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Represión y violencia política en la Revolución de 1952

Ésta es la segunda parte de una serie de textos dedicados a la revisión histórica de la persecución política en Bolivia. En las siguientes entregas figuran las dictaduras militares, la puesta en vigencia del Estado Plurinacional y el actual gobierno de transición como momentos referenciales significativos acerca de esta controvertida temática referida a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

Víctor Paz Estenssoro fue el principal rostro político de la Revolución de 1952. Foto: Libro Víctor Paz Estenssoro

/ 27 de septiembre de 2020 / 08:19

En tiempos de posverdad y redes sociales queda mejor evidenciado que la historiografía oficial de Bolivia se ha encargado de soterrar pasajes fundamentales e indicativos de momentos históricos cúspide de la construcción nacional republicana y uno de ellos está específicamente relacionado con la violencia política, entendida esta como mecanismo de control para la preservación de proyectos de poder concebidos y aplicados con el propósito de consolidar hegemonía y dominio, tal como sucedió con el hecho más relevante para la transformación del Estado boliviano en el siglo XX, la Revolución de 1952, encabezada y luego consolidada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que, de manera paralela en unos momentos, y conjunta en otros, con las Fuerzas Armadas de la Nación, dominaría el espectro de la vida nacional durante medio siglo, aplicando simultáneamente medidas que generarían transformaciones sociales y económicas, y otras relacionadas con el autoritarismo y la represión contra el adversario, focalizadas en quienes aparecían como amenaza desestabilizadora a lo largo de los 12 años de gobierno que les tocó presidir a Victor Paz Estenssoro (1952-1956, 1960-1964) y Hernán Siles Zuazo (1956-1960).

Por toda la información que hemos sabido recolectar y editar, Paz Estenssoro y Siles Zuazo son conocidos por las generaciones actuales, gracias a sus últimos gobiernos correspondientes a la nueva era democrática inaugurada en 1982, y prácticamente piezas de museo sin desempolvar de los 50 y 60, de las que poco se ha dicho acerca de responsabilidades relacionadas con la instauración de un tenebroso Control Político que logró mantener a raya a sus principales opositores, en principio aliados, pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB) jefaturizada por Óscar Unzaga de la Vega, pero fundamentalmente, desde la perspectiva de la consolidación de la dependencia de los Estados Unidos, a mineros como preclaro sector representante de la clase obrera (Irineo Pimentel, Federico Escóbar, de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia —FSTMB —), campesinos sin militancia, universitarios y a algunas otras facciones minoritarias e irrelevantes en la vida política de entonces.

Es sugestivo que la mejor producción bibliográfica acerca de la Revolución del 52, así como de sus antecedentes y sus posteriores consecuencias histórico políticas, haya sido investigada y escrita por académicos e investigadores estadounidenses, digamos que la contracara pensante desligada de los mecanismos que hacen funcionar al sistema imperial. Así tenemos La revolución inconclusa (1970) de James Malloy (Tesis de doctorado, Universidad de Nueva York); La revolución antes de la Revolución– Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia (2011) de Laura Gotkowitz (Universidad de Chicago),“Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016) de Thomas C. Field Jr. (Embry-Riddle College of Security and Intelligence) y Victor Paz Estenssoro – Una biografía política (2015) de Joseph Holtey (Rutgers University). Incluso podría citarse San Román – biografía de un verdugo (autor anónimo, sin más datos), publicada en inglés por la Universidad de Texas en 44 páginas, breve biografía del represor de confianza de Paz Estenssoro, que dirigió campos de concentración e infligió torturas a quienes osaban contradecir los preceptos revolucionarios enarbolados por el MNR, finalmente fagocitados por la agenda impuesta por la Embajada de los Estados Unidos de América a partir de la puesta en vigencia del Plan Triangular. Esos fueron presos políticos en el verdadero sentido de la palabra y se pueden recoger hasta ahora, testimonios de situaciones desgarradoras, de parte de los herederos de esos falangistas a los que el movimientismo acusaba de estar coludido con los terratenientes de la época y por supuesto que desde la profunda perspectiva ideológica de clase, lo sucedido con los trabajadores mineros, bastión obrero de Bolivia que en su momento constituyó el ala izquierdista del proceso revolucionario organizada en sindicatos de tendencias comunista y trotskista.

La Revolución del 52 y su instrumento político, el MNR, tuvieron una estrecha y sistemática relación con los Estados Unidos de América que incidieron con recursos económicos, siempre condicionados a intereses relacionados con el acaparamiento y el saqueo de nuestros recursos naturales, así como también en las tareas represivas violatorias de los derechos humanos, con el muy distintivo estilo de actuar a la sombra, con una especie de mano invisible, que solventaba recursos para mantener el sistema de vigilancia y sofocación de conatos subversivos. La “ayuda” norteamericana estuvo siempre condicionada, inconfundible manera de consolidar la dependencia de los países periféricos, especialmente en América Latina en los años 60, a la agenda dictada desde Washington para todo el planeta en su lucha contra el polo soviético y en el objetivo de que Bolivia, por su estratégica condición geopolítica, no llegara a convertirse en una segunda Cuba, país que le quitaba el sueño a la Casa Blanca, hecho evidenciado con la invasión a la Bahía de Cochinos también conocida como invasión de Playa Girón y que se constituyó una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961, para intentar crear una cabecera de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue aplastada por las Milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas. Más de un centenar de soldados invasores murieron, y los cubanos capturaron a otros 1.200, junto con importante material bélico.

Dos versiones periodísticas acerca de los Campos de Concentración, los perfiles de los principales esbirros del régimen revolucionario, Claudio San Román y Luis Gayán Contador, y un informe de Falange Socialista Boliviana (FSB) de 2001 (de próxima publicación), son los documentos que nos sirven para graficar lo que significó la injerencia y la represión política atentatorias contra los Derechos Humanos en pleno proceso revolucionario movimientista.

Más adelante, en la parte final de este informe correspondiente a la etapa revolucionaria del 52 encabezada por el MNR (también de próxima publicación), incluimos un análisis de cómo los intereses de dominio económico de parte del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1960 – 1963) que penetró la revolución movimientista, utilizó para sus fines injerencistas, el asesoramiento para el control y la represión políticos contra todos quienes fueran adversarios o impugnadores del proyecto hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), procurando, desde el principio, incorporar a las Fuerzas Armadas en su lógica de poder.

Con fortalezas y debilidades, este material ayuda a contar con un panorama escondido por nuestra historia e invisibilizado en el debate nacional que cuando genera discusiones sobre persecución y represión políticas, y sus variantes autoritarias, se circunscribe a las dictaduras militares inauguradas en 1964, considerando que el antecedente de la violencia política en la Bolivia contemporánea se encuentra en el escenario del primer gran cambio social producido en nuestro país con la ciudadanización que implicó la puesta en vigencia del Voto Universal, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria. He aquí la agenda oculta –y oscura— de un proceso revolucionario y hegemónico plagado de atropellos y conculcación de libertades ciudadanas, que para conseguir sus objetivos, instaló un muy bien pensado aparato represivo, útil para la defensa de un ejercicio pragmático de la hegemonía política, capaz de espantar amenazas internas como el sindicalismo “comunista” que hiciera trastabillar la llamada Revolución de Abril.

Campos de concentración, un hecho desconocido para las nuevas generaciones (*)

Bolivia tuvo campos de concentración en el primer gobierno del MNR muy parecidos a los instalados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El MNR fue fundado oficialmente el 2 de junio de 1942. A partir de ese momento estuvo presente en cada decisión política para influir en la vida pública del país según sus propios intereses y su propia visión de país. Como claro ejemplo de sus primeras actuaciones políticas, figura su participación en el golpe de estado de 1943, cuando junto a la logia Razón de Patria (RADEPA) de Gualberto Villarroel, expulsó del Palacio de Gobierno a Enrique Peñaranda.

El MNR también fue artífice de la caída de Villarroel, al que apoyó hasta días antes de su derrocamiento. Desde ese momento fue perfilándose como artífice de la Revolución del 9 de abril de 1952, con el objetivo de tomar el poder, pero previamente, los movimientistas fueron activos protagonistas políticos del país al conspirar en el gobierno de Enrique Hertzog en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y obreros que logró su renuncia para que asumiera Mamerto Urriolagoitia, que durante su interinato, el 27 de agosto de 1949, sufrió un levantamiento liderado por el partido rosado. Más adelante llegaría el “mamertazo” con el que Urriolagoitia decidiera provocar un autogolpe y entregar el poder a una junta militar encabezada por el Gral. Hugo Ballivián.

Según registros de la época, el MNR fue un partido muy bien organizado en cuadros, casi al estilo militar. Advirtió con vehemencia que tomaría el poder, pese al anuncio de la junta militar de convocar a elecciones en 1952, comicios que jamás se concretaron, porque la presión social azuzada por el movimientismo, puso contra las cuerdas a Ballivián. Fue uno de sus ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su propio gobierno al convertirse en informante del MNR para propiciar la Revolución del 9 de abril de 1952. Dicha conspiración tenía originalmente prevista la participación de la Falange Socialista Boliviana (FSB), que por disputas en planes de gobierno y repartija de cargos terminó desmarcándose de la Revolución que dejó 490 muertos y más de mil heridos. Los aliados del MNR fueron los mineros que ayudaron a consolidar la toma del poder.

La primera participación del MNR en 1952, se produjo en co-gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) fundada el 17 de abril del mismo año, por Juan Lechín Oquendo. Sin  perder de vista  transformaciones como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, quedaron en el olvido una serie de negocios «turbios» emprendidos con gobiernos extranjeros. Una muestra de ello, es el tan problemático código petrolero Davenport, que parceló el país en tres partes, para la explotación petrolera y comprometió nuestros recursos hidrocarburíferos por décadas.

Los campos

Volviendo al tema central, el MNR hizo un gobierno de fuerte acento represivo y producto de ello, fue que para sacar del camino a sus opositores, instaló campos de concentración en distintas localidades del país  para encarcelar a los denominados presos políticos. Las prácticas autoritarias del partido rosado se caracterizaron por la aplicación de métodos violentos de control político. El 23 de octubre de 1952, a través del Decreto Supremo 02221, Víctor Paz Estenssoro estableció prisiones bajo administración militar en Corocoro, La Paz; Uncía y Catavi, Potosí; y Curahuara de Carangas en Oruro. Tres de los cuatro campos de concentración se encontraban en centros mineros. Eran controlados por mineros y militares a los que se trasladaban presos políticos, opositores al gobierno, principalmente pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB), que eran vejados y torturados sin piedad. Según testimonios de algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de Corocoro era el purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas,  se asemejaba al averno. En Catavi, en 1953, se encontraba un contingente de 131 presos; mientras que en Curahuara, entre 1953 y 1954, 254 presos.

“Carne de presidio”

En Curahuara de Carangas, el Teniente Bacarreza mandó una formación y ordenó que los prisioneros alojados en la celda del lado oeste del cuartel fueran trasladados a las barracas del frente, quien a modo de explicación dijo que “eso les conviene porque entre ustedes ya se conocen”. Las confusas palabras de Bacarreza dieron a entender que otra “carne de presidio” ocuparía las celdas más frías, oscuras y destartaladas del campamento. Pronto fue una triste constatación cuando el Teniente, respondiendo a las interrogantes de Lemús, le confió que estaban por llegar presos de Uncía y marchaban a Curahuara los del clausurado campo de Catavi. Los prisioneros supieron entonces del establecimiento de un nuevo campo de concentración, que hasta el mes de diciembre carecía de posibilidades concretas de apertura. Curahuara de Carangas era algo así como la Siberia del altiplano boliviano, escenario ideal, incrustado en la infinitud de la pampa para que los detenidos y confinados fueran presas del terror, el hambre y la soledad.

Otro relato está relacionado con lo que le sucedió a Jaime Villarreal, quien fue prisionero sin ser político, por el simple hecho de trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor Kellemberger. Las privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo forzado, habían desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente, perdiendo peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de intensa palidez, y sus mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. Ninguna consideración impidió, no obstante, que el responsable del campo, René Gallardo, dispusiera su inhumano flagelamiento. El centenar de latigazos que su enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por sumirlo en cama acelerando las secuelas de su tremenda enfermedad.

Presos

Es interminable la lista de presos que llegaron a esos campos de concentración que eran dirigidos por el entonces ministro de Gobierno, Federico Fortún, mientras Claudio San Román, Luis Gayán Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, René Gallardo, Juan Peppla y Adhemar Menacho, se encargaban de las torturas y vejámenes, que para muchos presos políticos se convirtieron en  una triste memoria por el sufrimiento generado por el llamado «Control político». De los mencionados, unos estaban a la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los campos, y otros directamente eran los torturadores de los detenidos.

Se intentaron justificar esos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia revolucionaria y antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. La intransigencia y los abusos se convirtieron en el pan de cada día.

*Texto original de Dehymar Antezana, periodista, La Patria de Oruro, 31 de julio de 2011, debidamente editado para los objetivos de esta investigación. Antezana consultó la ‘Historia de Bolivia’, José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa, y ‘Campos de Concentración en Bolivia’ de Fernando Loayza Beltrán.

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La elección debe dar certeza al país, no agravar la polarización

La Policía y las FFAA deben dar seguridad, no intervenir en el proceso electoral, afirma el vocal

Salvador Romero Ballivián, presidente del TSE

Por Iván Bustillos

/ 21 de octubre de 2020 / 07:37

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, tiene la “suerte” de haber protagonizado dos de las elecciones más conflictivas de la historia, la de 2005 y la de hoy; en ambos casos formando parte de la máxima instancia del Órgano Electoral. En su libro El tablero reordenado. Análisis de la elección presidencial 2005(Corte Nacional Electoral, 2006) destacaba que los comicios de 2005 eran unas elecciones adelantadas (debían ser en 2007), consecuencia de la crisis estatal de 2003, producto de dos gobiernos cortos y de transición (Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez), con el referendo sobre el gas de 2004 de por medio, y, para completar el cuadro, con un resultado impensado pocos años atrás: el triunfo de Evo Morales por mayoría absoluta. Hoy día le toca presidir la administración de una elección que sigue a un proceso anulado, en medio de una marcada polarización nacional que quién sabe si se resolverá con el voto. El Órgano Electoral, afirma, trabajó para que estas elecciones den certeza, certidumbre al país, no para que ahonden la polarización entre los bolivianos. Hoy, mañana, los próximos días se verá si los hechos cumplen sus expectativas.

—¿No hay un paralelo de la elección de hoy con la de 2005?

—Creo que la elección 2020 es la más compleja de la historia democrática del país. No es una exageración retórica, sino un análisis de las condiciones de este proceso. Ya lo era aún antes de la llegada de la pandemia. ¿Por qué? En primer lugar, por el punto de partida: esta elección nace luego de la anulación de la elección presidencial de 2019. La anulación de una elección es un hecho excepcional. En América Latina solo se han anulado dos elecciones presidenciales en el siglo XXI, la peruana de 2000 y la boliviana de 2019. Y esto, además, en un contexto de fuerte polarización política y social; esto generaba ya un punto de partida altamente complejo; se le añadió además la destrucción de un tercio de los tribunales departamentales, lo que implicaba partir en condiciones logísticas muy complejas. Se tuvo también un tiempo muy limitado, desde el momento en que se recompone la autoridad electoral nacional y departamental, con la designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales, se da un tiempo muy corto para organizar la elección, solamente 120 días. Esas condiciones ya determinaban que ésta iba a ser la elección más compleja de preparar; pero a ello se sumó la irrupción de la pandemia, que tuvo dos efectos importantes: por un lado, un largo y agrio debate nacional sobre la fecha, que dura de marzo a agosto, hasta que finalmente se logra consolidar el 18 de octubre como día de la elección. Y, adicionalmente, la necesaria adaptación de todas las etapas, y en particular de la jornada de votación, a los desafíos del coronavirus.

—¿Qué ha podido hacer el Tribunal frente a la polarización MAS-AntiMAS?

—La labor del Tribunal en este campo fue actuar con la máxima seriedad técnica, imparcialidad política y transparencia. Éstas nos parecieron que eran las líneas de comportamiento que se requería del Tribunal Supremo Electoral para que justamente la elección sea un elemento que le dé certeza al país, y que no se inscriba en una dinámica de agravamiento de la polarización política o social.

—Esta campaña también ha tenido una inusual violencia.

—El Tribunal Supremo Electoral hizo un permanente llamado a que los actores políticos, sociales, regionales, y también la ciudadanía actuaran en el marco del respeto mutuo, hizo llamados a la tranquilidad, a que la campaña se pueda desarrollar en ese ambiente. Y hoy, nuestro llamado es que podamos acudir a votar en este ambiente de tranquilidad, en un ambiente de serenidad, y a que también aguardemos la difusión y entrega de los resultados con esa misma tranquilidad. Se está actuando con transparencia, todos los datos van a ser públicos, conocidos; la ciudadanía va a poder ingresar para tener información sobre las actas, los resultados y, por tanto, están garantizadas las condiciones para que se pueda hacer un seguimiento minucioso del proceso electoral, lo que debiera generar tranquilidad.

—¿No tiene sustento entonces ese temor de que pase algo en la elección o después?

—Es importante que la ciudadanía, los actores políticos, sociales, regionales, entre todos conservemos la tranquilidad, la serenidad. El proceso electoral, pese a todas las dificultades logísticas, está llegando a buen puerto; por tanto, es importante que el conjunto de la ciudadanía asista a votar con tranquilidad, y aguarde con tranquilidad la difusión de los resultados.

—¿Cuál ha sido el rol de los partidos en el proceso? Pese al encono entre líderes, parece que participaron en lo técnico; casi se puede hablar de corresponsabilidad junto con el TSE.

—El Tribunal Supremo Electoral ha dado las máximas facilidades para que todas las organizaciones políticas puedan hacer un seguimiento de todas las tareas, de todas las actividades que ha llevado adelante el Tribunal Supremo Electoral. Señalo como ejemplos la apertura de los laboratorios de integridad electoral para que se verifique la consistencia del padrón electoral; no ha habido observaciones significativas a la solidez del padrón; se ha invitado a los partidos a numerosos espacios informativos sobre los distintos aspectos del proceso electoral; se les ha entregado cartillas de capacitación; han sido invitados a los simulacros del cómputo y del Direpre. Por lo tanto, hemos tenido la máxima apertura para que las organizaciones políticas puedan observar los elementos fundamentales del proceso electoral; y también se ha procurado responder en plazos muy breves a sus requerimientos.

—El voto en el exterior. Hubo mucha susceptibilidad de ambos lados de la polarización.

—La organización de la votación en el exterior ha sido ciertamente compleja, porque hemos tenido que conseguir autorizaciones en todos y cada uno de los países enfrentados a la pandemia y, por lo tanto, la situación ha sido de incertidumbre en muchos lugares, sobre si se podía o no se podía llevar adelante la elección. El TSE hizo los mayores esfuerzos para asegurar la votación en los 30 países donde está habilitada esta modalidad. En Argentina, aunque se consiguió las autorizaciones a nivel nacional, luego vino la necesidad de hacer un trabajo provincia por provincia. Al  mismo tiempo, hemos tenido que coordinar con las provincias o con las ciudades la definición de los recintos de votación; y en muchos casos se ha recibido muy cerca de esta jornada de votación las autorizaciones y las definiciones. Se ha trabajado en condiciones muy difíciles, pero lo importante es que se ha garantizado la posibilidad de que los bolivianos en el exterior también ejerzan su derecho al sufragio el domingo 18 de octubre.

—Parece que una de las diferencias de la elección será el sistema de cómputo, que ha mejorado.

—Así es. El Tribunal ha rediseñado el sistema de difusión de resultados preliminares y el sistema de cómputo. Tenemos nuevos sistemas tecnológicos, pero además tenemos un equipamiento tecnológico modernizado, renovado, en parte con recursos del TSE y fundamentalmente con el apoyo y la generosidad de los países amigos de Bolivia.

—El Direpre es similar al TREP. ¿Por qué no figura esta vez la foto del acta en este sistema, como sí estuvo antes?

—El Direpre tiene un objetivo fundamentalmente informativo, pero lo importante es que el ciudadano va a tener acceso a la fotografía del acta, la va a poder observar en el sistema de cómputo. El domingo va a funcionar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares y el sistema de cómputo; ambos son muy sencillos de ingreso para el ciudadano. El Direpre es informativo, para dar la mayor cantidad de información estadística en el tiempo más breve; en tanto que en el sistema de cómputo figurarán los resultados oficiales, definitivos, y en ellos se podrá encontrar la fotografía del acta de cada mesa y, por supuesto, su transcripción; pero ahí los resultados ya son oficiales y definitivos.

—Sobre la intervención de las FFAA y la Policía, esto ya está en la ley, y que es el Órgano Electoral que asume el mando de la fuerza pública. ¿Cómo calmar la inquietud de que FFAA y Policía van a controlar todo el proceso?

—No, el proceso electoral está al mando del Tribunal Supremo Electoral; la Policía, las Fuerzas Armadas apoyan dando seguridad en recintos de votación, acompañando el desplazamiento, el envío y recojo del material electoral. La responsabilidad es del TSE y la labor de la Policía y de las Fuerzas Armadas es de un acompañamiento en tareas de seguridad, pero sin intervención en el proceso electoral.

—Ese día asume el mando el poder electoral a nivel nacional.

—Así es. Pero independientemente de aquello, el proceso electoral en su conjunto es una responsabilidad del organismo electoral. La labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, es la de colaborar en las tareas de seguridad.

—¿Cómo evalúa el papel del TSE?

—Hay que recordar que en realidad el Tribunal Supremo Electoral es un cuerpo colegiado, y hemos trabajado de manera cohesionada para asegurar un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial y con transparencia, y este trabajo cohesionado de la Sala Plena creo que ha sido uno de los elementos de mayor fortaleza para el Órgano Electoral en 2020.

Salvador Romero Ballivián

Reivindica el empeño de asegurar el voto en el exterior. Se trabajó, asegura, bajo el principio de tener todo listo para el sufragio en los 30 países, inclusive cuando no se tenía todavía confirmado el aval de dichos países o de las ciudades.

Datos

Nombre: Salvador Romero Ballivián.

Nació: 29 de abril de 1971.

Profesión: Sociólogo político.

Ocupación: Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Perfil

Vocal de la Corte Departamental Electoral de La Paz, de 1995 a 1998; miembro de la Corte Nacional Electoral de 2004 a 2008. Designado vocal del TSE por Jeanine Añez.

(*) Iván Bustillos es periodista de  La Razón

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Europa, EEUU y China

Mientras China construye una gran clase media, Estados Unidos la destruye

/ 21 de octubre de 2020 / 07:35

Las declaraciones del embajador estadounidense en entrevista con el diario Expresso del 26 de septiembre ofenden a los portugueses y violan los códigos diplomáticos. Amenazó que Estados Unidos dejaría de considerar a Portugal como un aliado en cuestiones no solo económicas sino también de seguridad si Portugal adoptara (así sea parcialmente) la tecnología 5G de Huawei.

Como el objetivo geoestratégico de Estados Unidos es debilitar o desmantelar la Unión Europea (comenzó con el Brexit) para obligar más fácilmente a los países europeos a alinearse en la nueva guerra fría —la guerra contra China— Portugal es el objetivo exacto, no solo porque se considera uno de los eslabones débiles de la UE, sino también porque presidirá la UE en los próximos meses. Pero las grandes decisiones son de la UE. ¿Qué decisión tiene que tomar? Europa se enfrenta a una bifurcación decisiva: o se fragmenta o profundiza su integración. 

No viene al caso mirar aquí toda la larga tradición histórica que conecta Europa (especialmente el Mediterráneo) con China e India, miembros del mismo supercontinente, Eurasia, donde surgió la Edad de Bronce y dio lugar a la primera revolución urbana, unos tres mil años antes de nuestra era. Es suficiente recordar que durante muchos años ha habido comercio y tecnología en esta región y que, si en ciertos periodos prevaleció Occidente, en otros prevaleció Oriente. Esta alternancia pareció romperse a partir del siglo XV con el péndulo apuntando a la región europea. Con la expansión bloqueada por tierra por el Imperio Otomano, Europa se convirtió en el lugar de nacimiento de los imperios transatlánticos que tuvieron sucesivamente como protagonistas a Portugal, España, Holanda, Francia e Inglaterra. Un largo periodo que terminó en 1945 (en el caso de las colonias de Portugal, en 1975). Desde entonces, el único imperio digno del nombre ha sido el de EEUU. Hace unos años se ha hablado del declive de este imperio y del surgimiento del imperio chino, aunque sea discutible si China ya es (de nuevo) un imperio. Durante varios años, estudios de los servicios de inteligencia de EEUU (CIA) han previsto que China en 2030 será la primera economía del mundo. 

Todo nos lleva a creer que nos enfrentamos a un imperio descendente y a un imperio ascendente. La pandemia ha llegado a dar una nueva intensidad a los signos que apuntan a esto. Entre ellos señalo los siguientes. En primer lugar, China fue una de las principales economías del mundo durante varios siglos hasta el comienzo del siglo XIX. Representaba entonces del 20% al 30% de la economía mundial. Desde entonces, su declive comenzó y en 1960 China representó solo el 4% de la economía mundial. A partir de la década de 1970 China comenzó a resurgir, y hoy representa el 16%. La pandemia ha hecho aún más evidente que China es la fábrica del mundo. Mientras Donald Trump vocifera contra el “virus chino”, el personal médico y de enfermería está esperando ansiosamente la llegada del nuevo suministro de material de protección personal de China. Los estudios de dos grandes bancos alemanes, el Commerzbanky el Deutsche Bankmuestran que China recuperará las pérdidas del PIB causadas por la pandemia a finales de este año, mientras que Europa y Estados Unidos seguirán enfrentando una severa recesión. El peso del consumo interno de China en el PIB es ahora del 57,8 por ciento (en 2008 fue del 35,3 por ciento), es decir, un peso cercano al de los países más desarrollados. Ha escapado a los medios occidentales el que, ante la intensificación de la guerra fría por parte de Estados Unidos, China propone adoptar una política de mayor autosuficiencia o autonomía que le permita seguir exportando al mundo sin depender tanto de las importaciones de alta tecnología. Entre los países europeos, Alemania puede ser una de las más afectadas, junto con Japón y Corea del Sur.

La imagen que nos llega de Estados Unidos es casi lo contrario de todo esto. El extraordinario dinamismo de Estados Unidos a finales de la década de 1940 y en las dos décadas siguientes ha desaparecido hace mucho tiempo. Históricamente inclinado a considerar la guerra como un medio para resolver conflictos, Estados Unidos ha estado gastando en aventuras militares la riqueza que se podría invertir en el país. Desde 2001, el gasto militar ha ascendido a 6 trillones de dólares.  Recientemente, el expresidente Jimmy Carter lamentó que en 242 años de existencia Estados Unidos solo había estado en paz durante 16 años. Por el contrario, desde la década de 1970 China no ha estado en guerra con ningún país (aunque haya tensiones regionales), y se estima que hoy en día produce tanto cemento en tres años como Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Mientras China construye una gran clase media, Estados Unidos la destruye. Los tres estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como los 160 millones de estadounidenses más pobres. En el ranking de libertad de prensa del World Press Índex, Estados Unidos ha estado cayendo y ahora ocupa el puesto 45 (varios países europeos están en la cima de la tabla, Portugal ocupa el décimo lugar y China el puesto número 177). La conducta política de Donald Trump es lo opuesto a todo lo que hemos aprendido de positivo de Estados Unidos y ahora corre el riesgo de poner al país al borde de una guerra civil. Pero, por peligroso y caricaturado que sea, Trump no es la causa del declive de Estados Unidos, es más bien un producto de esto.

Europa (especialmente la que tiene la mejor tasa de desarrollo humano) se ha beneficiado de la apertura de China al comercio internacional y de las relaciones pacíficas que se han establecido desde entonces entre Estados Unidos y China. Estos hechos han eximido a la UE de tener una verdadera política exterior.  Todo indica que este periodo ha llegado a su fin y que Europa se verá obligada a elegir. Europa, históricamente muy violenta, tanto interna como mundialmente, no tiene velas imperiales hoy en día y parece querer preservar un patrimonio creíble de defensa de los valores democráticos, la convivencia pacífica y los derechos humanos. Los imperios siempre son malos para las regiones que están sujetas a ellos. Se puede decir que las regiones que no pueden disputar el poder imperial ganan más al aliarse a un imperio ascendente que a uno descendente. Pero, por otro lado, nada nos garantiza que el imperio chino sea mejor para los europeos que el imperio americano. La única manera de preservar los valores de la democracia, la convivencia pacífica y los derechos humanos parece ser mantener una autonomía relativa hacia ambos. Solo esta relativa autonomía permitirá a Europa profundizar su integración discutiendo los términos de su inserción en la nueva era, que parece ser menos una nueva era de globalización que una era de muros tecnológicos (y muchos otros muros no menos peligrosos). Esto significa que ningún país europeo debe ser chantajeado. La experiencia internacional de la última década nos dice que China acepta la idea de una autonomía relativa y que, cuando es necesario, sabe retirar sus ánimos expansivos. Por el contrario, las presiones muy poco diplomáticas en curso son una advertencia de que Estados Unidos no acepta la idea de autonomía relativa. Si Europa no sabe resistirse/resistir, estará iniciando un doloroso viaje hacia su fragmentación.

(*) Boaventura de Sousa Santos es sociólogo (**)

(**) Académico portugués, doctor en sociología. El artículo fue enviado por el autor a Other News. Traducción de Bryan Vargas Reyes.

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Democracia

Debate: el voto, las elecciones (lo que hoy pasa en Bolivia) no es la única forma de legitimidad del futuro gobierno

/ 21 de octubre de 2020 / 07:34

Momentos como el que hoy vivimos nos muestran la complejidad que se encuentra detrás de una palabra como democracia. El término proviene de la unión de dos palabras griegas: demos y kratos. La primera hace referencia al pueblo que participa en lo público, y la segunda hace mención al poder, no al poder como titularidad, sino al poder en tanto ejercicio y praxis. Literalmente podemos entender democracia como poder del pueblo, poder en el pueblo y poder sobre el pueblo.

En el primer caso (el poder del pueblo), nos referimos al poder como potencia que se produce por y en la cooperación de los seres humanos que de manera conjunta configuran al pueblo. En este caso, la individualidad se transforma por la presencia de la alteridad, es decir, por la presencia de los otros que transforma a los individuos en un “nos-otros”, pues el pueblo supone colectividad. Esto quiere decir que el sujeto pueblo se transforma constantemente por la interacción de los mismos seres humanos. El pueblo no es solo la suma de individualidades, sino es la transformación de esas individualidades por la presencia del otro. Como señalaba Spinoza, la potencia de un ser humano es solo potencia porque se multiplica por la potencia de otros seres humanos. Lo que diez personas pueden hacer por separado es mucho menos de lo que estas mismas diez personas puedan hacer juntas, cooperando. Y no solo el producto de su potencia es lo que se pone en juego, sino la misma subjetividad se transforma y potencia en la cooperación. Lo que Marx denominaba modo de producción no es otra cosa, desde una lectura spinoziana, que la potencia coordinada de los seres humanos. Potencia del pueblo o poder del pueblo es, entonces, lo que los seres humanos en conjunto y afectados por la presencia de la alteridad, hacen y construyen, no sin conflictos, porque esta cooperación está atravesada por relaciones económicas y de clase, relaciones de dominación coloniales y de género, entre otras. Es decir, esta unidad no supone una presencia pacífica, sino altamente conflictiva. ¿Qué es pueblo? Es una pregunta sin una respuesta final.

En el segundo caso (el poder en el pueblo) se tiene como condición al poder del pueblo. Es decir, la potencia de la cooperación se constituye en el dispositivo de constitución y transformación de todo tipo de gobierno. No es posible el gobierno como ejercicio de poder si la condición de éste se encuentra en el pueblo. Por ejemplo, el mismo pueblo que elige y legitima a sus gobernantes retiene también el poder de deslegitimarlos. El poder en el pueblo, entonces, es potencia de un gobierno futuro, pero el pueblo no es en sí mismo el gobierno, pues el pueblo, como lo decíamos antes, es el lugar del conflicto y el antagonismo, aunque también de la cooperación y la potencia, por ello el gobierno no podría perder su nexo y relación con el pueblo, pues es de éste que viene su condición de gobierno. Pero pensar el gobierno sobre el pueblo precisa reflexionar sobre el medio, el método de traducción y transformación del poder del pueblo, el poder en el pueblo, en el poder sobre el pueblo, que es el tercer caso de nuestra exposición. 

El tercer caso, el poder sobre el pueblo, solo es posible por medio de la democracia, a partir del gobierno que crea y elige el pueblo. El pueblo es el productor de la potencia, el sujeto de la potencia y la fuerza misma del gobierno que constituye. No es posible ningún tipo de gobierno sobre el pueblo sin que el mismo lo haya producido, consentido y a la vez limitado. La democracia es, en consecuencia, el medio que posibilita el gobierno sobre el pueblo, cuya fuente y naturaleza descansa en el mismo pueblo. La democracia no es la posibilidad de un gobierno absoluto, sino de un gobierno limitado y controlado por el pueblo, esto no quiere decir que la democracia sea el gobierno, sino que la democracia es el medio de constitución del gobierno.  

Por lo señalado, el término democracia no es un significante sencillo, el problema, como se ha podido ver, se encuentra en lo que entendemos por pueblo. El pueblo es en sí una pluralidad de sujetos antagónicos, depositarios del conflicto y de la política. Pueblo es el nombre de una querella discursiva que se realiza todo el tiempo sobre sí mismo, esta querella tiene momentos complejos en los cuales una parte puede pretender negar la existencia de esta diversidad que le es constitutiva. Y hoy lo podemos ver en expresiones de una parte de la población que quiere negar a otra parte la posibilidad de elegir a sus representantes, bajo la idea de que aquellos que sean elegidos no los representan, al punto de que quienes los elijan no sean tomados como parte del pueblo. Pero el gobierno precisa un pueblo y las elecciones son un dispositivo ficcional que pretende, en el acto de votación y representación, unificar una imagen de un pueblo, pero ni el gobierno elegido por una mayoría puede eliminar el antagonismo que se encuentra en idea misma de pueblo.   

El pueblo como depositario del poder, no puede resolver por sí mismo el ejercicio de este poder; dicho de otra manera, el pueblo, que es a la vez el origen del gobernante y el sujeto gobernado, precisa de mecanismos para resolver esta transmisión, traducción y transformación, de ser a la vez soberano y gobernado, y allí es donde se precisan otras formas de democracia para ir más allá del mecanismo ficcional de las elecciones. No hay una sola forma de resolver esta transmisión y transformación del sujeto de poder y el destinatario del mismo. Así como no hay una sola temporalidad de las relaciones que se ponen en juego en la democracia.

Las formas, los mecanismos y los niveles institucionales que permiten al pueblo el ejercicio de poder, precisan concebir en la democracia a otras democracias (en plural), pues la sola democracia representativa es insuficiente. Los gobernantes que crean que su legitimidad radicará en la imagen ficcional de un pueblo que los ha elegido, se engañarán a sí mismos, pues el pueblo no es una unidad y no aprender a gestionar la conflictividad que posee el pueblo en su seno (no a eliminarla pues no es posible, por ello me refiero a gestionarla) lo llevará de manera acelerada a una crisis. Si bien todo gobierno llegará a una crisis de poder y legitimidad, lo que está en juego cada vez que elegimos gobernantes son los tiempos de estabilidad que ficcionalmente se les ha otorgado.

(*) Farit Rojas Tudela es docente de Teoría del Derecho y Pluralismo Jurídico. UMSA

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El Gobierno transitorio

Claves de la política económica del Gobierno interino antes y durante la pandemia

/ 21 de octubre de 2020 / 07:31

Para analizar este especial periodo de gobierno es oportuno dividirlo en dos etapas: una sin pandemia, que dura de noviembre de 2019 a febrero de 2020, caracterizada por la visible intención gubernamental de deconstruir la economía mixta heredada; y, la segunda, con pandemia, de marzo a octubre de 2020, que destaca por la creación de bonos sociales, el ajuste normativo en materia tributaria y la implementación de un direccionado plan nacional de reactivación.

En diciembre de 2019, cuando no se preveía la llegada de la pandemia al país, el Gobierno accionó la estrategia de desacreditar el desempeño de toda empresa pública, tratando de posicionar en la población la vieja idea de que “el Estado es un mal administrador”. Siguiendo esta línea discursiva, se menospreciaron proyectos nacionales de industrialización en minería, hidrocarburos y litio. El desprestigio mediático conduciría luego a un objetivo mayor: privatizar empresas públicas, reduciendo así la participación estatal en la economía nacional.

Se comenzó descalificando la gestión de empresas grandes y estratégicas como Entel y YPFB, por contribuir al pago de bonos estatales, como el Juancito Pinto. Se criticó el desempeño de las plantas separadoras de líquidos por operar por debajo de su capacidad productiva, tratándose de emprendimientos productivos en pleno desarrollo. Se arguyó bajas utilidades en empresas de mediana envergadura como Mi Teleférico, sin contemplar que, tratándose de proyectos de transporte masivo, el impacto en la calidad de vida de sus usuarios fue inmediato. Se denunció pérdidas en la empresa de trasporte aéreo BoA, que cumple una función económica y social al cubrir vuelos no necesariamente rentables. En minería, se cuestionaron bajas utilidades en la Empresa Minera Huanuni y la Metalúrgica de Vinto, siendo éstas claves para la exportación de estaño refinado. También, se argumentó insolvencia de empresas pequeñas como la ensambladora Quipus, emprendimiento destinado a generar empleo técnico.

Asimismo, se ordenó el cierre de operaciones de la Planta de Fertilizantes de Bulo Bulo, que contaba ya con producción comprometida para su exportación. Se desacreditó el desempeño de la Planta de Azúcar y Alcohol, emprendimiento agroindustrial en plena maduración. Sin muchos argumentos técnicos y legales, se disolvió la sociedad ya constituida entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para la explotación e industrialización del litio. Al mismo tiempo, se anunció que la Planta de Procesamiento del Litio trabajaba por debajo de su capacidad instalada, tratándose de un proyecto nacional en etapa experimental, clave para la explotación e industrialización mixta del mineral. Finalmente, se paralizó en su etapa final la construcción del tren eléctrico, cesando las actividades de la empresa Mi Tren; y, se congeló el proyecto del Centro de Medicina Nuclear, emprendimiento que brindaría servicios públicos en medicina nuclear contra el cáncer. 

Con la llegada de la pandemia en marzo 2020, el Gobierno diseñó una serie de medidas económicas de contención: entrega de bonos sociales, habilitación de créditos rápidos para empresas paralizadas y varias concesiones que postergaron el pago de impuestos y condonaron deudas tributarias. Es evidente que ninguna de estas medidas fue hecha para auxiliar a empresas públicas.

En abril de 2020, se comienza el pago del Bono Familia de Bs 500 y en mayo del Universal, con similar monto, llegando a beneficiar alrededor de 4,2 millones de personas. El costo para pagar los bonos estaría en alrededor de $us 300 millones. Para erogar dicho monto y cubrir gasto corriente del Estado, el Gobierno recurrió a un crédito de $us 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB). A ello, se suma $us 1.400 millones, recibidos por concepto de donación internacional durante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia. Evidentemente, el pago de los bonos es una inyección rápida de dinero en la economía, estimulando el consumo familiar y contrarrestando en parte las fuerzas contractivas en la demanda agregada. Sin embrago, el diseño de los bonos no contiene filtros adecuados para llegar exclusivamente a la población más vulnerable del país, ratificando desigualdades sociales.

Se aplican medidas anti-contractivas consistentes en otorgar créditos rápidos a empresas privadas afectadas, para que puedan cubrir sueldos durante el paro. Naturalmente, el Banco Unión sería el único banco en otorgar este tipo de créditos, poniendo en riesgo de mora su cartera crediticia futura. También se aprueban normas tributarias que postergan el pago de impuestos, como el IUE (Impuesto a la Utilidad de las Empresas), y se flexibilizan tributos arancelarios a la importación de bienes de capital. Estos incentivos fiscales terminan favoreciendo solo a grandes empresas industriales del país.

La dinámica subyacente a la pandemia provocó paradójicamente que algunos sectores económicos se vean beneficiados: comunicaciones, internet, supermercados, farmacias, clínicas privadas, comercio especializado en salud, industria de alimentos (agroindustria), servicios de entrega a domicilio y la producción campesina de alimentos básicos. Los sectores medianamente afectados fueron los servicios financieros (bancos), la manufactura y la exportación de gas natural. Contrariamente, los sectores profundamente afectados resultaron ser la aviación, el turismo, la construcción, inmobiliarias, restaurantes y el transporte automotor.

Bajo este crítico escenario, el Gobierno aplicó un segundo grupo de medidas económicas contenidas en un plan nacional de reactivación del empleo de $us 2.671 millones. El plan contiene un fondo de reactivación pospandemia de $us 1.749 millones, destinado a otorgar créditos blandos a empresas de los sectores agropecuario, silvicultura, almacenamiento y transporte, industria manufacturera, construcción, actividades inmobiliarias y de alquiler; comunicaciones, turismo, hoteles y restaurantes. Los recursos del fondo provendrán de la emisión de títulos negociables de deuda del BDP y cuentan con la garantía del TGN. El BDP, por cierto, es una institución financiera mayoritariamente del Estado boliviano y minoritariamente de la CAF. Asimismo, el plan de reactivación solo contempla un pequeño fondo de $us 17 millones para el afianzamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

Esto pone en evidencia que la política gubernamental está deliberadamente diseñada para favorecer a la gran empresa privada y no así a las micro, pequeñas y medianas empresas.

(*) Luis Paz Ybarnegaray es economista, master en Estudios Latinoamericanos

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Hernán Siles Zuazo

Homenaje al primer presidente de la nueva era democrática boliviana

/ 21 de octubre de 2020 / 07:00

El 10 de octubre de 1982, tras dos décadas de dictaduras oprobiosas que asaltaron el poder político, coartando las libertades constitucionales, institucionales y el Estado de derecho, Bolivia entera festejaba el retorno a la democracia, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica, todo ello gracias al aporte del blasón y proficuo demócrata: Hernán Siles Zuazo, quien junto al buró político y la militancia del MNRI, partidos democráticos, movimientos populares, sindicales, profesionales, universitarios y otros, supieron afrontar, arriesgando el pellejo, a la omnipotencia y al despotismo que detentaban arbitrariamente el poder político y en el que cundía las persecuciones, prisiones, torturas, exilios y el trato inhumano a todo lo que se oponía al régimen de facto y totalitario que violaba las normas constitucionales y las leyes de la República. Desde entonces pasaron 38 años en que los bolivianos supimos resguardarla para consolidar el proceso democrático hasta nuestros días.

Los resultados de la convivencia pacífica desde 1982 hasta el presente nos traen el recuerdo de un gran demócrata como fue don Hernán Siles Zuazo, en su andamiaje como estratega y planificador de acontecimientos trascendentales, como la guerra civil de 1949, el triunfo electoral de mayo de 1951, la insurrección popular de 1952, que victoriosa determinó la derrota de la oligarquía minero feudal y la adopción de medidas revolucionarias que eventualmente cambiaron la estructura política, económica y social del país, aunque no se pudo romper la dependencia extranjera.

En el mencionado proceso político es cuando más destaca la personalidad del típico conspirador y revolucionario, considerado como el “Caudillo del Altiplano”, tal cual describe el periodista Ted Córdova: “Con ciertas características de mítico, llevando una vida solitaria pero monacal, la trayectoria de Hernán Siles Zuazo, para situarle en términos universales, es una mezcla de Mahatma Gandhi con Willy Brand. Del primero aprendió los métodos de resistencia pacífica, el recurso de ayunos forzados, la actitud filosófica; y al igual que Brand, Siles, es un hábil conspirador. El alemán buscó refugio en Noruega en los tiempos de Hitler y desde allí operó clandestinamente, cambiando de nombre y de fisonomía. Siles Zuazo, por su parte, desde sus numerosos exilios, acometió contra los regímenes dictatoriales de turno, en todas las formas: unas veces entró clandestinamente a Bolivia vestido de ferroviario… asimismo, quienes lo conocimos y compartimos con él podemos testificar que en numerosas oportunidades convivió junto a campesinos del altiplano y trabajadores de las fábricas y las minas de manera clandestina y humilde.

Al finalizar la década de los setenta del siglo pasado, como consecuencia de sus tres legítimas victorias electorales frente a las dictaduras y los partidos de derecha (pese al fraude electoral manipulado desde las esferas gubernamentales en componenda con la Corte Nacional Electoral, que tergiversó la voluntad popular), como justo reconocimiento a esos procesos eleccionarios, el 10 de octubre de 1982 es investido por el Honorable Congreso Nacional como Presidente Constitucional de la República, cuyo proceso democrático está vigente hasta el presente. En su mensaje a la nación, aunque sabía que se le entregaba un poder limitado y retaceado, pues no tenía una mayoría congresal, el entonces flamante Primer Mandatario, prescindiendo de todo afán revanchista del pueblo y de la Ley contra los abusos de poder de los regímenes dictatoriales, sostenía que el nuevo gobierno no se aferrará al pasado y que debe existir la capacidad de reconocer que el tiempo no pasó en vano para encontrar “un movimiento de unidad nacional”.

Asimismo, exhortó a los parlamentarios a apegarse a las normas constitucionales y las leyes en vigencia, señalando que es imperioso “escuchar al pueblo para ser el Ejecutivo y Legislativo de hoy y mañana. La democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo tiene que ser fiel intérprete de las mayorías nacionales”.

De esta manera, Hernán Siles Zuazo inauguró el nuevo proceso democrático de Bolivia, aun con el sacrificio de su misma investidura presidencial, con un renunciamiento sincero, por lo que es aplaudido por todos los bolivianos. Al dejar la Presidencia de la República el 6 de agosto de 1985, en su último mensaje democrático, decía: “Es imperioso que esta nuestra tierra siga siendo tierra de hombres libres”. El país entero estaba de regocijo porque había costado tanto sacrificio retornar a la democracia y al ejercicio del Estado de derecho; y no como se observa en estos tiempos, los políticos aferrados al poder, abusan de su autoridad e imponen su voluntad, los despotismos son propios de los sistemas absolutistas y tiránicos. Cuánto añoramos que retorne el pensamiento y obras del paladín de la democracia: don Hernán Siles Zuazo.

(*) Franz Solano Chuquimia, exembajador de Bolivia en Perú

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