Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 06:09 AM

Piden que la OEA se haga cargo de su secretario Luis Almagro

Desde la diplomacia y la academia exigen un mayor papel de la Asamblea General y del Consejo Permanente.

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:37

El punto sobre la i

El “caso boliviano” en la Organización de Estados Americanos (OEA), la controversia que hay sobre el rol que tuvo el organismo en la crisis electoral y política de octubre de 2019 en el país, debe llevar a revisar ya no solo el papel del secretario general Luis Almagro, sino también de las propias Misiones de Observación Electoral (MOE), propuso Silvina Romano, politóloga, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

“Es importante que dentro de la OEA presionemos para que se haga un proceso de investigación de lo sucedido, ir por vías legales a ver cómo se puede generar un proceso de investigación no solamente de Almagro, sino de las misiones de observación electoral, para tener un precedente, cómo sabemos que esto no va a volver a suceder”, afirmó la investigadora en entrevista desde Argentina, el jueves 25, en el programa por streaming de La Razón, Piedra, papel y tinta.

Una de las secciones más emblemáticas de la OEA son las Misiones de Observación Electoral. Según informa el propio organismo, desde 1962 se desplegó más de 240 MOE en 27 países del continente. A la tarea básica de observación de determinado proceso electoral, de último señala su sitio web, “las misiones han ampliado el alcance de su trabajo” a “aspectos clave del ciclo electoral como la equidad de género en la contienda, los sistemas de financiamiento político, el acceso a medios de comunicación y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes”. Durante la gestión de Almagro, desde 2015, se realizaron 71 misiones.

MÉXICO. Desde lo ocurrido en octubre de 2019 en Bolivia, es marcado el descontento de países como México y Argentina con la transparencia que ha mostrado el organismo sobre su actuación en el país hace dos años.

Específicamente sobre las MOE, el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, en un artículo en el periódico mexicano Excelsior (mayo de 2021) señalaba: “Hoy día, el secretario general sobrepasa su mandato, subordina la institución a intereses ideológicos y usa el peso institucional de la OEA como vehículo para posicionamientos parciales.

Este hecho afecta el funcionamiento de la organización y se refleja especialmente en las Misiones de Observación Electoral (MOE), las cuales se han desvirtuado para convertirse en instrumentos políticos y de injerencia en asuntos internos de los Estados miembros”.

Reyes Zúñiga cita el caso de Bolivia en 2019, “en donde la misión se convirtió en un actor político y electoral de facto, con incidencia directa en el lamentable curso histórico por todos conocido”. Si bien aboga por una reforma, por “recobrar la imparcialidad que les daba su carácter técnico”, ve difícil esta tarea “mientras persista una Secretaría General que obedezca a intereses propios”; aunque no deja de recordar un principio de la OEA: “Son los Estados miembros y no la Secretaría General los que deben decidir el rumbo de la organización y rescatar la valía de las Misiones de Observación Electoral, antes de que sea demasiado tarde”.

Tal como anunciara el representante boliviano ante el organismo, Héctor Arce, la posición de Bolivia es que se investigue el rol de la OEA en Bolivia en 2019 tanto en el seno mismo del organismo, con los mecanismos que se cuenta, como que se explore la posibilidad de acudir a una indagación “desde afuera”.

Para el Celag, el tema en primer lugar es desde dentro; impulsar a que la OEA se investigue y evalúe a sí misma; empezando por el caso boliviano.

“Desde Celag venimos trabajando e investigando las vías legales, dentro de la misma Carta de la OEA [el documento constitutivo del organismo], dentro de la normativa de cómo funciona la secretaría general, y que se puedan generar mecanismos de investigación de estas actuaciones”, destaca la politóloga del Celag.

CONSEJO. Ahora, tal como apunta el subsecretario mexicano Reyes Zúñiga, acaso el más llamado a emprender la revisión del rol de la OEA sea el Consejo Permanente (la reunión de los representantes o embajadores de los 35 países miembros), remarca Romano.

“Hay mecanismos. Tendría que verse la posibilidad, por ejemplo, que a través del Consejo Permanente se abra una investigación o a través de la Asamblea [General, la reunión de los Jefes de Estado] y el Consejo Permanente, que se busque la manera de modificar ciertas normas, lo que permita una auditoría del trabajo de las misiones de observación electoral, porque eso es lo que está en duda”, asevera la estudiosa del Celag.

El embajador Arce (en la misma entrevista con Romano en Piedra, papel y tinta) a tiempo de ratificar que “no se tiene que abandonar la OEA”, apunta directamente hacia el secretario general Almagro: sin ningún ánimo personal, dice Arce, “Almagro es la peor persona que puede representar a un organismo de esta naturaleza”.

Arce cuenta cómo él, durante la presidencia de Evo Morales, tuvo que trabajar de cerca con el secretario general, excanciller chileno, José Miguel Insulsa. Ahí la OEA sirvió mucho al país: ayudó a encarar la tensión de los referendos autonómicos en la llamada Media luna, acompañó el proceso constituyente de 2006-2008.

Era una OEA diferente, una secretaría general “que no subordinaba a los Estados, que más bien se subordinaba a los Estados. Con el señor Almagro, lamentablemente lo que ocurre es todo lo contrario; ha dividido a la OEA entre quienes están con el señor Almagro y quienes no están con él; la secretaría general es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos”.

Así, concluye Arce, “una primera señal para reconstruir la OEA es obviamente ver el tema de Luis Almagro”.

El problema es, reconoce el embajador, que aún hay muchos países que todavía apoyan a Almagro; “estamos ante poderes muy fuertes, poderes fácticos, muy poderosos”, aseveró.

Al respecto, Silvina Romano llama la atención sobre que en algún momento los países se verán impelidos a dicidir: o salvar la institucionalidad de la OEA, lo que implicaría que Almagro deje la secretaría general, o dejar que empeoren las cosas; por esto mismo, dice “la misma OEA tiene que hacerse cargo, exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

En esta suerte de evaluación de la OEA, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que también estuvo en el Piedra, papel y tinta del jueves, apunta más bien a la responsabilidad de Almagro y la OEA en lo que pasó “el año siguiente”, 2020 en Bolivia, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“La OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió el año siguiente, porque prácticamente gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar, que era un gobierno militar, así hubiera una cabeza civil, y que durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia desde hace muchos años”, destacó el exmandatario colombiano.

ESTADOS UNIDOS. El expresidente Samper no dejó de quejarse también del rol desestabilizador que Almagro jugó en las relaciones entre Colombia y Venezuela, en detrimento de este último país. “Y podría mencionar otros casos (más) en los cuales la intervención de Almagro ha sido claramente en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos en América Latina”.

Para Samper, el sistema interamericano “hace aguas, porque Estados Unidos lo utiliza como un instrumento para su política exterior, no para una política de integración, como quisiéramos todos”, deplora. Un ejemplo de ello, dice, fue la toma que hizo la administración de Donald Trump de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una presidencia que durante 60 años la ocupaba un latinoamericano; todo con el objetivo, dicho por el “amigo de Trump”, de “sacar a China de América Latina”.

Más todavía, Samper afirmó que pese a que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están “personas muy prestigiosas”, “allí no pasan sino los casos que le interesan a Estados Unidos”.

En una mirada más bien estructural, el expresidente Samper encuentra en Almagro y la actual OEA la expresión de una crisis de relación entre Latinoamérica y Estados Unidos.

“De alguna manera, la OEA y su representante Almagro, en este momento, son la más clara demostración de que hay una crisis muy profunda en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos”. Por esta razón, continúa Samper, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Alberto Fernández (Argentina), enfatiza, “han propuesto que hagamos una especie de OEA sin Estados Unidos, lo que sería la Celac; es decir, que encontremos un mecanismo en el cual nos podamos entender los 34 países, sin pedirle permiso a Estados Unidos, sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestra integración”.

La pandemia del coronavirus mostró como nunca al importancia de la integración, sentenció Samper. Pasa que como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se venía desarrollando un Instituto especializado en epidemias (en Río de Janeiro, Brasil), el cual había logrado un “banco de precios de medicamentos que nos permitía negociar conjuntamente, como sudamericanos los precios de las vacunas infantiles”. Así, de haberse mantenido este avance, los países sudamericanos, como región, habrían podido comprar las vacunas contra el coronavirus “a un precio menor, por lo menor en 40 o 50% a lo que estamos comprando separados. Mientras tanto, nuestra relación interamericana con Estados Unidos a través de la OEA no nos sirvió absolutamente para nada” en dichas compras, deplora Samper.

La OEA, según su sitio web, tiene al menos tres instancias de gestión: la Asamblea General, el “órgano supremo”, que se reúne una vez por año, pudiendo tener sesiones extraordinarias por temas urgentes; por lo común asisten a ésta los Jefes de Estado; el Consejo Permanente, conformado por los embajadores de los países miembros, conoce y ejecuta las decisiones de la Asamblea General; y, la Secretaría General, que es el “órgano central y permanente de la OEA”; cumple los encargos que le encomienden la Asamblea General y el Consejo Permanente.

LA MISMA OEA TIENE QUE HACERSE CARGO

Silvina Romano, politóloga del Celag

“La misma Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que hacerse cargo de Luis Almagro; exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

CONTRA EL COVID LA OEA NO NOS SIRVIÓ

Ernesto Samper, expresidente de Colombia

“Con Unasur habríamos podido comprar vacunas contra el COVID-19 a un precio de 40 o 50% menos a lo que estamos comprando separados.

Nuestra relación interamericana con EEUU a través de la OEA no nos sirvió para nada”.

LA SECRETARÍA SE HA VUELTO UN PAÍS MÁS

Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA

La Secretaría General de la OEA es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero bajo Luis Almagro esa secretaría se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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‘Reforma de la justicia’, ese proceso

La reforma de la justicia no se reduce a un cambio de la Constitución, ni a una ‘cumbre’; es un proceso de nunca acabar.

Bolivia reforma su justicia desde hace al menos 30 años; por supuesto con avances y retrocesos; el punto hoy día es continuar, acelerar.

Por Iván Bustillos

/ 5 de febrero de 2023 / 08:22

El punto sobre la i

En relación al referendo de reforma parcial de la Constitución que “juristas independientes” intentan que haya antes de las elecciones y que a la fecha está en su fase de recolección de firmas, existe la polémica sobre si este proceso concluirá a tiempo para modificar la forma de selección de los candidatos a la elección de octubre- noviembre de 2023. Se viene instalando en los medios que si no se logra esto, la “reforma de la justicia” será postergada hasta las próximas elecciones judiciales, en 2029.

No es cierto. Como se verá en las siguientes líneas, la reforma de la justicia no es tal o cual evento, cumbre o reforma parcial de la Constitución; ante todo es un proceso que empezó hace más de 30 años, que, claro está, no ha sido lineal y progresivo, sino complejo, de altas y bajas, de avances y retrocesos. Y el futuro de la reforma, no cabe duda, seguirá siendo así, mal que bien, paso a paso.

Desde el año pasado se vienen llevando a cabo los llamados “Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia”, un esfuerzo entre la Vicepresidencia del Estado, el Ministerio de Justicia y la representación del Sistema de Naciones Unidas en el país (en el primero también estuvo la Fundación Friedrich Ebert, FES-Bolivia). En 2022 se efectuaron cuatro de estos diálogos; para 2023 se proyectan al menos cuatro. No deja de ser oportuno lo debatido allí. Va, entonces, una síntesis con base tanto en el texto Justicia, la reforma impostergable que publicó FES-Bolivia en agosto sobre el primer encuentro, como el resumen de los cuatro diálogos que gentilmente la representación de Naciones Unidas proporcionó a Animal Político.

Como cierre, va un “derecho a la defensa” del Tribunal Supremo de Justicia.

¿NADA? El primer llamado de atención que hacen los Diálogos es que de una vez hay que desechar la idea de que en el país no se ha hecho nada en la reforma de la justicia. “Se advierten coincidencias en sentido de que Bolivia desde hace 30 años inició un proceso de reforma del sistema de justicia, y si bien se identifican avances importantes, es necesario generar un proceso de autocrítica constructiva”, apunta el Resumen de Naciones Unidas.

Al respecto, el oficial de la Fundación para el debido proceso, Ramiro Orías Arredondo, en el primer encuentro (julio de 2022) observaba que “en un primer momento se focalizó el esfuerzo a cambiar su diseño organizacional, luego se intentó mejorar la gestión judicial; también se ha buscado reformar sus procedimientos e incluso se han experimentado los más diversos modelos de nombramiento de sus máximas autoridades. (…) Se han promovido reformas procesales, se han aprobado nuevos códigos, nuevas instituciones, reformas legislativas inacabadas, mecanismos de acceso a la justicia… Parece que hemos intentado de todo, pero nada ha funcionado de manera satisfactoria y para todos”.

Con mayores o menores avances en esta serie de transformaciones, Orías Arredondo acusa directamente al sistema político: “Lo que ocurre es que en este tiempo no se ha enfrentado con decisión la agenda de independencia, transparencia, probidad e integridad judicial. Sin esto cualquier iniciativa de reforma no será sostenible ni duradera en el largo plazo. Así, la reforma judicial no solo es impostergable, sino que constituye tal vez la deuda pendiente que tiene el sistema político con la democracia boliviana”.

En coincidencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, enfatiza en el carácter incremental de las reformas: “Yo estoy convencido de que lo que hemos hecho en el país es acumulativo. Los últimos 30 años hemos hecho reformas y estamos en una mejor situación”. El ministro cuenta que cuando él empezó su carrera, en 1997, había prisión por deudas, una persona podía quedarse en las celdas policiales más de 30 días, y la gente en verdad no tenía certeza de que sus procesos algún día terminarían. “Entonces, decir que estamos tan mal y que estamos en el peor momento de la historia no es decirle la verdad al pueblo boliviano”, sentencia el ministro.

INDEPENDENCIA. En lo relativo a la independencia judicial, que para muchos es el problema, Lima plantea no mitificar el hecho como un eterno inalcanzable: “Cuando dicen que hay un discurso de independencia judicial y que no hay independencia judicial en el país, están diciendo algo que no es real. Cada juez es el que construye su independencia, y eso se lo van a decir todos los tratados de derecho judicial. Entonces, creo que la independencia de la justicia se va construyendo con la actitud de todos y cada uno de los que quieren ir a hacer esa transformación de la justicia, no con discursos de café”.

Con respecto a la falta de independencia judicial, el expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé fustigó el rol que tuvo, por ejemplo, la Fiscalía en la crisis de 2019; “Si habíamos tenido estos episodios de vulneración del orden constitucional, ¿dónde estaba la autoridad llamada a impugnarlos?, ¿dónde estaba el titular de la acción penal pública, el señor Fiscal General del Estado? Al contrario, no lo hizo, se puso a perseguir a otras autoridades y exautoridades y esos jueces también procesaron a los ciudadanos. Hace pocos días, en Argentina, nuestro Presidente reclamaba y decía: ‘Pero si son los mismos jueces y fiscales que nos juzgan’. Ese es el problema, esa fue una manifestación de falta de independencia”.

El tema del segundo diálogo fue la “Asignación presupuestaria del Órgano Judicial y su administración”.

Como era natural, de entrada se afirma la baja asignación de recursos al sistema judicial en relación al Presupuesto General del Estado (PGE).

“El presupuesto asignado al Órgano Judicial por parte del TGN en los últimos cinco años osciló entre 0,24% y 0,35%, es decir, que no alcanzó ni el 1% del PGE, ese monto solo representa casi 40%, mientras que el restante 60% proviene de recursos propios; no obstante, en los últimos años se advirtió que estos recursos llegan a una ejecución promedio de 90%; el Órgano Judicial solo tiene presencia en 49% de los municipios, lo cual implica que en el restante 51% la ciudadanía no cuenta con un acceso directo a la justicia ordinaria; por otra parte, 62% de los juzgados y tribunales se encuentran en ciudades capitales y 38% en provincias, por lo cual, la posibilidad de incrementar el presupuesto debería estar destinado a ampliar el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía”, apunte el Resumen de la ONU.

Al respecto, el ministro Lima cuestiona. Desde 2006, dice, el presupuesto del Órgano Judicial “se ha incrementado de 200 millones a más de mil millones de bolivianos”; con todo, si bien reconoce la baja asignación en relación al presupuesto total, no deja de cuestionar a la administración judicial: “Asignamos el 0,5% del presupuesto, de verdad. Piden el 3%. ¿En qué se va a gastar ese presupuesto?, ¿cómo vamos a ir construyendo ese presupuesto para que nos garantice acceso a la justicia?”.

Un aspecto que destaca el Resumen de Naciones Unidas es la demanda de los participantes de “introducir la perspectiva de género con un enfoque interseccional en la planificación y programación del presupuesto, lo cual implica no solo medidas en resguardo de mujeres que requieren acceder al sistema de justicia sino también en remover todas las barreras para que una población diferenciada pueda acceder a la justicia desde sus diferencias; de acuerdo a estándares internacionales y las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales de derechos humanos”.

PRESUPUESTO.

Un punto intermedio inmediato para encarar la limitación presupuestaria, se sugirió en el encuentro, puede ser “asignar un presupuesto fijo para todas las entidades del sector justicia, eso implica el Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública”. Un porcentaje fijo que no pueda ser reducido y que deba ser asignado “aun en tiempos en que el Estado está afrontando restricciones presupuestarias, circunstancia que solo se podría garantizar a partir de normas que fijen esos presupuestos”.

El tercer conversatorio fue vinculado al fortalecimiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC). No deja de ser importante el planteamiento del tema: “Identificar el estado de situación de la JIOC, su reconocimiento, institucionalidad, su relación con la justicia ordinaria y los mecanismos de cooperación y coordinación”.

En la cita, destaca el apunte ONU, se recordó que el proceso constituyente dio al menos tres mandatos: “que para la jurisprudencia constitucional deberían ser esenciales: la restitución territorial para los pueblos indígenas; la reconstitución de sus instituciones, lo que implica el ejercicio pleno de sus sistemas jurídicos y políticos; y, generar procesos de igualación, porque se tienen históricas relaciones de asimetría, especialmente en relación a pueblos indígenas y mujeres indígenas”.

Y he aquí la insistencia que hubo al primordial rol que en este punto debiera tener el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Aparte de mantener su “composición plural” (representación indígena, pero también “de una lógica de paridad y complementariedad del chacha warmi”), en la resolución de controversias que le lleguen acerca de la relación justicia ordinaria versus justicia indígena, el TCP debería “sostener una línea jurisprudencial que respete los estándares más altos en pluralismo jurídico de tipo igualitario, materializando la Constitución, dejando de lado interpretaciones formalistas y ritualismos extremos que niegan el acceso a la justicia constitucional a los pueblos indígenas”. (Resumen de ONU)

También se le recomienda al TCP fortalecer los procedimientos de consulta de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas en relación a la aplicación de sus normas, “tomando como premisa que, de acuerdo al modelo constitucional, la ley ya no es la única fuente directa de derecho, que lo son también las normas, procedimientos, principios y valores de los pueblos indígenas”; además de “fortalecer los mecanismos de interacción entre la jurisdicción indígena, ordinaria y agroambiental, a través de los diálogos interjurisdiccionales”; y, algo capital, recursos: “Se requiere que el Estado invierta en la institucionalización de la JIOC, destinando presupuesto para la administración de la jurisdicción indígena, dotando de infraestructura o casas de justicia a nivel nacional, introduciendo los principios y valores de la justicia indígena en la formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia”.

Pero también hubo miradas críticas a las propias comunidades indígenas: prevenir el “latente peligro de la politización de la jurisdicción indígena originaria campesina, y que se asimile las taras de la administración de la justicia ordinaria”. Problema para la justicia indígena también es, apunta el Resumen, el que hay una “resistencia al cambio judicial por parte de las propias bases indígenas, que siguen demandando sus pleitos directamente en la justicia ordinaria”, restando validez a las formas originarias de resolver tale o cuales conflictos.

También puede leer: Nuevo año judicial: Se buscará justicia por hechos de 2019 y se descarta reforma

ACCESO. Finalmente, el cuarto encuentro en 2022, que abordó el “Acceso a la Justicia priorizando grupos en situación de vulnerabilidad”. La virtud de esta mesa fue mostrar que el esfuerzo “para transformar el sistema de justicia no puede seguir enfocándose solo en el diseño o en la modificación de leyes o códigos, sino que también se debe enfocar en los procesos de implementación de la norma, de una gestión por resultados, lo cual implica el uso de información a través de los sistemas informáticos que sirvan para la toma de decisiones para mejorar el servicio; generar procesos de evaluación sobre la implementación de diferentes diseños normativos a fin de promover adecuaciones prontas y pertinentes”.

Interesa prestar especial atención, se insistió, en “identificar cuáles deberían ser las potenciales rutas críticas en materia de acceso a la justicia por parte de población en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, población LGBT, personas privadas de libertad, víctimas de violencia basada en género, entre otros”.

En 2023, informó el viceministro de Justicia, César Siles, se prevé continuar con encuentros sobre independencia judicial, la elección de las máximas autoridades, la carrera judicial y, para cerrar, una revisión de la estructura misma del Órgano Judicial, “a partir de posibles modificaciones a la Ley del Órgano Judicial, que incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia ya presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa”.

DEFENSA. En el ya habitual Informe de Gestión 2022 e Inauguración del Año Judicial 2023, que cada año publica el Tribunal Supremo de Justicia, es de mucha utilidad el Informe de la Presidencia.

En su discurso de inauguración del Año Judicial, el presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, de entrada reclama que “lo pertinente no es hablar de la crisis del Órgano Judicial, sino de la crisis del Sistema de Justicia de Bolivia”, implicando esta crisis por lo menos al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Régimen Penitenciario, además del Órgano Judicial.

En cuanto a la retardación de justicia, que simplemente es, dice, no tramitar los procesos judiciales dentro los plazos establecidos por la ley, un problema de fondo es la carga procesal, destaca: por ejemplo, en Santa Cruz, hay un juez para 22.603 habitantes, para 24.483 en Pando, para 15.774 en Cochabamba, cuando la recomendación internacional es que “por cada 10.000 habitantes haya un juez”.

En lo relativo a la independencia judicial, el magistrado Torres Echalar aún lamenta que “de los 1.098 jueces de la Jurisdicción Ordinaria, 489 jueces no son de carrera, lo que, sin lugar a dudas afecta directamente a la independencia judicial”.

En cuanto a la modernización del sistema con la incorporación de nuevas tecnologías, el magistrado apunta a que pese a que ya se cuenta con un Sistema de Registro de Causas (Sirej) y varios programas informáticos que ayudan en dar mayor celeridad a los trámites, “sin embargo, todo esto es insuficiente, no tenemos aún un Sistema de Gestión de Causas como Órgano Judicial, que nos permita interoperar con otros entes, e incorporar en todas las materias, la firma digital, la ciudadanía digital, herramientas que sin lugar a dudas generarán mayor transparencia en la labor judicial”.

Y, para encarar la mora judicial, Torres Echalar, relieva que lo que pudo hacer el TSJ fue refuncionalizar, ampliar o reasignar competencias a 147 jueces (14% del total de jueces ordinarios), con lo que se logró:

– “Hasta antes del 18 de agosto de 2022, no existía ningún Juez Instructor especializado en Violencia hacia la Mujer; ahora existen 10 nuevos jueces”.

– “Hasta antes de la referida fecha, no existía ni un solo juez de instrucción anticorrupción; ahora existen cuatro jueces”.

– “Hasta antes que se implemente esta iniciativa, a nivel nacional existían 70 jueces de Sentencia Penal; ahora existen 86”.

– “Antes existían 2 jueces de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer; ahora existen 9, y, desde el punto de vista de la especialidad, antes no existía ni un solo Juez de Sentencia que atienda únicamente violencia hacia la mujer; ahora existen 15 nuevos jueces de Sentencia”.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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14 Años de vigencia de la CPE

Ninguna Constitución o reforma constitucional podrá hacerse de espaldas al pueblo.

/ 5 de febrero de 2023 / 07:36

DIBUJO LIBRE

La Constitución Política del Estado (CPE) cumple 14 años de vigencia el 7 de febrero. Es considerada una de las constituciones ejemplares del nuevo constitucionalismo latinoamericano, debido a que proviene de un proceso constituyente ampliamente participativo. Es la primera Constitución boliviana aprobada por el pueblo boliviano mediante referéndum, y la primera que condiciona su reforma, sea total o parcial, a la aprobación de un referéndum constitucional (artículo 411). Por ejemplo, en 2016 se intentó una reforma parcial de la Constitución —respecto a la reelección del presidente y vicepresidente del Estado— que fue rechazada en referéndum por la población. Actualmente, se lleva a cabo una recolección de firmas para una modificación parcial de la CPE. En caso de lograrse la recolección de firmas de al menos 20 por ciento del electorado boliviano, podría llevarse a cabo un nuevo referéndum de reforma parcial de la Constitución en la que se precisará de una amplia participación de la población para hacerla posible. Todo lo anterior nos lleva a concluir que nunca más se podrá llevar a cabo una reforma de la Constitución sin la participación de la población, siendo la legitimidad democrática de la Constitución una de las características centrales del nuevo constitucionalismo latinoamericano.

Antes de la entrada en vigencia de la CPE boliviana de 2009, las reformas constitucionales se llevaban a cabo sin la participación directa de la población, por ejemplo, la Constitución de 1967 fue reformada en 1994, en 2004 y en 2005 a instancias del Congreso y sin referéndum aprobatorio, pues los textos constitucionales no lo preveían.

La reforma constitucional de 1994 se inscribía en la moda del llamado “ciclo del constitucionalismo multicultural”, pues se señalaba en el artículo 1 que Bolivia era una república multiétnica y pluricultural, se reconocía en el artículo 171 a la justicia de pueblos indígenas como un medio alternativo a la solución de controversias y ampliaba la participación democrática, pues la CPE de 1967 —vigente hasta la reforma de 1994— señalaba en su artículo 221 que “son elegibles los ciudadanos que sepan leer y escribir y reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la ley”. Fue la reforma de 1994 la que modificó el artículo 221 de la siguiente manera: “son elegibles los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley”, poniendo fin a los vestigios de la ciudadanía letrada y rompiendo la relación política del Estado-nación homogénea con la manifestación de una Bolivia indígena multiétnica y pluricultural.

La reforma constitucional de 2004 continuó avanzando en mecanismos e instituciones de participación democrática, pues se incluyeron a la Constitución el referéndum constitucional (artículo 4) y la Asamblea Constituyente (artículos 4 y 232), entre otras instituciones democráticas.

La reforma constitucional de 2005 se dio en un contexto complejo, pues se había dado la sucesión constitucional que llegó al presidente de la Corte Suprema de Justicia. El texto constitucional de 2004, en el parágrafo III del artículo 93, señalaba: “A falta del Vicepresidente hará sus veces el Presidente del Senado y en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieran transcurrido tres años del periodo presidencial, se procederá a una nueva elección del Presidente y Vicepresidente, solo para completar dicho periodo”. Si se aplicaba este artículo, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé debía convocar solo a elecciones de presidente y vicepresidente y no así a elecciones generales. Mediante la Ley 3089 de 6 de julio de 2005 se modificó el parágrafo III del artículo 93 del texto constitucional de 2004, de la siguiente manera: “Artículo 93. III. Cuando la Presidencia y Vicepresidencia de la República queden vacantes, harán sus veces el Presidente del Senado y en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En este último caso se convocará de inmediato a nuevas elecciones generales que serán realizadas dentro de los siguientes ciento ochenta días de emitirse la convocatoria”, lo cual permitió al presidente Eduardo Rodríguez Veltzé convocar a elecciones generales anticipadas para el 18 de diciembre de 2005. Llevadas a cabo estas elecciones el 22 de enero de 2006 fueron posesionados Evo Morales y Álvaro García Linera.

Estrictamente, el 22 de enero no nace el Estado plurinacional, pues se tendrá que esperar al proceso constituyente (2006-2007), a las adecuaciones del Congreso al proyecto de texto constitucional que sale de la Asamblea Constituyente (octubre de 2008), al referendo de 25 de enero de 2009 que aprueba la nueva Constitución boliviana y a la promulgación en la ciudad de El Alto el 7 de febrero de 2009 por el presidente de entonces.

Incluso la CPE boliviana de 2009 en su preámbulo señala: “asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”, siendo la CPE un punto de partida en esta construcción.

Para el nuevo constitucionalismo latinoamericano es la voluntad popular la que construye el nuevo derecho plurinacional y con él al Estado plurinacional, y más que una nueva teoría constitucional se trata de un nuevo fenómeno constitucional en el que se articula un constitucionalismo popular de construcción democrática con un extenso catálogo de derechos fundamentales e instituciones de profundización democrática.

También puede leer: Una CPE por entender

Es posible que muchas partes de la CPE boliviana vigente tengan que ser evaluadas luego de catorce años de vigencia, para hacer ajustes, cambios y modificaciones. Sin embargo, lo que caracteriza a la CPE boliviana es que estos ajustes, cambios y modificaciones no podrán hacerse de espaldas a la población; en consecuencia, la teoría constitucional debe saber dialogar con cuestiones de índole ideológica y política para lograr avanzar en posibles reformas constitucionales.

Existen muchas otras características del nuevo constitucionalismo latinoamericano, tales como el pluralismo jurídico, los derechos de otros seres vivos, las nuevas gramáticas de derechos y de democracias; sin embargo, consideramos que la más importante tiene que ver con lo mencionado, es decir, con la voluntad popular y la hechura democrática de la Constitución Política del Estado. Incluso el rechazo del proyecto de Constitución en Chile, el año pasado, es parte de esta amplia participación democrática del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues como lo mencionamos, ninguna Constitución o reforma constitucional podrá hacerse de espaldas al pueblo.

(*)Farit Rojas T. es abogado, constitucionalista, profesor universitario.

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73 Años del PCB

El Partido Comunista de Bolivia (PCB) fue fundado el 17 de enero de 1950.

/ 5 de febrero de 2023 / 07:03

DIBUJO LIBRE

El 17 de enero de 1950, un esclarecido núcleo de jóvenes rebeldes contra la dominación imperialista y la opresión en el Estado oligárquico de entonces, decidió tomar el cielo por asalto y conformar la entidad política cuya emergencia corresponde evocar. No se trató de un hecho aislado, sino la culminación del proceso de acumulación de fuerzas en sinnúmero de eventos, como parte del sostenido empeño de los trabajadores en defensa de la soberanía y hacia la liberación nacional y social de nuestra patria, que el pueblo boliviano desarrolló sin prisa y sin pausa.

En esa época recrudecieron las movilizaciones populares contra el incremento del costo de vida, preludio de la insurrección de abril de 1952. Marcos Domic recuerda que “la militancia del naciente Partido Comunista fue notablemente juvenil… Algunos fundadores del Partido procedieron de partidos hermanos, principalmente del PC de Chile y el PC de Argentina. También se incorporaron numerosos jóvenes que no habían pertenecido a ninguna organización política, pero se identificaban con postulados revolucionarios y de la izquierda marxista”. Los obreros fueron adhiriéndose paulatinamente, engrosando el contingente estudiantil universitario, magisterial y artesanal.

El vocero periodístico Unidad y la revista teórica del PCB, Marxismo militante, recogen importantes ensayos del proceso fundacional y primordiales hitos de la periodización de la colectividad partidaria, hacia una historia objetiva y sistemática de los 73 años de existencia. El itinerario que le cupo transitar, con luces y sombras, contó y cuenta con relevantes contribuciones de militantes y los mejores cuadros, a la causa de la justicia social, la democracia de masas y la construcción de la nueva sociedad, superadora del sistema capitalista. No pocos dejaron una huella profunda con su ejemplo más allá de nuestras filas, y el dirigente sindical de Siglo XX, Rosendo García Maisman, asesinado en la masacre de San Juan, resume la conducta y conciencia en la lucha sociopolítica con principios, convicción y firmeza revolucionaria.

En el cambiante escenario nacional e internacional, el partido de los comunistas encara nuevos retos y compromisos en Bolivia. Con múltiples experiencias en condiciones de legalidad y de resistencia a las dictaduras antiobreras, configura sin arrogancia un destacamento de avanzada maduro, con un inestimable patrimonio de consecuencia y lealtad. Continúa en la ruta transformadora y la solidaridad internacionalista, puntual en avatares coyunturales del proceso, cuyo norte no puede ser otro que atención a necesidades básicas de la población, recuperación de los recursos naturales y desarrollo sostenible con dignidad y autodeterminación.

En esta coyuntura política, los afanes desestabilizadores direccionados a la restauración neoliberal sin eco en las masas populares, ponen en claro qué tipo de intereses están en juego detrás del discurso de “libertad” y federalismo. Círculos recalcitrantes de la oligarquía optan por la vía del desastre, pese al fracaso del paro de los 36 días pretextando censo en 2023. Suspenden sus bloqueos suicidas perjudicando al sector productivo cruceño, sin provocar desabastecimiento alimentario en occidente. Luego de sucesivos traspiés, dada la errática oposición sin propuestas constructivas, apuestan por la impunidad en ultimátums cabilderos, empeñados en obstaculizar y deslegitimar cualquier medida gubernamental, en sintonía con fuerzas de la derecha reaccionaria a nivel continental.

Este periodo de la vida boliviana registra así el recrudecimiento de focos de fascistización, siendo pruebas palmarias los delincuenciales actos de violencia incendiaria y de grupos paraestatales en Santa Cruz. Por contrapartida, las pugnas entre la esfera oficialista y el instrumento político restan congruencia a la apremiante necesidad de fortalecer la organización unitaria del campo popular con una dirección idónea, activa y operante. En la actual etapa de transición, impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, consolidar el crecimiento económico y desarrollo soberano, ampliar oportunidades de empleo digno, la calidad educativa y el acceso a la salud universal, significa construir creativamente el Estado plurinacional. El panorama se torna complicado cuando las temáticas de corrupción, narcotráfico y colapso judicial se reducen a denuncias mediáticas, mientras a manera de inocente iniciativa abogadil se apresta el retorno del neoliberalismo a través de una campaña de firmas para un referendo constitucional arguyendo reforma judicial.

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En el plano interno, corresponde ser críticos y autocríticos acerca de la incidencia de nuestro partido en la clase obrera y el mundo del trabajo, como norma de conducta ética y política. Para una fundamental orientación ideológica y movilizadora en lo orgánico entre los trabajadores manuales e intelectuales, en especial la juventud comunista debe estar a la altura de las demandas surgidas en la nueva generación y asumir el liderazgo, fruto de su accionar de cara a la dinámica sociocultural y tecnológica de la sociedad contemporánea. En esa línea, el sindicalismo genuino resulta ser semillero de hombres y mujeres con visión y acción de que otro mundo es posible.

En materia internacional, con la escalada belicista desde el conflicto geopolítico de Ucrania se evidencian los afanes expansivos de la OTAN y la supeditación de la Unión Europea a los designios norteamericanos. Las sanciones contra la Federación Rusa empeñada en la desnazificación, se han revertido contra sus promotores, que ahora se quejan por perniciosas consecuencias en la economía global. Lágrimas de cocodrilo, sin duda, pero seguirán jugando incluso a una conflagración nuclear al servicio de las transnacionales de la guerra.

En la Patria Grande es unánime la condena a actos represivos, masacres y vulneraciones a derechos humanos propias de las dictaduras del siglo pasado por el régimen espurio en Perú. Y se reclama el cese de la barbarie genocida, sanción a los culpables y retorno a la institucionalidad democrática del sufrido pueblo peruano. De otra parte, dos hechos hablan por sí solos sobre la unidad en la diversidad que vibra en Latinoamérica: la integración de ministros del PC colombiano al gobierno de Gustavo Petro y la nominación de Luciana Santos, presidenta del PC do Brasil como Ministra de Ciencia y Tecnología en el gabinete del compañero Ignacio Lula da Silva. En nuestro continente pronto se activarán mecanismos de integración que hacen tanta falta como la Celac y Unasur, en un mundo multipolar que debe proyectarse.

En el complejo escenario actual, la izquierda boliviana y el PCB tienen ante sí la tarea de rearticular el sujeto transformador por excelencia, el proletariado en alianza estratégica con el campesinado y los pueblos originarios, abriendo un amplio abanico de participación de las capas medias urbanas, hoy bombardeadas con mensajes protofascistas desde redes digitales y medios hegemónicos. En base a nuestro proyecto alternativo, antiimperialista y antioligárquico, resulta indispensable configurar e irradiar la perspectiva emancipadora desde y hacia los trabajadores y la juventud con identidad propia, lucha conjunta contra el patriarcado feminicida, efectiva preservación de la Madre Tierra con participación comunitaria, resguardo de nuestra soberanía plurinacional y forja cotidiana del poder popular revolucionario. Todo ello se condensa en una y gran consigna siempre vigente: ¡Con el pueblo al rescate de la patria, rumbo al socialismo!

(*)Ignacio Mendoza es dirigente del Partido Comunista de Bolivia.

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Ecos de una guerra mediática en Perú

Repaso de la ‘conflagración mediática’ entre el gobierno militar nacionalista peruano del 68 y la prensa

/ 5 de febrero de 2023 / 06:35

DIBUJO LIBRE

A fines de la década del 60 y principios del 70, la prensa y el gobierno peruano protagonizaron una conflagración mediática, cuyos ecos iban a llegar hasta Bolivia. La guerra puso en cuestión la propiedad sobre los medios. Ninguno de los bandos dio su brazo a torcer. En Perú, el suceso acabó en la “expropiación” de diarios; en Bolivia, sentó las bases para la creación de un semanario dirigido por los trabajadores de la prensa.

En ese periodo, se cumplió con creces la máxima que planteó el periodista e historiador Ryszard Kapuscinski: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”.

Esos hechos ocurridos hace 53 años, con el actual conflicto peruano que ya suma cerca de 60 muertos, han vuelto a cobrar actualidad.

NACIONALISMO.

Con la depresión económica global y una desigualdad social interna como telones de fondo, las Fuerzas Armadas de Perú, comandadas por el general Juan Velasco, el 3 de octubre de 1968, asumieron la dirección del Estado. Pronto, el Presidente depuesto fue deportado y el Parlamento quedó disuelto.

Los escándalos políticos eran recurrentes. Pero, el acontecimiento que sacudió el avispero de la rebelión militar fue la alteración de precios en los contratos con la empresa estadounidense “International Petroleum Company” (IPC). Los diarios definieron ese hecho como la corrupta desaparición de “la Página Once”.

Al momento de asumir el gobierno (1968-1975), el Ejército lanzó un “Manifiesto” nacionalista: “Poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular y la realización de básicas reformas estructurales (…)”.

En ese marco, Velasco, seis días después de su ascenso al poder, ordenó la toma militar de IPC, lo que le generó un respaldo multitudinario. Luego, nacionalizó la industria pesquera, minera, petrolera, las telecomunicaciones, el comercio exterior, y dictó una radical reforma agraria.

ESTATUTO.

La posición “populista” del Ejército generó rechazo en las elites peruanas. Ellas no dudaron en usar una de sus armas habituales: la difusión de noticias parcializadas a través de su prensa, radio y televisión.

Ante ello, el régimen nacionalista, el 30 de diciembre de 1969, reaccionó. Promulgó el “Estatuto de la Libertad de Prensa”. En los parágrafos 10, 11, 12 y 13 se resolvió que las personas, “accionistas” y “capitales” que permiten difundir “publicaciones periódicas” deben ser de “origen peruano”; “los derechos y acciones no podrán ser transferidos a extranjeros”, y que los medios “no deberán dedicarse a otras actividades empresariales”.

En el Artículo 16 instituyó que “en marzo y septiembre de cada año las empresas periodísticas harán constar, en espacio preferente de sus propias publicaciones, la nómina de sus accionistas y directorio, el monto de su capital, la participación accionaria de cada uno de sus socios, cargos que desempeñan y la relación de los acreedores hipotecarios y prendarios, con especificación del monto de cada crédito (…)”.

RECTIFICACIÓN.

El Decreto Ley, del parágrafo 21 al 25, determinó también que toda persona natural o jurídica que se considerará “agraviada por cualquier información” podía hacer uso del “derecho de Aclaración o Rectificación”: “Su inserción se realizará en la misma página y columnas y con los mismos caracteres con que se publicó”.

Con la finalidad de que los propietarios y directores de los medios cumplan la ley, el Estatuto incluyó un Capitulo “De infracciones, delitos y sanciones”.

Por ejemplo, en el caso de una “transferencia de acciones a extranjeros” (citado arriba), en el Artículo 36 se definió que “esa infracción será sancionada con la pérdida de las acciones indebidamente transferidas, las que pasarán, sin pago alguno, en un 40% a propiedad del denunciante y el 60% al sindicato de empleados y obreros de la empresa (…)”:

Tiempo después, ante el incumplimiento empresarial de esas medidas, el régimen militar expropió varias entidades mediáticas y las entregó a los trabajadores.

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REACCIONES.

Así, el Estatuto generó una confrontación que fue seguida por agencias de noticias y periódicos internacionales. Frente a las acusaciones de ser “comunista”, “dictador” y “conculcador” de la libertad de expresión, el gobierno de Velasco rechazó esas “falsedades” y  argumentó que los “dueños de los medios” mezclan la “libertad de empresa para defender sus intereses económicos” con la “libertad de prensa” de los periodistas.

Los diarios bolivianos, en enero y febrero de 1970, informaron también sobre el tema. Presencia destacó las siguientes noticias: “Perú: El Comercio critica la nueva ley de prensa dictada por el gobierno”; “Presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de la Prensa) deplora nueva ley de prensa en Perú”; “Periodistas afirman que estatuto de prensa es contrario a la Constitución”; “Periodistas realizarán huelga general por 48 horas”; “Nueva ley de prensa motiva reacciones”; “Periodistas realizaron huelga en contra del estatuto”; “Gobierno peruano rechaza la intervención de la SIP”; “Periodistas continuarán lucha en defensa de libertad de prensa”.

En la misma línea, El Diario, a través de sus noticias, “censuró” el Decreto-Ley del Perú e insinuó su “derogación”. 

BOLIVIA.

Desde otro enfoque, el rotativo Hoy informó que el “Frente Único de Trabajadores” de los diarios peruanos Expreso y Extra “felicitaron” al gobierno por el Estatuto “cuyo contenido reivindica a los trabajadores de las empresas periodísticas”. Después, se concentró en los efectos y repercusiones que se generaron a escala nacional.

El 21 de febrero, detalló que el gobierno del general Alfredo Ovando aprobó, mediante decreto del 19 de febrero: 1) “medidas en favor de los periodistas”; 2) prohibió la circulación de diarios comerciales los días lunes; 3) autorizó la difusión de un semanario del Sindicato de la Prensa, y 4) obligó a las empresas a publicar comentarios editoriales de sus asalariados.

Hoy, el 25 del mismo mes, destacó la “creación de la Asociación Nacional de la Prensa”, institución defensora de los intereses de los patrones de los medios. El 27, publicó el “Pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) sobre el decreto del 19 de febrero”, donde exigió su inmediata “revisión” y defendió a los dueños de las empresas informativas.

La experiencia peruana acicateó la actividad revolucionaria de los obreros de la prensa boliviana y permitió la apertura de una nueva alborada bajo el gobierno de Juan José Torres, desde octubre de 1970.

(*)Miguel Pinto P. es Periodista

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El estado debe cumplir de buena fe lo recomendado por el GIEI

Los Estados, el Estado boliviano, tienen el compromiso por los DDHH desde 1969. En este marco, hay que entender el cumplir con las recomendaciones del GIEI.

/ 29 de enero de 2023 / 07:25

RazaPolítica

En virtud de un diálogo entre el Gobierno boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 22 de marzo de 2022 se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg Bolivia), con el exclusivo fin de ver cómo cumple Bolivia lo recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Final sobre la crisis de 2019. En la semana que termina, estuvo en el país un equipo de la CIDH presidido por el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH, el jurista y diplomático mexicano Joel Hernández García. Animal Político tuvo la oportunidad de sostener una entrevista con el Comisionado justo cuando iba cerrando su agenda de reuniones en el país. Acaso podía obtenerse un adelanto de la evaluación en curso, pero el comisionado —algo que se entiende— prefirió más bien describir el trabajo de la Meseg Bolivia en los tres días de su visita. Con todo, era imperativo desmenuzar hasta donde se pueda las recomendaciones del GIEI y su cumplimiento. Será el lector quien juzgue si se logró o no la meta. Una de las mayores certezas, sin embargo, que aseveró Hernández fue aquella de que el carácter vinculante de las recomendaciones del GIEI no debería significar la obligación meramente jurídica, legal, que tiene el país de cumplirlas, como a regañadientes; sino más bien, como firmante soberano de la histórica Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), el Estado boliviano debería cumplir con las recomendaciones con la mejor buena fe, por compromiso, si vale, moral con la defensa de los derechos humanos en el continente, y esto no se traduce sino en velar y ocuparse de que las recomendaciones del GIEI tengan, como dice Hernández, “un efecto útil”.

Un breve apunte aparte: vertemos la entrevista en su totalidad en razón de despejar un malentendido que se habría generado por un adelanto de la misma en la edición diaria del periódico.

—La Mesa se ha conformado el 22 de marzo de 2022. Parece que su misión termina en marzo de 2023, con un informe final, que ésta quizás sea su primera y última visita.

—No. El acuerdo que firmamos en marzo de 2022 es por dos años; tenemos todavía todo 2023 por delante, y también tenemos la posibilidad de poder extender el acuerdo por un año más. Nos encontramos a mitad del término. El siguiente paso para esta mesa es producir un informe, el informe de medio término, para poder medir dónde nos encontramos. Nos encontramos en términos de avances, de desafíos, y la visita de ahora es para ir recopilando esa información, corroborando información que ya tenemos, en miras a preparar ese informe de medio término.

—Le pido ir por el listado de recomendaciones…

—Es muy fácil de explicarlo, porque lo hemos agrupado en tres grandes rubros: el primero tiene que ver con reparación a víctimas; el segundo, con investigaciones de los delitos cubiertos en el Informe del GIEI, es decir, sobre los hechos que sucedieron en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019; y, el tercero tiene que ver con medidas estructurales, son recomendaciones de largo plazo, para que se tomen medidas de no repetición. Esos son los tres rubros en que hemos dividido las 36 recomendaciones.

—Las reparaciones. Parece que es donde más se ha avanzado, por lo menos es lo que dice el ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cómo es la evaluación de la reparación?

Joel-Hernández
El Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH en La Paz, el jueves 26 Foto. oswaldo aguirre

—Por su propia naturaleza, cada uno de estos rubros tiene distintos plazos; el primero y más urgente es el que tiene que ver con las reparaciones; el segundo, por su propia naturaleza toma más tiempo, son las investigaciones y los enjuiciamientos. Y uno de largo calado es el que tiene que ver con las medidas estructurales, porque implican cambios a nivel legal o constitucional. Por eso las reparaciones, por su propia naturaleza, tienen que ser mayormente atendidas. Aquí el avance que ha habido es en la elaboración de una política de reparación integral; el Estado ha estado también con la Asamblea Legislativa en la elaboración de una ley de reparación de víctimas, y, en tercer lugar, se ha estado trabajando un registro o censo de víctimas. Son instrumentos que ha venido desarrollando el Estado con el fin último de poder dar una reparación integral. Efectivamente, ya se ha venido otorgando algún tipo de apoyos. Lo que es muy importante para la Comisión es poder constatar que han sido atendidas todas las víctimas de estos sucesos, no solamente las personas que fueron heridas, no solamente las familias de personas fallecidas, sino también otras víctimas de otros delitos, como víctimas de torturas o de detenciones arbitrarias. Y, también muy importante, que en este universo de víctimas se les dé a todos lo que en derecho internacional es la reparación integral.

—Ahí es clave el censo, porque determina finalmente quiénes son a los que hay que reparar. Y no es un censo solo de los afectados directos, sino también entornos, familiares. ¿Eso cómo está?

—Ese es uno de los aspectos que hemos dialogado con el Ministro de Justicia para saber cuáles son los avances. Necesitamos todavía mayor intercambio de información para poder valorar los avances y poder formular nuestras recomendaciones para que este proceso avance.

—Pero les han dicho que se está haciendo ya ese censo. Hay un tema que siempre ha sido problemático. A las víctimas se les puede reparar, pero hay el tema de garantizar la no repetición de estas masacres. Eso toca aspectos estructurales pero también inmediatos. ¿Cómo están en eso?

—Ahí hay temas fundamentales que tienen que ser abordados. Una de las preocupaciones del GIEI, que quedó plasmada en su informe es la existencia de discursos estigmatizantes que hay, de un racismo estructural que existe en la sociedad, que ahí tiene que haber medidas que avancen hacia la reconciliación nacional, que impulsen la mayor inclusión social, una cultura de igualdad de accesos a derechos. Entonces, sí forma parte de políticas públicas que tienen que avanzarse para recomponer el tejido social. Porque lo que sucedió en este periodo de la historia de Bolivia es un rompimiento del tejido social. Entonces, esas políticas públicas tienen que avanzar en esa dirección.

—Quizás por lo polarizados que todavía estamos en el país, hay una serie de encuentros de reconciliación que recomienda el GIEI (que no hemos hecho). Por ejemplo, que los periodistas se reúnan con las víctimas para que digan por qué han informado como han informado, digamos, u otros sectores. Eso no hemos visto mucho, la verdad. Parece que es una de las cosas que hay que trabajar también.

—Este tercer rubro, de medidas estructurales, es el siguiente foco de la mesa de seguimiento. No hemos todavía empezado, no quiere decir que el Estado no haya ya empezado a trabajar, y por el Estado me refiero a los distintos poderes públicos. Va a llegar el momento en que la CIDH debe de tomar conocimiento de lo que se ha realizado, ver cómo eso se está adecuando al informe, y a partir de ahí formular recomendaciones.

Joel-Hernández
Fotos. oswaldo aguirre

—Hay unas recomendaciones que son muy insistentes en el documento, al Ministerio Público, a la Fiscalía; ‘si tiene que reabrir casos, reábralos; haga una exhaustiva revisión de cómo están los casos, si se han llegado a resolver, sentencias, etcétera’. ¿En Fiscalía, cómo está el avance?

—Bueno, tuvimos ayer una reunión con el Fiscal nacional; fue una reunión muy productiva; él nos presentó información muy completa de los avances de las investigaciones y de los estados en que se encuentran los distintos casos relacionados. Yo creo que aquí es muy importante que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo; hay recomendaciones muy específicas en el informe, que incluye la formación de fiscales en materia de derechos humanos. Ya se ha avanzado en la conformación de un comité de fiscales; hay una priorización de casos. Recibimos ayer una información muy útil que tenemos ahora que analizar para ver precisamente qué es lo que falta en esa materia.

—Hay un tema que sí debe ser para largo también; esto de adecuar los tipos de delitos: terrorismo, sedición, financiación al terrorismo. Sedición ya hemos retirado del ordenamiento jurídico. Pero todavía persisten terrorismo y financiación. ¿Sobre eso le ha adelantado algo?

—Tiene razón. En nuestra evaluación hemos constatado que se ha expulsado la figura de la sedición, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Está pendiente el abordaje al tema de terrorismo y financiación al terrorismo. Esas son recomendaciones que hizo el Grupo de expertos a nivel legislativo, compete a la Asamblea Legislativa la enmienda de las leyes, pero la sentencia del Tribunal Constitucional nos demuestra que también existen otras vías para desaplicar figuras penales que no se ajustan a la normatividad internacional.

Los tipos penales deben de ser específicos, no ambiguos, que permitan al juzgador poder ubicar las conductas dentro de los parámetros jurídicos, sin que haya lugar a ambigüedad. Efectivamente, no hemos visto avances en el tema de terrorismo y financiación al terrorismo.

—Lo que me está diciendo es que no se necesitaría siempre del Tribunal Constitucional para proceder.

—No. Bolivia, como un Estado democrático, que tiene poderes públicos, hay siempre esta conjunción de esfuerzos entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y, bueno, compete a ustedes, bolivianas y bolivianos y a las autoridades nacionales, ver cómo atienden este tema. El punto central es evitar figuras ambiguas.

—Correcto. Hay un tema que bien harto le insiste el GIEI al país: el rol de las Fuerzas Armadas. Dice: rezago democrático son las Fuerzas Armadas y la Justicia. En las recomendaciones está que las Fuerzas Armadas informen lo que han hecho, se transparenten, la Policía igual, y que haya un mecanismo que regule el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. ¿Le han informado de esto?, ¿cómo está?

—También forma parte de estas medidas estructurales. Tenemos que entrar aún a esta última parte, ver los reglamentos de Policía, del uso de la fuerza, ver qué planes existen de modernización de las policías. La Policía tiene un rol fundamental en la seguridad ciudadana. La comunidad internacional ha desarrollado estándares de actuación de las policías desde hace tiempo. Entonces, tenemos que llegar todavía a ese punto, por ahora no puedo anticipar ningún juicio de valor.

—Varios informes sobre 2019 han recomendado esto, el GIEI también: lo de los grupos paraestatales. ¿Les han informado algo de eso, de cómo se está tratando?

—A la Comisión le causa mucha preocupación la existencia de grupos parapoliciales, paramilitares, cualquier denominación que se le quiera dar; es decir, actores no estatales que pueden estar afectando los derechos de las personas. Sí, el informe del GIEI dio cuenta de la existencia de esos grupos. No ha sido un tema específico de abordaje en esta oportunidad, pero es un tema de observación general de la Comisión.

—Una cosa que siempre se ha señalado es el racismo en la represión en 2019. Seguro que es de hace mucho tiempo, pero ¿hay algo que le han informado que se ha avanzado o están quedando en avanzar?

—Hay esfuerzos que se han realizado. Hemos tenido conocimiento de la realización de una cumbre contra el racismo; son esfuerzos importantes porque van sentando el camino, la ruta a seguir, las políticas públicas que se tienen que avanzar. Es un punto central en el Informe. Igual, perdón que insista, forma parte de estos temas estructurales, y es parte de la siguiente, de la segunda parte de nuestra observación y del acompañamiento que le tenemos que hacer al Estado.

—En reforma de la justicia ¿les han informado algo?

—Creo que ese es el gran clamor de toda la sociedad y de todos los actores políticos; aquí sí encuentro un consenso, es que todo el mundo quiere un sistema de justicia fortalecido, que sea independiente e imparcial, y eso pasa por un propósito de muchos actores políticos, que es alcanzar la reforma judicial.

Somos respetuosos de la manera en la cual autoridades, sociedad civil, emprendan un proceso de reforma judicial; lo importante, y ese es el objetivo último, y es lo que la Comisión estará observando, es que el sistema judicial se adhiera a los principios de independencia judicial. Ese es el fin último que se quiere alcanzar.

—Sea como fuere que alcance, o sea, Bolivia tiene sus particularidades.

—Que sea eficiente, colaborativo, que este proceso incluya la voz de la sociedad civil, que se escuchen las mejores prácticas, que sea un proceso que genere consenso, un proceso bien establecido sobre una hoja de ruta, que no sea algo abstracto que no termine de encaminarse. Son partes de un proceso que creemos que debe de impulsarse. Ya los medios mismos ya competen, entran dentro de la esfera doméstica.

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—Ahorita está en debate esto de la amnistía. Claramente, el Informe del GIEI, su recomendación dice no amnistía a quienes han cometido violaciones de derechos humanos. Ese es el principio, digamos.

—El principio del Informe del GIEI justamente es que se lleve a cabo la investigación, el enjuiciamiento, la sanción de las personas que resulten responsables de las violaciones incluidas y que haya reparación a las víctimas; ese es el principio básico del derecho internacional, y eso es lo que está plasmado en el Informe.

—Claro, proporcionalmente igual se tiene que hacer justicia, digamos.

—Ese es el tema, acceso a la justicia.

—Lo último, le ruego. ¿Qué significa esto de ‘vinculante’? Siempre hemos dicho acá: el Informe del GIEI es vinculante; la evaluación que están haciendo ustedes, ¿qué significa vinculante, qué alcance tiene?

—Es una buena pregunta, y siempre está en el debate público, en el debate académico, si las recomendaciones de la Comisión son vinculantes o no, es decir, que si tienen fuerza jurídica por sí mismas. Yo francamente creo que este es un debate académico que pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los Estados han suscrito obligaciones internacionales por decisión soberana, y conforme a un principio de derecho internacional, los Estados deben de cumplir sus obligaciones de buena fe, y para que esas obligaciones se cumplan de buena fe, deben de posibilitar que la Comisión tenga un efecto útil; es decir, que los Estados deben de hacer todo esfuerzo necesario para dar cumplimiento a las recomendaciones en virtud de la obligación que han adquirido al ser firmantes de la Convención Americana de los derechos humanos, de cumplir con las obligaciones ahí contenidas, de buena fe. Entonces, es más una cuestión de un compromiso expresado por los Estados frente a la Convención Americana y frente a la CIDH, más que una cuestión de la naturaleza jurídica misma de las recomendaciones. No sé si me he dejado entender…

—¿Algo así como un compromiso moral estatal, digamos?

—Un compromiso político con la comunidad internacional.

—Una yapita. ¿Habrá alguna colaboración de la CIDH en la elección de magistrados?

—Bueno, en nuestras conversaciones yo he puesto a disposición del ministro el trabajo que ha realizado la Relatoría de la CIDH para personas defensoras y operadores de justicia. Es una relatoría que está a mi cargo y he puesto a su disposición el trabajo que ha avanzado la relatoría en el desarrollo de estándares para la independencia judicial; no hemos hablado de ninguna otra manera de colaboración específica.

—La experiencia que tienen del estándar internacional.

—Son estándares interamericanos de independencia ya muy desarrollados; inclusive algunos de ellos son resultado de las sentencias de la Corte Interamericana; pero, insisto, eso es muy importante, ya los medios y arbitrios cómo esto se ejecuta forma parte del orden interno.

— A la boliviana, digamos.

— Exactamente.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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