Tuesday 19 Mar 2024 | Actualizado a 05:52 AM

Áñez, ¿juicio ordinario o de privilegio?

/ 13 de febrero de 2022 / 17:30

La Justicia debe hacer prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia.

DIBUJO LIBRE

La coyuntura judicial-política en el país centrará su atención en el juzgamiento de la señora Jeanine Áñez y un grupo de excomandantes militares. Dos elementos trascendentales sobre el próximo juicio oral al que serán sometidos: el reconocimiento jurídico del juzgamiento en la vía ordinaria y las decisiones competentes de los jueces en ejercicio de su independencia judicial.

Existen cuando menos seis realidades procesales del caso Áñez. Con el juzgamiento en la vía ordinaria se descarta la tesis del juicio de responsabilidades, por tanto, la “expresidenta Áñez” está reconociendo de manera formal que no le corresponde un juicio de privilegio, está afirmando judicialmente que está compareciendo ante un Tribunal Anticorrupción en la jurisdicción de La Paz en su condición de exsenadora. Esto se constituye en un precedente jurídico transversal en su juzgamiento, porque no solo es su comparecencia como exlegisladora, sino una aceptación tácita a que la forma de haber tomado el poder fue quebrantando el orden constitucional, atentando la institucionalidad democrática y aplicando una sucesión presidencial inconstitucional (este análisis lo compartí en el artículo “Analogía Constitucional” publicado en este suplemento el 24/10/2021); si hubiera sido legal continuaría exigiendo un juicio de responsabilidades.

El Tribunal Primero de sentencia anticorrupción actuó cumpliendo la ley al identificar un error en el auto de apertura de juicio oral, que no consideró los días mínimos para su instalación contra la exsenadora Áñez y el grupo de militares. El procedimiento penal dispone en el Artículo 343 que “el juez o tribunal en el auto de apertura a juicio señalará día y hora de su celebración, la que se realizará dentro de los veinte a cuarenta y cinco días siguientes. El secretario notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos, peritos y a los jueces ciudadanos (que ya no existen) cuando corresponda; solicitará los objetos y documentos y, dispondrá toda otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio público”. Es decir que el Tribunal dentro los siguientes 20 a 45 días siguientes de notificada la acusación formal y presentadas las pruebas de cargo y descargo debió señalar día y hora de inicio de juicio oral; pero en ese plazo, no antes. Si bien advirtiendo el defecto el propio Tribunal de Sentencia podía subsanar, renovar el acto, rectificar el error o cumplir el acto omitido (Artículo 168-CPP), optó por dejar sin efecto el auto inicial, imponiendo sus decisiones; ellos (los tres jueces técnicos) hicieron prevalecer su decisión unánime, dando una muestra clara de lo que debería ocurrir siempre al margen de toda susceptibilidad: su independencia judicial.

Por otro lado, si fuera una “estrategia jurídica efectiva” asumir una huelga de hambre, “quizás” los más de 15.000 privados de libertad en Bolivia optarían por ese camino para evitar el procesamiento y, a esa consecuencia, todos los procesos activados quedarían “en fojas cero”; por ello, anunciar una huelga de hambre no implica eludir la responsabilidad penal de los hechos que generaron una interrupción democrática en el país. Si la noción de la exsenadora Áñez de búsqueda de verdad y justicia es “inminente”, debió evitar dilatar el inicio del juicio oral y someterse a lo que disponga nuestra Justicia, apostar por la celeridad procesal en su juzgamiento que en cumplimiento de la ley adjetiva penal derivará en una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria.

De momento (porque pueden haber más) existen dos excomandantes militares, de la FAB y la Armada (que se encuentran con detención preventiva), que solicitaron formalmente el procedimiento abreviado. Están reconociendo su culpabilidad, pidiendo que los condenen a 10 años de cárcel (u otra pena no mayor, desde luego) por quebrantar el orden constitucional e irrumpir la institucionalidad democrática en Bolivia. Lo que agrava la situación procesal de la exsenadora Áñez sobre su autoría delictiva y responsabilidad penal.

El delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes (Código Penal, Artículo 153) establece que: “la servidora, servidor, empleada o empleado público que dicte o emita resoluciones u órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado, Bloque de Constitucionalidad o de una Ley concreta, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, generando daño económico al Estado o afectando sus intereses, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años e inhabilitación”. El delito es propio, esto quiere decir que solo es para aquellas personas que tienen una relación laboral directa con el Estado, que ejerzan funciones en el servicio público y perciban un salario del presupuesto general estatal; por tanto, exlegisladores y militares desde luego que están contemplados como sujetos activos en este delito. Asimismo, la condición objetiva de punibilidad (acción penal típica) es que se dicte o emita resoluciones (suscribir normas, actas, resoluciones administrativas, etc.) o que se emitan órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones constitucionales (la orden de una autoridad superior a una inferior no puede ser contraria a lo dispuesto en la CPE y que además a consecuencia de ello se genere un efecto jurídico, político, social u otro).

De otro lado, las resoluciones u órdenes tampoco pueden atentar el Bloque de Constitucionalidad (la normativa vigente y dispuesta en el Artículo 410 de la CPE), o que esas órdenes o dictámenes contravengan una ley concreta (la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, por ejemplo). Finalmente, este tipo penal hace referencia a una parte material-operativa del delito, que al ejecutar una orden o hacerla ejecutar se afecte los intereses supremos del Estado. Se dispone para ello la pena privativa de libertad de hasta diez años, que es justamente lo que pide el Ministerio Público en este caso.

Una vez instalado el juicio oral, éste puede ser: presencial, virtual o por ambas vías; existe todo un respaldo constitucional y legal al respecto.

Finalmente, la Justicia boliviana debe hacer prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia, y debe actuar con la mayor objetividad, transparencia e imparcialidad. Gran parte del pueblo boliviano está expectante a las decisiones de este tribunal de juzgamiento.

(*)Israel Quino R. es abogado y periodista

Luis Arce y el arcismo en perspectiva

Rodrigo Ayala Bluske, Susana Bejarano, José de la Fuente, Israel Quino y Daniel Valverde brindan sus miradas sobre el ala más oficialista del oficialismo.

Cinco visiones sobre el lado más oficialista del oficialismo

Por Pablo Deheza

/ 17 de marzo de 2024 / 06:58

El punto sobre la i

Un grupo de destacados intelectuales bolivianos, conocedores y acuciosos observadores de la realidad política nacional, comparten sus puntos de vista en relación al liderazgo del presidente Luis Arce y el grupo al interior del MAS-IPSP que le respalda. Rodrigo Ayala Bluske, cineasta y ensayista; Susana Bejarano, politóloga; José de la Fuente, abogado e investigador social; Israel Quino, politólogo; y Daniel Valverde, abogado y analista, son nuestros invitados para la ocasión.

¿QUÉ JUEGA A FAVOR DEL ARCISMO?

RODRIGO AYALA. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica, que ha logrado mantener desde el inicio de su gestión. En el “contrato implícito” que la sociedad boliviana ha establecido con sus gobernantes desde hace varias décadas, temas como la estabilidad cambiaria y la gasolina barata, entre otros, son fundamentales. A pesar de que se le han presentado varias “grietas” en el modelo, con el telón de fondo del rápido agotamiento de las reservas de gas, ha logrado hasta el momento evitar un quiebre de alto impacto. Ello le garantiza el control sobre el aparato estatal en su conjunto, merced al cual tiene una fuerte influencia en los restantes poderes del Estado. En segundo lugar, le favorece la precariedad de la oposición “tradicional” y el hecho de que por razones discursivas e históricas al evismo, le sea difícil llegar a un acuerdo formal con ella.

SUSANA BEJARANO. A favor del arcismo juegan dos cosas: la primera es estar en función de gobierno. Bolivia es un país presidencialista, la mayor fuente de empleo directo e indirecto es el Estado; por tanto, se siente la necesidad de aproximarse al gobierno de turno. Lo segundo es que las principales organizaciones sociales del país han dado su respaldo, para muchos simplemente por oportunismo y para otros porque con el gobierno de Arce estas organizaciones ocuparon una mayor cantidad de puestos políticos que en todos los gobiernos del MAS; es decir, porque, para bien o para mal, es un gobierno de las organizaciones.

JOSÉ DE LA FUENTE. Uno, la administración del Estado, la herramienta desde la que el arcismo opera sus ventajas. En el Ejecutivo, la presidencia, los ministerios, las empresas públicas, algunos gobernadores y muchos alcaldes, es el tándem desde que el cual se instala impronta con el centralismo a su favor. Dos, el Legislativo bajo control del vicepresidente, junto a las presidencias de la Cámara de Diputados y de la principal Comisión de Constitución y, las oposiciones, con el evismo a la cabeza, divididas y dispersas. Además, un grupo decisivo de entre 20 y 30 diputados y senadores que convergen en casos extremos que ya han logrado varias victorias. Tres, son parte del juego los altos cargos judiciales, ahora con más razón porque la autoprórroga está protegida. Es una enorme capacidad institucional la que juega a fondo por el arcismo.

ISRAEL QUINO. Que hoy por circunstancias verdaderamente coyunturales detentar el poder y el manejo de estructura estatal, y a título de ello inclusive pueden disponer de una serie de privilegios políticos que les permite ejercer hegemonía en las instituciones de su dominio desde el propio Estado. En política, tener de lado a las estructuras castrenses policiales, e inclusive hasta judiciales, entre otros, a nadie le viene mal.

DANIEL VALVERDE. En un sistema político altamente presidencialista y con una cultura política marcadamente caudillista como es el nuestro, Luis Arce Catacora tiene a su favor en primera instancia el manejo del Estado, que es un imán para los grupos corporativos o clientelares a efectos de sacar ventajas o licencias que le permiten actuar con función de intereses y beneficios. Le favorece también su larga experiencia en el manejo de la cartera económica del Estado. En cuanto a la construcción de un perfil de caudillo, que pueda atraer a sectores de la sociedad, el presidente Arce le juega en contra su limitada capacidad comunicativa emotiva que fideliza a sectores populares. No obstante, le favorece el hecho que su principal contendor en esa plaza político electoral, Evo Morales, está en dificultades, sobre todo con los sectores populares urbanos.

¿QUÉ JUEGA EN CONTRA DEL ARCISMO?

RODRIGO AYALA. Sobre todo, las fisuras que se han venido dando en la economía básicamente por la falta de dólares. En la medida en que esas grietas se hacen notorias en la sociedad, mediante la escasez ocasional de gasolina, por ejemplo, o las subidas del costo del dólar paralelo, ligadas a su escasez en los centros económicos establecidos, se generan sensaciones de desconfianza. Por otra parte, como todo gobierno en ejercicio, al de Arce le toca sufrir el desgaste que ocasiona el ejercicio de la gestión de manera general; el cansancio con el tema de la justicia, iniciativas conflictivas, como la relacionada con la presentación de la ley relacionada con la jubilación obligatoria a los 65 años, etcétera.

SUSANA BEJARANO. Lo que hoy juega en contra del arcismo es lo que otrora fuera su gran fortalece: la economía. Cualquier desajuste de esta es responsabilidad del gobierno y de Arce, “padre del modelo”; por tanto, cuanto más afectada esté la economía mayor repercusión sobre el presidente y su gobierno.

JOSÉ DE LA FUENTE. Uno, la incertidumbre por la falta de dólares, combustible, los dañinos bloqueos de caminos y una inocultable crisis política han logrado que las personas y los agentes económicos actúen a la defensiva y todos vivamos preocupados. Dos, en consecuencia, sobresale la insuficiente gestión política del oficialismo frente a la incertidumbre. Hay un escenario político en crisis, las organizaciones políticas y sociales divididas, entonces sobresale la falta de capacidad gubernamental para gestionar acuerdos coyunturales, sectoriales o de corto o largo alcance detrás de una visión estratégica sobre la crisis. El victimismo (típicamente evista) o la denuncia no son acciones constructivas, solo es una forma reactiva, testimonial y que no tranquiliza a nadie. En tercer lugar, la comunicación gubernamental a lo tradicional y que solo informa de obras o entregas, cuando lo que está en disputa es un proyecto político y éste debiese ser el objetivo mediático.

ISRAEL QUINO. Están desorbitados en el horizonte político. No tienen una identidad política propia, tampoco tienen una organización política que puedan disponer para un siguiente proceso eleccionario, a pesar de su discurso de izquierda ideológicamente no identifican su lugar en la historia. La división y fragmentación de sus organizaciones sociales y teniendo sólo algunos dirigentes no es sinónimo o garantía de tener a todo el movimiento popular indígena que es la base dura de la izquierda en el país. Menos eso se traduce en preferencia electoral desde luego.

DANIEL VALVERDE. El descontrol de la Asamblea Legislativa y la falta de operadores políticos que puedan promover acuerdos oportunos, afecta notoriamente al gobierno y la imagen de Arce, quien como gobernante se ve impedido de tomar decisiones oportunas en temas muy sensibles para este tiempo, como la economía o las elecciones judiciales. Su gobierna se percibía en sus inicios, como un gobierno de dialogo, amplitud, corrección, y hasta reconciliación, algo que no ocurrió y más bien se acentuó la imagen de un presidente hasta cierto punto parco y obstinado con sus posiciones. La incertidumbre económica con visos de crisis, generada por factores internacionales e internos, está provocando dudas en cuento ha sido su principal capital político, la del hombre con imagen de acertado en la económica y de finanzas y su resultado la estabilidad.

¿QUÉ FORTALEZAS TIENE LUIS ARCE?

RODRIGO AYALA. El control estatal que tiene el arcismo, le permite a su vez tener una relación fluida con la mayor parte de los movimientos sociales. Uno de los rasgos centrales de la configuración estatal a partir del 2006, ha sido la de incorporar mediante distintas vías a los movimientos sociales al aparato estatal; esa característica ha hecho que en la coyuntura le haya sido sencillo arrebatar al evismo el dominio de lo que históricamente se ha denominado el “Pacto de Unidad”, con la excepción de unos pocos sectores, entre los que sobresale el de los cocaleros del trópico cochabambino. Gracias a ello tiene un dominio territorial que en las últimas décadas ha mostrado ser clave para el ejercicio de la política boliviana.

SUSANA BEJARANO. Luis Arce es una persona que corresponde más con las aspiraciones de la nueva clase media formada por el MAS, no porque Arce haga mucho para que así sea, sino porque encarna el sueño que vendió el proceso de cambio: “nuevas élites profesionales que nunca tuvieron espacio hoy están gobernando”. En este campo no podemos abstraernos de la variable indígena. Ahí está la habilidad de Arce, la de incluir (otra vez: para bien o para mal) a las organizaciones sociales en su gabinete.

JOSÉ DE LA FUENTE. Una, su principal fortaleza, al igual que en las decisivas elecciones generales del 2020, es que la ciudanía, las organizaciones sociales y los agentes económicos lo reconocen por su experiencia de economista y gestor público. Dos, este perfil tiene especial valor en una compleja coyuntura política y económica internacional y nacional y cuyos temas son la efectividad de la democracia, el sentido del Estado, el alcance de la economía pública, la colonización puesta en evidencia al medio de guerras, masacres y genocidios, y un mundo multipolar en construcción que, centralmente, discute en torno a otro modelo de economía mundial. Tres, es un intelectual de clase media y forjado en el proceso político del cambio. Esto también tiene un alto valor de cambio en un ciclo que debe recuperar a la clase media que el propio proceso multiplicó y que desde un principio desdeñó.

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ISRAEL QUINO. La experiencia de la administración pública del Estado durante la cantidad de años que trabajó como funcionario público, principalmente cuando ejerció como ministro de Economía en el gobierno del expresidente Evo Morales y ahora su paso por la Presidencia de Bolivia. Ello le permite tener una fortaleza en el área económica al mando de su gobierno en este periodo constitucional.

DANIEL VALVERDE. A Luis Arce, aun le favorece la experiencia en el manejo económico del Estado, y la imagen que forjó sobre todo en los 14 años del Gobierno a la cabeza de Evo Morales. Su apuesta actual de ofrecer una visión de mediano a largo plazo que permitan capear la situación actual de incertidumbre y renovar las expectativas de la población, focalizando sus acciones y discurso en asuntos como la industrialización, sustitución de importaciones, el potencial del litio y el apoyo para el fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria del país, sobre todo del oriente del país, son una ventaja que aun hacen sentido en buena parte de la población, cabalmente por su imagen y experiencia.

¿QUÉ DEBILIDADES TIENE LUIS ARCE?

RODRIGO AYALA. A pesar del temor que suscita en varios sectores políticos y sociales un hipotetice retorno del Evo Morales al poder, al arcismo le resulta difícil establecer una comunicación fluida con actores políticos ajenos al “universo” del MAS e incluso a otros pertenecientes a la clase media tradicional, lo que hace que a momentos tenga que pelear a “dos frentes”, lo que debilita su capacidad de acción en la coyuntura. Si bien hasta el momento Arce ha podido imponer sus principales metas políticas, ese aislamiento podría debilitarlo para momentos clave que tendrá que sobrellevar en el futuro próximo.

SUSANA BEJARANO. Su gobierno ha mostrado una resistencia al cambio y esto resiente la gestión pública.

Creo que otra debilidad es liderar un ala en la pelea del MAS. Cualquiera diría que Arce no tiene otro camino y es probable que sea cierto, pero el resultado de esto es que Arce es el blanco central de ataques dentro de su propio partido, y eso no tiene otra lectura desde la perspectiva de la gente que de una debilidad. Otra dificultad que veo es que comunica poco. Cómo Luis Arce interpreta su propio gobierno es algo desconocido para la gente.

JOSÉ DE LA FUENTE. La primera debilidad, la más paradójica, es que Luis Arce fue elegido, atinada e inteligentemente, como candidato a presidente por Evo, pero ahora su principal opositor. Ser de la fracción que abandona el núcleo siempre es una desventaja, aunque natural como la vida, porque el sentido conservador siempre toma a herejía la disidencia. Dos, en los 14 años de gestión continua, Arce no desarrolló liderazgo político y, de nuevo, volviendo a las paradojas, fue quizás, por eso mismo, que es el elegido. La desventaja es que Arce empieza con deuda y unos acreedores ansiosos de una transición administrativista de la política y la economía y, por lo demás, concentrado a las alfombras y los manteles para la reivindicación histórica. No fue el caso, el presidente dijo de entrada que él gobernaría, ahí empezó la guerra sin cuartel. Tres, el mensaje presidencial para enfrentar la crisis y, sobre todo, el próximo periodo necesita más que solo una imprescindible propuesta de industrialización, el objetivo debería ser un pacto para un nuevo ciclo.

ISRAEL QUINO. Que a más de tres años de gestión y siendo presidente aún no trasciende como un líder social – nacional, su liderazgo es netamente estatal y a ello se suma su distanciamiento del MAS-IPSP y el expresidente Evo Morales le juegan en contra. De continuar todos así exponen a un grave riesgo inclusive la permanencia de la izquierda en el poder político.

DANIEL VALVERDE. Luis Arce juega sus cartas en un escenario económico y político adverso que demanda acuerdos, señales que generen esperanza, y mucha comunicación. Las limitaciones de comunicación y el hecho de no contar con una trayectoria política que pueda permitirle una narrativa en función a sus propios logros es una de sus debilidades. El desgaste de una parte de su gabinete y no contar con una organización política ni la legitimidad suficiente para tomar el control del MAS, también le generará dificultades en los siguientes meses.

 (*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Más allá de la tecnología, más allá del poder

Las tendencias actuales comienzan a construir su lógica en el límite entre lo humano y lo tecnológico.

Miembros del Parlamento Europeo durante la votación sobre la Ley de Inteligencia Artificial

Por Verónica Rocha Fuentes

/ 17 de marzo de 2024 / 06:46

Dibujo Libre

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó lo que es la primera ley integral sobre Inteligencia Artificial (IA) en el mundo. Tras meses de discusión, Europa ha optado por poner sobre la mesa del debate global una normativa que intenta poner en el centro el resguardo de los derechos y que se ha focalizado en establecer los riesgos que implica el uso ciudadano/ cotidiano de la IA. A pesar de que huelga adentrarse un poco más dentro del contenido de esta novedosa norma y entender el marco regional en el que se la propone, lo indiscutible es que se ha dado un nuevo paso en lo que varios autores han optado por denominar como la “nueva guerra fría” de este tiempo, basada en buena parte en la lucha geopolítica por el liderazgo global tecnológico, que hoy lleva, en buena medida, la tonalidad de la Inteligencia Artificial y que conlleva la emergencia de un remozado “tecnocapitalismo”.

Problemática. Desde que una aplicación chatbot de IA se volvió una herramienta de uso masivo atravesamos -sin duda alguna- por un nuevo periodo de inflexión tecnológica caracterizado por darle un giro radical a lo que hasta ahora habíamos entendido como internet (hay quienes afirman que lo que se viene no se parecerá en nada a lo que hasta ahora conocemos). Y este periodo se bifurca precisamente en la discusión en torno a los escenarios venideros que conllevan la accesibilidad y popularización de un (ro)bot de IA como el ChatGPT (el primer ente no humano elegido como científico, el año 2023, por la revista Nature), que apuesta por construir su lógica en el límite entre lo humano y lo tecnológico.

Como bien se ha vuelto un sentido común, toda esa cantidad de vertiginosas transformaciones tecnológicas (hoy con rostro de IA) tienen una importante implicancia en los procesos y las dinámicas sociopolíticas de este y cada tiempo. Y, en medio de ello está -cómo no- incluida la democracia y su calidad, pero incluso su legitimidad y permanencia a futuro. Así, entre las principales preocupaciones dentro del campo sociopolítico que genera esta nueva era comunicacional predominantemente tecnologizada (y todo lo que incluye: información, debate, deliberación e intercambio) están los procesos de desinformación que, de manera clara, se intensifican -uso de tecnologías mediante- y que, también con mucha claridad, terminan afectando a la democracia.

Es en ese escenario en el que, el año 2023, nace el Grupo de Debate y Reflexión sobre Desinformación; una iniciativa impulsada por la Fundación Internet Bolivia, la Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) y Oxfam en Bolivia que tiene como objetivo impulsar reflexiones y evaluaciones acerca del manejo de la comunicación política, las campañas electorales y los efectos de la desinformación, con el foco en nuestro país. Todo esto en la búsqueda de generar propuestas ante la compleja agenda electoral que se avecina. Como actualización, este grupo arrancó su segundo año de existencia, esta semana, con la presentación del libro Comunicación Política e Inteligencia artificial.

Cuando la tecnología toma el poder , del comunicador e investigador uruguayo Diego Mota.

IA. Sobre el tema, se sabe que existe una relación intrínseca entre Inteligencia Artificial y Comunicación Política, en inicio porque la propia emergencia y desarrollo de la IA tiene un carácter político inherente y una consecuencia comunicacional, desde sus inicios.

Después, porque a través del tiempo, la Inteligencia Artificial ya se ha venido relacionando con la Comunicación Política de manera casi natural, sobre todo, como señala la publicación, en todas esas actividades que implican: a) procesamiento de grandes cantidades de datos, b) sistematización de patrones y tendencias, c) análisis de la opinión pública (también conocido como Social Listening) y, d) rastreo de millones de publicaciones para clasificarlas según sentimiento.

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Pero, ante todo y finalmente, porque toda inteligencia sólo es comprobable en su poder de comunicar; es decir en todo aquello que implica el intercambio entre emisor y receptor. Y en esta instancia concretamente se hace referencia -según Mota- a un momento del proceso que desarrolla la Inteligencia Artificial y que brilla por su potencialidad y trascendencia en el mismo: el procesamiento del lenguaje natural. Ese momento que consiste en “traducir” en datos el lenguaje humano a modelos de lenguaje más avanzados y complejos. Lenguajes que, ya en lo práctico, buscan de manera insistente, automática e inherente mejorarse en cada resultado que genera la IA pero que, a la vez, sirven exclusivamente para comunicación entre máquinas y que, por ello, terminan siendo altamente sofisticados para la comprensión humana común.

Comunicación política electoral Dentro de ese gran universo que contiene los usos que la comunicación política como área le ha venido dando a la IA, predomina por volumen, repetición y fama, aquella subárea que es la comunicación (o también el marketing) electoral. Y esto tiene que ver con que, desde siempre, un momento cúspide de la comunicación política, son los procesos eleccionarios en general y las campañas electorales, en particular. Nada de lo que ahora ocurre en esta instancia es nuevo en esencia, pero si se ha vuelto continuamente novedoso en sus formas, hoy tecnologizadas.

Y es, en este escenario, donde se ubican buena parte de las grandes preocupaciones que involucran uso de IA en campañas electorales; concretamente: a) Fake news y Deep fakes, b) uso de datos de la población, c) uso opaco y/o sesgado de los algoritmos (sesgos) y d) la posibilidad de devenir en un instrumento de control autoritario.

Aternativas. No obstante, un apunte tremendamente relevante sobre Comunicación Política que se encuentra en el libro viene a ser la descripción de sus otras tres facetas (además de la electoral): comunicación gubernamental, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Y ello es relevante, en la medida que invita a entender los procesos de IA un poco más allá de los lugares comunes sobre los cuales se la ha puesto sobre la mesa del debate en su relación con la política; esto es, pensándola más allá del momento electoral, concretamente en momentos de mandato público, de gestión de crisis y de riesgo. Es decir, en las potenciales oportunidades que posibilita en la cotidianidad comunicacional en su más aspecto más público y democratizante. Porque, de alguna manera, esto nos recuerda que hay más comunicación política allá de las elecciones y que hay IA más allá de los intereses partidarios/autoritarios.

De todas maneras, acá se presenta solamente un abordaje superficial de esta relación. Lo que no pasa con el documento escrito por Mota, en el cuál de manera esquemática se establece un preciso y detallado mapa sobre los alcances y niveles que llega a alcanzar la relación entre Inteligencia Artificial y Comunicación Política, no sólo en el día de hoy sino además en lo que significa una meticulosa revisión del pasado que deja ineludibles pautas para avizorar un futuro cuyo desafío principal será que no termine siendo distópico, ni construido por fuera de la democracia.

 (*)Verónica Rocha Fuentes es comunicadora social

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Sancionar la violencia parlamentaria

No es admisible, bajo ninguna consideración, el uso de la agresión física como sustituto del debate.

La degradación del debate político

Por Carlos Bellott

/ 17 de marzo de 2024 / 06:39

Dibujo Libre

Al espectar las sesiones de los órganos legislativos de cualquier gobierno del país, es habitual ver prácticas de violencia psicológica en las deliberaciones (sarcasmos, indirectas, burlas, etc.), en especial entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Tal estilo de violencia casi siempre deriva en violencia emocional (insultos y otras agresiones verbales) y, muchas veces, esto se convierte en violencia física (jaloneos, empujones y hasta golpizas).

De no sancionarse estos comportamientos, podrían llegar a convertirse en parte de su cultura organizacional, como se ve en la Cámara de Diputados. Así, incluso, podrían algunos asumir como un derecho político el reaccionar de mala manera ante las supuestas injusticias o abusos de poder del oficialismo o ante las supuestas obstaculizaciones malintencionadas de la oposición.

En los legislativos que cuentan con normas de ética, está prohibida la agresividad, y se establecen sanciones, aunque no en la mayoría de los gobiernos, siendo el acoso y la violencia política contra la mujer, delitos (Ley 243; CP, art. 148 bis-ter).

En el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambas cámaras, mediante sus reglamentos de ética, prohíben los actos violentos. En la Cámara de Senadores, se prohíbe la agresión física o verbal contra legisladores o cualquier otra persona, siendo la agresión verbal una falta grave que se sanciona con la suspensión no remunerada de entre tres a seis meses. La agresión física y psicológica es una falta gravísima sancionada con similar suspensión, de entre seis meses a un año (Regl. de Ética CS, arts. 8.e, 11.c, 10.b y 14.II-III).

En la Cámara de Diputados, la agresión que incapacite al atracado por hasta seis meses es una falta grave sancionada con suspensión sin pago de entre dos a cinco meses (nótese lo curioso de esta leve sanción a una incapacitación extrema). Y la agresión física una falta gravísima sancionada con suspensión de entre seis meses a un año (Regl. de Ética CD, arts. 6.II.3, 8.10, 10.IV, 7.7- 8 y 10.II).

En la Asamblea Departamental de Tarija, la agresión verbal se sancionada con 15 días de suspensión sin haberes, y la agresión física, con un mes, debiendo reponer los bienes de la Asamblea que hayan sufrido daño (Regl. de Ética ALDT, arts. 8.II, 10.5 y 9.3). Y así también, en algunos otros pocos gobiernos.

En muchos otros órganos, como en el del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la violencia verbal y física no constituye una falta (Ley Municipal GAMSCS 087/2015). En otros, como en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, ni siquiera cuentan con un código de ética. Y, en otros casos, teniendo nomas éticas, para evadirlas, los legisladores se abstienen de conformar su comisión de ética, como sucede en la Cámara de Diputados. Así, no habiendo la instancia encargada de la justicia administrativa interna a la cual remitir los casos de violencia, estos se pierden en la impunidad.

En los diálogos, cualquier mensaje con una mínima carga ofensiva ya no llega al raciocinio de la otra persona, sino a la emotividad; se trata de un ataque emocional. Por eso el otro, al reaccionar, ya no responde con la intensión de dialogar, sino de contraatacar con otra ofensa, reproduciéndose así las agresiones.

En esa dinámica, el diálogo deja de ser tal para convertirse en un campo de batalla verbal que fácilmente puede evolucionar hacia agresiones físicas. En ese escenario, el propósito de analizar algún proyecto de política pública, o cualquier asunto que se esté tratando, deja de importar, por lo que podría posponerse o, incluso, declinarse. De ese modo, cualquier forma de violencia en las deliberaciones nunca es productiva, sino siempre destructiva.

Por esas razones, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz […] (CPE art.

10.I). Estipula que “todas las personas […] tienen derecho a no sufrir violencia física […] o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” (CPE art. 15.II). Para ello, el Estado (se refiere a los gobiernos) debe adoptar “las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia […], tanto en el ámbito público como en el privado” (CPE art. 15.III), ya que “la dignidad de las personas es inviolable y respetarla y protegerla es deber primordial del Estado” (CPE, art. 22).

Debido al carácter destructivo y perjudicial de la violencia parlamentaria y, ante este citado mandato constitucional, todos los órganos deliberativos (cámaras de la ALP, asambleas departamentales, asamblea regional, concejos municipales, tribunales electorales, tribunales de justicia, consejos universitarios y otros) están obligados a prohibir y sancionar absolutamente todas las formas de violencia entre los miembros deliberantes y de estos contra otras personas, en el ejercicio de la función pública. Dado que las obligaciones, prohibiciones, sanciones y garantías tienen reserva de ley (CPE, arts. 14.IV, 109.II y 116.II), la prohibición, las sanciones y el procedimiento administrativo para su juzgamiento interno deben establecerse con ley y no con un simple reglamento. Asimismo, es importante que se constituyan tribunales de ética con potestad para impartir justicia administrativa, en lugar de simples comisiones con atribución limitada a sustanciar los casos para ser juzgados por el pleno de la instancia deliberativa. Eso, para cumplir con la doble instancia que debe necesariamente existir. De esta forma, un tribunal de ética se constituye en la primera instancia para las impugnaciones, y la plenaria, en la segunda para las apelaciones.

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No únicamente los propios gobiernos o entidades estatales tienen la obligación de censurar la violencia en los órganos deliberativos, sino también la propia sociedad civil, cuyos miembros son los mandantes de los representantes políticos y técnicos en esas instancias. Los ciudadanos y organizaciones sociales de los territorios o sectores a quienes representa una autoridad tendrían que ser los primeros en interpelar a esta cuando ejerza violencia en su mandato, ya que las autoridades no están ocupando el cargo de forma particular, sino en calidad de representantes de la población del territorio o sector que las eligió, promovió o respaldó.

Esto debe ser así no sólo porque las agresiones son vergonzosas, sino porque son muestra de ineptitud: sólo una persona que no tiene la capacidad de argumentar y representar adecuadamente los intereses de su territorio, población o facción política recurre a la violencia como método de incidencia siendo parte del poder público.

Finalmente, los medios de comunicación son los que pueden posicionar con mayor eficacia la idea de que no se puede admitir por ninguna razón el ejercicio de la violencia en los cargos públicos. Lo pueden hacer mediante la crítica o la interpelación a los agresores. Todo esto debe ser de esa forma, dado que, según la Constitución, es deber de todos los bolivianos “defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz” (art. 108.4).

 (*)Carlos Bellott es constitucionalista

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Los censos y la condición indígena

Las identidades culturales son construcciones contingentes y en permanente proceso de ajuste a los cambios económicos y sociales.

/ 17 de marzo de 2024 / 06:17

Dibujo Libre

El territorio del actual Estado Plurinacional de Bolivia, históricamente tuvo una población mayoritariamente indígena (con sus variantes conceptuales de india, campesina y originaria, entre otras). Así, durante los diferentes periodos históricos fueron considerados como una amenaza a las estructuras de poder que con la llegada e imposición del régimen colonial se fue sometiendo y excluyendo cada vez más. Dentro de la historia de los censos en Bolivia, podemos remontarnos al realizado el año 1900 bajo la definición de “Censo general de la población de la República de Bolivia”. En este documento encontramos elementos importantes que muestran el panorama de constitución de la población de aquel tiempo. En este sentido se puede identificar a la población indígena que mediante mecanismos de identificación se plasman dentro de los resultados de dicho censo.

Resulta sugerente que el capítulo III se titula como “Razas”, donde se identifica a cuatro: indígena, blanca, mestiza y negra. Pese a que este documento no realiza un análisis conceptual sobre la categoría indígena, si nos permite tener una aproximación a la presencia de pueblos indígenas que en la actualidad han desaparecido a poco mas de un siglo. Entre estos se encuentran los pampeanos, muchojoenes, chapacuras o quitemocas, cusiquias, mococas, curaves, laips, corabecas, curiminacas, caracanecas, paiconacas, mataguayos, noctenes, dejoses, ocales, malbales, chunupis, chorotis, entre otros que según se conoce llegaban al centenar de pueblos existentes al momento de la fundación de la República. Asimismo, se reporta la existencia de 920.000 indígenas de los cuales el 9% se encuentran en estado de barbarie. Otro aspecto destacable es la advertencia que se hace sobre la desaparición lenta y gradual de la raza indígena, motivada, entre otras causas, por la sequía, el hambre, la peste y el alcoholismo.

Este era el panorama dentro de un régimen caracterizado por el colonialismo interno donde los grupos de elite pretendían, luego de la independencia, seguir minimizando y anulando a la población indígena pese a que esta, históricamente, fue mayoría. Así se reportaba en el primer documento que levantó información estadística en Bolivia, a decir del Informe sobre Bolivia de Joseph B. Pentland en 1826. En dicho documento se refiere: “La gran masa de los habitantes de Bolivia se compone por indios aborígenes que forman tres cuartas partes de la población total o sea cerca de 800.000 almas [de un total aproximado entre 1.100.000 y 1.200.000 registrados en ese momento]”. Aunque Pentland no tomaba en cuenta, dentro de esta cifra, a la población, categorizada entonces como negra.

Durante el censo de 1976 y 1992 se incluyó el criterio de lengua hablada a partir de la cual se interpretó una pertenencia indígena, donde se tuvo un 63,5% y 59% de población indígena respectivamente. El año 2001 se tuvo un hecho fundamental ya que se incluyó una pregunta de pertenencia a pueblos originarios e indígenas, que dio como resultado el 66,2% autoidentificada como indígena. Este porcentaje tuvo repercusión a nivel social y político dentro de la población que, en medio de una crisis política electoral y partidaria, vio fortalecida la identidad étnica que fue articulada en el discurso y propuesta política que aportó desde el aspecto demográfico a la consolidación de un proyecto en las elecciones de 2005 y la constitución de un Estado Plurinacional.

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El censo de 2012, estuvo enmarcado en el contexto plurinacional que contradictoriamente mostró un porcentaje menor con 41%, lo cual también generó varios debates, incluido el de la categoría de mestizo demandada como necesaria dentro de la boleta censal, pero que llevaba consigo toda una discusión sociopolítica, sobre todo desde la vereda partidaria. No obstante, la pregunta de pertenencia permitió visibilizar a las otras naciones indígena originario campesinas (NPIOCs) que quedaron al margen de la nueva Constitución Política del Estado como es el caso de la Nación Chichas, que reportó 59.480 pertenecientes a dicha nación, ubicándose como la cuarta con mayor población perteneciente, después de la quechua, aymara y guaraní.

En 2024, más de una década después como establecen los criterios técnicos, nos aprestamos a un nuevo censo nacional de población y vivienda. Para llegar a este tiempo nuevamente surgieron cuestionamientos y debates desde los categoriales, como la del recurrente mestizo, hasta los político partidarios que apuntan a otros intereses y objetivos como la redistribución de escaños o el pacto fiscal. Mas allá de estos debates macro, se pone en cuestión aspectos determinantes como la autoidentificación de nuestra población que a partir de estos procesos de relevamiento de información demográfica que lleva consigo una serie de aspectos más complejos en un contexto donde se vive un vaciamiento ante un panorama de globalización y transculturización que atentan, también, a nuestras identidades originarias.

 (*)J. Augusto Yañez Vargas es sociólogo

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Evo y el evismo en cuatro miradas

Susana Bejarano, Rodrigo Ayala Bluske, Israel Quino y José de la Fuente brindan sus perspectivas sobre una de las facciones en disputa al interior del partido de gobierno.

Evo y el evismo en cuatro miradas

Por Pablo Deheza

/ 10 de marzo de 2024 / 06:50

El punto sobre la i

Hasta 2019, ser evista y ser masista eran términos prácticamente unívocos. El tiempo ha pasado y ahí cabe incluir los hechos que culminaron con el derrocamiento de Evo Morales. La situación hoy se presenta muy diferente. La disputa interna al interior del partido oficialista ha sacudido no sólo a las dirigencias, también ha llegado hasta las bases y afecta sensiblemente la gestión de gobierno, con una Asamblea Legislativa Plurinacional que anda literalmente a los golpes.

Los hermanos de ayer ahora cavan trincheras para diferenciarse y distanciarse. Autodenominados evistas y arcistas, radicales y renovadores, están enfrascados en una lucha fratricida que no tiene cuartel ni tregua. Así las cosas, cabe preguntarse como para qué pinta esa brega. En esta ocasión, abordamos específicamente la cuestión del liderazgo de Evo Morales y la situación del evismo. Para esto, contamos con la perspectiva reflexiva de cuatro analistas conocedores de los avatares de la política boliviana. Susana Bejarano, Rodrigo Ayala Bluske, Israel Quino y José de la Fuente brindan sus miradas sobre el tema.

EVO MORALES

En primera instancia, los cuatro intelectuales invitados fueron consultados sobre las fortalezas que presenta el líder histórico del MAS en la circunstancia actual.

Bejarano señala que “Evo Morales sigue siendo una figura de identificación de los sectores campesinos y populares. Es el único de los posibles candidatos a la presidencia que cuenta con un voto duro real, sedimentado. A la vez, él tiene control territorial en el centro mismo del país, tiene capacidad de movilización, tiene una bancada legislativa. Evo, como ninguno, se da cuenta de cuáles son los factores de poder en el país”.

Ayala Bluske identifica “básicamente dos fortalezas: el dominio territorial que sigue manteniendo en parte del territorio cochabambino, y la de su lugar en la reciente ‘memoria histórica’, como cabeza de un gobierno donde hubo estabilidad y un importante flujo de recursos. Ambas fortalezas, sin embargo, se relativizan. La presencia en Cochabamba le permite paralizar el eje central del país, pero no puede cuajar en un movimiento político de fondo, a menos que consiga arrastrar a los territorios restantes. Por otra parte, su imagen como generador de prosperidad, solo se activará en la medida en que el país entre en una crisis profunda”.

Para Quino, el exmandatario cuenta con “su experiencia de todo el tiempo que estuvo al mando de la presidencia del país. Tomó decisiones políticas que luego sus gabinetes ministeriales las traducían en normas y políticas públicas. Hoy el expresidente Evo Morales habla de economía, planificación, salud, educación, justicia y otras áreas, la experiencia en el cargo presidencial y su asistencia en eventos internacionales le permiten ahora plantear propuestas interesantes y lo hacen ver como un estadista que es. De igual modo, posee una alta incidencia mediática sobre sus pronunciamientos de carácter político, no existe semana que no se difunda sus publicaciones en redes sociales. De igual modo es protagonista político porque de momento no se consolidó un ‘contendor político’, en 13 años en el poder no emergieron líderes de la derecha que gocen de un liderazgo como el que él consiguió”.

De la Fuente es de la idea de que “en lo individual, Evo Morales representa el proceso del cambio y es un liderazgo de carisma indígena campesino con importante convocatoria comunitaria y sindical, sobre todo en el trópico cochabambino. Esta es la fortaleza puesta en las elecciones orgánicas como las de la CSUTCB el año pasado, en la movilización del bloqueo de caminos de principios de año y, recientemente, en las elecciones del CONAMAQ, donde si bien el evismo termina perdidoso y mostrando los límites de la convocatoria de su liderazgo, lo evidente es que todavía tiene músculo político y sindical por encima de las oposiciones de derecha. Este es el capital político que se apuesta y que también se arriesga”.

Ahora bien, en cuanto a las debilidades de Morales, La politóloga Bejarano apunta a “su endogamia. Evo está encerrado, aislado con un grupo político que promueve su encapsulamiento. Mantener el aislamiento es para él mismo lo más fácil y cómodo, porque no le exige revisar sus negativos. La segunda gran debilidad es que no logra entender la clase media que produjo el proceso de cambio. No la abraza como propia ni crece con ella. En cambio, la castiga, le llama traidora. La tercera debilidad es no lograr mirarse fuera del poder, reducir la política a las dimensiones de su figura personal”.

Coincidentemente sobre este punto, Ayala Bluske afirma que “la mayor debilidad de Evo Morales radica en el aislamiento en que se encuentra, no solo en relación a muchos sectores del MASIPSP, sino a los otros del conjunto político y social. En ese sentido, le juega en contra la imagen de ‘radical’ que se ha ido forjando en los últimos años. Los temores que suscita se pueden sintetizar en la frase de Eva Copa, que en un momento señalaba ‘si el Evo gana, nos va a corretear a todos’. Esa percepción, real o imaginaria, puede suscitar temores en otros sectores sociales, empresariales, de clase media, respecto a medidas hostiles o poco consensuadas que podría llegar a tomar en caso de volver a ser gobierno”.

Para Quino, el expresidente “al momento no cuenta con la estructura estatal para fortalecer sus objetivos políticos, allí posee una debilidad al estar distanciado de quienes hoy detentan el poder, lo que le impide contar con la disposición de todos los beneficios que otorga tener el control del Estado, si a ello se le suma una justicia a favor del poder se puede ver inclusive perjudicado en sus aspiraciones electorales”.

“La principal debilidad de Evo y el evismo es la sombra que viene de la presidencia más larga de nuestra historia y que retrata un político con muchos negativos y que, para hacer más difícil su desempeño político, este mismo pasado le impide razonar la política con la mesura y el cuidado que debería tener alguien que necesita remontar o que parte en desventaja. Es impensable e imposible para Morales desligarse de la responsabilidad del gobierno de los 14 años en el declive de la producción del gas, lo mismo que de la insuficiente industrialización que era la base de la propuesta para hacer que la renta petrolera promueva la diversificación económico productiva o, peor, de no haber promovido la producción y la economía campesino indígena para vencer la pobreza rural, principal bastión político y electoral del proceso de cambio”, sentencia José de la Fuente.

EVISMO

La denominada ala evista dentro del oficialismo nacional está conformada básicamente por todos quienes apoyan la idea de que Morales puede y debe ser nuevamente presidente del país en 2025. ¿Qué juega a favor de este grupo? “La situación de inestabilidad política y social que se arrastra el país desde los conflictos del 2019, con el añadido de la incertidumbre en materia económica, hace que la gente mire su pasado cercano y vea el gobierno de Morales como un momento de mayores certezas económicas. La fortaleza actual de Evo es precisamente la incertidumbre económica. A mayor daño en la economía mayor la posibilidad de contrastarla con el pasado y capitalizarla a favor suyo”, apunta Bejarano.

En criterio de Ayala Bluske, “dada la configuración política que se ha dado en Bolivia desde la anterior elección, podría decirse a mayor estabilidad y solidez económica, las posibilidades de Evo de convertirse en la fuerza dominante en el MAS, y por tanto tener alguna opción en el país, disminuyen. En ese contexto, solo una hipotética quiebra, severa, de dicho esquema, con efectos directos sobre la población, tales como una fuerte devaluación en los hechos, por ejemplo, podrían generarle posibilidades de ganar en la pelea interna. De ahí la importancia que ha cobrado, por ejemplo, la aprobación o no aprobación del paquete de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

A su vez, Quino asevera que el evismo se ve favorecido por “su liderazgo social y sindical cuando participa de manera activa con el movimiento popular en el país, siempre congrega a miles de asistentes en los eventos políticos en los que participa, más allá de la militancia orgánica del MASIPSP une a organizaciones sociales de todo el país que todavía lo ven (a Evo Morales) como presidente no de su partido sino del país. La ausencia de otros actores políticos que no tienen el perfil de la trascendencia nacional que tiene él. Finalmente, las transformaciones económico, sociales y políticas conseguidas en su gobierno y su modelo de Estado vigente con la nueva Constitución Política del Estado”.

De la Fuente considera que “el fácil expediente de la denuncia por la falta de dólares o combustible, la penosa crisis política en el legislativo a raíz de las divisiones partidarias y las elecciones judiciales, han instalado un clima social y económico de incertidumbre propicio para la disputa política y la demagogia. Esta situación económica, política y social, compleja y difícil, tanto por el contexto internacional de las guerras que empuja al alza los precios de los hidrocarburos o, la interna, que no termina de estabilizarse luego del auspicioso repunte del año 2022 y que, además, debe enfrentar los enormes daños de los bloqueos de caminos, empezando de los 36 días del paro cruceño y, recientemente, los 16 días del bloqueo evista, es el caldo de cultivo donde las oposiciones, con el evismo a la cabeza, coinciden esperando que la crisis los promocione sin calcular el daño que provocan al país”.

Ahora bien, el porvenir del evismo no parece para nada que se tratará de un paseo por un campo de rosas. ¿Qué factores juegan en su contra en la coyuntura? Bejarano sostiene que le afecta negativamente “el pasado. Si bien existe un recuerdo de certezas en la economía, paralelamente la gente también evoca la crisis política del 2019 que dañó el tejido social del país y que hasta la fecha es un recuerdo traumático para todos. Más allá de la lectura política que se tenga de los hechos, a qué verdad uno se adscriba, en ninguna de ellas Evo queda impune de responsabilidades. El 75% de la gente tuvo sentimientos negativos producto de la crisis política y social del 2019. Entonces, diría que lo que hoy juega en contra de Morales es lo mismo que constituye sus positivos: su pasado”.

Al respecto, Ayala Bluske señala como el factor relevante “básicamente la capacidad que ha tenido el gobierno nacional hasta ahora, para evitar la caída de la economía en una crisis profunda. Por otra parte, el alejamiento del evismo del manejo del gobierno central, y del grueso de los gobiernos subnacionales, le impide tener una relación fluida con la mayor parte de los movimientos sociales, y por tanto tener una presencia territorial fuerte en el conjunto del país, con la salvedad del trópico cochabambino. En el esquema de gobernanza que desarrolló el proceso de cambio, se da una unión prácticamente indisoluble entre los movimientos sociales y el aparato estatal, ya que ellos, como se ha mostrado en el último cambio de gabinete, participan de diversas maneras del mismo”.

“Como todo gobierno constitucional tuvo errores como aciertos. Quizás el momento político del año 2016 no fue evaluado con la debida precisión en el intento de la modificación constitucional del Artículo 168 de nuestra ley fundamental. No recibió la mejor recomendación jurídica ni constitucional y le hicieron cometer un grave error. Ello hoy genera todavía graves críticas y está en el subconsciente de la población y los productos comunicacionales de las redes sociales que a veces se constituyen en formadores de opinión pública”, indica Quino.

De la Fuente interviene señalando que “sigue presente, y ahora con mayor razón, la imborrable mancha de la violación del resultado del referéndum 21F de 2016 y las sucesivas violaciones de la Constitución Política del Estado para prorrogarse en la presidencia y que no hacen creíble que el bloqueo de caminos o la crítica a la autoprórroga de las autoridades judiciales sea para defender la constitución o la democracia. Luego, la locuacidad de Evo Morales, que sin mayores consideraciones o preocupación por las consecuencias se expide cotidiana y compulsivamente y muestra a una persona rencorosa, impulsiva y que antes que agregar aumenta el distanciamiento con los colectivos y las corporaciones preocupadas de la estabilidad. Finalmente, juega en contra que su fracción política solo sea representada por él y que, en consecuencia, el resto de la vocería al medio de una intensa lucha política y mediática esté a cargo de un par de legisladores y ex funcionarios de su gobierno sin cargo alguno en la estructura partidaria”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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