Independencia, el quid de la defensoría
Imagen: ÁLVARO VALERO
Debe llamar la atención que dos organismos internacionales pidan ‘independencia’ del Defensor
Imagen: ÁLVARO VALERO
Postulan que el Defensor de Pueblo sea la legítima ‘piedra en el zapato’ del poder político.
El punto sobre la i
En la primera semana de mayo, en vísperas de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que el viernes 6 iba a elegir al Defensor o Defensora del Pueblo, no dejaron de llamar la atención los pronunciamientos sobre el tema de dos organismos internacionales de derechos humanos: uno, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y, dos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El hecho de que ambos organismos se pronuncien el día anterior a la decisiva sesión de la Asamblea, es previsible, esperable; más aún cuando la cita legislativa para designar al nuevo Defensor ocurría nada menos que a tres años y cuatro meses de la renuncia del defensor titular David Tezanos Pinto (en enero de 2019).
Lo verdaderamente llamativo de ambos pronunciamientos internacionales es la coincidencia en su pedido o convocatoria: la independencia del futuro Defensor del Pueblo.
“La Misión Técnica hace un llamado a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, responsables de la elección, para que (…) aprovechen esta oportunidad histórica y logren elegir a un/a titular de la Defensoría del Pueblo independiente, imparcial, con integridad y con un compromiso pleno con la defensa y promoción de los derechos humanos”, señala parte de un comunicado de la OACNUDH en Bolivia.
Por su lado, la CIDH en su comunicado afirma que “la labor independiente de la Defensoría del Pueblo es fundamental en Bolivia, particularmente, ante el impacto de las graves violaciones de derechos humanos descritas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), así como ante la necesidad de generar espacios de consenso y diálogo que permitan trabajar de manera objetiva con un profundo conocimiento y sensibilidad respecto de la diversidad de la sociedad toda”.
PARCIAL.
Para el abogado constitucionalista Israel Quino, el hecho de que ambos organismos pidan “independencia e imparcialidad” en el nuevo Defensor, en el fondo “lo que nos han dicho los organismos internacionales es que la actual institución, la actual gestión, es dependiente y parcializada”.
En general, el largo interinato en la entidad lo que ha causado, añade el jurista, es una “desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo”.
En específico, Quino se refiere a que la entidad, que está para defender la vigencia, cumplimiento, difusión y promoción de los derechos humanos, hoy día “no es más que una oficina de estadística de denuncias de vulneración de derechos humanos”.
Una de las “pruebas” de esta inactividad institucional, insiste, es lo que considera insuficiente reacción ante “las entidades estatales más vulneradoras de los derechos humanos en Bolivia: la Justicia y la Policía”.
Entre las pocas evaluaciones que la defensora interina Nadia Cruz hizo de su gestión está la de la primera semana de mayo, en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente, en el programa de transmisión digital Piedra, papel y tinta. Por estar en el centro de la polémica en torno a su continuidad en el cargo si fracasa el actual proceso de designación de nuevo Defensor, se excusó de dar alguna declaración.
En todo caso, en la entrevista en Piedra, papel y tinta un hecho que salió a relucir es que todas las evaluaciones que se hagan de la gestión de los Defensores tendrán un rasgo común: el mayor o menor enfrentamiento o tensión que hayan tenido con las autoridades del Estado, siendo los más notorios los lances con el gobierno central.
Así, en el caso de Cruz, sin duda, la mayor parte de su gestión, o la más notoria, estuvo marcada por su relación- conflicto con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. No hay que olvidar que el 13 de julio de 2020 los viceministros de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y de Autonomías, Franklin Santander, llegaron a “informar” que Nadia Cruz ejercía el cargo de Defensora del Pueblo de forma ilegal, “ya que la designación interina (que se le había conferido en enero de ese año) feneció en abril de 2019, con base en la Sentencia Constitucional 0218/2004, que restringía todo interinato a tres meses. Luego la Defensoría mostró que dicha sentencia no alcanzaba a la Defensora interina: ella era funcionaria designada, no de carrera.
La tensión con el gobierno transitorio sin duda llegó a su mayor tono el momento de las masacres de Sacaba y Senkata. Por eso, no es casual que en el referido Piedra, papel y tinta, Cruz contara cómo, dijo, evitó una tercera masacre. Narró que en la noche del 20 de noviembre de 2019, en Senkata, El Alto, tras la matanza del día anterior, ella intercedió para aplacar los ánimos de la gente, que todavía estaba muy alterada, y logró que el gobierno retrocediera en su intención de intervenir.
“Hay datos que nadie sabe; por ejemplo, en la masacre de Senkata. Cuando ocurre la masacre, nosotros ingresamos al día siguiente con médicos forenses. Esa noche, el 20 de noviembre, podría haber ocurrido la tercera masacre en Senkata”, dijo.
ACCIÓN.
“Estaban ya los helicópteros rondando el lugar, porque la gente estaba muy dolida, y nosotros estábamos en el lugar, y yo me ofrecí, con el ministro de Defensa (Luis Fernando López), y decirle ‘yo voy sola y paro a la gente, pero por favor, saquen sus helicópteros, porque lo que van a hacer, al momento de que uno se exalte o pase algo, los van a volver a matar’. Y eso nadie lo sabe”, relató Cruz.
Un especial apunte que hizo Cruz en la entrevista con Claudia Benavente fue el rol de los medios de comunicación en la crisis. “Yo tenía una conferencia de prensa y los medios de comunicación me rechiflaban, (decían) que yo estaba defendiendo a delincuentes; los medios en las conferencias”, enfatizó. “Había uno, de Unitel si mal no recuerdo, que me decía ‘usted está defendiendo hordas’, el periodista”, recordó. Y había cuestionamientos tales como que de “por qué yo estoy yendo por las víctimas y no por la población. Y sostenerte en eso sola, absolutamente sola, es difícil, muy complejo”, remarcó.
“En ese momento mantenerte firme, porque hay que ser honestos, todos los medios, todo el ámbito mediático, se nos vinieron en contra”, destacó la aún Defensora del Pueblo.
Hace solo la semana pasada, la cineasta y columnista de La Razón Verónica Córdova hacía notar que entre octubre de 2019 y octubre de 2020, “en un momento en que otras instituciones llamadas a defender los derechos de las personas eran cómplices o perpetradoras de persecuciones, violencias y masacres, Nadia y su equipo hicieron lo que tenían que hacer: defender al pueblo. (…) No es casual que, mientras la prensa nacional callaba o mostraba el dormitorio de Evo, los únicos informes fidedignos y con contabilidad de muertos, heridos y presos que se difundieron hayan salido de la Defensoría. No es casual que los únicos interlocutores que tenían los cientos de detenidos injustamente, hayan sido personeros de la Defensoría del Pueblo”, apunta Córdova.
En efecto, uno de los pocos informes nacionales (la mayoría, al menos cuatro, provinieron de organismos de derechos humanos del exterior) sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en la crisis de 2019, es el informe de la Defensoría del Pueblo Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia (313 páginas) publicado en septiembre de 2020.
Para la oposición lo hecho por Cruz en 2019 directamente es parcializarse. En el actual proceso de designación del nuevo Defensor, para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, el MAS acaso busca descalabrar la elección para que Cruz siga de Defensora: “Yo creo que ellos están buscando ese escenario, porque la persona de consenso en las estructuras del MAS, por su desempeño favorable al MAS y no así a la población en los sucesos de 2019, es Nadia Cruz; entonces, ellos buscan un escenario más bien para la ratificación de ella”.
LIMITACIÓN.
Ahora, pasando a un plano más general, cuando frecuentemente se ha criticado que la Defensoría por norma está limitada en su acción legal a reclamos antes que procesos más efectivos contra violaciones de derechos humanos, el constitucionalista Quino no deja de llamar la atención sobre que la Defensoría podría hacer más de lo que le permite su actual normativa: en el caso del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, por ejemplo, dice, ante el “acoso judicial” que habría sufrido hasta su muerte, la Defensoría debió haber tenido un rol más activo, de iniciativa: comprobado dicho acoso, “por qué el Defensor no los procesa penalmente a los fiscales y jueces; la ley no se lo impide. Dicen: ‘La ley del Defensor del Pueblo me dice que solo haga informes de intervenciones defensoriales’; pero ¿acaso la Constitución no dice que cualquier ciudadano, en el artículo 108, que en el cumplimiento del deber y ante el conocimiento de hechos ilícitos pueda activar una acción penal?” Y es que para Quino hay algo más de fondo: el Defensor no procesa penalmente porque “le tiene miedo al poder político, al sistema judicial, y no lo hace, y se queda en un trabajo de gabinete”.
En la relación entre el poder político y la Defensoría, Quino apunta que es inevitable la tensión política, de mayor o menor coincidencia o disidencia, lo que definitivamente depende de quién es el Defensor o Defensora. En el mejor sentido de la palabra, añade, se puede hablar de un necesario “activismo político” en la Defensoría.
“Desde la Defensoría por supuesto que se hace activismo político, pero activismo político por los derechos humanos, independientemente de quién ejerza el poder. La Defensoría es (o debiera ser) la piedra en el zapato del poder político, pero lastimosamente hubo gestiones que no lo han entendido así, y a más de generar incluso lineamientos de entendimiento con el poder, han sido muy débiles respecto a críticas y resistencia al poder político; eso ha generado la desinstitucionalización”, provoca el jurista.
(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón