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Golpe de Estado y persecución política (2019-2020)

Williams Kalimán, quien pidió la renuncia de Evo Morales, impone la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 14 de noviembre de 2019. Foto: Óscar Ortiz

/ 15 de noviembre de 2020 / 00:49

Ése es el “legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la inquina del régimen de facto.

Quienes se autoengañan en sentido de que en Bolivia no hubo golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019, deberán leer los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado en los que queda explicitada la sucesión presidencial: Presidente, Vicepresidente, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados.  Jeanine Añez era segunda vicepresidenta por la bancada minoritaria y tanto la ley como el reglamento general de la Cámara Alta no señalan en parte alguna de esos textos  que quedaba habilitada para acceder al cargo. Una minuta de comunicación del Tribunal Constitucional, con la que se tramitó su juramento a cargo de efectivos militares, no puede estar por encima del ordenamiento jurídico del Estado.

En ese contexto espurio, en el que el supuesto doble objetivo era anular unas elecciones generales por presunto fraude y expulsar del poder a Evo Morales, los distintos actores políticos que propiciaron la posesión de Añez creyeron que se produciría una transición sin contratiempos, exclusivamente orientada a la realización de nuevas elecciones, objetivo que quedó distorsionado cuando la presidenta de facto se habilitó como candidata, sumándose a la lista de aspirantes a ser elegidos en las urnas, decisión de la que se arrepintieron ella y su entorno cuando ya era tarde, a las puertas de otro abrumador triunfo del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con la llegada del coronavirus, en marzo de este 2020, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, decidió poner en práctica un “protocolo de seguridad” contra la pandemia que, en realidad, escondía una persistente persecución política, con acusaciones de terrorismo, sedición y narcotráfico a cuanto militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) conviniera arrinconar. Seguramente con esa idea basada en la ley del talión, sustentada en que durante el gobierno de Evo Morales se había montado un aparato  persecutorio que, en lugar de ser desmontado, siguió utilizándose con los nuevos actores al mando de operaciones que incluían detenciones preventivas, detenciones domiciliarias, cartas de negociación extorsivas y métodos de amedrentamiento a quienes se resistían a inventar o “sembrar” pruebas contra exjefes o compañeros de militancia partidaria. Lo hecho por Murillo supera con creces lo que hiciera el último gobierno del MAS, convirtiéndose éste en el autor represivo de una “política de Estado” con olor a revancha, ajuste de cuentas y proscripción del partido que más elecciones y con cifras superadoras del 50% ha ganado en el país desde 2005.

La sofisticación para forzar procesos sin materia justiciable y la grosería llegó a tales grados que, por ejemplo, se acusó de sedición y terrorismo a quien fuera jefa de despacho del presidente Morales, Patricia Hermosa, a la que se encarceló sin otra prueba que registros y conversaciones telefónicas. Una vez privada de libertad, la señora Hermosa perdió al bebé que estaba gestando, argumento legal suficiente que debía inhibir de capturarla a quienes ejecutaron su detención arbitraria e ilegal. Para los objetivos persecutorios, Hermosa era una “sediciosa” y “terrorista”, presuntos delitos que junto al de “narcotraficante” sirvieron para instaurar un régimen del terror, que recuerda a Claudio San Román a cargo del Control Político del MNR en los 50 y 60, y a las dictaduras militares inauguradas por el general René Barrientos Ortuño en 1964.

Miriam Gamboa, señora con 80 años de edad, se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de La Paz, acusada de ser la autora intelectual de la quema de los buses Puma Katari. Gamboa, una anciana con amplio recorrido profesional como experta en planificación en salud, alega inocencia, pero ya cumple un mes de detención en celdas de Obrajes, privada de la visión de un ojo, producto de cataratas. Otro abuso innombrable del que casi nadie se ha enterado.

A la responsable de comunicación de una empresa estatal de servicios le ofrecieron no iniciarle un proceso y menos detenerla si aceptaba involucrar a su jefe en actos de corrupción. Al negarse rotundamente a aceptar tan sórdida proposición, fue acusada por una funcionaria sin título profesional, lo que la inhabilitaba de acceder al trabajo en dicha empresa, y con ese y otros vicios procedimentales fue cautelada con detención domiciliaria, limitante que le impidió trabajar durante casi un año, con acoso callejero por parte de efectivos policiales a su hijo de apenas 12 años de edad.

Son suficientes estos ejemplos preliminares de cómo el poder político e instancias decisorias del Ministerio Público instalaron el miedo en ciudadanas a las que en el supuesto de haber cometido delitos pudieron haber sido sometidas a debido proceso para defenderse en libertad. Lo que le cuestionaron a un minúsculo entorno que no permitía que Evo Morales mirara el horizonte y se encargaba del sistemático control político de fiscales y jueces, terminaron perfeccionando un método de anulación del adversario político, al extremo de que hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos terminaría traicionando su espíritu y esencia, que consiste en denunciar atropellos y sacar cara por las víctimas. Lo contrario: su presidenta, Amparo Carvajal, le manifestó a una de ellas, puesta a buen recaudo, que solamente podría abogar en su favor si hubiera llegado hasta las celdas de un recinto penitenciario, algo así como “si estás en el quinto infierno de la cárcel podemos salir en tu defensa, de lo contrario no”. Como para enmudecer de estupor.

“¿A quién pues hemos perseguido?”, preguntó el entonces ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a una conductora televisiva que lo entrevistaba. Se le podría responder que a quienes terminaron muertos en Sacaba, Senkata y el Pedregal. A Patricia Hermosa, Miriam Gamboa y a la funcionaria de la empresa estatal a la que quisieron extorsionar presionándola para inventarle delitos a su jefe. Debemos suponer que Arias no tendrá respuesta, aunque ponga a todos los avengers en miniatura con los que suele acudir a sus patéticas intervenciones mediáticas, sobre las que a propósito —persecución mediática— también hay un representativo conjunto de hechos a cargo de periodistas que avalaron el golpe, sin jamás referirse a estas indignantes violaciones a los derechos humanos: Imposible. Estaban en paroxismo obsesionados con sacar del poder al “tirano” y a sollozar de emoción por la gesta de los llamados pititas, esos a los que han convertido en símbolo de 21 días en los que se defenestró a Evo y a los suyos con escalonados motines policiales y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia del Presidente. Los mismos que hasta hace una semana invocaban un golpe cívico-militar porque también se habría producido fraude en las elecciones del pasado 18 de octubre.

Era tal el grado de excitación entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, que referentes de opinión como Carlos Hugo Molina escribieron tuits con aliento épico y un grado de cursilería desconcertante, desmentido posteriormente por la evolución de los acontecimientos: “Gracias Presidente.  Impresiona la mezcla de magia y milagro que alinearon el aletear dialéctico de la mariposa para vivir lo que vivimos. Vamos a cuidarte Jeanine, necesitamos que esto salga lo más humano posible (sic). Mantené tu sonrisa, y cuando creas necesario, convocá a los pititas”. Sublime. Como el chocolate peruano.

Por un video producido en un laboratorio audiovisual

Un intendente municipal de La Paz con grado policial contaminó el proceso de persecución- investigación que se inició contra el que fuera gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, interviniendo sin competencia legal en el mismo. Se lo acusó de uso indebido de bienes del Estado con el insostenible argumento de haber producido un video en el Laboratorio Audiovisual que instaló la empresa de transporte en una de sus estaciones (Línea Celeste) con el propósito de ofrecer infraestructura y capacitación en la materia al público en general que estuviera interesado en la producción de imágenes en movimiento. En otras palabras, dicho laboratorio prestaba un servicio como parte de las iniciativas vinculadas a la comunicación y a la cultura que el sistema de transporte puso en funcionamiento, producto de su compromiso con la comunidad.

Los acusadores, a la cabeza del sustituto de Dockweiler, Jorge Bonadona, directamente relacionado con el Gobierno Municipal de La Paz, utilizaron un breve testimonial en que una persona de aproximadamente 45 años hace una exhortación reflexiva con respecto de la coyuntura electoral que se vivía en el país en ese momento, previo a las anuladas elecciones del 20 de octubre del pasado año. No se trataba de un spot de campaña con autoría partidaria, por lo que la argumentación caía por su propio peso. A partir de ese momento, quien fuera artífice y conductor gerencial de una de las obras fundamentales que le ha cambiado la cotidianidad a las ciudades de La Paz y El Alto con este sistema de transporte, comenzó a ser perseguido y, como no admitió culpabilidad alguna, decidió ponerse a resguardo para eludir su detención.

Por si esto fuera poco, a Dockweiler también se lo acusó de presionar y obligar al  personal de Mi Teleférico a entregar aportes para la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando, según su versión y la de los propios trabajadores de la empresa, los montos fueron otorgados libre y voluntariamente. Todo traído de los pelos con la instigación de ministros como el de la Presidencia, Yerko Nuñez, y el  de Obras Públicas, Iván Arias, el que preguntó en televisión “¿A quién hemos perseguido?”. Objetivo central: Anular políticamente al fundador gerente de Mi Teleférico que a lo largo de su gestión demostró que una empresa estatal, bien gestionada, puede exhibir números favorables con efectos multiplicadores.

Una justicia putrefacta al servicio del poder de turno

Debido proceso es el concepto con el que se enjuicia a una persona cumpliéndose rigurosamente todas las instancias que comprenden el trayecto de un juicio transparente, desde el levantamiento de información a partir de indicios hasta el momento final de la sentencia condenatoria, que en los casos analizados ha sido sustituido por el uso excesivo y violatorio de los derechos humanos de la detención preventiva, y sucede cuando el Ministerio Público y el aparato judicial se hallan condicionados en todas sus instancias por el poder político de turno. Fue en ese ámbito que el Tribunal Constitucional otorgó carta blanca a Evo Morales para que se habilitara como candidato presidencial, aduciendo un derecho humano según el Pacto de San José. Tres años más tarde de tan cuestionada decisión, incluso en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el que fuera ministro de Justicia y abogado de confianza de Evo, Héctor Arce Zaconeta, ha reconocido hace unos días en entrevista televisiva que se trató de “el más grave de los errores”, reconocimiento tardío, por lo que él mismo tuvo que padecer refugiado en la residencia de la Embajada de México en La Paz, y sin prever consecuencias para todos sus “compañeros” a los que se persiguió, extorsionó y apresó indebidamente durante el último año.

Las características fundamentales de la persecución política durante el gobierno de facto son las siguientes: incumplimiento de principios y procedimientos penales, injerencia política del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público; fabricación de delitos, órdenes de aprehensión sin debida citación previa; uso de medios de comunicación para fines de desprestigio; abuso contra terceros para fines declaratorios e incriminatorios; involucramiento de familiares —parejas, hijos— con ampliación de procesos; presiones para cambiar declaraciones de testigos; búsqueda de “testigos” para declaraciones en contra de los perseguidos de turno a cambio de reinserción u otorgación de fuentes laborales.

Ése es el “legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la inquina del régimen de facto, la que fuera ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, destituyó al embajador en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, a sabiendas del cáncer que lo aquejaba, por lo que su despido era ilegal. Digamos que ejerciendo otra forma sutil y perversa de persecución política. Ayer sábado 14 de noviembre nos enteramos que lamentablemente Rodríguez Ostria falleció en Lima, al que recordaremos como historiador de valiosas investigaciones como “Sin tiempo para las palabras: Teoponte, la otra guerrilla guevarista en Bolivia” (2006) y “Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena 1920-1977” (2017).

*Julio Peñaloza Bretel es periodista

Exportar hoja de coca, una cuestión política

Hay dos caminos: pedir que la hoja de coca salga de la lista de estupefacientes, y generar acuerdos de comercio entre Bolivia y países interesados

Celebración del Día Nacional del Acullico, el lunes 11 en la plaza Murillo

Por Iván Bustillos

/ 20 de enero de 2021 / 15:47

El punto sobre la i

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro, además, vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca, al menos hoy, es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.

La hoja de coca, desde 1961, año en que se establece la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, fue parte de polémica política: una vez que en dicha Convención expresamente se dice (artículo 49, inciso 2e) que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (el plazo del cuarto de siglo feneció en 1989), en septiembre de 1975, el gobierno de facto presidido por Hugo Banzer Suárez se adhirió a la Convención sin presentar reserva alguna a la misma. Y es que el menosprecio estatal por la coca viene de antes, del propio gobierno de la Revolución Nacional, pues fue en la propia Convención, en marzo de 1961, cuando Bolivia (bajo el gobierno de Paz Estenssoro) fue signataria de la misma (conteniendo su artículo anti-acullico).

Es a este carácter político a que el 11 de enero reciente se refirió el vicepresidente Choquehuanca al afirmar que “en 1961 hemos permitido que la hoja de coca entre a la Lista 1 de plantas prohibidas [Lista 1, sustancias consideradas “muy adictivas o de probable uso indebido”]”.

Por eso, al año siguiente de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2007, recordó Choquehuanca, “se empezó a trabajar para que la hoja y la cultura se respeten, que la comunidad acepte el acullico y nuestra cultura, y es así que se establece una ley que respeta el acullico”.

Bolivia, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, en junio de 2011, comunicó oficialmente que denunciaba (se retiraba de) la Convención de 1961; ello para que el 1 de enero de 2012 pida nuevamente su readmisión, pero esta vez con la reserva de que rechaza los artículos del documento que condenan al acullico como “una forma de cocainismo y adicción”, como diría a este suplemento en una entrevista pasada el politólogo neerlandés Martin Jelsma.

Bolivia logró reingresar a la Convención, armada de su reserva, solo un año después, el 1 de enero de 2013. A su retorno se habían opuesto solo 15 de 183 países, número que no alcanzó el tercio de Estados miembros necesario para vetar a un país.

Así, desde esa fecha, el acullico y otros usos lícitos de la hoja de coca son reconocidos como legales en el territorio nacional.

En la presentación del referido libro, Choquehuanca, en su peculiar estilo, habló de poner en agenda en lo inmediato el objetivo de exportar hoja de coca: “Bolivia debe encarar el reto de hacer conocer al mundo las propiedades alimenticias, medicinales y ancestrales de la Hoja Sagrada”, aseveró en su discurso.

Pero he aquí de nuevo la prevención de los estudiosos: hablar de la exportación de coca en primer lugar es superar el práctico veto que todavía pesa sobre la hoja en su estado natural; una tarea entre estudios científicos y acciones políticas en la diplomacia boliviana.

De aquí que la investigadora Chulver enfatice que para promover la exportación se puede acudir a dos acciones: uno, “solicitar la desclasificación o reclasificación de la hoja de coca, ya que está dentro de una de las listas más duras” de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas; y, dos, la posibilidad de celebrar lo que se llaman “acuerdos inter se (entre sí, en latín)” entre dos países para asuntos de exclusivo interés mutuo.

En lo primero, pedir que la hoja de coca sea sacada de la drástica Lista 1, Chulver insiste en que “la idea de la reclasificación tampoco es una locura porque es algo que se ha discutido en Viena (Austria) el año pasado”, por eso ve importante “llevar este debate a esferas diplomáticas”.

En declaraciones a este suplemento, a fines de 2019, el politólogo Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en el tema, advertía que acaso éste sea el camino más largo, pues implica toda una revisión de investigación y literatura científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su debate.

En cuanto a los acuerdos inter se, también Jelsma (en el libro de Chulver) recuerda la vigencia de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo que dice que “dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.

Y, esto precisamente (la posibilidad de acuerdos bilaterales que incluso modifiquen un tratado mayor en contra), destaca Chulver, es lo que se está explorando con el cannabis (marihuana) “entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos”. De la misma manera, aterriza todo esto Chulver, “para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter seentre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”.

La potencialidad de los mercados bilaterales, destaca el estudio de Chulver y Sanez, por ahora contempla al menos seis países posibles importadores de coca: Ecuador, México, Argentina, Irán, España y Holanda.

En el caso de Ecuador, ya en noviembre de 2018 hubo la intención de la exportación de derivados de coca, mediante un acuerdo bilateral; lamentablemente no llegó a concretarse.

Sobre México, los autores informan que “este país ha manifestado explícitamente al Estado boliviano su interés en desarrollar conocimiento e investigación científica de las propiedades medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca desde 2017, lo que reafirmó en diciembre de 2018”.

En cuanto a Argentina, acaso el mayor mercado exterior de la hoja de coca boliviana, Chulver destaca la Ley Nacional 23.737, vigente desde 1989, que establece procedimientos específicos para la extracción, manipulación, importación y fabricación de sustancias prohibidas. “Dentro de esta ley se encuentra el artículo 15, en el cual se habla exclusivamente de la hoja de coca: ‘la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes’”.

En lo relativo a Irán, el trabajo de Chulver y Sanez destaca que este país “ha ofrecido a Bolivia la transferencia de nanotecnología para el desarrollo industrial. En el ámbito de la hoja de coca, se comprometió a enviar una comisión de alto nivel para hacer un diagnóstico con el objetivo de mejorar el sistema de salud pública y a realizar una investigación científica sobre las cualidades de la hoja de coca”.

Finalmente, en cuanto a España y Holanda, la investigación detalla que en España, en 2016, hubo una “oleada de medios de comunicación que anunciaban la consolidación de mercados de productos derivados de la hoja de coca”. Se trata, remarca, de un mercado que “además de abarcar el consumo de la población migrante boliviana, que hasta 2016 era de 89.115 residentes, también tiene población colombiana, peruana, española y catalana”.

Finalmente, en referencia a Holanda, el libro cuenta: “Si vemos el resto de Europa, podemos tomar el ejemplo de la bebida llamada Coca Blue, que se comercializa bastante y está elaborada con coca peruana, publicitada como coca boliviana. La botella tiene un valor de 240 euros. La exportación [de hoja de coca] es formalizada y acompañada con resguardo policial hasta Holanda, donde se produce la descocainización de la planta, para después ser transportada hasta Irlanda, donde se produce el licor”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Trump no tomará cianuro

Trump cree que su lucha recién comienza ahora, porque solo ahora será convincentemente una lucha contra el sistema

/ 20 de enero de 2021 / 15:36

Dibujo Libre

Trump no es Hitler, Estados Unidos no es la Alemania nazi, ningún ejército invasor está en camino a la Casa Blanca. A pesar de todo eso, no es posible evitar una comparación entre Trump en estos últimos días y los últimos días de Hitler. Hitler en su búnker, Trump en la Casa Blanca. Los dos, habiendo perdido el sentido de la realidad, dan órdenes que nadie cumple y, cuando son desobedecidos, declaran traiciones que alcanzan a los más próximos e incondicionales: Himmler, en el caso de Hitler; Mike Pence, en el caso de Trump. Así como Hitler se negó a creer que el Ejército Rojo soviético estaba a diez kilómetros del búnker, Trump se niega a reconocer que perdió las elecciones. Las comparaciones terminan aquí. A diferencia de Hitler, Trump no ve llegado su final político y mucho menos se retirará a su habitación para, junto a su esposa, Melania Trump, ingerir cianuro y, conforme el testamento, incinerar sus cuerpos fuera del búnker, es decir, en los jardines de la Casa Blanca. ¿Por qué no lo hace?

Al final de la guerra, Hitler se sintió aislado y profundamente desilusionado con los alemanes por no haber sabido estar a la altura del gran destino que les tenía reservado. Como diría Goebbels, también en el búnker: “El pueblo alemán eligió su destino y ahora sus pequeñas gargantas están siendo cortadas”. Por el contrario, Trump tiene una base social de millones de estadounidenses y, entre los más fieles, se encuentran grupos de supremacistas blancos armados y dispuestos a seguir al líder, incluso si la orden es invadir y vandalizar la sede del Congreso. Y, lejos de ser pesimista respecto a ellos, Trump considera a sus seguidores los mejores estadounidenses y grandes patriotas, aquellos que harán “America great again”. Hitler sabía que había llegado su fin y que su final político también sería su final físico. Lejos de eso, Trump cree que su lucha verdaderamente comienza ahora, porque solo ahora será convincentemente una lucha contra el sistema. Mientras que muchos millones de estadounidenses quieren pensar que el conflicto ha llegado a su fin, Trump y sus seguidores desean mostrar que ahora comenzará, y continuará hasta que Estados Unidos les sea devuelto. Joe Biden se equivoca cuando, al ver la vandalización del Congreso, afirma que eso no es Estados Unidos. Sí lo es, porque Estados Unidos es un país que no solo nació de un acto violento (la matanza de los indios), sino que fue a través de la violencia que se dio todo su progreso, traducido en victorias de las que el mundo tantas veces se sintió orgulloso, desde la propia unión de Estados “Unidos” (620.000 muertos en la guerra civil) hasta la luminosa conquista de los derechos civiles y políticos por parte de la población negra (numerosos linchamientos, asesinatos de líderes, siendo Martin Luther King Jr. el más prominente), como sigue siendo el país donde fueron asesinados muchos de los mejores (según ellos) líderes políticos electos, desde Abraham Lincoln hasta John Kennedy. Y esta violencia ha dominado tanto la vida interna como toda su política imperial, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Que lo digan los latinoamericanos, Vietnam, los Balcanes, Irak, Libia, los palestinos, etcétera.

Joe Biden también se equivoca cuando dice que la pesadilla ha llegado a su fin y que ahora se reanudará el camino de la normalidad democrática. Por el contrario, Trump tiene razón al pensar que todo está empezando ahora. El problema es que él, contrariamente a lo que piensa, no controla lo que va a empezar y, por este motivo, los próximos años tanto pueden serle favorables, llevándolo de vuelta a la Casa Blanca, como pueden dictar su fin, un triste final. Como sistema político y social, Estados Unidos está en un momento de bifurcación, un momento característico de los sistemas alejados de los puntos de equilibrio, en los que cualquier pequeño cambio puede producir consecuencias desproporcionadas. Resulta, por tanto, aún más difícil de lo habitual predecir lo que sucederá. A continuación, identifico algunos de los factores que pueden causar cambios en una u otra dirección: desigualdad y fragmentación, primacía del derecho y Stacey Abrams.

Desigualdad y fragmentación. Desde la década de 1980, la desigualdad social ha ido en aumento, tanto que Estados Unidos es hoy el país más desigual del mundo. La mitad más pobre de la población tiene actualmente soloel 12% del rendimiento nacional, mientras que el 1% más rico tiene el 20% de ese rendimiento. En los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha dictado el empobrecimiento de los trabajadores estadounidenses y destruyó las clases medias. En un país sin servicio público de salud y sin otras políticas sociales dignas de ese nombre, uno de cada cinco niños pasa hambre. En 2017, uno de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años (3,5 millones de personas) había pasado en los últimos doce meses por un período sin un lugar donde vivir (homelessness). Adoctrinados por la ideología del “milagro americano” de las oportunidades y viviendo en un sistema político cerrado que no permite imaginar alternativas al statu quo, la política de resentimiento, que la extrema derecha es experta en explotar, ha hecho que los estadounidenses victimizados por el sistema consideren que el origen de sus males estaba en otros grupos aún más victimizados que ellos: negros, latinos o inmigrantes en general.

Con la desigualdad social, aumentó la discriminación étnico-racial. Los cuerpos racializados son considerados inferiores por naturaleza; si nos hacen daño, no hay que discutir con ellos. Tienes que neutralizarlos, depositándolos en cárceles o matándolos. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (698 presos por cada 100.000 habitantes). Con menos del 5% de la población mundial, EEUU tiene el 25% de la población carcelaria. Los jóvenes negros tienen cinco veces más probabilidades que los jóvenes blancos de ser condenados a prisión. En estas condiciones, ¿es sorprendente que la apelación antisistema sea atractiva? Nótese que hay más de 300 milicias armadas de extrema derecha repartidas por todo el país, un número que ha aumentado desde la elección de Obama. Si no se hace nada en los próximos cuatro años para cambiar esta situación, Trump seguirá alimentando, y con razón, su obsesión por regresar a la Casa Blanca.

Primacía del derecho. Estados Unidos se ha convertido en el campeón mundial de la rule of law y de la law and order. Durante mucho tiempo, en ningún país se conocía el nombre de los jueces de la Corte Suprema, excepto en Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses ejercieron la función de garantizar el cumplimiento de la Constitución con una

independencia razonable. Hasta que ciertos sectores de las clases dominantes entendieron que los tribunales podían ponerse más activamente al servicio de sus intereses. Para ello, decidieron invertir mucho dinero en la formación de magistrados y en la elección o nombramiento de jueces para los tribunales superiores. Esta movilización política de la justicia tuvo una dimensión internacional cuando, especialmente después de la caída del Muro de Berlín, la CIA y el Departamento de Justicia comenzaron a invertir fuertemente en la formación de magistrados y en la modificación del derecho procesal (delación premiada) de los países bajo su influencia. Así surgió el Lawfare, una guerra jurídica, de la que la Operación Lava-Jato en Brasil es un ejemplo paradigmático. Trump cometió varios delitos federales y estatales, incluida la obstrucción de la justicia, el blanqueo de capitales, el financiamiento ilegal de campañas electorales y delitos electorales (el más reciente de los cuales fue un intento de alterar de manera fraudulenta los resultados de las elecciones de Georgia en enero de 2021). ¿Funcionará el sistema penal como solía hacerlo en el pasado? Si es así, Trump será condenado y probablemente irá preso. Si eso ocurre, su fin político estará cerca. De lo contrario, Trump trabajará su base, dentro o fuera del partido republicano, para regresar con fuerza en 2025.

Stacey Abrams. Esta excongresista negra es la gran responsable de la reciente elección de los dos senadores demócratas en el estado de Georgia, una victoria decisiva para dar a los demócratas la mayoría en el Senado y así permitir que Biden no sea objeto de obstrucción política permanente. ¿Cuál es el secreto de esta mujer? En el transcurso de diez años, ha tratado de articular políticamente a todas las minorías pobres de Georgia (negras, latinas y asiáticas), un Estado donde el 57,8% de la población es blanca, un Estado considerado racista y supremacista, donde tradicionalmente ganan los conservadores. Durante años, Abrams creó organizaciones para promover el registro electoral de las minorías pobres alienadas por el fatalismo de ver ganar siempre a los mismos opresores. Orientó el trabajo de base para fomentar la unidad entre los diferentes grupos sociales empobrecidos, tan a menudo separados por los prejuicios étnico-raciales que alimentan el poder de las clases dominantes. Después de diez años, y tras una carrera notable que podría haber alcanzado su auge con la nominación como vicepresidenta de Biden (en lo que fue relegada en favor de Kamala Harris, más conservadora y más cercana a los intereses de las grandes empresas de información y de comunicación de Silicon Valley), Abrams logra una victoria que puede liquidar la ambición de Trump de regresar al poder. El mismo día en que los vándalos rompían cristales y saqueaban el Capitolio, se festejaba en Georgia esta notable hazaña, una poderosa demostración de que el trabajo político que puede garantizar la supervivencia de las democracias liberales en estos tiempos difíciles no puede limitarse a votar cada cuatro años, y ni siquiera al trabajo en las comisiones parlamentarias por parte de los electos. Exige trabajo de base en lugares inhóspitos y muchas veces peligrosos donde viven las poblaciones empobrecidas, ofendidas y humilladas que, casi siempre con buenas razones, perdieron el interés y la esperanza en la democracia.

La obra de Stacey Abrams, multiplicada por los movimientos Black Lives Matter, Black Voters Matter y tantos otros, muchos de ellos inspirados en Bernie Sanders y “nuestra revolución” animada por él, puede devolver a la democracia estadounidense la dignidad que Trump puso en riesgo. Si es así, la mejor lección que los estadounidenses pueden aprender es que el mito del “excepcionalismo estadounidense” es solo eso, un mito. Estados Unidos es un país tan vulnerable como cualquier otro a las aventuras autoritarias. Su democracia es tan frágil como frágiles son los mecanismos que pueden evitar que los autócratas, los antidemócratas sean elegidos democráticamente. La diferencia entre ellos y los dictadores es que, mientras estos últimos comienzan por destruir la democracia para llegar al poder, los primeros usan la democracia para ser elegidos, pero luego se niegan a gobernar democráticamente y a abandonar democráticamente el poder. Desde la perspectiva de la ciudadanía, la diferencia no es muy grande.

(*) Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

(**) Boaventura de Sousa Santos es Doctor en Sociología, portugués

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Bolivia en tiempos de Bolívar

‘No se imagina la gratitud que tengo para estos señores por haber ligado mi nombre a una cosa inmortal’

/ 20 de enero de 2021 / 15:32

Sala de Prensa

Sintió tanto el frío paceño que cuando le escribió a Francisco José de Paula Santander de Omaña, el 19 de agosto de 1825, le dijo que la carta iba a llegar tan helada si acaso “un cóndor no se la lleva y la hace calentar con el Sol”. Y así estaba el frío la madrugada del 18 de agosto de 1825, cuando el libertador Simón Bolívar llegó por primera vez a La Paz, a la cuidad de las sublevaciones indígenas de Katari.

En el pueblo de Laja se concentraron numerosos jinetes, grupos de indígenas con trajes multicolores se situaron en todo el trayecto con sus zampoñas y tambores y las autoridades locales lucieron sus mejores galas. No sólo ello. Le alistaron un obsequio: un hermoso caballo blanco, de media sangre árabe, adornado con montura, correaje, estriberas y hebillas labradas, guarnecidas con piezas de oro. “Un par de espuelas del mismo metal y finísimo chicotillo con monograma de piedras preciosas en la empuñadura, completaba el presente de la Municipalidad de La Paz”, narra Alfredo Sanjinés, bisnieto de la heroína Vicenta Juaristi de Eguino en un escrito recopilado por la Universidad Mayor de San Andrés.

Luego de atravesar Laja y El Alto, el libertador descendió por el pedregoso camino de la urbe en su nuevo caballo, aclamado por la muchedumbre, deteniéndose solo al llegar al puente de Coskochaca (avenidas Manco Kapac y Pando), la entrada principal a la ciudad de La Paz.

El trayecto hasta la plaza principal estaba cubierto de emblemas, flores, monedas, plata labrada y cuantos objetos valiosos podían hallarse.

La primera persona que se adelantó a recibir al libertador, presidiendo un numeroso conjunto de damas de la ciudad y un grupo de niñas vestidas a la usanza de los incas, fue doña Vicenta Juaristi de Eguino.

“¡Libertador!”, le dijo, “La misión que los mártires del año nueve impusieron desde el cadalso de sus hijos, la habéis cumplido. La sangre que regaron en el suelo que pisáis es la savia que da vida al árbol de la libertad, bajo cuya sombra hoy gozamos de la justicia de nuestra causa, del derecho de nuestra victoria y de las garantías que nos da la independencia. A nombre de esta ciudad os saludo, entregándoos está guirnalda como enseña de gratitud”.

Y entregándole una corona de filigrana de plata, tachonada de piedras preciosas, abrió con llave de oro la puerta y mostrándosela al Libertador, le dijo: “Entrad pues a la ciudad cuna de la libertad, y que vuestra triunfante espada abra esta puerta para que desde hoy La Paz pueda imitar vuestras virtudes, ya que antes imitó a sus progenitores en el sacrificio y martirio de sus hijos”, rememora Remy Rodas Eguino, tataranieto de la heroína, exministro de Educación y exdiputado por La Paz, durante un discurso el 17 de julio de 1943, en ocasión de la entrega de un estandarte a la unidad educativa que lleva el nombre de su antepasada. Llegó la comitiva a la plaza principal, donde formaron cuadro algunos cuerpos del ejército libertador.

Aclamado por sus soldados, Bolívar fue recibido en el Palacio y de allí pasó a la Catedral, donde se celebró un tedeum. Cumplido el homenaje al Creador, Bolívar se dirigió nuevamente a Palacio.

De acuerdo con Alfredo Sanjinés, en el salón principal se le aproximó un sacerdote y después de dirigirle unas breves y emocionadas frases, trató de coronarlo con un laurel de oro tachonado con brillantes, pero Bolívar se lo quitó vivamente de la mano y ornó con él las sienes de Sucre: “No es a mí a quien se debe la corona de la victoria —dijo— sino al general que dio la libertad al Perú en el campo de Ayacucho”.

Y Sucre, con modestia y delicadeza, le respondió: “Vuestra excelencia llevando sus bondades más allá de lo que es permitido para la justicia, ha dicho que la libertad del Perú es debida al ejército unido; más el ejército no consentirá jamás una usurpación. Entre las posibilidades humanas no podía contarse un suceso más completo y raro, como nuestro último triunfo, sino lo hubiese precedido un genio superior e inmortal. En el campo de batalla, cuando iba a decidirse la suerte de una nación entera, yo recurrí al nombre de Bolívar para asegurar el resultado. No estuvo la persona de V.E. en Ayacucho, pero V.E. existió en el corazón de cada soldado en el combate”. En la carta de Bolívar a Santander del 19 agosto de 1825 le dijo que llegó a la “patriótica ciudad” y que fue recibido, como era natural, “con mil demostraciones de bondades y agradecimientos”. “El orador de la fiesta de ese día me ha querido hacer Monarca con una poca sagacidad y gracia. En fin, esto está en grande”.

“No puede usted imaginarse la gratitud que tengo para estos señores por haber ligado mi nombre a una cosa inmortal. Yo moriré pronto, pero la República Bolívar quedara viva hasta el fin de los siglos”.

“Bolivia es para voz, como para mí, nuestra hija predilecta. Junín y Ayacucho la entregaron; los libertadores deben mantenerla a costa de sus sacrificios”.

Después de un mes en La Paz, el 20 de septiembre Bolívar y Rodríguez viajaron a Oruro, donde llegaron el 24. En los pocos días que estuvieron en Oruro dejaron disposiciones para que se comenzaran a organizar las instituciones de educación, la prioridad eran las escuelas de primeras letras y de latinidad, las de dibujo, matemáticas y ciencias mineralógicas.

El 5 de octubre llegaron a Potosí. Los residentes organizaron un recibimiento espectacular. Se construyeron arcos triunfales y reunieron a miles para aclamarlo. En las siete semanas que duró su estancia se multiplicaron los banquetes, no faltaron ni bailes ni corridas de toros y las más de las noches se lanzaron espectaculares fuegos de artificio.

El 26 de octubre subieron a la montaña. Bolívar, en un gesto conscientemente épico, clavó un manojo de banderas sobre la cima y saludó a la América emancipada: “Venimos venciendo desde las costas del Atlántico, y en quince años de una lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía, formado tranquilamente en tres siglos de usurpación y de violencias. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¡Cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo! En cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron trescientos años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la Libertad, desde las playas ardientes del Orinoco, para dejarlo aquí, en el pie de esta montaña, cuyo seno es el asombro y la envidia del universo”, refiere el libro Simón Rodríguez Cartas, editado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (2001).

El 3 de noviembre, la comitiva entró en Chuquisaca. Ahí aconteció un evento por demás histórico: Simón Bolívar le estrechó la mano a Juana Azurduy de Padilla, la teniente coronela, como la llamaban en Salta, Argentina, las montoneras de Güemes.

En un gesto de aprecio y reconocimiento, Bolívar le concedió por decreto una pensión vitalicia de 480 pesos. Pero el pago era intermitente y precario. No eran diferentes de aquéllos contra quienes ella guerreó para fundar esta patria independiente y sin ventura. No alardeaba, sin embargo, de lo pasado, ni murmuraba de lo presente. Era sobria de palabras como un veterano, escribió Gabriel René Moreno en la semblanza biográfica La Teniente Coronela de la Independencia Doña Juana Azurduy de Padilla.

El 6 de enero de 1826 Bolívar salió de Chuquisaca para Lima, se fue de Bolivia y en ella dejó a su maestro con el propósito de edificar la república modelo, designio que no pudo consolidar por diversas razones.

Así fue el paso del libertador por Bolivia y así estaba Bolivia en los tiempos de Bolívar, naciendo aún y él en su momento de gloria.

(*) Juan F. Cori Charca es periodista

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Mallku, el indio volador

Irreverente, radical, aguerrido, contestón, Felipe Quispe puso en evidencia con un lenguaje brutal y directo, la histórica desigualdad, el racismo y discriminación imperantes contra los originarios de estas tierras debido al poder y el orden de las clases dominantes a lo largo de nuestra historia.

/ 19 de enero de 2021 / 22:10

El siguiente texto fue publicado en el quincenario ‘El juguete rabioso’, el 29 de octubre de 2000. Forma parte del libro ‘Reportaje a la democracia, Memoria periodística, Bolivia 1969 – 2019’ de próxima aparición. Irreverente, radical, aguerrido, contestón, Felipe Quispe, nacido en la provincia Omasuyos del altiplano de La Paz, graduado en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) puso en evidencia con un lenguaje brutal y directo, la histórica desigualdad, el racismo y discriminación imperantes contra los originarios de estas tierras debido al poder y el orden de las clases dominantes a lo largo de nuestra historia. Este artículo registra, en alguna medida, la valiosa contribución del llamado ‘Mallku’ a nuestra historia democrática.

La aparición de Felipe Quispe, el ‘Mallku’, provoca nuevamente los odios y los miedos en una sociedad que, como no ha aprendido a conocer al otro, al indio, no cree ni se relaciona con él.

“Indio volador”, así le llamaban en sus años universitarios de Lovaina a Jaime Paz Zamora. El apodo se lo pusieron porque como buen sudaca se paraba bien bajo los tres palos del equipo en que jugaba cuando, residiendo en Bélgica, creía en el socialismo en el que soñaba por su nueva Bolivia.

El Indio volador que conocemos ahora ya no es, por supuesto, Paz Zamora, que hace muchísimos años se retiró  del fútbol y se dedicó a funcionalizar utopías gracias a unas célebres trampas retóricas cuidadosamente hilvanadas por quienes le fueron abriendo paso desde las entrañas del MIR hacia el poder. El Indio Volador es ahora Felipe Quispe, El cóndor pasa, tocayo del mismísimo Príncipe de Asturias: Dos metros de estatura, rubio y de ojos azules, y que provoca desvelos, a un personal femenino muy mestizo que nunca dejará de creer en los cuenteretes de hadas de Felipe Quispe.

Felipe Quispe, que de Borbón parece no tener nada, pero de hombre moderno de la ciudad,  marketero, televisivo y de chaqueta raída azul jean como cualquier modelo de spots Marlboro, tiene bastante, ha crispado las terminaciones nerviosas de los blancoides con bronceado de fin de año muy Miami Vice, a quienes les ha producido tembladera, como alguna vez a sus abuelos y bisabuelos antes del 52, con el pánico de que estos “indios de mierda” que no se bañan se van a meter a nuestras casas y se lo van a llevar todo.

Una vieja muy copetuda que era muy severa y jugaba rummy todas las tardes decía que su democracia quedaba detenida en las compuertas de sus fosas nasales porque no soportaba las emanaciones de los colectivos de entonces en que se viajaba apechugado y rodeado de sudores varios. Si la democracia se midiera como lo hacía esta buena señora, las lecciones debían producirse entre inventores de detergentes, jaboncillos de fragancias al gusto, y champús anticaspa, y ya no más entre políticos profesionales que se han pasado fenomenalmente por el forro de los cojones la existencia de los in-existentes, indios también con ganas de votar, agazapados en Achacachi con las cabezas hinchadas de bronca gracias al rollo que Felipe les larga con puntualidad y en proporciones dosificadas conforme se va acercando la fecha de un próximo conflicto con bloqueo de mentes y caminos como instruye el recetario completo.

Aprendí con el cine de Jorge Sanjinés, con su Teoría y práctica de un cine junto al pueblo, parida con mejores pretensiones que resultados en los 70, que el cine indígena, más precisamente aymara, debía ser uno de autor colectivo en el que la comunidad va construyendo el discurso fílmico concordante con una organización social que le otorga preeminencia a la voluntad del conjunto, y no la inspiración divina del artista único e irrepetible, tal como lo dicta el canon occidental.

Al final, el chocolate espeso y las cuentas claras: Sanjinés ha hecho a lo largo de su reconocida trayectoria, un cine suyo porque los guiones y la realización corrieron siempre por su cuenta y riesgo, por más que se forzara el autoengaño a fin de no cometer entre otras torpezas de hombre blanco, postales para las estaciones de metro europeas.

Y al igual que Sanjinés, el Mallku actúa por sí mismo y en el tinglado político en el que ha logrado posicionarse en el tiempo Guinness de 30 días, y emerge por su inteligencia, su astucia para enfatizar aún más su castellano mal hablado y parido desde el trivalente aymara. ¿Dónde se hace visible esa masa que le da legitimidad a su dirigente? ¿Qué televisión se ha preocupado por intentar meterse en las casas, pero no para llevarse lo poco que allí hay, de todos estos “indios de mierda” que no se bañan y que habitan un mítico cosmos como si el mundo lejano aquél no fuera tan perro como lo es el de aquí?

Indios, inexistentes y ahora invisibles, porque si algo tuvo el cine latinoamericano de los 60-70 fue poner en pantalla a quienes la televisión internetizada del Siglo XXI se viene encargando de desdibujar, a través de una pobrísima agenda de géneros audiovisuales, donde solo hablan los representantes democráticamente elegidos, (léase Felipe Quispe, ejecutivo de la CSUTCB), lo mismo que en la democracia presidencialista, parlamentaria y excluyente que fustigan con tanto ardor y miles de piedras acomodadas cerrándonos el paso unos a otros.

Con todas sus contradicciones, su bien aprendido estilo, y su teatralizaciones de goleador oportunista, de todas maneras el Mallku ha hecho algo que parecía nunca más iba a suceder: que la acomodada, poco instruida, bien aseada pero bastante aburrida clase media de las ciudades del país volviera a sentir miedo por la fuerza de lo desconocido, pero no el miedo de una tribuna folklórica que activaba el Compadre Palenque, sino ese miedo a lo profundo, sombrío, místico tan cargado de silencio que es el mundo indígena de este lado del país, en el que lo infrahumano aterra.

Felipe Quispe es un dirigente que responde a sus bases como él mismo dice, pero aunque no le guste ya ha sido absorbido por ésa que él llamaría cultura dominante, que es la cultura que gobierna más que antes al globo íntegro. El Mallku es la sensación del momento, el hombre de moda que aún sin estar de acuerdo, vive bajo las reglas puestas por quienes interpela.

Lo que pasa es que además de vestir como homo urbanus universal, debido a la urgencia con la que viven los suyos, acaba siendo presa del error de exclusión que él mismo condena con tanta vehemencia y ese error es el de insistir en “su” Bolivia prescindiendo de la voluntad de una comprensión totalizante, cuando las Bolivias in-existentes e in-visibles, nunca terminan de registrarse.

Los civilizados mestizos de la ciudad que se las dan de muy elegantes, que acuden a los acontecimientos que registra Ficho (Viaña, cronista de la haig sosayti paceña), viven en casas y aparentemente en las que las habitaciones de “sus” empleadas miden uno por uno, no tienen ventanas y muchos de ellas solo piso de cemento. Mientras en el Loro de Oro publican anuncios de ventas, alquileres y anticréticos con “habitaciones en suite”, sus empleadas deben amontonar las pertenencias en los aguayos con los que llegan y ocupan el espacio que el patrón les asigna. Y es que ese es el concepto de nuestros urbanistas, muchos de ellos metidos a postmodernos, acerca del hábitat que debe ocupar la doméstica salvaje, y es desde estos hechos reproducidos como hongos en propiedades horizontales que se incuba la furia en espíritus rebeldes e ideológicamente cincelados como el del Mallku.

La nueva Bolivia de Paz Zamora, Bolivia la nueva de Revollo, la federalista de Valverde Barbery, la empresarial inexistente de la que habla Valdez (Jorge, empresario petrolero) son modelos incompletos, imperfectos y viciados de nulidad por ese espíritu de rapiña del que se nutre el estamento político del que se abraza el poder a sí mismo, pero difícilmente lo vincula para que todos se suban al coche de la participación, dejando atrás viejas tretas de paternalismo estatal en el que esos mismos indios por los que pelea el Mallku se han cobijado durante décadas por un elemental sentido de sobrevivencia, es decir, necesitados de ingresar en la lógica clientelista y discrecional inaugurada por el MNR en los 50.

El Mallku sobrevuela con su amenaza de cerco sobre las azoteas de la indiferencia y la vida chata de una La Paz desangelada que no sabe por dónde comenzar para recuperar su ajayu. Así estamos, pero en realidad es que así somos, bien duchos para capear las emergencias, pero bastante holgazanes para aprender a escuchar al otro en tiempos de paz, y es que sin el odio y el desprecio ancestrales nosotros los de entonces ya no seríamos los mismos.

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Atomizada Oposición Subnacional

Los opositores regionales al MAS se tienden a fragmentar más que en 2015

Acto de sufragio en las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales de 2015

Por Iván Bustillos

/ 13 de enero de 2021 / 15:01

Con la inscripción de candidatos y candidatas a las gobernaciones se aclaró más el panorama de lo que se viene en cuanto a tendencias de la votación. De primera, comparando con las elecciones subnacionales de 2015, es evidente una práctica “explosión” de candidaturas en buena parte de los departamentos. En efecto, mientras en La Paz en 2015 había 7 candidatos a la Gobernación, en las elecciones del 7 de marzo próximo habrá nada menos que el doble, 14. En Chuquisaca, si en 2015 había solo 4 candidaturas (que al final fueron 3, pues una fue anulada por la renuncia de su candidato), ahora habrá 9. Y si para la Gobernación de Cochabamba en 2015 pugnaron 5 postulantes, en 2021 terciarán 9 fuerzas políticas. Por otro lado, cuando en Oruro en las elecciones subnacionales de 2015 hubo 6 candidatos, en 2021 habrá 9. También Beni se puede considerar “explosivo” en candidaturas para la Gobernación, pues de solo tres que tuvo en las elecciones de 2015, para los comicios de marzo se presentaron hasta 6 postulantes. 

Entre los departamento que se pueden considerar de incremento moderado está Potosí, que si en 2015 llegó a tener 5 candidatos, en las justas de 2021 tendrá a 7. 

El departamento que mantendrá el número de candidatos es Santa Cruz, que en 2015 tenía 6 candidatos a la Gobernación, y este año repetirá el mismo número.

En tanto que solo dos departamentos habrán bajado de número de candidatos: Pando, que en las elecciones de 2015 tuvo 4 candidatos, en las justas del 7 de marzo solo pugnarán 3 postulaciones; y, Tarija, que de 6 candidaturas en 2015 ahora solo tendrá 4 contendientes por el gobierno departamental.

En todo caso, tal como se puede observar en los gráficos adjuntos, en la mayoría de los departamentos el rasgo común es que sea cual fuere la cantidad de candidatos, la votación tiende a concentrarse en los dos primeros, y con elevado porcentaje.

Así, en Chuquisaca el voto concentrado en el primero más el segundo suma 91% de la preferencia electoral, 81% en  el caso de La Paz, 85% en Cochabamba, 72% en Oruro, 83% en Potosí, 92% en el departamento de Santa Cruz, 94% en Pando.

Solo en los comicios de Tarija y Beni se observa una votación más equitativamente distribuida: en Tarija la mayor parte de la votación se la llevan los tres primeros, 95% de los votos; en tanto que en Beni, las tres fuerzas de algún modo se equiparan: 41-31-28 por ciento.

Un dato no menor también es que en todos los departamentos el Movimiento Al Socialismo (MAS) está entre los dos primeros; de hecho ganó seis de las nueve gobernaciones departamentales; aunque perdió precisamente en los dos mayores conglomerados de votantes del país: La Paz (a manos de Sol.Bo) y Santa Cruz, donde le venció, y por casi el doble, Demócratas, el partido del gobernador Rubén Costas.

Tampoco se debe dejar de anotar la derrota del MAS en Tarija, donde al no lograr el primero (UD-A) una victoria por mayoría absoluta (50% más 1) ni haber superado 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo (el MAS) se fue a segunda vuelta, y allí, UD-A (que postulaba al actual gobernador Adrián Olivia) derrotó al MAS nada menos que por 61% a 39%.

Por la misma razón en 2015 hubo segunda vuelta en Beni; pero esta vez la votación se polarizó mucho más: el MAS ganó con apenas 50,23% frente a la agrupación política Nacer, que obtuvo un desafiante 49,77%, un práctico empate técnico.

Ahora, si bien siempre se advierte que las elecciones nacionales no reflejan la preferencia electoral de la población en las subnacionales, no se puede dejar pasar ciertas tendencias similares de las elecciones de 2015 y las generales de 2020.

Siempre con la prevención de que se trata de distintas elecciones, sobre todo por los liderazgos en juego, es llamativo (como se puede observar en los gráficos adjuntos) que en seis de los nueve departamentos (Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija), lo mismo que en las subnacionales de 2015 el voto tiende a concentrarse en el primero y segundo de los contendientes.

Y si bien las nuevas presencias significativas en el espectro político de Santa Cruz, Beni y Pando son Creemos (del excívico Luis Fernando Camacho) y Comunidad Ciudadana (CC) (que postulaba al expresidente Carlos Mesa), no es para dejar de lado la otra vez fuerte presencia del MAS, esta vez entre los tres primeros.

Una de las mayores certezas en cuanto a las elecciones subnacionales es que buena parte de la preferencia electoral gira en torno al liderazgo local, regional o departamental.

Así, por ejemplo, es llamativo que en el departamento de La Paz, habiendo ganado el MAS en las elecciones generales de octubre de 2014 con nada menos que 69% de la votación, al año siguiente, apenas cinco meses después, en marzo de 2015, haya bajado su votación (por gobernadora, siendo candidata Felipa Huanca) a menos de la mitad, 30,68%, y el significativo triunfo lo haya obtenido el partido recién creado Sol.Bo, con el sociólogo y exministro de Educación Félix Patzi como su candidato.

Es el mismo caso el de Tarija, donde si en la elección nacional de 2014 el MAS también ganó en el departamento con 52%, cinco meses después el electorado mayoritariamente decidió el triunfo del partido regional Unidad Departamental Autonomista (UD-A), que postuló a Adrián Oliva, que si bien ganó en primera vuelta por un porcentaje (45,44%) que obligaba a ir a una segunda ronda, en esta obtuvo nada menos que 61% de la preferencia electoral.

En el departamento de Santa Cruz se impuso la misma lógica: mientras el MAS en las elecciones de 2014 ganó allí con 49%, en las subnacionales de 2015 su caudal electoral se redujo a 31,80%; y es que la reivindicación cruceña la capitalizó el ya para ese entonces reelecto gobernador Rubén Costas, de Demócratas.

En todo caso, como se aprecia en los gráficos, las elecciones subnacionales de 2015 de alguna manera son la continuidad de la tendencia marcada en los comicios generales de 2014. Todos los gobernadores electos por el MAS en 2015, Víctor Hugo Vásquez en Oruro, Juan Carlos Sejas en Potosí, Esteban Urquizo en Chuquisaca, Iván Canelas en Cochabamba, Alex Ferrier en Beni y Luis Adolfo Flores en Pando, eran, o son, militantes masistas; cierto, casi todos ellos, excepto Luis Adolfo Flores, renunciaron a su cargo a causa de la crisis política de octubre-noviembre de 2019, pero eso no quita que hayan sido electos como masistas en pleno ascenso del MAS: en la elección de 2014 el partido azul se mantenía sobre el 60% de la preferencia nacional.

Para la elección del 7 de marzo, el presidente del MAS, Evo Morales, oficializó a los nueve candidatos del partido: Humberto Sánchez en Cochabamba, Mario Cronenbold en Santa Cruz, Franklin Flores en La Paz, Juan Carlos León en Chuquisaca, Jhonny Mamani en Potosí, Álvaro Ruiz en Tarija, Alex Ferrier en Beni, Miguel Becerra en Pando y Jhonny Vedia en Oruro. Es precisamente en la elección de algunos de estos candidatos que ocurrieron las mayores tensiones en el partido: en Santa Cruz, se trató de una concesión de la dirección nacional del MAS, pues hasta hace solo una semana se tenía como candidato seguro al comunicador social Pedro García, quien incluso había sido designado candidato en un ampliado del MAS en Lauca Ñ, en el Trópico cochabambino; en Chuquisaca, Potosí y Pando se impuso el candidato que tenía el aval de la dirección nacional del MAS, pues en los tres casos hubo una cerrada oposición a los designados; la queja común fue que mientras las organizaciones sociales optaron por un candidato, se impuso el “dedazo” de la dirigencia nacional.

En el caso de la oposición regional más fuerte, sin duda destaca el exdirigente cívico, excandidato presidencial por Creemos, Luis Fernando Camacho, por el que la primera fuerza política cruceña, Demócratas, incluso sacrificó a dos de sus más influyentes militantes (Óscar Ortiz y Vladimir Peña) en pos de unificar la candidatura; fue una mutua concesión; como dijo Camacho: él como candidato único a la Gobernación, Roly Aguilera, militante de Demócratas, como único candidato por ambos frentes a la Alcaldía cruceña.

Si hay una cosa que distingue a Camacho de los anteriores líderes cruceños es su declarado federalismo, que las autonomías hay que llevarlas al extremo con el fin de proyectar luego un país federal.

En el lado masista, la pauta de la oferta electoral de sus candidatos la dio el de La Paz, Franklin Flores, cuando en esta semana señaló que uno de los pilares de su plan de gobierno es “crear un complejo industrial y posicionar al departamento de La Paz como líder económico del país”; un “complejo maquilero, de ensamble, como por ejemplo de vehículo Hyundai como en Chile que ensamblan estos vehículos”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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