Juicio a Chile, ¿por qué y cómo?
Hay muchas justificaciones para la decisión de Bolivia de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demandar a Chile por un acceso soberano al mar. Además de las razones expuestas por el presidente Morales, hay que reconocer el aporte de otros mandatarios en cuatro momentos claves.
Bolivia ha decidido tomar el camino de un juicio internacional contra Chile, no como la constatación del fracaso de la política exterior del país en el pasado, sino como la consecuencia lógica de esa política.
El proceso judicial iniciado se basa precisamente en la construcción de antecedentes que demuestran la sagacidad de nuestros gobernantes y negociadores en cuatro momentos claves: 1950, presidencia de Mamerto Urriolagoitia H., Ministerio de Relaciones Exteriores de Pedro Zilvetti A. y Embajada en Chile de Alberto Ostria G; 1975, presidencia de Hugo Banzer S., Ministerio de Relaciones Exteriores de Alberto Guzmán S. y embajada en Chile de Guillermo Gutiérrez V. M; 1979, presidencia de Wálter Guevara A., Ministerio de Relaciones Exteriores de Gustavo Fernández S.; y 1987, presidencia de Víctor Paz E., Ministerio de Relaciones Exteriores de Guillermo Bedregal G. y Consulado en Chile de Jorge Siles S. Sin esos pasos cruciales, simplemente la iniciativa del Gobierno no tendría fundamento jurídico posible.
El mérito del presidente Evo Morales y el equipo que lo acompaña en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) es haber trabajado en profundidad y con gran imaginación, apoyado en una premisa de oro: abrir la mente a nuevos escenarios, buscar caminos no explorados, romper el círculo de hierro de una relación bilateral que, a pesar de haber trabajado propuestas que en su momento fueron extraordinarias —algunas de las cuales (1950 y 1975) se han transformado en el cimiento inamovible de nuestra demanda de largo aliento—, había entrado en un peligroso círculo vicioso.
Es en eso en que radica la potencialidad del juicio boliviano. Rompe viejos paradigmas, se atreve a cuestionar “dogmas” nacionales sobre la cuestión, especialmente la obsesión referida al Tratado de 1904, y explota escenarios no recorridos por nuestra jurisprudencia en el ámbito del derecho internacional, particularmente el referido a las controversias entre Estados y específicamente en antecedentes vinculados a fallos de la Corte Internacional de Justicia. Este enfoque ha sido posible además por el trabajo serio y responsable de profesionales bolivianos y el cotejo de sus tesis con juristas del más alto nivel internacional, que han permitido contrastar ideas y aceptar experiencias de muchos años en estrados del mundo, sin complejos chauvinistas y menos prejuicios xenófobos que, por el contrario, contaminan dramáticamente en otros temas la política diaria de nuestros gobernantes.
Pero, algo más. Ha sido la experiencia en carne propia la que se ha recogido para dar este importante paso. La gestión de Morales comenzó su relación con Chile con mucho optimismo y una buena dosis de ingenuidad, sobre una base diferente a la de hoy: la búsqueda de un acercamiento, la disposición plena al diálogo y la premisa de que la “diplomacia de los pueblos” era un camino que nos acercaría al mar con mayor celeridad que la diplomacia de los gobiernos.
El primer logro de esta nueva tónica, que fue respaldada por la presidenta chilena Michele Bachelet, fue la agenda de los 13 puntos que retomó los acuerdos de Algarve (2000, Banzer-Murillo) cuando se estableció una agenda bilateral sin exclusiones. En el citado compromiso estaba, en el punto 6, el tema del mar. Los problemas comenzaron cuando el canciller David Choquehuanca demandó a su par chileno la definición de un calendario específico para comenzar el diálogo sobre el citado tema 6. Allí acabaron las sonrisas y comenzaron las dilaciones. Ese momento coincidió con el cambio de mando en La Moneda. Bolivia se cansó de respuestas evasivas o postergaciones explícitas que muy pronto le permitieron percibir que había un largo trecho entre una agenda aparentemente irrestricta y con voluntad abierta, ya la precisión que implica tomar al toro por las astas e iniciar una negociación que busque una solución. Por el contrario, en una actitud mucho más cerrada que en el pasado, Chile no dio siquiera el paso de una primera reunión sobre el tema, olvidando que varios de los gobiernos que lo antecedieron desarrollaron negociaciones plenas para la búsqueda de una solución o, más aún, propusieron unilateralmente y por iniciativa propia una salida soberana al país a través de puntos específicos de la geografía del océano Pacífico.
No se puede menos que subrayar que Chile desaprovechó una oportunidad de oro de buscar una solución progresiva y razonable con Bolivia (incluida una potencial contrapartida boliviana) al no entender dos cosas: la primera, que tenía como interlocutor al Presidente con mejor disposición hacia ese país en muchísimos años, y, la segunda, que ese interlocutor era quizás el mandatario con mayor legitimidad en la historia del país.
Sebastián Piñera, a diferencia de Bachelet, careció de la sensibilidad, el tino diplomático y la estrategia política para profundizar un acercamiento que pudo marcar la diferencia histórica en un tema tan delicado. Baste recordar que en 2009 la percepción de la opinión pública chilena hacia Morales era la más favorable que había tenido un Presidente boliviano en décadas y que la simpatía hacia la causa boliviana —con matices— superaba el 50%.
El giro de Morales, en marzo de 2011, no fue, en consecuencia, producto de un capricho o una impronta personal; fue el resultado de la miopía de nuestros vecinos y la frustración que representó ver que los cuatro años anteriores habían sido desperdiciados y que el esfuerzo genuino de acercamiento no era correspondido con un mínimo gesto, aunque sólo fuera el formal, de instalar una mesa de diálogo sobre el tema marítimo.
Bolivia ha escogido el único camino posible para romper este punto muerto y lo ha hecho de un modo novedoso. Chile, que inicialmente reaccionó con un cierto tono de displicencia, ha comprendido que el juicio va en serio, que está fundamentado y que Bolivia está poniendo sobre el tablero a sus mejores representantes para lograr el éxito que espera y que merece.
Cuando un gobierno entiende que las políticas de Estado son indispensables en temas prioritarios y que su solidez depende de la adecuada comprensión de un pasado que las hizo posible, comienza —mal que le pese— a reevaluar su lectura de la historia.