Friday 19 Aug 2022 | Actualizado a 16:04 PM

Grecia, camino a una elección polarizada

Arranca una campaña en la que no habrá debates programáticos ni finuras ideológicas, sino un espectro rampante, ‘apocalíptico’, el de la salida de Grecia del euro.

/ 4 de enero de 2015 / 04:00

La campaña electoral griega arranca en un ambiente de máxima polarización en el que el protagonista absoluto es el partido izquierdista Syriza, favorito según todas las encuestas para ganar los comicios anticipados del 25 de enero. Tras la disolución del Parlamento el martes, la posición del Gobierno de Atenas, las cancillerías de la Unión Europea (UE), Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido unánime: la propuesta rupturista de Syriza amenaza la estabilidad institucional y podría poner en peligro la tímida recuperación de la economía.

El líder de la formación, Alexis Tsipras, salió al paso de este argumento el mismo lunes en su primer baño de multitudes de la campaña, en un cine de Atenas, pocas horas después de la convocatoria electoral: “Se dirán muchas mentiras, mentiras terribles sobre Syriza, porque ésta va a ser la campaña del miedo”, dijo, en referencia a las declaraciones del primer ministro en funciones, el conservador Andonis Samarás, sobre la hipotética quiebra del país si gana el partido, partidario de revisar los términos de la deuda de Grecia.

CONSERVADORES. “Nosotros no jugamos con Grecia” será uno de los lemas de la conservadora Nueva Democracia (ND), el partido de Samarás, en esta campaña. “Las elecciones se han convocado por el egoísmo de algunos partidos”, dijo este martes antes de reunirse con el presidente Karolos Papulias, para formalizar el trámite de la disolución de la Cámara. La referencia era un dardo para Syriza, el arranque de una campaña en la que no habrá debates programáticos ni finuras ideológicas, sino un espectro rampante, apocalíptico, el de la salida de Grecia del euro. “Lo que está en juego en estas elecciones es la permanencia de Grecia en Europa, por eso hemos de votar con responsabilidad”, añadió el primer ministro en funciones. Como en las elecciones de 2012, el mensaje es votar lo correcto, aunque qué sea lo correcto y qué lo erróneo difiera radicalmente según los bandos. Para Samarás, lo correcto está en la línea de su éxito económico (success story, como lo llaman los griegos), con la consecución de superávit primario, vuelta a los mercados antes del plazo previsto, descenso mínimo del paro y un crecimiento del 0,7% en el tercer trimestre de este año.

En un escenario que en algunos aspectos parece un calco del maremágnum político de 2012, el temido y manido Grexit (juego de palabras en inglés que significa “salida de Grecia” de la eurozona) vuelve hoy por sus fueros, pese a que la posibilidad de contagio en la zona euro sea ahora menor que entonces, al estar la mayoría de la deuda (el 90%) en manos de gobiernos de la UE y el FMI. Pero es una posibilidad que algunos no descartan: “No es descabellado decir que Grecia podría abandonar el euro, y que ello tendría un menor impacto que en 2012, pero no por ello dejaría de ser peligroso”, declaraba en días pasados un analista citado por la agencia Reuters.

Lo que más intranquiliza al bipartito griego, a Bruselas y al FMI es el programa socioeconómico de Syriza. Como principales puntos, propone la quita de parte de la deuda (por ejemplo, la contraída por la recapitalización de los bancos, unos 50.000 millones de euros procedentes del segundo rescate), el pago de la restante solo si se genera crecimiento y no mediante recortes presupuestarios, un programa urgente de creación de empleo, lucha total contra la evasión fiscal —un mal endémico en Grecia—, el aumento del salario mínimo y la recuperación de los convenios colectivos, que se llevó por delante la reforma laboral.

En otras palabras, se trata, según la formación izquierdista —que ha moderado su discurso en los últimos meses; ya no habla, por ejemplo, de salir de la OTAN, como en la campaña de 2012— de revertir la crisis humanitaria que vive el país tras seis años de recesión y cuatro de obediencia a la troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea) a cambio de los 240.000 millones de euros de los dos rescates. El programa de los 100 primeros días de gobierno, denominado Programa de Salónica, contempla una inyección inmediata de 2.000 millones de euros para aliviar las necesidades más perentorias de la población. Y esa es la parte irrenunciable del programa de urgencia; en el resto, el partido se muestra abierto a dialogar con los socios europeos y los acreedores, una delegación de los cuales debe volver a Atenas en enero.

DISTANCIA. Los sondeos confirman día a día que la diferencia entre Syriza y la conservadora Nueva Democracia (ND), el partido de Samarás, se estrecha. Ayer era del 3% (28,1% frente al 25,1%), según un sondeo de una cadena privada de televisión. Son unos porcentajes muy parecidos, solo que en sentido inverso, a los que dejó la convocatoria electoral de 2012: ND obtuvo el 29,7% de los votos y Syriza el 26,9%. Pero el resultado final no solamente dependerá del desempeño de los partidos en la campaña, ni tampoco del bono de 50 escaños que la ley reserva al ganador, sino de un complicado sistema proporcional: también cuentan, aunque no entren en el Parlamento, los partidos que no superen el umbral del 3% de los votos. Así, por ejemplo, si éstos reúnen el 7% de los sufragios, el ganador debe superar el 37,6% para lograr la mayoría absoluta (151 escaños); si los pequeños concentran el 12%, el ganador únicamente necesita el 35,6%, cifras ambas inalcanzables según las intenciones de voto y la previsible fragmentación de la Cámara, con la entrada de nuevos partidos. El reparto de escaños es, además, proporcional a las circunscripciones, de distinto valor en escaños.

El discurso del miedo como programa electoral y el temor de la ciudadanía a una recaída en la crisis empujan a muchos a pensar que la diferencia entre los dos partidos podría reducirse aún más estas cuatro semanas.

Otros, como el politólogo Babis Kuyemitros, creen que los mensajes apocalípticos y las veladas amenazas de Berlín o Bruselas “pueden darle más votos a Syriza. La gente está cansada de tanta injerencia extranjera, de que nos traten como menores de edad necesitados de tutela. Somos un país soberano. Aunque el miedo es libre y podría fomentar el voto útil: un apoyo con pinzas a ND. No de otra manera se puede explicar lo contradictorio que resulta que un tercio de los electores prefiera una coalición de Gobierno de ND, y solo un 23,7% una coalición liderada por Syriza”.

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El patito feo de los órganos del estado

Vocal del TSE alerta sobre la peligrosa debilidad institucional del Órgano Electoral Plurinacional.

Cuatro vocales suplentes analizan si abren o no proceso disciplinario a toda la Sala Plena titular

Por Iván Bustillos

/ 14 de agosto de 2022 / 17:33

El punto sobre la i

A raíz de la denuncia de dos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y tres “particulares”, el jueves 11 cuatro vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) empezaron a considerar si abren o no un proceso disciplinario a los cinco vocales titulares, por no haberle despojado la diputación (suplente) al legislador expulsado del MAS Rolando Cuéllar. Lo trascendente del hecho es que si la causa se instala, el proceso puede derivar en la llana y simple destitución de la cabeza titular del cuarto órgano del Estado. Puede, porque las denuncias son “por faltas muy graves, por incumplimiento a los principios del Órgano Electoral”, y, según el Reglamento Disciplinario para Vocales Electorales (del 30 de abril de 2013), el cual está siendo usado en el presente caso, a la “falta muy grave” le corresponde la “destitución o pérdida de funciones para el Vocal Electoral” (Artículo 38.1 del Reglamento).

Ahora, como señala el referido reglamento en varios lugares, el procesamiento disciplinario no exime que luego se pueda instalar juicios civiles o penales en la justicia ordinaria contra el o los vocales inculpados.

La destitución pura y simple también es posible porque la Sala Plena del TSE para el caso se convierte en “Tribunal Disciplinario en única instancia”, o sea, que no da lugar a ninguna apelación o reclamo: “sus resoluciones en materia disciplinaria son definitivas e inapelables”, dice el artículo 4 del Reglamento.

Ahora, como dijo desde el principio el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, esta es una situación “atípica”, porque el Reglamento de 2013 está concebido sobre la base de que siempre habrá una Sala Plena (de 7 vocales, aunque ahora quedaron solo 5) que hará quorum y juzgará a uno o dos vocales transgresores. Para nada el Reglamento prevé que la Sala Plena en pleno esté puesta en entredicho. Y he aquí una “casualidad”: al principio, los dos legisladores masistas denunciaron a cuatro vocales (Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi y Nancy Gutiérrez), luego, un particular incluyó a Dina Chuquimia. Y, bajo el principio de que nadie puede ser juez de su propia causa, se convocó a los suplentes.

El viernes 12 por la mañana, el vocal suplente Carlos Gómez Rojas salió a declarar a la prensa y dijo que los cuatro vocales empezaron a tratar el tema en vísperas, el jueves 11, y que por reglamento tenían hasta 3 días para considerar si abren o no una causa.

La “Sala Plena Extraordinaria”, que es como llamó el vocal suplente Gómez a la reunión que está en curso, en realidad había sido convocada para el viernes 29 de julio, y recién tuvo lugar el jueves 11 de agosto. El 28, en una entrevista en Piedra, papel y tinta, programa por streaming de LA RAZÓN, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe señaló que la posibilidad de la apertura de causa contra los vocales titulares y su consecuente destitución solo reflejaba la “debilidad institucional” en que por ahora se encontraría el Órgano Electoral, comparándolo sobre todo con el Ejecutivo y el Judicial.

Tahuichi se refería a la prerrogativa que tienen el presidente y vicepresidente del Estado y las altas autoridades del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y el Fiscal General de ser procesados mediante juicios de responsabilidades. De hecho, el vocal reveló que cuando llegó al país el Relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García- Sayán, le entregó un proyecto de ley “que incorpora a los miembros del Tribunal Supremo Electoral bajo el paraguas del juicio de responsabilidades; nosotros tenemos que ser juzgados por la Asamblea”, destaca.

En efecto, mientras las altas autoridades del Ejecutivo y del sistema de justicia gozan de un juicio de privilegio “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones” (artículo 2 de la Ley 044, que regula los juicios de responsabilidades), para los vocales electorales, la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (de junio de 2010), en su artículo 87, de “Procesamiento de vocales”, establece que “La responsabilidad penal de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, de los Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales y de otras autoridades electorales, por hechos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones, será de conocimiento de la justicia ordinaria”.

Al punto, Tahuichi recuerda que el propio Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) reclama contra esta “debilidad institucional” del Órgano Electoral, en la Recomendación 26: “Revisar la institucionalidad del Órgano Electoral para garantizar su efectiva autonomía administrativa y funcional”.

En lo relativo a la vulneración de derechos humanos, en el Informe del GIEI (páginas 269 a 273) lo que los expertos reclaman es la verdadera persecución que la Fiscalía se pudo permitir con todas las autoridades electorales del país con base solo en el Informe Preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección del 20 de octubre de 2019: “Se advierten diversas irregularidades y arbitrariedades por parte de la Fiscalía, la Policía y las instancias judiciales en los procesos referidos (detención de los vocales departamentales), particularmente debido a la falta de criterios objetivos en la determinación de su situación jurídica, al trato que recibieron por parte de las autoridades y a las serias irregularidades procesales que obstaculizaron su derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Un mismo patrón de persecución fue identificado en básicamente la totalidad de casos en contra de vocales electorales en el país”. (Informe GIEI, p. 271) “La detención de todos los vocales electorales fue una medida generalizada carente de motivación objetiva, aplicada sin investigación previa”, concluye el informe.

El rango objetivamente menor que tiene el Órgano Electoral, según insiste el vocal Tahuichi, en efecto se contradice con el nivel que le da la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009.

El artículo 12.I de la Constitución establece la igualdad jerárquica del Órgano Electoral con relación a los demás órganos (que en la anterior Constitución eran “poderes”): “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”. Añade luego el carácter imprescindible y único de cada uno de dichos órganos: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

Si bien se procede con base en determinadas fórmulas matemáticas, es el Órgano Electoral el que en últimas define la distribución de escaños (en diputados) entre los departamentos, tomando en cuenta los datos del último Censo nacional; también es este órgano el que delimita las circunscripciones de las diputaciones uninominales y de las especiales indígenas. (Art. 146)

Los vocales suplentes que analizan si abren o no proceso disciplinario son: Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martin Crespo, Carlos Eduardo Gómez Rojas y Pablo Christian Zuleta Sánchez; y están en proceso de conocer cinco denuncias: dos presentadas por los asambleístas del MAS, Hermo Pérez y Pascual Choque el 7 de julio y el 4 de agosto; y las interpuestas por las personas particulares Fernando Gabriel Torricos Negrete, el 14 de julio; Joel Alexander Guarachi Morales y Juan Marcelo Pozo Valdiviezo, el 28 de julio.

Hay que recordar que el proceso comenzó el 2 de marzo de este año, cuando la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió despojar del curul de diputado suplente a Rolando Cuéllar, a quien se expulsó del partido.

“Solicitamos la baja de militancia del MAS y la baja de la representación ante la Asamblea Legislativa, en su condición de diputado suplente, de Rolando Cuéllar, para que el MAS pueda habilitar a otro representante electo”, destacó Tahuichi Tahuichi Quispe.

Luego, “en atención a esta solicitud”, la defensa de Cuéllar presentó una acción de inconstitucionalidad concreta el 28 de marzo, contra al menos seis artículos del Estatuto Orgánico del MAS y uno de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

El TSE rechazó dicha demanda y, por norma, derivó el caso para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 3 de mayo anunció que ratificaba el rechazo a la denuncia a los artículos del Estatuto del MAS, pero aceptaba considerar el recurso contra la Ley 1096.

De modo que a la fecha el artículo 38 inciso c de dicha ley está en suspenso; la norma corresponde a la parte en que la ley trata sobre el “transfugio político”.

Faltas leves, graves y muy graves

La denuncia que el senador Hermo Pérez y el diputado Pascual Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), hicieron contra los vocales titulares del TSE es por el “incumplimiento de los principios del Órgano Electoral Plurinacional”.

Esta es la primera de las 12 “faltas muy graves” que registra la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, en su artículo 91.

Entre otras de las 12, están como faltas “muy graves”: no cumplir la obligación de verificar y garantizar los principios de igualdad, paridad y alternancia entre hombres y mujeres, en las listas de candidatas y candidatos en todas las etapas del proceso electoral; la ausencia injustificada “del ejercicio de sus funciones por cinco días hábiles continuos u ocho discontinuos, en el curso del mes”; deliberadamente o sin una razón justificada, dejar sin quorum a la Sala Plena; o adoptar militancia partidaria o realizar activismo político comprobado en el ejercicio de sus funciones.

Entre las faltas graves están: no entregar información que le pidan los partidos; retrasarse en comunicar resultados de una elección; no resolver recursos de apelación en temas de su competencia; ausencia injustificada por más de tres días hábiles y continuos o cinco discontinuos en un mes; incumplimiento reiterado de los horarios a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Sala Plena y de atención de su Despacho, entre otras.

Y, como leves, son faltas: faltar a una sesión de Sala Plena injustificadamente; ausencia en el ejercicio de sus funciones por dos días hábiles continuos o tres discontinuos en un mes; ejercer cualquier tipo de influencia sobre funcionarios del Órgano Electoral para favorecer a terceros; asistir a su fuente laboral en estado de ebriedad; incurrir en actos de acoso y violencia política hacia las mujeres.

Y son las sanciones: destitución o pérdida de funciones para el vocal en caso de faltas muy graves; suspensión del ejercicio de funciones sin goce de haberes, de hasta 30 días, cuando son graves; y, multa de hasta 20% del haber mensual en caso de faltas leves.

Un Reglamento disciplinario con votos disidentes

El Reglamento para procesos disciplinarios a los vocales fue aprobado el 30 de abril de 2013, por los vocales Vilma Velasco Aguilar (presidenta del TSE), Wilfredo Ovando Rojas (vicepresidente) y los vocales Ramiro Paredes Zarate y Dina Chuquimia Alvarado, con el voto disidente de los vocales Irineo Zuna Ramírez y Marco Ayala Soria.

El desacuerdo de los vocales Ayala y Zuna no era de echar de menos. A los días de su aprobación por la mayoría del TSE, Ayala, por ejemplo, a mediados de mayo de 2013, abiertamente señalaba que el Reglamento de marras “limita el derecho a la defensa y contradice la Constitución Política del Estado al establecer la retroactividad en su aplicación con solo mayoría absoluta y no dos tercios de votos”, informaban entonces los medios de prensa.

Había un artículo, decía Ayala, que prohibía a los vocales “dar información a personas ajenas al Tribunal, entre ellos los medios de comunicación, sobre las decisiones y resoluciones adoptadas por la Sala Plena”; el mismo afortunadamente fue suprimido.

“Bajo ningún punto de vista una norma de esta naturaleza se podía considerar, porque es ir en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información”, manfestó Ayala al periódico Los Tiempos en alusión a las críticas que recibió de sus colegas por denunciar esa medida.

Aunque, por su parte, sus colegas vocales que aprobaron el instrumento legal señalaron que Ayala malinterpretó la referida disposición.

El vocal también advirtió que hay otras disposiciones en el reglamento disciplinario por las que ratificó su disidencia, como la determinación de declarar improcedentes los incidentes y excepciones en la tramitación de los procesos disciplinarios bajo el argumento de que el proceso es sumarísimo. “Si son planteados, éstos serán rechazados sin ningún trámite”, dijo al anotar que esta medida atenta contra el debido proceso y el derecho a la defensa de los procesados.

En la norma, decía, además se establece que con mayoría absoluta de los vocales en ejercicio se dispondrá la apertura de proceso, contraviniendo lo establecido en Ley del Órgano Electoral, artículo 87, que determina que debe ser con dos tercios de votos.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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Descenso de la autoidentificación indígena

Incluir la categoría de mestizo en el próximo Censo sería poco responsable y un error técnico.

/ 14 de agosto de 2022 / 17:33

DIBUJO LIBRE

Hace días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los resultados de la Encuesta de Hogares 2021, la misma que arroja datos interesantes en vísperas del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Uno de esos datos es el descenso de la pertenecía étnica en el país, al mostrar los siguientes datos: 1) del total de los consultados en la encuesta, solo 26,5% declaró pertenecer a alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino o Afroboliviano (NPIOC); 2) de esa cifra, 17,6% se encontraría en el área urbana y el 47,8% en el área rural; 3) los departamentos que presentan los porcentajes más altos de pertenencia a una NPIOC fueron La Paz (con 44,8%), Potosí (con 42,3%) y Cochabamba (con 29,6%); y, 4) las personas que tienen más de 40 años, son los que tienen una mayor pertenencia con alguna NPIOC, en contraste con los grupos etarios más jóvenes.

Llama la atención las diferentes reacciones, frente a los datos de la Encuesta de Hogares 2021, tales como: “Este dato cuestiona la narrativa ideológica del Gobierno de que somos un país mayoritariamente indígena”; “Esta reducción de la autoidentificación hacia un pueblo indígena es la consecuencia de la crisis de la ideología del MAS”; “Es que casi nadie es indígena puro. Aun en las comunidades denominadas indígenas, el mestizaje es una constante”; “El mestizo es aquel que lleva sangre de europeos con los aborígenes. Esa mayoría es la que existe en Bolivia, el capricho de dar vigencia a razas originarias que ya sufrieron la mezcla es buscar imponer una mentira”.

Diferentes estudios sobre los resultados del Censo de 2012 ya señalaban la tendencia que muestra la Encuesta de Hogares 2021 y los factores causantes del descenso de la pertenencia étnica, algunos de ellos quizás irreversibles y otros que se podrían todavía corregir, tales como: los procesos de migración y expulsión de la población rural a los centros urbanos, la pérdida de identidad étnica en las poblaciones indígenas urbanas por la movilidad social de sus jóvenes, el fenómeno mediático del uso del concepto de “mestizo” por determinados actores políticos, lo cual menoscabó la identificación indígena, y la forma en que se formuló la pregunta central sobre la pertenencia étnica en la boleta censal.

En relación a la pregunta sobre la pertenencia étnica, se debe indicar que la Encuesta de Hogares 2021 aplicó la misma pregunta que el Censo 2012, donde dicha pregunta se formuló de la siguiente manera: “Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano pertenece?” Sin prever que en un contexto de masiva migración de las poblaciones indígenas a las principales ciudades del país, una cosa distinta es pertenecer a un pueblo o nación indígena (en términos de estar en el territorio o ser parte de una organización indígena) y otra cosa es autoidentificarse con un pueblo o nación indígena estando en la ciudad. En tal sentido, será de vital importancia el uso correcto de los conceptos que se vayan a utilizar en la pregunta central sobre la autoidentificación étnica en la realización del próximo Censo de Población y Vivienda y sobre todo que la misma sea comprendida de manera clara por las personas que tienen una herencia ancestral y cultural de un pueblo y nación indígena, tanto en el área rural como en la urbana. Esto, sumado a una campaña de comunicación destinada a la revalorización de la identidad de las naciones o pueblos indígenas o afrobolivianos, sobre todo en las poblaciones jóvenes que viven en las ciudades.

A lo cual, entre otras cosas, se podría añadir, una campaña de orientación que corrija la falsa dicotomía y homogeneización que han creado diferentes actores políticos y analistas entre la identidad étnica [sin tomar en cuenta que los indígenas internamente son diversos y que en el occidente (en tierras altas) donde mayoritariamente hablan quechua y aymara, se autoidentifican aproximadamente con 36 nacionalidades; y que en tierras bajas existen 34 pueblos indígenas ubicados en las regiones de la Amazonía, Oriente, Chaco, trópico de Cochabamba y Norte de La Paz, entre los que se encuentran los de más alta vulnerabilidad demográfica y en riesgo de etnocidio] y la identidad mestiza (sin tomar en cuenta que no tendría sentido identificarse como mestizo en contraposición a lo indígena en la boleta censal, siendo que es obvio que todos o la mayoría de las sociedades y pueblos son mestizas, incluso la mayoría de los pueblos y naciones indígenas y además que en contextos urbanos una cosa es ser cruceño, paceño, cochabambino, etc., y además porque los proceso de mestizaje en los nueve departamentos del país son distintos).

En tal sentido incluir la categoría de mestizo en el próximo Censo sería poco responsable y un error técnico que en el fondo nos llevaría a un proceso de homogeneización cultural y a un ocultamiento de las identidades de los pueblos o naciones indígenas, como pasó en la segunda mitad del siglo pasado.

De no revertirse los factores que llevan a la pérdida de la identidad étnica en el país, sus consecuencias no serán para el MAS, como piensan algunos analistas y actores políticos, sino en la implementación de las políticas públicas, la participación y representación política a favor de las naciones o pueblos indígenas, quienes a nivel nacional tienen solo 7 de 130 escaños; a nivel departamental tienen, en Santa Cruz, 5 de los de 28 escaños; en Cochabamba, 2 de 34 escaños; en La Paz, 5 de 45 escaños, por mencionar algunos casos, y en algunos municipios como San Lucas, Cajuata, Yapacaní y El Puente en las últimas elecciones subnacionales recién pudieron elegir una mínima representación política.

(*) CEJIS, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.

(*)Juan Pablo Marco es sociólogo, investigador del CEJIS (*)

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Sobre clases y racismo

Por razones históricas, la configuración de las clases ha estado signada por diferencias socioculturales y físicas entre 'indios' y 'q’aras'.

/ 14 de agosto de 2022 / 17:32

DIBUJO LIBRE

Existen muchas diferencias sociales así como maneras de nombrarlas, y cuando se trata de referirse a las que tienen que ver con la economía, varios analistas suelen usar, de forma muy ligera, la idea de clases sociales: clases altas, medias y bajas. De esta manera, las suposiciones suelen ser la materia prima para “definir ambiguamente” a diversos segmentos poblacionales o a problemáticas referidas a esas “clases”. Se piensa en una relación entre cosas: arriba de, al medio de, abajo de.

Cada una de las clases así “definidas” puede ser objeto de la misma división. Por ejemplo, la clase media puede subdividirse en “clase media alta”, “clase media media” y “clase media baja”. Lo mismo podría hacerse con las otras clases (alta y baja) y resultaría que se podrían conformar otras “clases” si se considera la cercanía entre sus extremos “en contacto”. Entre la clase media y la clase baja, considerando la subdivisión que se puede hacer en ellas, encontraríamos una “nueva clase” si agrupamos a la “clase media baja” con la “clase baja alta”. Se podría hacer lo mismo con la “clase alta baja” y la “clase media alta”. Es posible seguir subdividiendo, inútilmente y hasta el cansancio, las “clases en las clases” y descubrir nuevas clases.

Asimismo, muchos hacen uso de la “ductilidad” con la que se entienden coloquialmente las clases sociales a la hora de autoidentificarse o buscar algún trato diferenciado. En unas circunstancias se reconocen, por ejemplo, como parte de la clase baja; pero, en otras, como parte de la clase media. Como las referencias sobre las clases altas, medias y bajas son tan vagas, muchos pueden acomodarse y expresar una autopercepción satisfactoria para sí mismos según la situación. Si por cualquier razón se trata de pasar como alguien de clase media, siempre están a mano otros que se supone tienen menos recursos; a la inversa, si se trata de pasar como de clase baja, también están disponibles quienes se supone tienen un poco más.

El carácter “precisamente ambiguo” del asunto, visto de este modo, es aprovechado por opinadores para señalar al racismo como un falso problema. Desde la manera en que entienden las clases sociales ubican ciertos fenómenos como “clasismo” y así evacuan el incómodo tema del racismo. Empero, las diferencias sociales, por ejemplo, en ingresos, las diferencias de clase y las expresiones de racismo no son fenómenos inconexos.

Cuando cotidianamente identificamos a personas que tienen más o tienen menos que uno mismo, identificamos diferencias de estratos, de capas (que muy ambiguamente muchos analistas llaman clases altas, bajas y medias). Si le ponemos atención al papel que las personas juegan en relaciones de explotación, donde se produce excedente y apropiación de valor, estamos identificando clases sociales (definidas por su relación), y cuando identificamos como “pobre natural” a una persona o grupo (por sus rasgos físicos y “peculiaridades culturales”) estamos hablando de racismo. Estos aspectos hacen a la misma realidad, no son independientes.

Por razones históricas, las relaciones de explotación y la configuración de las clases sociales han estado signadas por las diferencias socioculturales y físicas entre “indios” y “q’aras”, de tal manera que la riqueza y pobreza también se fueron relacionando a dichas diferencias. Por ello, los extremos sociales suelen ser identificados por la asociación “espontánea” entre riqueza y pobreza con diferencias étnicas y fenotípicas.

Esta asociación está determinada por la división del trabajo y ha dado lugar a que socialmente (no por capricho de algún individuo) se produzcan formas de asumir la normalidad, mismas en las que se “pre-entiende” que los indios son pobres por ser indios y los no indios son ricos por no ser indios. Por lo mismo, el ascenso social suele ser asumido como “mejoramiento racial”. A las diferencias históricamente constituidas se les atribuye un sentido biológico y así se racializa el orden social, de tal manera que, por ejemplo, las expresiones en las que los individuos buscan diferenciarse de “los de abajo”, muchas veces llevan una carga explícita o implícita de racismo.

Dicho de otra manera, las diferencias de clase se han presentado históricamente en forma racializada, lo que a su vez ha condicionado los sentidos que se han producido sobre la riqueza y la pobreza. Por una parte, esto no quiere decir que la pobreza sea única y exclusivamente de indios o que los explotadores sean única y exclusivamente los no indios. Por otra parte, alguien considerado indígena puede perfectamente expresar racismo contra otra persona también considerada indígena, ya que el racismo no es un problema biológico; es un síntoma del orden social en que la forma “esencial” en que se presentan las diferencias de clase y las personificaciones de la riqueza y la pobreza han adquirido un sentido racializado.

Entonces, las diferencias de estratos, coloquialmente identificadas como clases, y las clases sociales (definidas por las relaciones de explotación) están relacionadas con el racismo. Empero, no hay que perder de vista que las diferencias en la estratificación no necesariamente expresan diferencias de clase. Por ejemplo, un asalariado, dependiendo del ámbito de trabajo, puede llegar a tener similares o mayores ingresos que una persona que contrata fuerza de trabajo en una escala pequeña. Si consideramos sus ingresos, se encuentran en el mismo o en similar estrato; pero no en la misma clase.

Si consideramos los procesos de movilidad social en sentido ascendente desde segmentos poblacionales considerados de “otra raza” (cambios en las relaciones de clase y en la estratificación) podemos entender que esos mismos procesos condicionan las expresiones de racismo. También se puede decir que la reconfiguración de las clases y estratos en el país, que se ha hecho más visible en los últimos años, viene estimulando uno de los síntomas del orden social en Bolivia: el racismo.

(*)Carlos Macusaya C. es sociólogo, miembro del grupo Jichha

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Rumbo al bicentenario

Faltan tres años para los 200 años de la independencia y ya está en marcha el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario.

/ 14 de agosto de 2022 / 17:32

SALA DE PRENSA

Con profundo fervor cívico y sentimiento de bolivianidad, el 6 de agosto de 2022 celebramos 197 años de vida independiente, libre y soberana de nuestra amada patria Bolivia. Día que pasa, el bicentenario del nacimiento de nuestro país se acerca; encontrándonos a escasos 36 meses de esta fecha histórica que acelera nuestras emociones, expectativas y acciones. De ahí que, como Delegación Presidencial para el Bicentenario, que preside a la vez el Consejo Nacional del Bicentenario de Bolivia, de forma participativa y comunitaria hemos realizado un conjunto de acciones de coordinación y planificación para celebrar, conmemorar y festejar dignamente tan insigne acontecimiento de alcance nacional e internacional, labores que se encuentran plasmadas en las directrices del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario.

El objetivo de dicho plan es garantizar la gestión y ejecución de las actividades de celebración, conmemoración y festejo del bicentenario de la fundación de Bolivia, evocando y revalorizando nuestras luchas independentistas, anticolonialistas y antipatriarcales, reivindicando el orgullo de ser bolivianos y bolivianas que profundizan un Estado Plurinacional democrático, sin racismo, sin violencia y sin división, con soberanía económica y en el marco del Vivir Bien. Para tal efecto, dicho documento condensa y recoge los lineamientos más importantes de los instrumentos de planificación del Estado, incorporando ejes específicos de trabajo en el marco de la Ley 1347 del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia.

Deseamos atender un conjunto de necesidades identificadas por los bolivianos, tanto en el país como en el exterior, a través de una ruta de coordinación para implementar obras de impacto que cuenten con el sello del bicentenario. El propósito es materializar los sueños de obras de salud con especialización, educación e innovación tecnológica, seguridad y soberanía alimentaria, industrialización de los hidrocarburos y la minería, promoviendo la producción nacional y la sustitución de importaciones en cuanto a los productos alimenticios, de consumo, productos farmacéuticos, textiles, combustibles e insumos para la agricultura e industria.

Una fecha tan trascendente, y sin precedentes para el país, es un motivo especial para convocar a todas y todos los bolivianos a sumarse al trabajo y vestir la camiseta del bicentenario, rescatando los valores de la bolivianidad, compartiendo las más de 200 razones para sentir orgullo de haber nacido en estas tierras; en nuestro terruño colmado de diversidad de naciones y culturas, música, danzas, comidas y paisajes de ensueño.

Son diversas las actividades en desarrollo, a través de los programas Somos la Generación del Bicentenario e Intervención y Revolución Cultural, para que todas y todos soñemos la Bolivia de 2025 y construyamos un país con un futuro promisorio para las siguientes generaciones. Los festejos, como no puede ser de otra manera, se realizarán con énfasis en la gestión 2025, convocando a representantes de los países amigos a nuestro bicentenario, a personalidades reconocidas a nivel mundial, y organizando un conjunto de actividades académicas, culturales y deportivas.

Rumbo al bicentenario se abre de la mejor forma posible un nuevo tiempo histórico; el tiempo para evocar las sublevaciones indígenas, las guerras por la independencia entre 1809 y 1825, las luchas por la tierra y el territorio, la lucha por la recuperación y defensa de nuestros recursos naturales, por la redistribución económica y la refundación del Estado, con miras a una Bolivia democrática, productiva, inspiradora de paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos, en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, recuperando y valorando el protagonismo de la juventud y motivando el realce del sentimiento nacional desde las escuelas y colegios con la participación de toda la comunidad.

En ese sentido, el bicentenario no puede realizarse sin el impulso de actividades que la Ley 1347 define, a través de una agenda específica a priorizar, que se encuentra en pleno desarrollo, por medio de ejes temáticos a gestionar y ejecutar interinstitucionalmente, ejes relativos a celebrar, conmemorar y festejar los 200 años de Bolivia, en los ámbitos de infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología, asuntos económicos, asuntos sociales, culturales, turísticos y deportivos, una agenda internacional y una estrategia comunicacional, a coordinar con las diferentes instituciones estatales, privadas, organizaciones sociales y pueblos indígenas, a nivel nacional, regional e internacional.

Aquí en nuestro país han crecido nuestros hijos e hijas, aquí escribimos nuestros libros e historia, aquí sembramos nuestros árboles. El 6 de agosto, pues, marca nuestra identidad, nuestra naturaleza, marca nuestra esencia, por lo que poner en alto esta fecha es poner en alto nuestra identidad, nuestra razón de ser, el conocernos y reconocernos a nosotros mismos, con miras a una sociedad plena, que brinde las mejores oportunidades y que fortalezca los principios irrenunciables de la herencia de libertad, la soberanía, la autodeterminación y la independencia.

(*)Martín Maturano T. es médico, Delegado Presidencial para el Bicentenario.

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Urge volver a pensar la elección judicial

Se vienen los comicios judiciales. Los nuevos altos magistrados deberían empezar su gestión el primer día hábil de 2024. 

Un jurado electoral muestra la papeleta de la elección judicial de 2011. Un pr oceso complejo como pocos, cuestionado por muchos, pero todavía vigente

Por Iván Bustillos

/ 7 de agosto de 2022 / 16:44

El punto sobre la i

En julio ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó a Animal Político el vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas. Planificación que en general incluye “la definición de un presupuesto para la administración del proceso electoral”, y la previsión que hay que hacer para “presupuestar la difusión de méritos de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló Vargas.

La idea es, dijo, “solicitar el presupuesto requerido para administrar la elección con la antelación debida”; por eso, se tiene previsto “enviar (al Ministerio de Economía) el presupuesto hasta septiembre de este año”.

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017: la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos.

“Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señalaba en 2018 el investigador de la Fundación para el Debido Proceso, Luis Pásara, en su informe Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Fue peor porque “la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%”, destacó entonces Pásara.

Ante la interrogante de si aparte del presupuesto, la próxima elección judicial no amerita otros preparativos, el vocal Vargas señaló que justo ahora el TSE está evaluando “la administración del proceso electoral” para modificar o complementar su trabajo.

REGLAMENTOS.

Además de diseñar un Plan Integral Electoral para cualquier elección, pero ahora enfocado en la Judicial, Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de Material Electoral, el Específico para las Elecciones Judiciales, y los protocolos de la Cadena de Custodia y de Medidas de Seguridad Sanitaria, entre otros.

“También consideramos que será necesario revisar el Reglamento de Difusión de Méritos, en este caso se deberá evaluar si los 45 días que establece la ley para la difusión de méritos de los y las candidatas son suficientes, el uso de las redes sociales en campaña, entre otros”, destacó el vocal.

Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2017; teóricamente, las de 2023 deberían ser por la misma fecha. Con todo, Vargas aclara que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la Asamblea Legislativa convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Pero he aquí el límite: ambas convocatorias deben garantizar que las nuevas autoridades electas deben ser posesionadas “antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes”, y las actuales autoridades “terminan su gestión el 31 de diciembre de 2023”; de modo que las funciones de los nuevos altos magistrados empezarán “el primer día hábil de 2024”, precisa fechas el vocal del TSE.

En cuanto a los plazos, Vargas indicó que la fase de preselección, “a cargo de la Asamblea”, debe durar no más de 80 días calendario; y la organización de la “votación popular”, en manos del TSE, debe efectuarse en al menos 90 días calendario. Ahora, dada la complejidad de esta elección, Vargas se anima a afirmar que “lo óptimo” sería contar con el doble, 180 días.

Hay un hecho que en 2023 adquirirá un enorme significado, acaso trágico: los candidatos que al final designe la Asamblea Legislativa, para ir a la votación popular, deben ser designados por dos tercios del Parlamento.

Dado el encono político existente entre el MAS y CC-Creemos, que se vio en la hasta ahora fracasada elección del Defensor o Defensora del Pueblo, la dificultad prácticamente se multiplicará por 52 (candidatos a altos jueces, titulares y suplentes, que se debe elegir el próximo año). Si no pudieron lograr los dos tercios con una…

Y es que el mecanismo de los dos tercios funcionó para las dos anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017) porque el MAS contaba con este caudal de votos; ahora no para 2023.

Al margen del ideal “voto informado” con que la ciudadanía tendría que elegir a los altos magistrados, desde la primera elección, de 2011, el blanco de los cuestionamientos fue el mecanismo de la preselección, en manos de la Asamblea.

Como apunta el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Misión dirigida entonces por el excanciller de Ecuador Guillaume Long, “en 2016, se llevó a cabo la Cumbre Nacional de la Justicia Plural que convocó a la población a aportar ‘propuestas para construir un nuevo modelo de justicia’. Una de las conclusiones de la Cumbre fue fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección”.

AVANCES.

Con la experiencia de 2011, para las elecciones de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó un “Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales”. La MOE de la OEA destacaba tres novedades: 1) la participación de académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de las preguntas de los exámenes; 2) prohibiciones expresas para postular, como, por ejemplo, el parentesco cercano a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo; y, 3) requisitos de no militancia política de los candidatos.

Para 2017 también se tuvo que modificar sobre la marcha el reglamento y generar una ley que estableció un “régimen excepcional y transitorio para la preselección”, pues la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia tuvo que ser declarada desierta (en junio) porque en algunos departamentos no había la cantidad suficiente de postulantes que cumplieran los requisitos de paridad de género (50% debían ser mujeres) y representación indígena (al menos un candidato indígena en cada departamento); la norma fue flexibilizada. Este hecho motivó que la elección fuera postergada del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2017.

La preselección en manos de la Asamblea. Aquí no está demás la protes testa que al respecto hizo el exdiputado Fabián Yaksic en su libro Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales. (Muela del Diablo, La Paz, 2012).

Yaksic acusa al MAS y Podemos de haber pactado la introducción del sistema de preselección por dos tercios en la Asamblea, contra lo que señalaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007. Hay que recordar que en octubre de 2008, el Congreso de entonces asumió el rol de Constituyente modificando en parte el proyecto de Constitución de Oruro. Los acuerdos MAS-Podemos se dieron para viabilizar la ley de convocatoria al necesario referendo constitucional que debía venir para cerrar la reforma total de la Carta Magna.

El mecanismo de preselección que contenía la Constitución de Oruro, detalla Yaksic, era el “Control Administrativo Disciplinario de Justicia” (el actual Consejo de la Magistratura). Era esta instancia la que debía ser la que preseleccione a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, para luego remitir las listas al “Consejo Electoral Plurinacional”, el actual Órgano Electoral.

“Sin duda ésta era una alternativa institucionalmente interesante destinada a precautelar la independencia del Órgano Judicial y evitar la injerencia de los partidos políticos. Sin embargo, el pacto entre el MAS y Podemos modificó esta modalidad y se volvió al escenario de los partidos políticos estableciéndose hoy que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione las candidaturas”, remarca Yaksic en su texto.

Con respecto a la preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Constitución de Oruro ciertamente se contradice, afirma Yaksic: por un lado (artículo 199), dispone que se siga el mismo procedimiento efectuado con el Supremo de Justicia, pero el artículo 159 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

SOCIEDAD CIVIL.

Ahora, si la preselección de los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental estaba en manos del Control Administrativo Disciplinario de Justicia (actual Consejo de la Magistratura), ¿cómo se preseleccionaba a los miembros de dicho Control? Es aquí, como dice Yaksic, que los constituyentes “fueron más allá” del marco institucional estatal, pues “definieron que los candidatos a esta instancia del Órgano Judicial sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil” (artículo 195), aunque, no deja de apuntar el autor, el proyecto de Oruro “no especificaba ni la metodología ni quiénes serían las ‘organizaciones de la sociedad civil’”.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia Luis Arce Catacora (el 8 de noviembre de 2020), el ministro de Justicia, Iván Lima, y la alianza opositora Comunidad Ciudadana, a fines de noviembre coincidieron en que era urgente la reforma parcial de la Constitución apuntando, precisamente, al cambio de la forma de elección de las altas autoridades del sistema judicial.

Lima constituyó un Consejo de Notables (juristas), cuya principal labor sería elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual, se decía, incluso tendría que estar lista hasta antes de fin de año, para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y así adelantar el proceso. Lima apuntó entonces que la propuesta del Ministerio de Justicia era concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces. Aunque la propuesta ministerial no precisaba si se debía o no abolir la elección por voto ciudadano de los altos magistrados.

En el caso de Comunidad Ciudadana, su propuesta era volver la elección a la Asamblea Legislativa, pero modificando la preselección. El proyecto de ley de CC, explicó entonces su jefe de bancada, Carlos Alarcón, incluía establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, conformado por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. Según CC, sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envíe ternas a la Asamblea, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

Con todo, ni el Gobierno ni CC persistieron en materializar sus propuestas al punto de plantear un mecanismo o iniciativa concreta de reforma parcial de la Constitución.

Quienes sí están dando pasos prácticos en dicha reforma parcial son los denominados “Juristas Independientes”, que a fines de julio presentaron al TSE su propuesta de reforma a fin de que éste les entregue los libros para recabar alrededor de 1,5 millones de firmas, para que, mediante esta “iniciativa popular” de reforma parcial de la Constitución, su planteamiento sea puesto a referendo ciudadano. Su propuesta tiene tres pilares: 1) Establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, 2) La inscripción de un porcentaje mínimo de presupuesto para el Órgano Judicial, y 3) La revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz. Respecto al primero, proponen la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, compuesta por nueve integrantes, la cual deberá ser la que convoque, califique y elabore ternas de postulantes y las remita a la Asamblea Legislativa, misma que por dos tercios de voto debería designar a los candidatos a ser sometidos al voto ciudadano.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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