miércoles 14 abr 2021 | Actualizado a 09:26

Tareas inconclusas de la Reforma Agraria

Los procesos de redistribución de la tierra (que significa recuperar tierras ilegalmente utilizadas para entregárselas a otros) son una excepción y un hecho puntual. En estas circunstancias, la Reforma Agraria ha perdido su principal razón de ser y su carácter transformador.

/ 2 de agosto de 2015 / 04:05

Este 2 de agosto, la Reforma Agraria boliviana cumple 62 años de vigencia. Es un proceso que se evoca como hecho transformador por su relevancia social y a la vez es uno de los acontecimientos más controversiales de nuestra historia, no solo por sus efectos e impactos, sino sobre todo por lo que no se hizo.

Es conocido cuándo y cómo empezó, pero no está claro cuándo acabará o qué tiene que ocurrir para que concluya. Para los más conservadores, la Reforma Agraria acabó en la época en que se entregaron tierras a los campesinos a través de la afectación de las haciendas semifeudales que hasta 1953 dominaban  el altiplano y los valles del país. Para otros, el proceso se agotará cuando los campesinos, indígenas y propietarios individuales grandes y medianos accedan a la tierra en proporciones más o menos equilibradas.

Son posturas basadas en el argumento de que la Reforma Agraria es en esencia un proceso exclusivamente distributivo de tierras a través de la titulación. Esta sesgada visión fue la dominante desde el inicio y continúa siendo el eje conductor para la aplicación de la actual ‘Ley de tierras’. Desde 1953 los diferentes gobiernos entregaron títulos de propiedad a los productores del agro, pero sin la suficiente convicción y capacidad para desencadenar una transformación agraria que modifique sustancialmente las condiciones productivas y, sobre todo, elimine la propiedad latifundaria.

SANEAMIENTO La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996 es el marco legal vigente. Según los últimos reportes, los campesinos —en calidad de propietarios individuales y colectivos— tienen derecho a la propiedad de la tierra sobre alrededor de 17 millones de hectáreas, mientras que la empresa agropecuaria consolidó derechos sobre cerca de 8 millones de hectáreas. Según estos datos, las tierras de comunidades colectivas en altiplano y valles y las familias campesinas individuales serían dueñas de más del doble que el sector agroindustrial. Si fuera así, deberíamos estar frente a un campesinado altamente empoderado en términos económicos, pero lo que ocurre en la práctica es todo lo contrario: en general, los campesinos son los más pobres del país, sus ingresos cada vez provienen menos de la actividad agrícola, y su aporte al PIB (Producto Interno Bruto) nacional apenas ronda el 2%. ¿Por qué existe esta contradicción entre varios millones de hectáreas de tierras tituladas a favor del campesinado y su marginal participación económica?

Se puede ensayar dos respuestas. Una, la mayoría de las unidades productivas agropecuarias (UPA) son de tipo campesino e indígena, pero ocupan tierras marginales (áreas rocosas, inundadizas, áridas, remotas, sin riego) que tienen muy baja capacidad productiva y apenas adecuadas para la economía de subsistencia. A menudo, las tierras tituladas a campesinos e indígenas no son aptas para tierras de cultivo o pastoreo, mientras que las tierras tituladas a medianos y grandes empresarios en el oriente son propiedades con alto valor comercial. Esto significa que las tierras con mayor potencial productivo no han pasado de manos del sector empresarial al mayoritario sector de campesinos e indígenas, ni siquiera parcialmente. En otras palabras, las relaciones sociales del agro preexistentes a la Ley INRA permanecen intactas y, en consecuencia, persistirá la pobreza extrema a pesar de que el campesinado posea legalmente extensas áreas accidentadas de la región montañosa de Los Andes, las planicies desérticas del altiplano y del Chaco o en la región de tierras bajas, y los indígenas se esfuercen por detener la mercantilización de sus territorios titulados llevada adelante por terceros y por el Estado.

Otra respuesta posible: el sistema latifundario especulativo persiste y se reproduce bajo muchos rostros. Es un sistema complejo que no es fácil de identificar. Al respecto, la Constitución Política del Estado (Artículo 398) señala que latifundista es aquel que posee tierras y no las trabaja, también es el que se beneficia de sus frutos sin respetar al medio ambiente o el que utiliza trabajadores bajo sistemas de esclavitud o semiesclavitud y ante todo el que busca el beneficio privado en desmedro del interés colectivo. La ley ha previsto la “reversión” para la eliminación del latifundio. Es una medida legal que entra en acción únicamente cuando se verifica que la tierra está siendo ilegalmente utilizada o no se la trabaja. Pero este mecanismo ha sido rechazado continuamente por los grupos de poder y considerado un medio de confiscación arbitraria de la tierra. Aunque muchas propiedades de tipo latifundario han sido denunciadas e identificadas desde hace varios años atrás, éstas se mantienen y todo parece indicar que los derechos a la propiedad de la tierra serán mañosamente ratificados por el saneamiento.

REDISTRIBUCIÓN. Según algunas estimaciones preliminares de la Fundación TIERRA, más de 100.000 familias campesinas necesitarán asentarse en el oriente boliviano en la siguiente década y para ello se requerirá al menos 5 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles. Esta demanda podría atenderse en el marco de la propuesta gubernamental de aumentar la frontera agrícola a un ritmo de un millón de hectáreas por año; sin embargo, las tierras fiscales susceptibles de distribución no tienen aptitud agrícola, están en zonas fronterizas sin acceso a mercados y servicios básicos. Son tierras que pueden distribuirse, pero no cuentan con una estrategia de desarrollo agropecuario que responda a los principios de una reforma agraria integral.

Los procesos de redistribución de la tierra (que significa recuperar tierras ilegalmente utilizadas para entregárselas a otros) son una excepción y un hecho puntual. En estas circunstancias, la Reforma Agraria ha perdido su principal razón de ser y su carácter transformador.

Este 2 de agosto, miles de campesinos autoorganizados desfilarán una vez más en sus principales poblados evocando la histórica lucha de sus antepasados para la abolición de las haciendas,  restitución de tierras y reconocimiento de sus derechos como bolivianos iguales ante la ley. No serán actos públicos masivos, al contrario, cada vez tienen menor transcendencia, tanto para el campesinado como para el Gobierno nacional. Entre tanto, el modelo agrario dominante seguirá acrecentando su poder económico y seguirán siendo tareas inconclusas el desarrollo sustentable del agro, la inserción económica de las poblaciones rurales marginalizadas y la seguridad con soberanía alimentaria de los bolivianos.

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EL IPSO FACTO Y LA ASAMBLEA

Dos temas para entender 2019: el funcionamiento de la Asamblea y el comunicado del TCP

Por Iván Bustillos y Susana Rivero Guzmán

/ 7 de abril de 2021 / 13:45

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada

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INJERENCIAS

Es absurdo que siendo un sistema de naciones iguales y soberanas, aún haya gobiernos entrometidos

/ 7 de abril de 2021 / 13:41

SALA DE PRENSA

Comunicado: “El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático en Estados Unidos, cuya expresión más descarnada pudo verse en vivo en pantallas de todo el mundo el 6 de enero pasado, cuando una turba de manifestantes armados irrumpieron violentamente en el edificio del Capitolio con la intención de detener el proceso legal de certificación de votos de las elecciones nacionales. Fue especialmente preocupante constatar, en ese terrible suceso, que los manifestantes erigieron una horca donde pretendían colgar al Sr. Mike Pence, vicepresidente en funciones en ese momento; que la mayoría de ellos declararon actuar bajo las instrucciones del Sr. Donald Trump, quien no aceptaba los resultados de las elecciones y pretendía evitar que el proceso democrático siga en curso; y que, además, las fuerzas del orden llamadas a proteger la infraestructura del Congreso y la vida de los congresistas allí reunidos, actuaron con sorprendente moderación y permitieron desmanes tan graves como el robo de objetos personales de las oficinas e incluso que algunos se atrevieran a defecar en los pasillos y paredes, en llamativo contraste con la forma en que se comportan las fuerzas de seguridad cuando se trata de ciudadanos de raza negra o de origen latino que reclaman sus derechos o simplemente se desplazan por las calles.

Los bolivianos celebramos junto al pueblo norteamericano el triunfo democrático de las elecciones de noviembre, a la vez que expresamos nuestras felicitaciones al gobierno del presidente Joe Biden, con quien deseamos una relación robusta y de respeto mutuo. Por ello, nos preocupan profundamente las 253 leyes que se están discutiendo en 43 estados de su país con el objetivo de limitar el derecho al voto de los ciudadanos norteamericanos afrodescendientes. Añadimos nuestra voz a las muchas declaraciones de organizaciones de defensa de los derechos civiles y humanos, que han hecho público su cuestionamiento a medidas que consideran un retorno al periodo oscuro de la historia norteamericana, cuando los ciudadanos negros se contaban como 60% de una persona blanca y estaban impedidos de votar. Estas iniciativas legislativas injustas y discriminatorias no están en consonancia con los ideales democráticos de Estados Unidos y le quitan mérito a los extraordinarios esfuerzos de votantes, candidatos y servidores públicos que hicieron que la Elección de 2020 en Estados Unidos haya sido la de mayor participación de las últimas décadas.

Asimismo, seguimos con atención el juicio que esta semana se ventila contra Derek Chauvin, oficial de Policía acusado de asesinar al ciudadano negro George Floyd arrodillándose en su cuello durante nueve minutos, mientras él gritaba que no podía respirar y un grupo grande de testigos filmaban y miraban. Nos permitimos dudar de la imparcialidad del sistema de justicia norteamericano, dados numerosos casos anteriores en que policías blancos, haciendo un uso excesivo de la fuerza, asesinaron a ciudadanos negros desarmados y fueron consecuentemente hallados inocentes y liberados.

Hacemos, por tanto, un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que deje en claro su apoyo por la paz, la democracia y la reconciliación nacional, hallando culpable a Derek Chauvin en el juicio que se ventila en cortes de Mineápolis. Llamamos también a todos los estadounidenses —tanto autoridades como manifestantes— a actuar con respeto y pacíficamente, para que no se repitan escenas de violencia y dolor como las que el mundo presenció durante el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado. El Estado Plurinacional de Bolivia está al lado de sus amigos y vecinos estadounidenses en nuestra común búsqueda de sociedades más pacíficas, prósperas y democráticas”.

Absurdo ¿no? Si la Cancillería de un país cualquiera se atrevería a redactar un comunicado tan paternalista y entrometido, dándose ínfulas de juez y señor, atreviéndose a opinar y dictar sentencia en un caso de la justicia ordinaria interna de otro país, sería un escándalo.

Llama a la risa pensar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia redactara y publicara un comunicado de esta naturaleza. Y, sin embargo, esta es una traducción casi exacta del Comunicado que emitió el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, el 27 de marzo pasado en relación a la democracia y la justicia bolivianas. Solo se cambiaron los asuntos internos que se tomó la atribución de comentar: el tono hipócrita, las críticas veladas y la actitud soberbia están todas en el original.

Parece absurdo que casi cien años después de la firma de tratados y convenios que sostienen un sistema de naciones iguales y soberanas, incluida la Carta de las Naciones Unidas, sigan habiendo gobiernos que se atrevan a inmiscuirse de una manera tan descarada en asuntos que no les incumben. Y no son solo gobiernos: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha ido incluso más lejos. No solamente intervino de forma nefasta en los eventos que precedieron al golpe de Estado de 2019, utilizando de manera oscura la Auditoría Electoral que el Gobierno boliviano ingenuamente le confió. No solamente calló ante las masacres y los abusos a los derechos humanos que llevó a cabo el gobierno de facto, instaurado en mucho gracias a su manipulado Informe Preliminar. No solamente le dio apoyo incondicional a personajes como Luis Fernando Camacho y Arturo Murillo, con quienes se reunió a puertas cerradas y se fotografió sonriente. Encima de todo ello, tiene ahora el cinismo de proponer aún mayor injerencia: quiere crear una “comisión internacional” para investigar la corrupción en Bolivia, quiere ser parte de la reforma a nuestro sistema de justicia y quiere llevar al Estado boliviano ante la Corte Penal Internacional. En otras palabras: quiere erigirse como Virrey de unas nuevas colonias.

Bolivia es un Estado soberano, libre y autodeterminado. Puede que las acciones del gobierno de facto hayan dado una idea equivocada durante algunos meses, pero ya es tiempo de que se rectifiquen las cosas. La respuesta de nuestra Cancillería al despropósito de Blinken ha sido un buen comienzo.

(*) Verónica Córdova S. es cineasta

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TRAS LA ELECCIÓN DEL 7M

El 7 de marzo no cerró heridas; el reto hoy es sostener lo mínimo: la ley, la democracia y la paz

/ 7 de abril de 2021 / 13:38

CARA Y SELLO

Foro de la Fundación Friedrich Ebert (FES): “Fin del ciclo electoral: ¿qué nos deja? ¿qué sigue?”

En mi hipótesis, tres rasgos caracterizan la elección del 7 de marzo. Primer rasgo: la tendencia a la polarización tradicional. La polarización tradicional —y el ánimo de cambio— gatillaron el voto en esta elección. Se trata de la vieja polarización entre las dos visiones bolivianas sobre la convivencia.

Por un lado, está la visión nacional popular, que es la más fuerte en nuestra historia. Hoy es una visión en manos del MAS y de algunas de sus escisiones. En parte, la hegemonía del MAS en el campo nacional popular explica su fuerza y sus victorias. Y, por otro lado, está la visión antagónica a lo nacional popular.

La visión nacional popular nace en el Chaco, se consolida el 52 y de ahí, hasta aquí, la cosa va de repetir (o negar con timidez) esa visión. 

La visión antagónica a lo nacional popular no constituye un bloque orgánico, ni una propuesta de ideas y creencias uniforme. Pero la formulamos como una categoría de análisis a partir del momento en que sus componentes —por muy diversos que sean entre ellos— pueden disputar poder a las fuerzas nacional populares. 

La tal polarización se nota en la geografía: oriente más lo urbano son menos favorables a lo nacional popular, y occidente más lo rural son más favorables. 

Esta polarización no solo ayuda a explicar las muchas victorias del MAS, también ayuda a ver varias de la oposición. Arias en La Paz es un ejemplo. Perfil humano de carácter popular, pero opuesto al MAS. Camacho y muchos otros opositores que ganaron, también son ejemplos de la polarización como beneficio al lado opositor.

Confesión. Siempre tuve la esperanza de que estas dos visiones puedan conciliarse. Tres razones. 1. En lo teórico no son proyectos incompatibles: ambas visiones son proyectos complementarios de modernización. 2. Ambas visiones ya se han conciliado varias veces en nuestra historia. 3. Esa conciliación es clave para que haya democracia.

Segundo rasgo: la tendencia al cambio. Muchos electores querían cambio en esta elección.

En esta hipótesis, dos preguntas: ¿qué tipo de cambio quería la gente? y ¿quiénes representaban mejor ese cambio que la gente quería?

En mi hipótesis, la gente quería cambiar el tiempo de la pandemia y sus crisis. Y por eso hubo una tendencia a no votar por candidatos que se asociaban con el tiempo/pandemia.

Esa tendencia generó dos tipos de voto. El castigo contra candidatos o partidos que administraron o administran durante la pandemia. Y el rechazo a un tiempo trágico. 

Hay algo de este ánimo de cambio en el voto que se le niega a varios candidatos del MAS. Pues a estas alturas —tras cuatro meses de gobierno del MAS—, muchos electores indecisos, en los estudios, asociaban su malestar con el manejo actual de la economía y la salud.

¿Quiénes representaban mejor el cambio en esta elección?

La oposición, a pesar de su debilidad estructural frente al MAS, hizo bien la estrategia del cambio. 

Para representar el cambio, la oposición, por un lado, ofreció renovación de líderes, pero guardando el mensaje tradicional opositor. El caso de Camacho es el ejemplo más notable.

Además de renovación, la oposición —a fin de ofrecer cambio—, reactivó liderazgos veteranos. Tres claves para que estos candidatos con veteranía fueran creíbles como liderazgos del cambio: 1) El tiempo transcurrido desde que gobernaron; 2) Que no estuvieran ligados al manejo de la pandemia; y, 3) Que sus liderazgos tuvieran carácter popular y no elitista. Los ejemplos más destacados: Manfred Reyes Villa, Óscar Montes y Jhonny Fernández.

Tercer rasgo: La ofensiva política y judicial del MAS en el tiempo poselectoral. Mi hipótesis: tras el 7 de marzo, el Gobierno toma una decisión audaz para ganar poder frente el propio MAS y frente a los opositores electos. Cinco elementos de esta estrategia:

• Recuperar terreno. El MAS no obtiene malos resultados el 7 de marzo: sigue siendo —de lejos— la principal fuerza del país, un proyecto de poder con mucho futuro y un relato cultural e ideológico muy sólido.

A pesar de ello, el MAS lee sus propios resultados con cierto pesimismo. A partir de esa lectura pesimista, muy probablemente, el MAS decide ir a la vía judicial para recuperar terreno.

• La polémica judicial. El camino judicial genera una fuerte polémica nacional e internacional. Voces sólidas cuestionan esa estrategia. Hoy por hoy varios observadores piensan que si el Gobierno no maneja el tema con cuidado, la tal polémica puede pasarle una factura en prestigio y legitimidad de cara al futuro.    

• Se reactiva la polarización extrema. Es una polarización que tiende hacia la lógica amigo/enemigo, que es la lógica de Lo Político. O sea, es la lógica de la pura lucha por el poder, donde la victoria se logra al eliminar al enemigo. La lógica del pacto —al revés— es la lógica de La Política, donde se ve al contrario como “el rival”: alguien a quien debes vencer, pero con quien —al final de la batalla— debes acordar o pactar la vida pública.

• ¿Qué gana el MAS? Gana en la pura relación de fuerzas. Con su estrategia judicial, probablemente el gobierno del MAS manda más y mejor. Tiende a neutralizar —en un solo movimiento judicial— a todos los que le disputan campos de dominación e influencia. Por ejemplo, podría neutralizar a sus principales opositores electos en el Eje. Además, el MAS gana en cohesión interna. Y sus líderes ganan en legitimidad ante el público partidario.

• ¿Qué gana la oposición? La oposición, igual que el MAS, gana en cohesión interna. Y probablemente, en prestigio moral. De momento, gran parte de la opinión nacional e internacional parece reconocer legitimidad moral a los argumentos de la oposición. Eso, normalmente, es un arma con potencia en el medio plazo.

Conclusión: el 7 de marzo no cierra heridas. Y por eso, quizá, hacia adelante, el reto político boliviano más importante es sostener lo mínimo: la ley, la democracia y la convivencia pacífica.

(*) Manuel Suárez es politólogo

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DIVERSIDAD E INERCIA POLÍTICAS

Lo novedoso es la gran complejidad del voto. El llamado ‘voto cruzado’ ha sido muy elevado

/ 7 de abril de 2021 / 13:36

CARA Y SELLO

Foro de la Fundación Friedrich Ebert (FES): “Fin del ciclo electoral: ¿qué nos deja? ¿qué sigue?”

Con los comicios subnacionales termina un largo ciclo electoral que ha reconfigurado la distribución del poder y la representación política. Hay bastantes continuidades con relación a las tendencias observadas desde hace 15 años, pero también se perciben cambios importantes en los actores del sistema y una mayor inestabilidad en el apoyo de los votantes a las fuerzas que lo conforman.

En estos días, se ha estado discutiendo sobre quiénes serían los derrotados y vencedores de las elecciones municipales y departamentales. Las respuestas no son únicas y hasta pueden resultar contradictorias, pues dependen del criterio de evaluación que se use en cada caso.

Un primer equívoco consiste en comparar sin contexto las cifras de las elecciones nacionales con las obtenidas a nivel local, pues se trata de procesos con ofertas partidarias de diferente naturaleza y en las que importa mucho la personalidad de cientos de candidatos y su enraizamiento en la comunidad.  

Los oficialistas sostienen que el resultado habría sido positivo debido al 43% de votos agregados que consiguieron en la primera vuelta de los comicios para gobernadores, levemente por encima de lo que obtuvieron en 2015, el control de 7 de las 9 asambleas departamentales y el incremento del número de alcaldías en las que se impusieron: 240 de 335 (72%), 13 más que en 2015.

Por su parte, los opositores afirman que el MAS fue derrotado por el bajón en su votación municipal, de 39% en 2015 a 33% en este año, la probable pérdida de varias gobernaciones y la ratificación rotunda de su gran debilidad en las urbes más pobladas.

Hay que anotar las paradojas que produce la aplicación del sistema electoral de mayorías simples en alcaldías y de mayoría calificada en gobernaciones (victoria con el 50% más uno o con una gran diferencia): el MAS mejoró su voto para gobernadores, pero controlará menos gobernaciones al final del día, aunque obtendrá más alcaldías con menos votos que hace seis años debido a la fuerte división de sus contrincantes.

Complejidad del voto y renovación. En general, se ratifican tendencias ya vistas en 2010 y 2015: el masismo nunca ha logrado mantener sus votaciones nacionales y sus retrocesos siempre fueron grandes a nivel municipal, ratificando que existen problemas de fondo en ese partido para seleccionar candidatos locales y particularmente en entornos muy urbanizados. Con todo, siendo la única fuerza con presencia nacional, su capacidad para ganar la mayoría de las alcaldías y asambleas legislativas departamentales no tiene rival. Por su lado, las oposiciones se han fragmentado en liderazgos locales aislados y se percibe una cuasi desaparición de los referentes partidarios nacionales.

Sin embargo, lo más novedoso ha sido la gran complejidad y diversidad del voto y la notable renovación de actores del poder territorial. El denominado “voto cruzado” ha sido muy elevado: el MAS tuvo, por ejemplo, casi medio millón de votos más en sus listas de candidatos para gobernadores con relación a lo que obtuvieron sus postulantes a alcaldes. Ese comportamiento ha producido fenómenos extraños, como el gran número de cochabambinos que optaron, al mismo tiempo, por Manfred Reyes Villa para alcalde y por Humberto Sánchez del MAS para gobernador. Algo similar pasó en la ciudad de El Alto, donde los electores de Eva Copa se dividieron, en la votación para gobernador, entre el Tata Quispe, Franklin Flores y el candidato de Jallala. O en la ciudad de Sucre, en la que muchos optaron por el candidato del MAS para el municipio, pero por Damián Condori para el gobierno departamental.

Estas combinaciones, algunas improbables, tienen mucho que ver con la aparición de fuerzas alternativas autónomas que surgen del seno del MAS. Mientras las derechas tradicionales, divididas, han mantenido mayormente sus posiciones y plazas fuertes, la ciudad de La Paz o el departamento de Santa Cruz, son esas nuevas organizaciones las que lograron triunfos emblemáticos frente a la maquinaria azul, en El Alto o en los departamentos de Chuquisaca, Beni y Pando.

Equilibrios y fuerzas alternativas. Muchos dicen que en estos comicios se habría buscado equilibrar el poder nacional masista, pero en varios lugares los electores han equilibrado también mayorías regionales. Es el caso de Santa Cruz, donde la victoria de Luis Fernando Camacho ha venido acompañada del triunfo de los azules en 28 de sus 56 municipios y de una numerosa bancada del MAS en la asamblea departamental.

Ha sido también una oportunidad para jubilar a un gran número de líderes y fuerzas que habían hegemonizado varios territorios por más de 15 años. Eso sucedió con Rubén Costas y Percy Fernández en Santa Cruz, con los herederos de Juan del Granado en La Paz o con la vieja elite adenista en Beni y Pando.

Estas postales de la contienda ilustran la lenta evolución del sistema de partidos boliviano hacia un escenario más pluralista y complejo, si se lo ve desde un lente optimista; pero que podría augurar también más desorden e ingobernabilidad, en el cual se mantiene la predominancia del MAS, con ciertas señales de agotamiento si no hay renovación y un campo político no-masista que se ha diversificado con la aparición de fuerzas que escapan a la polarización. Han sido los propios electores los que están definiendo estos nuevos equilibrios, obligando a los partidos a funcionar en contextos menos dicotómicos de lo que suponen sus elites dirigenciales.

Hay pues mucho por reflexionar. El mayor error sería hacerlo aplicando marcos analíticos caducos, pues el juego político se está diversificando. El MAS tiene el gran reto de manejar su diversidad interna con mayor inteligencia y enfrentar a fuerzas que se le parecen mucho y que pueden competirle el favor de los votantes nacional-populares. Los nuevos llegados al tablero tienen un potencial pero que debe ser aún confirmado y consolidado, sin que en el camino pierdan su identidad política. Y las oposiciones de derecha deberán resolver su fragmentación y la ausencia de un hilo común que no sea solo el rechazo del masismo.

(*) Armando Ortuño Y. es economista. Magíster en Econometría en la Universidad de Ginebra, Suiza. Fue investigador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

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Almagro y la fractura de la OEA

La reelección del uruguayo como secretario general de la OEA fue por voto dividido; hoy, esta tensión persiste

Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA

Por Iván Bustillos

/ 31 de marzo de 2021 / 15:01

EL PUNTO SOBRE LA I

Esta semana, en una declaración conjunta, los presidentes de Bolivia y México, Luis Arce Catacora y Andrés Manuel López Obrador, reclamaron de la Organización de Estados Americanos (OEA) una misión electoral sobre todo técnica y una actuación no intervencionista en los asuntos internos de los países por parte de su actual Secretaría General (o sea, de Luis Almagro Lemes).   No es poco lo que demandan los mandatarios en su comunicado.

Coinciden en la importancia, dicen, que tiene para el continente “promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la OEA”; y si algún rol político que estas misiones deban desarrollar, insisten, es el empeño por el diálogo y la concertación: “deben ceñirse a los principios de no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias”, afirma la declaración.

Luego, aunque sin nombrar al actual secretario general (Luis Almagro Lemes), los mandatarios le señalan directamente: existe la “necesidad”, reclaman de que “la Secretaría General de la OEA se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y (deba) abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros”. Tras recordar que el Gobierno mexicano “exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia”, ambos jefes de Estado coinciden —advierten— “en no tolerar injerencias en asuntos internos de los países”.

JUICIO. Hay que recordar que el 16 de marzo el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno boliviano analiza el encausar judicialmente al secretario Almagro, tanto por sus acciones que considera injerencistas en asuntos internos de Bolivia, como por el incumplimiento en 2019 de lo convenido entre el Estado boliviano y la OEA en lo relativo a la auditoría “Análisis de Integridad Electoral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”.

El distanciamiento entre los dos Estados parte (Bolivia y México) y la actual Secretaría General de la OEA, con todo, no es nuevo: la propia  reelección de Almagro en el cargo fue dividida; en vez de aminorar esta confrontación, la misma persiste.

Pese a que Luis Almagro alcanzó a ser elegido secretario general de la OEA con 33 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el 18 de marzo de 2015, en su reelección (ocurrida el 20 de marzo de 2020) no logró repetir el respaldo de hace cinco años. Como no sucedía antes, su reelección el año pasado tuvo como principal característica la votación dividida de los países miembros: de 33 asistentes, 23 lo hicieron a su favor y 10 por su contrincante, la excanciller de Ecuador María Fernanda Espinosa Garcés.

La votación, que es secreta, se realizó pese al pedido de postergación planteado por México y la Comunidad del Caribe (Caricom) dada la emergencia sanitaria por el coronavirus que empezaba a galopar en la región a principios de 2020.

Mientras que la candidatura de Espinosa había sido respaldada por Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas —naciones caribeñas cercanas al presidente venezolano Nicolás Maduro—, además de México y Argentina, la de Almagro contó con el respaldo de Estados Unidos. El propio exsecretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, había discursado en la OEA, en enero de ese año, apoyando la reelección del uruguayo.

Si bien se trató de un triunfo por una mayoría que superaba incluso los dos tercios de los países electores, rompió con la tradición de las anteriores reelecciones, cuando el Secretario General que asumía por segunda vez el cargo era reelecto con el apoyo unánime o casi unánime de los países miembros. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la mayor parte de los secretarios generales de la OEA habían cumplido las dos gestiones continuas.

Tal era el contexto de la victoria de Almagro en 2020, lo que ya dejaba entrever la división persistente y futura en la OEA con el excanciller uruguayo dirigiendo el organismo.

Fuente: OEA

DIFERENCIAS. Venezuela fue una de las cuestiones que mayor división produjo en el organismo interamericano. Fue el 27 de abril de 2017 que el gobierno de Nicolás Maduro anunció que se retiraba del foro regional a causa de que se convocó una reunión de cancilleres para tratar, precisamente, la situación en Venezuela, cita con la que el país de Bolívar no estaba de acuerdo; por procedimiento, esta salida debía durar dos años, la cual concluyó el 27 de abril de 2019. Según registros de ese momento de la prensa internacional, el 10 de abril de ese mismo año, el Consejo Permanente de la OEA (la reunión de los representantes de los 34 países miembros) decidió admitir como delegado de Venezuela al funcionario enviado por la Asamblea Nacional venezolana (su Parlamento), entonces controlada por la oposición a Maduro, “hasta que haya elecciones en ese país”. La resolución fue aprobada por 18 de los 34 representantes, 9 votaron en contra, 6 se abstuvieron y uno estuvo ausente.

En el “caso boliviano”, como se conoce a la tensión que ya había por la “cuestión venezolana” entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego se vino a sumar el rol de la Misión de Observación Electoral del organismo y el secretario Almagro en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y la posterior crisis política que terminó con la salida del gobierno del expresidente Evo Morales, el papel que jugó la auditoría de la OEA sobre dichos comicios, que luego fueron anulados.

Luego de que al menos ocho informes de instituciones de investigación pusieran en duda los documentos de la OEA (que señalaban “irregularidades” y “manipulación dolosa” del proceso electoral de 2019), empezaron a surgir los cuestionamientos desde los estados mismos.

Entre julio y septiembre de 2020, congresistas de Estados Unidos exigieron a su gobierno (en manos del republicano Donald Trump por entonces) informes acerca del papel de la OEA en las elecciones bolivianas fallidas de 2019. Una de las mayores manifestaciones en este sentido fue la del 22 de septiembre de 2020, cuando el senador Bernie Sanders y una veintena de congresistas demandaron al Departamento de Estado que el trabajo de observación electoral de la OEA en Bolivia sea evaluado de forma independiente, tras la polémica por el rol del organismo en los anulados comicios de 2019.

En enero de 2021, dos organismos parlamentarios, el Parlamento del Mercosur, Parlasur (que reúne a legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y el Parlamento Andino (que integran parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) anunciaron pedir cuentas de lo hecho por la OEA en la elección de 2019 y su rol en la crisis política poselectoral.

Mientras el Parlasur, en voz de su presidente, el legislador argentino Óscar Laborde, anunció que llevará adelante una investigación sobre el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA y el rol del Secretario General en la narrativa del “fraude electoral”, el Parlamento Andino, a fines de noviembre de 2020, resolvió “solicitar la realización de una auditoría del informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 y exhortar a las representaciones diplomáticas de los países miembros del Parlamento Andino en la Organización de Estados Americanos (OEA) a motivar su tratamiento”, informó a este medio su actual presidente, el diputado supranacional boliviano Adolfo Mendoza.

Al respecto, en un último contacto con Animal Político, el viernes 26, el diputado Mendoza informó que hasta la semana pasada (luego de tres meses y medio) la Secretaría General de la OEA aún no había respondido a la solicitud hecha por los parlamentarios andinos. “Inicialmente, no nos contestaron; la anterior semana hemos reiterado nuestro pedido, con oficio ante la OEA”.

Pero la solicitud ya no es solo del Parlamento Andino, reveló Mendoza: “ya tenemos a diez países que han pedido que dé respuesta inmediata el señor Almagro”. Si bien no se puede indicar qué países están demandando el referido informe sobre la auditoría de la OEA, “porque es algo interno del organismo”, señaló Mendoza, “lo que sí puedo decir es que entre los petición antes está incluido el Senado de Estados Unidos”.

Una vez que la presión sobre Almagro aumenta, en sentido de revisar la auditoría que el organismo hizo de los comicios bolivianos, Mendoza adelantó que se espera alguna respuesta por parte de la Secretaría General “máximo hasta principios del siguiente mes” (abril). 

PROCESO. Al momento de anunciar que se analiza la mejor vía de abrir una causa judicial contra Almagro, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que una posibilidad es sumarse a la denuncia que ya presentaron el 15 de octubre de 2020 la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy día presidida por la expresidenta de Chile, Michele Bachelet.

Se trata de una denuncia formulada “contra el Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los informes preliminares e informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia, por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral, el cual no han podido probar”, según detalla la organización en su sitio web.

Asimismo, destacan, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme “un grupo de expertos para que lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Para las elecciones del 18 de octubre de 2020, cuando el MAS ganó con 55,1%, arribó al país la Misión de Observación Electoral de la OEA presidida por la misma autoridad que lo había hecho en 2019, el excanciller de Costa Rica Manuel González.

En su informe preliminar, hecho público el 21 de octubre de 2020, la MOE/OEA “felicita a la ciudadanía y a las autoridades por la celebración de unos comicios exitosos que transcurrieron de manera pacífica. La Misión felicita, asimismo, al presidente electo Luis Arce y al vicepresidente electo David Choquehuanca Peña por su triunfo en las urnas”.

El 7 de marzo, día de las elecciones subnacionales, fue notoria la ausencia del presidente Luis Arce en el acto de inauguración del sufragio. Horas después, luego de emitir su voto, el mandatario dejó en claro no solo por qué no asistió al acto protocolar, sino cuál aún es el distanciamiento de su gobierno con la OEA: “Mientras esté la OEA, nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del Órgano Electoral”, señaló el Jefe de Estado. Cuando se le preguntó sobre el motivo de esta decisión, Arce, escueto dijo: “por razones obvias, ustedes saben el papel nefasto que tuvo la OEA en las elecciones de 2019; no hay credibilidad en la OEA”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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