jueves 2 jul 2020 | Actualizado a 05:54

Tesis socialista de la COB y la toma de diarios

/ 20 de mayo de 2020 / 08:30

Hace 50 años, en 1970, el Día del Periodista fue especial: un hito por ‘democratizar’ a los medios.

En mayo de 1970, el IV Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB) le echó fuego a la conflictiva coyuntura política. Aprobó una Tesis Socialista que “alarmó” a las élites del continente. Pero eso no fue todo. En ese mismo evento, con la aquiescencia de los periodistas, el 10 de mayo, exigió la “cooperativización” de periódicos, lo que fue combatido por los empresarios.

Esos planteamientos, sin embargo, no surgieron de la nada, como un rayo en cielo despejado. Se estructuraron en respuesta a la “aguda crisis” del mundo del capital y su sistema mediático. Esas determinaciones también dieron norte político a las luchas sociales de ese momento, cuando los de arriba ya no podían y los de abajo ya no querían vivir a la antigua.

Así, hace 50 años, el “Día del Periodista Boliviano” no fue un día más: se constituyó en un hito que buscaba “democratizar” la producción informativa.

RADICALES. Mientras en Palacio Quemado la pugna entre militares liberales y nacionalistas se polarizaba, en los socavones, las fábricas, las universidades y las salas de redacción las ideas revolucionarias volvieron a reverdecer.

En ese contexto, cansados de la “mediocridad” y la “corrupción”, los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, el 25 de marzo de 1970, “expulsaron” de sus cargos a catedráticos y autoridades. Con ese acto comenzó la “Revolución Universitaria” que buscaba “el socialismo”.

Por su parte, respaldados en el decreto supremo del 19 de febrero de 1970, los periodistas afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el 2 de marzo, publicaron Prensa, un semanario sindical que entró en conflicto con los dueños de los diarios.

La pelea con los empresarios repercutió en el IV Congreso de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, que se realizó entre el 17 y el 19 de abril. En ese evento, los periodistas se sumaron militantemente al “proceso de liberación nacional”.

SOCIALISMO. Enfrentada al nacionalismo (1952-1970), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), a su turno, consolidó ese proceso. En su XIV Congreso Ordinario —entre el 9 y el 15 de abril de 1970, en el distrito de Siglo XX— elaboró un “programa de acción” socialista.

Tras subrayar que liberales y nacionalistas “no pueden comprender que el desarrollo industrial integral boliviano, dentro de los marcos del régimen capitalista de producción y en la órbita del imperialismo, ya no es posible y más bien conduce a la traición de los intereses nacionales”, el documento concluyó que el proceso “democrático-burgués” que enarbolaba el régimen de Alfredo Ovando no tenía posibilidades de mantenerse como tal: “se transformaba en socialista mediante la toma del poder por la clase obrera o fracasaba”.

PRENSA. A esa radical Tesis Política se adjuntaron resoluciones que planteaban la nacionalización de la compañía minera estadounidense South American Placers, la Mina Matilde, la Bolivian Power Company, los bancos, la minería mediana, el comercio exterior y las colas y desmontes, que en ese entonces eran explotados por empresas privadas.

Otro escrito, “aprobado por unanimidad” y que nunca se publicó en los medios impresos privados, pidió tímidamente al gobierno de Ovando medidas a favor de los trabajadores de la prensa.

Mediante “voto resolutivo”, el Congreso minero resolvió: “1) apoyar el decreto supremo del 19 de febrero de 1970, mediante el cual se obliga a las empresas periodísticas a otorgar espacios editoriales a sus asalariados y a no editar diarios los lunes; 2) apoyar moral y materialmente al semanario Prensa por considerarlo portavoz del proletariado nacional, y 3) solicitar al gobierno la cooperativización de la gran prensa, por considerar su acción dañina a los intereses nacionales”.

ESTATUTO. La idea de “tomar” y “cooperativizar” (colectivizar) los medios de difusión bolivianos fue parte de una corriente internacional. Tuvo sus orígenes en Perú, donde el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el 30 de diciembre de 1969, dictó el “Estatuto de la libertad de prensa”, que buscaba restarle poder a los “oligopolios mediáticos”.

La aplicación del Estatuto concluyó con la “cooperativización” de dos gigantescos diarios de circulación nacional, Extra y Expreso, el 4 de marzo de 1970, justo cuando los periodistas bolivianos estaban “en guerra” con los dueños de diarios.

Todo ese conjunto de hechos, además, fue acompañado por otros movimientos sindicales que, poco a poco, se fueron alineando a las propuestas de los hombres que trabajaban en los socavones. Tales fueron los casos de los fabriles, maestros y trabajadores de radio y televisión, que reivindicaron, grosso modo, un cambio estructural del sistema.

COOPERATIVIZACIÓN. El Congreso de la FSTMB, en síntesis, fue fundamental para la reorganización y el salto político del movimiento obrero y popular boliviano. Así, el IV Congreso de la COB —que se desarrolló entre el 1 y el 10 de mayo de 1970— ratificó, por unanimidad, la Tesis minera titulada “Unidad revolucionaria contra el imperialismo para forjar una Bolivia socialista”.

El histórico cónclave de los trabajadores del país revalidó también el “voto resolutivo” a favor de los obreros de la prensa, aprobado en el encuentro minero. Empero, tras evaluar con los delegados de los periodistas las últimas escaramuzas con los dueños de los medios, la última sesión del Congreso de la COB (el 10 de mayo) emitió otro “voto resolutivo” complementario.

El documento determinó “exigir” al gobierno “la cooperativización de los órganos periodísticos antinacionales y proimperialistas como El Diario, Presencia, Última Hora, Hoy, Los Tiempos y La Patria y hacer suyo el objetivo de los trabajadores de la prensa en el sentido de convertir a la libertad de expresión en un instrumento al servicio de la liberación nacional”.

Cinco meses después, la cooperativización de periódicos iba a comenzar con la toma de El Diario, el 7 de octubre de 1970.

Miguel Pinto Parabá es periodista

El ‘primer sóviet’ y la prensa

La Asamblea Popular de 1971 contó con el apoyo de buena parte de los periodistas

/ 1 de julio de 2020 / 09:45

Las sesiones de la Asamblea Popular (AP), del 22 de junio al 2 de julio de 1971, generaron una inusual polémica mediática. La agencia noticiosa Reuters tocó el trompetazo de alerta. El 19 de junio, citando al diplomático brasilero Hugo Bethlem, informó que en el país “se instaló el primer sóviet del continente, orientado por Rusia”. El cable difundido a escala global generó rechazo en la prensa nacional.

Todo ese conflicto comenzó con la marcha del 1 de mayo de 1971, que mostró gran radicalidad. A la cabeza de la manifestación, además de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), figuraron el presidente Juan José Torres y sus ministros. Las consignas “¡Torres con la revolución, gorilas al paredón!” y “¡Armas para el pueblo!” fueron las más vitoreadas por los cerca de 50 mil trabajadores que desfilaron en las calles por más de seis horas.

En ese escenario, el “Parlamento obrero”, un “órgano de poder” que buscó transformar el “viejo Estado”, se fundó e instaló en el emblemático Palacio Legislativo. Las radiodifusoras, en “cadena sindical”, transmitieron el evento. Luego de la inauguración, sus 221 delegados postergaron sus deliberaciones hasta el 22 de junio.

PODER El sociólogo boliviano René Zavaleta, en su libro El poder dual, sostuvo que, en ese momento, se gestaron tres concepciones encontradas sobre la Asamblea Popular.

El Partido Obrero Revolucionario (POR) la consideró como el “brazo proletario del poder dual”, una creación extraordinaria de las masas en ascenso, que debía ejercer la dirección mediante la acción directa.

En su línea “gradualista” de la revolución, el Partido Comunista de Bolivia (PCB) vio a la Asamblea como un “escuela” de formación, contraria a la “posición inmediatista” de los trotskistas.

El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) la definió como un “embrión del Estado obrero” que no podía existir a plenitud si no creaba su propio “aparato armado”, independiente de Torres y el Ejército.

MILICIAS Desde otra óptica, Fernando Kieffer, panegirista del golpe de Estado de Hugo Banzer, hizo otro relato documentado del desarrollo del Parlamento obrero.

En su texto De cara a la revolución del 21 de agosto de 1971 concluyó que el “soviet boliviano” fue un “instrumento” de la “izquierda infantil” que buscaba imponer en el país, mediante la violencia, un “Estado obrero”, distinto al “Estado denominado burgués”.

Kieffer aclaró que una resolución aprobada por la COB, dos días antes que empezaran las sesiones de la Asamblea, era clave para entender su naturaleza. En su parte resolutiva, ese documento dispuso “reorganizar las milicias armadas de la clase trabajadora”, dependiente de un “Comando Militar” compuesto por un “Comandante General”, un “Jefe de Estado Mayor”, un “Jefe de Logística” y un “Coordinador Político”. Ese Comando debía estar “subordinado” a la Asamblea Popular. El 20 de junio, Presencia publicó dicha resolución.

CONFLICTO La inauguración y las primeras sesiones de la Asamblea se realizaron en una coyuntura de polarización global. La Guerra Fría estaba en su máximo nivel (1945-1991). Las guerrillas izquierdistas operaban en casi todos los países de América Latina. Cuba había consolidado su revolución socialista (1959). En Perú, el general Juan Velasco Alvarado le había declarado la guerra al imperialismo (1968-1975). Salvador Allende encaminaba a Chile al socialismo (1970-1973).

Así, en el contexto de la denuncia de la Agencia Reuter, en sentido de que en Bolivia se había instalado un “soviet”, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, el 19 de junio, se declaró en “estado de emergencia”.

Al día siguiente, esa posición fue fundamentada en una “Declaración” que se publicó en todos los periódicos. “La FTPB sostiene que la Asamblea Popular es el verdadero órgano de poder de las masas que sostendrá las medidas revolucionarias y actuará contra el fascismo y el imperialismo”, sostuvo el documento firmado por José Luis Alcázar, secretario ejecutivo; Humberto Vacaflor, secretario general; Juan Carlos Salazar, secretario de Libertad de Expresión; Eduardo Ascarrunz, representante a la Central Obrera; y los representantes departamentales y regional: Miguel Velarde, de La Paz; René Bilbao, de Cochabamba; Adolfo Ugarte, de Santa Cruz; Luis La Fuente, de Oruro; Eliodoro Ayllón, de Beni; Horacio Alcázar, de Potosí; y, Federico Calderón, de Siglo XX (Potosí).

CADENA Luego, en las columnas sindicales, varios periodistas —como Arturo Gandarillas, Víctor Toro, Luis Peñaranda, Ernesto Clavijo, Daniel Rodríguez, Teddy Molina y otros—, sintetizaron, a su modo, la simpatía que los trabajadores de la prensa sentían por la Asamblea.

Por su parte, la Federación Sindical de Trabajadores en Radio y Televisión de Bolivia, el 21 de junio, instruyó a sus afiliados a realizar la “Segunda Cadena Sindical de emisoras bolivianas” para transmitir la Asamblea. Anunció que radio Altiplano fue designada “emisora Piloto” para tomar la señal.

La reunión proletaria tuvo gran repercusión mediática. Y la prensa internacional no escapó a esa tendencia.

INTERNACIONAL Según el editorial de El Comercio de Perú del 26 de junio, Bolivia había entrado en “una etapa crítica” y su gobierno no supo ponerse a salvo a tiempo: “está, para decirlo sin eufemismo, en la ruta al comunismo”.

El editorial de Excélsior de México, el 28 de junio, destacó que la “Asamblea Popular no es producto improvisado”, sino que “refleja una honda y vieja preparación política que se forja en la clandestinidad y en el enfrentamiento” de muchos años (…)”.

Ese mismo día, la influyente Associated Press informó que la coalición izquierdista del gobierno chileno inició una “embestida política” para reemplazar el Congreso bicameral por una “Asamblea Popular única”.

Tras titular su artículo “Bolivia: El sóviet está en la punta del fusil”, el semanario francés L’ Express, el 8 de julio, relató que la Asamblea había “tomado cuerpo espontáneamente”, mientras “las universidades hierven y campesinos y obreros ocupan granjas y fábricas”.

Miguel Pinto P. es periodista

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Tiempo turbulento

Iremos a las elecciones en tiempos de pandemia, inevitablemente

/ 1 de julio de 2020 / 09:30

Tiempos aciagos tocan vivir; realidades en constante mutación, desconcierto y temor convergen; definitivamente, el mundo ya no será el mismo. La humanidad ha experimentado muchos sucesos dramáticos en diferentes periodos de la historia: guerras, catástrofes naturales y pandemias. Desde la peste negra (1347-1351) que se llevó 200 millones de habitantes (30% población europea), hasta el coronavirus, que registra cerca de 9 millones de contagios confirmados y más de 465 mil fallecidos, hemos sobrevivido a 20 pandemias. Está claro que no es la primera vez que sucede un hecho letal con devastadoras consecuencias, y no será el último.

El COVID-19 se propagó aceleradamente por casi todos los rincones del mundo, propio de la dinámica de la modernidad y la movilización constante de las personas, vector principal para su propagación. A veces, vemos lejana la posibilidad de que nos afecte, nos desentendemos deliberadamente o la dimensión del peligro no cala en nuestra mente. Y sí, llegó, y se quedará mucho tiempo; estamos rodeados de un peligro invisible y desconocido, nos encontró en un mal momento. En medio de una severa crisis política, social y económica, de “yapa” nos cayó el invisible coronavirus, modificando drásticamente nuestra cotidianidad.

El fenómeno sanitario desnudó las distintas realidades que, en comparación, revelan las asimetrías de los sistemas de salud, capacidades de gestión, liderazgo en la toma de decisiones, credibilidad de las autoridades y sobre todo capacidades de reacción. Como era de esperar, son aspectos estructurales que no se pueden ocultar. Las diversas experiencias y lecciones aprendidas deberían permitirnos emular los casos exitosos en materia de salud y, por lo pronto, también en asuntos políticos: elecciones.

En nuestro país, la determinación de entrar en cuarentena total (21 de marzo), con relativo sentido de oportunidad, quizás haya evitado que la situación se torne catastrófica, pero ¿cuánto tiempo podremos resistir? Las dudas rondan, el escepticismo y cansancio están al límite. En un contexto de elevada pobreza, precario sistema de salud, déficit de institucionalidad, economía recesiva y tensión política latente, las medidas restrictivas suelen ser lacerantes e insostenibles. Quédate en casa, ha sido la recomendación; y claro, quedarnos en casa indefinidamente, cuando no se cuentan con ingresos y tampoco ahorros, es materialmente imposible.

Llegó la hora de salir, para bien o para mal, ahora dependemos de nosotros mismos. La asistencia social vía bonos es limitada, de hecho, nos estamos comiendo nuestros ahorros (reservas), los hospitales están a punto de colapsar, las fuerzas del orden casi rebasadas, no conocemos el universo real de contagiados por la ínfima cantidad de testeos que se realizan; en definitiva, el panorama es preocupante, pero el encierro peor. Destrucción de empleo, quiebre de empresas, reducción de los ingresos y escasas perspectivas de recuperación en el corto y mediano plazo, avivan las tensiones de un momento que podría denominarse “crisis de crisis”.

Este complejo escenario multifactorial, indudablemente requiere certidumbre; no obstante, al encontrarnos en una lucha colectiva ante un enemigo común, los tiempos políticos, relegados de las prioridades y preocupaciones ciudadanas, nuevamente se colocan en el foco de atención. De aquí en adelante, de forma paralela, las agendas política y sanitaria irán de la mano. Estamos en elecciones, la pausa de los tiempos políticos terminó, al margen de los deseos e intereses corporativos, regionales y personales, no podremos evitar sumirnos en la dinámica propia de la lucha por el poder.

Antes de la era del COVID-19, atravesamos por un tórrido proceso electoral, que terminó con la anulación de las elecciones, y la posterior renuncia, después de cerca de 14 años, del expresidente Evo Morales. La polémica está servida, las interpretaciones del episodio del 20 de octubre de 2019 son antagónicas, la controversia de si hubo fraude, golpe de Estado o quiebre del sistema democrático, no estarán exentas de la tensión dinámica que viviremos.

Iremos a las elecciones en tiempos de pandemia inevitablemente. En el mundo se han postergado más de 60 comicios, pero se han realizado más de 30 (IDEA Internacional). Las maquinarias electorales están en apronte, la polarización política “in crescendo”, el TSE bajo fuego cruzado, y el Gobierno nacional, que decidió entrar a competir, está secuestrado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así está la lucha, polarizada entre los que pretenden restaurar su proyecto político (MAS), y los que anhelan arrebatarlo.

Hacia adelante, la ciudadanía vivirá tiempos de campaña inéditos, los convencionales ritos de proselitismo (marchas, concentraciones, mítines, etc.) están prohibidos, el campo de batalla al margen de los medios de comunicación ya se trasladó al espacio virtual, donde la creatividad y confrontación dialéctica será un reto imprescindible para los estrategas políticos.

En definitiva, la crisis política estuvo subyacente todo este tiempo, pero no ausente, y el supuesto punto de inflexión, a la deriva. En consecuencia, es necesario reflexionar en el desarrollo del proceso, porque las elecciones, gusten o no, son un imperativo. Idealmente, se debería contemplar algunos puntos de convergencia para llegar al día “D”: 1) un acuerdo político de acatamiento a los resultados, 2) tregua de los órganos del Estado en disputa, 3) regulación para la campaña electoral en medios, en base a criterio técnicos de equidad en la competencia, para evitar principalmente que el Gobierno produzca un desbalance en la exposición e información a la población, haciendo uso de los recursos estatales a título de gestión, 4) compromiso de los partidos políticos de jugar limpio, 5) debate obligatorio y 6) distribución equitativa de recursos económicos para las fuerzas políticas en competencia.

Más allá del bien y del mal, está la realidad. Ahora toca vivirla en tiempos pandémicos turbulentos.

Franklin Pareja es politólogo

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Elecciones en disputa

La vía democrática e institucional está en electoralizar la coyuntura

/ 1 de julio de 2020 / 09:15

En enero de 2006 se produce en Bolivia un cambio en las élites gobernantes. Los sectores sociales tradicionales detentadores del manejo y administración del Estado, ingresan, ya en el final de su ciclo político, en una profunda crisis que los conduce a un tiempo de retirada. Los grupos sociales periféricos e invisibles para la acción política, después de un lento proceso de acumulación histórica, con demandas insatisfechas y no atendidas por los gobiernos del momento liberal, las conectan para formar cadenas equivalenciales frente a la intención de la partidocracia dominante por constreñirlas. Así, las organizaciones demandantes se organizan en “pueblo” —en el decir de Laclau y Mouffe—, hasta acoplarse políticamente con un liderazgo visible e instrumento político que pergeñe sus primeras aspiraciones de toma del poder político.

Los sucesos comprendidos entre 2000 y 2003, que condujeron al cierre del ciclo neoliberal, fueron la manifestación viva del Estado político boliviano que produjo una nueva fragmentación étnica, social y política. El proceso circular de sustitución de elites gobernantes y sus correlatos sociales se instaló en 2006 e inició un nuevo estado de tensiones y polaridad social.

El 10 de noviembre de 2019 señala la instalación de otro momento de hostilidad de los factores históricamente opuestos. La lógica circular volvió a chocar como placas tectónicas provocando estadios de conflicto cada vez más altos. Ante ello, la pandemia y la crisis política, y la pregunta: ¿cómo avanzar?

En un momento de calamidad humanitaria, de catástrofe devastadora, ¿quién salva?, ¿el Estado o el mercado con su lógica estadística? Atendiendo a Émile de Girardin que decía “gobernar es prever”, la sensación de responsabilidad primera se dirige sobre el Estado. La información sobre el paso de la pandemia muestra a sociedades, instituciones, organizaciones y agentes económicos que van convenciéndose de que es el ente estatal quien, ante una amenaza descontrolada, puede salvarlos. El Estado inexcusablemente ha asumido gastos e inversiones urgentes, salvatajes, asistencias y preocupación por sus ciudadanos de forma directa. Esto ha visto el mundo, sin detenerse en el modelo, el sistema y la forma de gobierno. Por tanto, congregando todas las responsabilidades y ansiedades sociales, su capacidad y fortaleza debe ser absoluta, genérica y sin fisuras. Ello implica un nuevo pensar de la dimensión que debe alcanzar y su vínculo directo con la democracia.

Un Estado fortalecido no es necesariamente un Estado más grande y un Estado noventista tampoco es uno más reducido. Para no dar lugar a un Estado fallido (que no respeta las libertades, impone una democracia restrictiva, acentúa y patrocina las desigualdades), su remodelación debe atender factores mínimos de urgencia impostergable: la conformación de su gobierno y la institucionalidad, el sentido de legitimidad y legalidad y el deber de estar bien constituido. Con ello habrá mejores posibilidades ante la crisis multisectorial y la opción de construir y establecer una agenda de consensos para las reformas sustanciales que Bolivia ya solicita. Países que han logrado controlar la pandemia muestran gobiernos que, aunque varios estaban señalados por su actuar en la política cotidiana, tenían solidez de legalidad y legitimidad.

Cabe reflexionar entonces en esta coyuntura de remodelación fáctica del Estado: ¿cuánta valía se otorga a su institucionalidad? ¿Nos preocupa el debido orden institucional, como forma de reaseguro ante intenciones que busquen interrumpirlo, reducirlo, desequilibrarlo y, en consecuencia, reconfigurar una relación de poderes que finalmente deje mediatizados los derechos progresivos, la igualdad y las libertades individuales y colectivas? todo esto frente a lo sensible de una crisis sanitaria. En definitiva, signados por el mal trance, la cuestión es: ¿salud ciudadana o salud institucional? ¿O ambas?

Las crisis no son estacionarias y tampoco inmóviles, sino que expresan dinámicas en movimiento que refieren a fases de descomposición del estado de situación de intervalos coyunturales específicos. La presencia del COVID-19 en Bolivia no impacta de forma lineal y única; adquiere resoluciones, ritmos y profundidades distintas. Su incidencia en los ámbitos poblacionales, territoriales y estatales logra niveles de intensidad desiguales que rápidamente alcanzan dimensión política por continuidad de los hechos de noviembre. Esto implica mayor tirantez y polaridad social. Significa que el estado de crisis multisectorial, irresuelto e incontrolado, no interrumpe su devenir, sino que prosigue su expansión hasta franquear a la siguiente etapa. Después de la crisis y el hecho político absoluto, la fase siguiente es el colapso, un momento de desorden y desgobierno pleno.

A consecuencia de la pandemia, la humanidad y los países avanzan hacia sistemas democráticos reconvertidos, donde el primer poder del Estado, expresado en la representación de la Asamblea/Parlamento, por los cursos de emergencias continuas que se avizoran, decrece en manos de tendencias que buscan exagerar el personalismo del Poder Ejecutivo. Esto representa una resignificación también de la confección de las normas: más decretos que regulen actividades específicas y una baja producción de leyes. Todo ello, por los estados de excepción y seguridad, que en una psicosis generalizada intentan, subjetiva y continuamente, esta redefinición de roles y jurisdicciones políticas.

En este escenario también impuesto en Bolivia y con una pandemia instalada por tiempo indeterminado, la vía democrática e institucional que facilite preocuparse por la crisis multisectorial está en electoralizar la coyuntura en la fecha señalada, hecho necesario para obtener una perspectiva de solución, reducir ansiedades políticas causadas por el enfrentamiento y descontento de la crisis política irresuelta y enfocarse, desde el Gobierno, en una estrategia posible sobre los efectos devastadores de la enfermedad. Esto es, remodelar hoy e imperiosamente el Estado en la línea institucional y constitucional.

Jorge Richter es politólogo

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Población LGBTIQ+ y covid-19

El COVID dejó ver no solo pendientes en desarrollo, sino también la falta de respuesta a grupos vulnerables

/ 1 de julio de 2020 / 09:00

El COVID-19 ha generado una disrupción en los sistemas de salud, así como en las normas de convivencia en todo el mundo. La expansión de la pandemia tiene como núcleo una crisis de salud, y trajo aparejadas ramificaciones con impactos negativos en el ámbito económico, político y sobre todo social.

La crisis avanza a pasos agigantados y llama a los gobiernos a tomar medidas extremas para preservar el bienestar colectivo de la sociedad. Si bien algunas medidas buscan aplacar el avance y contagio del virus, es importante analizar las medidas complementarias por el impacto directo que tienen sobre diferentes grupos en la población. Estas medidas pueden en algunos casos exponer o profundizar desigualdades estructurales en nuevas dimensiones.

En este contexto, países como Bolivia enfrentan solo las deficiencias del aparato de salud en cuanto a mecanismos de control, capacidad y equipamiento para afrontar la pandemia, sino también la capacidad de generar cohesión social. A partir de un llamado a la unidad, a la lucha colectiva contra el virus y a la necesidad de realizar mayores sacrificios, el Gobierno ha adoptado medidas para diferentes sectores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por focalizarlas, muchas de ellas no cumplen su objetivo, principalmente por falta de información. Ello generó respuestas insuficientes y a destiempo, que inciden sobre la condición de vulnerabilidad de grupos poblaciones, entre ellos, las personas LGBTIQ+.

Si bien la Constitución prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en la orientación sexual o la identidad de género, la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ basada en estructuras machistas y patriarcales, así como prejuicios homofóbicos y de transfobia, persisten. Según la investigación Situación de las poblaciones TLGB en Bolivia: Encuesta Nacional 2010 (Conexión Fondo de Emancipación, 2011), 7 de cada 10 miembros de la comunidad LGBTIQ+ han sufrido algún tipo de agresión (física, sexual y psicológica). En Bolivia, las personas LGBTIQ+ aún enfrentan intolerancia que amenaza no solo su bienestar sino también su dignidad.

Las barreras visibles e invisibles ante el acceso a servicios básicos aún permanecen. En muchos casos se niega el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+ en educación, salud, empleo y vivienda, entre otros. De acuerdo con la EN 2010, en el ámbito laboral, a cuatro de cada 10 de estas personas se le negó el acceso a una fuente de trabajo. En el ámbito educativo, cinco de cada 10 fueron discriminados por el personal de enseñanza. En un contexto en el cual persisten comportamientos que promueven la exclusión debido a la orientación sexual e identidad de género, la pandemia puede ser un acelerador negativo.

¿Cómo focalizar medidas en el marco de la pandemia destinadas a la comunidad LGTBIQ+? El PNUD, con el Banco Mundial, diseñó un Índice de Inclusión LGBTIQ+ para medir su bienestar a partir de cinco dimensiones: participación política y cívica; educación; salud; seguridad personal y violencia; y, bienestar económico. (https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-index.html). Cada dimensión cuenta con una batería de indicadores para medir el grado de inclusión de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Este índice es una herramienta en la toma de decisiones sobre políticas y programas que fortalezcan la inclusión y los derechos LGBTIQ+.

Ante un escenario de recursos muy limitados que deben enfrentar una multiplicidad de impactos, es necesario implementar una gestión focalizada en contraposición a una de carácter universal. La elaboración de índices específicos tendrá un importante efecto: aumentar la demanda de información de alta calidad acerca de las poblaciones vulnerables. La pandemia ha visibilizado no solo las tareas pendientes en materia de desarrollo, sino también la falta de respuesta centrada en los grupos más vulnerables. El contexto permite visibilizar estas deficiencias y exhorta a las instituciones responsables de la formulación de políticas a proponer medidas que atiendan a las personas en su diversidad.

Una agenda de desarrollo post COVID-19, debe no solo estar orientada a mitigar o superar los impactos de la crisis, sino también a crear instrumentos de medición y de política pública que hagan sociedades más resilientes. La crisis nos ha enseñado que ningún sistema de salud es suficiente, las medidas universales no son efectivas, la consciencia que tenemos sobre el otro es muy baja y nuestra intolerancia es elevada. Aún nos falta bastante. Vivimos una situación sin precedentes, pero, al mismo tiempo, nos genera también oportunidades sin precedentes.

En el mes del orgullo LGBTIQ+, el PNUD Bolivia reafirma su compromiso en acompañar con esfuerzos de medición la generación de evidencia para brindar respuestas oportunas y focalizadas para grupos vulnerables. A partir de la Agenda 2030 y la consigna de no dejar a nadie atrás, desde el PNUD Bolivia se promueve el trabajo con los gobiernos y socios para apoyar los esfuerzos para fortalecer las políticas y programas que respeten los derechos humanos. No podemos continuar excluyendo de la medición de indicadores a un grupo ya excluido, ni establecer decisiones de política con información de hace una década. Es el momento para generar, o en algunos casos reparar, mecanismos inclusivos, eficientes y resilientes de respuesta para las poblaciones más vulnerables.

Vanessa Montaño S. es analista económica en PNUD-Bolivia

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Susana Sottoli: ‘Electoralizar el país para su pacificación duradera’

La ONU apoyará al TSE en las medidas de bioseguridad para las elecciones del 6 de septiembre

/ 26 de junio de 2020 / 15:49

El 22 de noviembre de 2019, el Gobierno de transición, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la Conferencia Episcopal de Bolivia y el enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, Jean Arnault, suscribieron un acuerdo de diálogo para “superar la crisis, proteger la vida, contener y prevenir la violencia, velar por el respeto a los derechos humanos, promover el diálogo y asegurar la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo al más breve plazo posible”.

La semana pasada, el 18 de junio, el Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas firmaron el proyecto “Apoyando el diálogo y los derechos humanos para la construcción de paz en Bolivia”. Con este último convenio, señala la nota de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se busca concretar el acuerdo de noviembre: implementar “la Iniciativa para la Consolidación de la Paz para Bolivia, diseñada por el Enviado Personal del Secretario General y el Sistema de las Naciones Unidas, con base en el gran consenso nacional forjado en noviembre de 2019 sobre la necesaria electoralización del país como eje principal de su pacificación duradera”. Este electoralizar para pacificar sigue siendo el eje del apoyo de Naciones Unidas, asevera la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (la máxima autoridad del organismo en el país), Susana Sottoli.

—¿En qué medida la reciente firma del proyecto completa la iniciativa de noviembre de 2019?

—El proyecto completa, implementa, operacionaliza la iniciativa de Naciones Unidas de noviembre de 2019. Refleja uno de los mandatos centrales de Naciones Unidas para promocionar un clima de paz, de un diálogo constructivo para la gobernabilidad y el apoyo decidido a la construcción de una agenda de desarrollo con inclusión. El proyecto viene de un momento especial e intenta responder a la consolidación del escenario de salida institucional de la crisis de noviembre del año pasado; por tanto, refleja el compromiso del Sistema (de Naciones Unidas) con la solución de la crisis del año pasado, cuya base fundamental es, creemos, la consolidación de la institución democrática en el país.

Susana Sottoli , coordinadora Residente. Foto: Oswaldo Aguirre

—¿Se mantiene aquello de electoralizar el país para pacificarlo?

—El proyecto parte de la base de que un proceso de reconciliación, de construcción de una visión compartida del futuro y atención al bien tan valioso como es la democracia, no puede entenderse sin abordar y apoyar el respeto de la decisión de los y las bolivianas en las urnas. La idea de electoralizar el país como eje de una pacificación duradera sigue siendo el eje de este proyecto. Sin embargo, quiero comentar también que el horizonte de actividades de apoyo del Sistema de Naciones Unidas al país va mucho más allá del hito electoral, pretende apoyar todo un proceso de transición de gobierno, que incluye apoyar la definición de espacios de diálogo y la asistencia técnica para una agenda de desarrollo de mediano plazo y recuperación pospandemia COVID-19.

—Un elemento central, está en ambos documentos, es promover el diálogo, con los sectores sociales, entre partidos.

—La mesa de noviembre de 2019 respondía a un momento sumamente crítico, en términos de riesgo de ruptura institucional, social, violencia, etcétera. Entonces, el diálogo que plantea el proyecto (2020) y que supone una continuidad con aquel momento, requiere de un esfuerzo de abrir espacios de acuerdos mínimos que reencaucen la vía institucional; y los acuerdos que en ese entonces ya se establecieron no tenían la ambición de ampliar la agenda; sin embargo, siete meses después, es claro que se vislumbra un espacio un poco mayor para afrontar temas que van más allá de las urgencias de fines de 2019.

—¿Temas más allá de lo electoral?

—Según sondeos que realizó Naciones Unidas, existe una percepción de la opinión pública que identifica una serie de asuntos de suma importancia para el futuro de Bolivia, el más allá de lo electoral: obviamente el fortalecimiento del sistema de salud, pero también la respuesta a la crisis económica, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, y, por supuesto, la generación de condiciones para elecciones transparentes.

—¿Cómo va a ser el diálogo con los partidos políticos?

—En el caso de los partidos, y particularmente para afianzar la confianza del proceso electoral y recuperar la legitimidad del Órgano Electoral, ya se viene ejecutando el programa Diálogos Electorales, que busca promover espacios de diálogo político multipartidario y de deliberación democrática con organizaciones también de la sociedad civil. Para este propósito, se constituyó una mesa de diálogo multipartidaria, como un espacio de coordinación, transparencia y cooperación entre el TSE (Tribunal Supremo Electoral) y las fuerzas políticas; esto se replica con los tribunales departamentales, y básicamente se trabaja en temáticas como promover cultura de paz, establecer un código de conducta para celebrar elecciones democráticas y pacíficas, cuidando la salud pública, en el contexto de COVID-19, y fomentar el compromiso de aceptar los resultados electorales. También tiene que ver con coordinar e informar sobre el calendario electoral, el padrón electoral, el sistema de la cadena de custodia, la jornada electoral, la seguridad sanitaria. También el análisis temático del proceso electoral, por ejemplo, compartir experiencias internacionales de elecciones en el contexto de COVID, derechos y participación política de mujeres, de pueblos indígenas; todo el tema de campaña y la capacitación de los partidos en control electoral.

—¿Todo esto ya está funcionando?

—Exacto. Nosotros ya habíamos empezado con esta iniciativa como un momento de continuidad de todos los trabajos de fines del año pasado y de principios de éste, antes de la crisis del COVID-19. Obviamente, eso ha supuesto seguir algunas acciones de manera virtual, pero también cuando se suspendió el calendario electoral hubo que hacer ajustes para acompañar esa decisión. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero tanto del Estado como del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, y el Fondo de la Consolidación de la Paz del Secretario General, además de socios bilaterales como la Embajada de Suecia, la Unión Europea, la embajada británica y la cooperación de Canadá. Refleja el compromiso de la cooperación internacional con el proceso electoral y democrático en el país.

—En noviembre de 2019, un tema central del acuerdo fue investigar los hechos posteriores al 20 de octubre, las muertes, que solo esclareciendo aquello y haciendo justicia, se puede hablar de sanar las heridas.

—Yo veo dos aspectos en esa pregunta. Uno, que corresponde a las instituciones del país que deben investigar los sucesos ocurridos en octubre y noviembre. Son éstas que tienen que avanzar en ese sentido, y hay algunos elementos que estamos viendo que han avanzado. El otro aspecto, de sanar las heridas, es muy complejo, porque supone un proceso de reconciliación social, político, más complejo, que puede o no ser paralelo al proceso de indagación y resolución del conflicto político. Ahí es donde este proyecto apuesta a seguir trabajando. Fortalecer a la autoridad electoral para generar mayor confianza en la ciudadanía, para establecer que es prioritario e imperativo que la ciudadanía tenga la certeza de que este Órgano Electoral va a organizar unas elecciones inclusivas, transparentes y con todas las garantías de bioseguridad. No se puede desconocer que éste es un contexto muy complejo para llevar adelante elecciones; Bolivia no es el único país que lo va a hacer, existen experiencias internacionales que pueden ayudarnos; y la otra vía es facilitar el diálogo, establecer puentes, acuerdos mínimos tanto a nivel multipartidario como a nivel ciudadano.

—Está instalado el temor de elecciones en plena pandemia, el riesgo de ausentismo.

—Nosotros vamos a apoyar al TSE en todo lo que signifique recomendaciones de medidas de bioseguridad, con el concurso de algún comité científico que el Tribunal va a constituir, según declaraciones de su presidente, Naciones Unidas va a apoyar en la constitución y funcionamiento de este comité; también teniendo la observación y asesoramiento puntual de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Estamos haciendo todo lo posible por poner al servicio del Tribunal y del país todo la expertice para tomar las mejores medidas biosanitarias y de bioseguridad para la población. Me gustaría aclarar que nosotros confiamos en la capacidad tanto de la autoridad electoral como de los otros poderes del Estado en tomar las decisiones más adecuadas para garantizar, por supuesto, la vida y la salud de la población, así como el derecho de la población a ejercer el voto para culminar el proceso de reinstitucionalización del país.

—¿El cronograma de todo esto?

—Se ha venido trabajando desde principios de este año, acompañando, al ritmo de lo que está aconteciendo en el país. Cuando se suspendió el calendario electoral, acompañamos esa pausa; nosotros nos vamos a ir aparejando, alineando, a las decisiones institucionales, sea del Tribunal, sea de la Asamblea Legislativa, sea del Poder Ejecutivo. Dependemos de ese calendario. El plazo formal de este proyecto es de 18 meses; estamos apoyando más allá de las elecciones nacionales; la idea es continuar en el ámbito postelectoral, porque para nosotros el marco más amplio de esta iniciativa tiene que ver con nuestro trabajo de apoyo al país para acelerar el avance hacia la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable que es una agenda importantísima para todos los países; queremos ligar los procesos electorales, políticos, con una agenda sustantiva que avance en los objetivos de salud, de empleo, de educación, de combate a la pobreza, que son todos los objetivos que forman parte de la Agenda 2030.

—Se ubica en ese marco mayor toda la cooperación de Naciones Unidas.

—Claro que sí. En toda nuestra colaboración, esa es la plataforma más amplia que subyace a nuestros esfuerzos que han estado presentes antes de las crisis del año pasado, durante y tendrán que seguir más adelante también.

Susana Sottoli. Como Coordinadora Residente, es la máxima autoridad de Naciones Unidas en Bolivia. Llegó al país en febrero; cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo de desarrollo, incluidos 18 años con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Datos

Nombre: Susana Sottoli

Profesión: Maestría en Sociología y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Perfil

Trabajó como investigadora y consultora en Estados Unidos, Europa y América Latina en temas como pobreza, igualdad de género y protección social, entre otros.

Iván Bustillos
es periodista de La Razón

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