La hora de proteger el empleo
En 2020 ocurrió una precarización de facto del empleo, una suerte de un silencioso ‘segundo 21060’.
EL PUNTO SOBRE LA I
El jueves 29 de abril por la noche, finalmente el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial en 2021: cuando el Ejecutivo propuso 0,67% de aumento al salario mínimo nacional y la COB hizo la contrapropuesta de 5%, se terminó acordando 2% al mínimo nacional y 0% al haber básico. Es la expresión de la crisis: desde 1991 (como muestra la gráfica adjunta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE) ese 2% es el incremento más bajo en 30 años. Aunque, como también se ve en la ilustración, en al menos tres años (2004, 2005 y 2020) el incremento salarial fue equivalente a cero.
En dichos 30 años, los mayores picos del incremento salarial se los alcanzó en 1998 (25%) y en 2012 (22,64%). Fue desde este último año que el aumento del sueldo fue cada vez menor, llegando a 0% en 2020. En 2019, el último año del gobierno de Evo Morales, el incremento al mínimo nacional fue de 3,01%, aunque también es inocultable el hecho de que desde 2006 el salario nacional básico tuvo un constante ascenso, de Bs 440 en 2005 a Bs 2.122 en 2019, 382% de incremento, según el Ministerio de Economía.
Para 2019, el ente estatal también da cuenta de que en 2005 el país ocupaba el noveno lugar en Sudamérica (el último lugar, en realidad) en lo relativo al monto del salario mínimo nacional, 54 dólares, cuando en Chile, por ejemplo, esta remuneración alcanzaba a 222 dólares. Y, con el constante aumento, en 2019 el salario boliviano subió al quinto lugar, con 305 dólares, estando por encima del país, Chile (452 dólares), Uruguay (445), Ecuador (394) y Paraguay (341); y, por debajo, Argentina (285), Perú (282), Colombia (265) y Brasil (258 dólares). Todo esto cuando el salario mínimo nacional promedio de la región sudamericana se situaba en 336 dólares. (Revista Ecos, Incremento salarial dinamiza la economía del país, Nro. 56, 2019, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).
INGRESOS. Precisamente, en la subida del salario mínimo de 54 dólares en 2005 a 305 dólares en 2019, es que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) reivindica su política de reducción de la pobreza y de la desigualdad: si en 2005, señala el Ministerio de Economía, las personas con ingresos bajos constituían 61% de la población (5,7 millones de bolivianos), en 2018 esta cifra bajó a 34% (3,9 millones); y si en 2005 la gente que tenía ingresos medios era 35% (3,3 millones), en 2018 este “estrato medio” (‘clases medias’, insistían desde el MAS) trepó a 62% (7 millones). Los bolivianos de ingresos altos en porcentaje se mantuvieron igual: 4% (391 mil en 2005, 443 mil en 2018).
Con todo, el 2% de incremento acordado por el Gobierno y la COB expresa la coyuntura económica. Y es que tal como apunta el investigador en temas laborales Rodolfo Eróstegui, si algo tiene de peculiar la actual crisis es la inédita confluencia de las crisis económica y sanitaria, un hecho que no se había dado antes: “Es la peor combinación que yo he visto en mi vida profesional; había una sincronización, por ejemplo, entre la crisis financiera y la de la construcción, y otras combinaciones; pero no una crisis de salud en la que los centros de trabajo se convirtieron en centros de contaminación”.
Para el abogado laboralista Gonzalo Trigoso, para las actuales condiciones del incremento salarial también tiene que ver la situación política. “Aparte de que este es un derecho irrenunciable de los trabajadores, y corresponde un incremento salarial, por lo menos al mínimo nacional, mucho depende también de la situación política, no solo la situación económica. Y en este momento, las fuerzas políticas neoliberales de derecha se están rearticulando regionalmente, para con la excusa del pacto fiscal iniciar una ofensiva política contra el Gobierno (del MAS)”.
Tanto por la razón económica como por el momento político, ambos entrevistados coinciden en que este es el momento de preservar el empleo y de no presionar al Ejecutivo a tal punto de desestabilizarlo.
“En estas condiciones delicadas, la COB también tiene que saber medir el momento en que estamos viviendo, y ver que se puede perder el enorme esfuerzo de haber recuperado la democracia”, destaca Trigoso. A propósito de esta especial coyuntura, recuerda lo que pasó en el ampliado de la COB del 20 de mayo de 1952: “Un mes y once días después de la Revolución del 9 de abril, cuando en el ampliado se discute el incremento salarial para ese año, y por votación de 24 a 12 sectores, se decidió que ese año no se iba a pedir incremento salarial al Gobierno, entendiendo que se salía del proceso revolucionario y podía darse una contrarrevolución; fue algo excepcional”.
CRISIS. La actual crisis laboral es de proporciones, insiste Trigoso, por la conjunción de la crisis económica, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la pandemia de COVID-19 acaso estemos ante un “segundo 21060”.
“En realidad se ha producido un segundo 21060 en el ámbito laboral. Los empleadores han cerrado empresas, han despedido en masa, han obligado a los trabajadores a recontratarse por el mínimo nacional, a contratos con plazo fijo, sin derechos; han destruido el derecho laboral, y reconstruir eso es bien difícil”.
Es obvio que hay que reivindicar el derecho de los trabajadores al incremento salarial (que desde el punto de vista sindical siempre fue “reposición” de su valor adquisitivo, dada la inflación), pero ahora la urgencia, remarca Trigoso, es “ponerle freno a este nuevo 21060 que aún se mantiene en fábricas, en la construcción, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los trabajadores”.
Con todo, Eróstegui asevera que la preservación del empleo, antes que un contenido ideológico, es una urgencia práctica, de respuesta al actual deterioro del mercado de trabajo; es tal la magnitud del desempleo que se impone la ley económica: a mayor oferta de fuerza de trabajo, el salario tiende a bajar.
“Para mí, la COB debería plantear más empleos y preservar los puestos de trabajo que ahora hay. La COB tiene que ponerse un cable a tierra, tiene que ser realista, distinguir las cosas que son posibles de las que no lo son; y una de las cosas que no es posible es aumentar salario; y sí es posible preservar el empleo; y una de las cosas que es necesaria y posible es la reforma de la legislación, pero no en los términos que están planteados hasta ahora, se precisa una nueva reforma de la legislación laboral completa”, destaca el investigador laboral Eróstegui.
Desde que empezó el gobierno de Evo Morales, en la COB se habla de la reforma de la Ley General del Trabajo; se avanzó en el consenso de algunos cambios, los cuales, sin embargo, se prevén serán mínimos. En este momento hasta esto pasa a segundo plano ante la emergencia de proteger el empleo, insiste el abogado laboralista.
Así, remarca Trigoso, si alguna legislación se debe hacer hoy día es todo aquello que proteja el empleo. “Es absolutamente necesario, imprescindible, que para este 1 de mayo y los días siguientes, se dicte una serie de decretos y proyectos de ley para proteger el empleo”; no es una alegoría sino un hecho real, insiste: “Todavía estamos viviendo un segundo 21060; se necesita una mayor legislación que impida que los empleadores continúen despidiendo y quitando derechos”.
CUENTAPROPIA. Con respecto a los trabajadores no asalariados, por cuenta propia, que de último, con la pandemia, han tenido un masivo incremento, Trigoso no deja de valorar algunos esfuerzos de la COB: demandar, por ejemplo, que se fije mejores precios para productos del campo, o mejorar el tema de salud para los trabajadores por cuenta propia, o, aunque es un tema sumamente complicado, plantear la cuestión de las pensiones para los sectores cuentapropistas.
Con motivo del 1 de mayo, los entrevistados no dejan de demandar de la COB mantener la mirada más allá del salario: Demandaría a “los trabajadores en pie de lucha defendiendo el proceso democrático que se ha recuperado, evitando por todos los medios posibles el retorno de un gobierno neoliberal; en pie de lucha en la defensa de los derechos del país y de sus derechos como trabajadores. La COB desde su fundación, antes incluso, cuando los primeros sindicatos del 1900, siempre ha sido movimiento sindical-político, eso es lo que le brinda su grandeza”, reclama el abogado Trigoso.
La crisis de la que es parte el bajo incremento salarial, complementa el exdirigente minero y exministro de Minería José Pimentel, también plantea el liderazgo de la COB en relación a los innumerables sectores laborales: La dirigencia de la COB muchas veces “se ha reducido a problemas de tipo estrictamente económico gremial para el sector asalariado, olvidando que la COB es un conglomerado mucho más amplio del pueblo boliviano, campesinos, universitarios, maestros, los pequeños productores, comerciantes, los gremiales, y esos sectores solo pueden tener una respuesta en una visión y una conducción de un país que vaya hacia su desarrollo y satisfaga a todos los sectores sociales”, remarca el exdirigente minero.
Pimentel no deja de reclamarle a la COB el papel político que tuvo en la historia del país. “Hoy la COB no tiene una propuesta programática para el país; la COB ha sido vanguardia en la medida en que ha encabezado luchas de significación nacional, como han sido la nacionalización de las minas, del petróleo, la lucha por las fundiciones, la lucha contra las dictaduras; son programas políticos en esencia que implicaban el construir una otra sociedad”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón