudos los medios pueden crear, sobre la base de determinados hechos, una realidad que no existe y producir agujeros políticos. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo, la capacidad articuladora de movimientos y organizaciones sociales, pero sobre todo la materialización de la idea de construir poder junto a la gente —que es la dinámica que acompaña a la gestión de Evo Morales desde el principio— es el antídoto más importante para defender el proceso más profundo de toda nuestra historia.