Sunday 25 Sep 2022 | Actualizado a 18:04 PM

Urge volver a pensar la elección judicial

Un jurado electoral muestra la papeleta de la elección judicial de 2011. Un pr oceso complejo como pocos, cuestionado por muchos, pero todavía vigente

/ 7 de agosto de 2022 / 16:44

Se vienen los comicios judiciales. Los nuevos altos magistrados deberían empezar su gestión el primer día hábil de 2024. 

El punto sobre la i

En julio ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó a Animal Político el vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas. Planificación que en general incluye “la definición de un presupuesto para la administración del proceso electoral”, y la previsión que hay que hacer para “presupuestar la difusión de méritos de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló Vargas.

La idea es, dijo, “solicitar el presupuesto requerido para administrar la elección con la antelación debida”; por eso, se tiene previsto “enviar (al Ministerio de Economía) el presupuesto hasta septiembre de este año”.

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017: la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos.

“Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señalaba en 2018 el investigador de la Fundación para el Debido Proceso, Luis Pásara, en su informe Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Fue peor porque “la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%”, destacó entonces Pásara.

Ante la interrogante de si aparte del presupuesto, la próxima elección judicial no amerita otros preparativos, el vocal Vargas señaló que justo ahora el TSE está evaluando “la administración del proceso electoral” para modificar o complementar su trabajo.

REGLAMENTOS.

Además de diseñar un Plan Integral Electoral para cualquier elección, pero ahora enfocado en la Judicial, Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de Material Electoral, el Específico para las Elecciones Judiciales, y los protocolos de la Cadena de Custodia y de Medidas de Seguridad Sanitaria, entre otros.

“También consideramos que será necesario revisar el Reglamento de Difusión de Méritos, en este caso se deberá evaluar si los 45 días que establece la ley para la difusión de méritos de los y las candidatas son suficientes, el uso de las redes sociales en campaña, entre otros”, destacó el vocal.

Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2017; teóricamente, las de 2023 deberían ser por la misma fecha. Con todo, Vargas aclara que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la Asamblea Legislativa convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Pero he aquí el límite: ambas convocatorias deben garantizar que las nuevas autoridades electas deben ser posesionadas “antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes”, y las actuales autoridades “terminan su gestión el 31 de diciembre de 2023”; de modo que las funciones de los nuevos altos magistrados empezarán “el primer día hábil de 2024”, precisa fechas el vocal del TSE.

En cuanto a los plazos, Vargas indicó que la fase de preselección, “a cargo de la Asamblea”, debe durar no más de 80 días calendario; y la organización de la “votación popular”, en manos del TSE, debe efectuarse en al menos 90 días calendario. Ahora, dada la complejidad de esta elección, Vargas se anima a afirmar que “lo óptimo” sería contar con el doble, 180 días.

Hay un hecho que en 2023 adquirirá un enorme significado, acaso trágico: los candidatos que al final designe la Asamblea Legislativa, para ir a la votación popular, deben ser designados por dos tercios del Parlamento.

Dado el encono político existente entre el MAS y CC-Creemos, que se vio en la hasta ahora fracasada elección del Defensor o Defensora del Pueblo, la dificultad prácticamente se multiplicará por 52 (candidatos a altos jueces, titulares y suplentes, que se debe elegir el próximo año). Si no pudieron lograr los dos tercios con una…

Y es que el mecanismo de los dos tercios funcionó para las dos anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017) porque el MAS contaba con este caudal de votos; ahora no para 2023.

Al margen del ideal “voto informado” con que la ciudadanía tendría que elegir a los altos magistrados, desde la primera elección, de 2011, el blanco de los cuestionamientos fue el mecanismo de la preselección, en manos de la Asamblea.

Como apunta el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Misión dirigida entonces por el excanciller de Ecuador Guillaume Long, “en 2016, se llevó a cabo la Cumbre Nacional de la Justicia Plural que convocó a la población a aportar ‘propuestas para construir un nuevo modelo de justicia’. Una de las conclusiones de la Cumbre fue fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección”.

AVANCES.

Con la experiencia de 2011, para las elecciones de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó un “Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales”. La MOE de la OEA destacaba tres novedades: 1) la participación de académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de las preguntas de los exámenes; 2) prohibiciones expresas para postular, como, por ejemplo, el parentesco cercano a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo; y, 3) requisitos de no militancia política de los candidatos.

Para 2017 también se tuvo que modificar sobre la marcha el reglamento y generar una ley que estableció un “régimen excepcional y transitorio para la preselección”, pues la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia tuvo que ser declarada desierta (en junio) porque en algunos departamentos no había la cantidad suficiente de postulantes que cumplieran los requisitos de paridad de género (50% debían ser mujeres) y representación indígena (al menos un candidato indígena en cada departamento); la norma fue flexibilizada. Este hecho motivó que la elección fuera postergada del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2017.

La preselección en manos de la Asamblea. Aquí no está demás la protes testa que al respecto hizo el exdiputado Fabián Yaksic en su libro Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales. (Muela del Diablo, La Paz, 2012).

Yaksic acusa al MAS y Podemos de haber pactado la introducción del sistema de preselección por dos tercios en la Asamblea, contra lo que señalaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007. Hay que recordar que en octubre de 2008, el Congreso de entonces asumió el rol de Constituyente modificando en parte el proyecto de Constitución de Oruro. Los acuerdos MAS-Podemos se dieron para viabilizar la ley de convocatoria al necesario referendo constitucional que debía venir para cerrar la reforma total de la Carta Magna.

El mecanismo de preselección que contenía la Constitución de Oruro, detalla Yaksic, era el “Control Administrativo Disciplinario de Justicia” (el actual Consejo de la Magistratura). Era esta instancia la que debía ser la que preseleccione a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, para luego remitir las listas al “Consejo Electoral Plurinacional”, el actual Órgano Electoral.

“Sin duda ésta era una alternativa institucionalmente interesante destinada a precautelar la independencia del Órgano Judicial y evitar la injerencia de los partidos políticos. Sin embargo, el pacto entre el MAS y Podemos modificó esta modalidad y se volvió al escenario de los partidos políticos estableciéndose hoy que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione las candidaturas”, remarca Yaksic en su texto.

Con respecto a la preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Constitución de Oruro ciertamente se contradice, afirma Yaksic: por un lado (artículo 199), dispone que se siga el mismo procedimiento efectuado con el Supremo de Justicia, pero el artículo 159 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

SOCIEDAD CIVIL.

Ahora, si la preselección de los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental estaba en manos del Control Administrativo Disciplinario de Justicia (actual Consejo de la Magistratura), ¿cómo se preseleccionaba a los miembros de dicho Control? Es aquí, como dice Yaksic, que los constituyentes “fueron más allá” del marco institucional estatal, pues “definieron que los candidatos a esta instancia del Órgano Judicial sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil” (artículo 195), aunque, no deja de apuntar el autor, el proyecto de Oruro “no especificaba ni la metodología ni quiénes serían las ‘organizaciones de la sociedad civil’”.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia Luis Arce Catacora (el 8 de noviembre de 2020), el ministro de Justicia, Iván Lima, y la alianza opositora Comunidad Ciudadana, a fines de noviembre coincidieron en que era urgente la reforma parcial de la Constitución apuntando, precisamente, al cambio de la forma de elección de las altas autoridades del sistema judicial.

Lima constituyó un Consejo de Notables (juristas), cuya principal labor sería elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual, se decía, incluso tendría que estar lista hasta antes de fin de año, para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y así adelantar el proceso. Lima apuntó entonces que la propuesta del Ministerio de Justicia era concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces. Aunque la propuesta ministerial no precisaba si se debía o no abolir la elección por voto ciudadano de los altos magistrados.

En el caso de Comunidad Ciudadana, su propuesta era volver la elección a la Asamblea Legislativa, pero modificando la preselección. El proyecto de ley de CC, explicó entonces su jefe de bancada, Carlos Alarcón, incluía establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, conformado por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. Según CC, sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envíe ternas a la Asamblea, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

Con todo, ni el Gobierno ni CC persistieron en materializar sus propuestas al punto de plantear un mecanismo o iniciativa concreta de reforma parcial de la Constitución.

Quienes sí están dando pasos prácticos en dicha reforma parcial son los denominados “Juristas Independientes”, que a fines de julio presentaron al TSE su propuesta de reforma a fin de que éste les entregue los libros para recabar alrededor de 1,5 millones de firmas, para que, mediante esta “iniciativa popular” de reforma parcial de la Constitución, su planteamiento sea puesto a referendo ciudadano. Su propuesta tiene tres pilares: 1) Establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, 2) La inscripción de un porcentaje mínimo de presupuesto para el Órgano Judicial, y 3) La revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz. Respecto al primero, proponen la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, compuesta por nueve integrantes, la cual deberá ser la que convoque, califique y elabore ternas de postulantes y las remita a la Asamblea Legislativa, misma que por dos tercios de voto debería designar a los candidatos a ser sometidos al voto ciudadano.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Solo una fiscalía autónoma le hará bien a la democracia

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

Estuvo de visita en La Paz el máximo ejecutivo de la asociación que reúne a las fiscalías de 22 países de la comunidad iberoamericana

Por Iván Bustillos

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:38

El punto sobre la i

La semana pasada estuvo de visita en Bolivia el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, pero llegó al país sobre todo como el nuevo presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (fiscalías), AIAMP, una de las instituciones de justicia más antiguas de la región, que nació en 1954; que reúne a las fiscalías de 22 países, incluidos España y Portugal; que trabaja mediante siete “redes especializadas de fiscales”, a saber: contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; de ciberdelincuencia; de fiscales antidroga; contra la corrupción; de cooperación penal internacional; de protección ambiental; y, la especializada en temas de género. Lo que hace diferente a esta asociación, destaca su presidente (desde el 29 de julio), es que es operativa, ayuda a la colaboración práctica de las fiscalías, en los casos que se requiera.

—Uno de los fundamentos de la Asociación es trabajar por la autonomía y la independencia de los ministerios públicos. ¿Cómo están materializando esto?

—Hay un reto en la región para fortalecer los principios de autonomía e independencia de los ministerios públicos, cada país tiene sus propias dinámicas. Pero lo importante es que en la medida en que existan mejores y más autónomos ministerios públicos, vamos a tener una mejor justicia y una mejor salud de la democracia.

—¿Qué problemas comunes ven para la autonomía e independencia de las fiscalías?

—Uno de los primeros es, en algunos países, la injerencia o enfrentamiento que existen entre los Ejecutivos y los ministerios públicos. Lo hemos visto recientemente en el caso de Perú, donde hay una investigación de la Fiscalía General del Perú a un Presidente en ejercicio. Ese es uno de los temas gruesos que tenemos en el continente. Y, por supuesto, diferentes aspectos que tienen que ver con el procesamiento o investigación de personas que han ejercido cargos públicos, que utilizan todo tipo de mecanismos para oponerse y atacar a los ministerios públicos. Creo que lo importante de esta asociación es ponernos de acuerdo para no solamente defender esa autonomía del Ministerio Público, sino al mismo tiempo plantear la idea de que los ministerios públicos pueden también colaborar armónicamente con los diferentes órganos o poderes de los países. En la medida en que dialoguemos más, las condiciones de salud de las democracias serán mejores.

—¿Cuánto pueden colaborar entre fiscalías, dada la normativa que tiene cada Estado? ¿Es un problema esto?

—No. Nosotros tenemos en este momento el Convenio de Palermo, que permite la cooperación judicial, rápida y efectiva entre las diferentes fiscalías. Esta es una asociación que permite hacer cosas como las siguientes: tener redes de fiscales en diferentes temáticas; por ejemplo, una red sobre tráfico de migrantes; la lucha contra el narcotráfico; contra la minería ilegal, de protección al medioambiente. Lo que nos permite tener operaciones judiciales conjuntas contra la criminalidad; acciones conjuntas que han permitido la captura y el enjuiciamiento de personas en diferentes países. Mientras que normalmente los tratados internacionales de los (poderes) Ejecutivos se dan sobre una base de intenciones, nosotros vamos sobre una base de resultados. Hoy tenemos resultados concretos de interdicción de narcóticos, de trabajo contra el tráfico de migrantes, de lucha contra el contrabando, contra la minería ilegal, contra la corrupción.

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) Foto. Rodwy Cazón

—Es más operativa ¿no?

—Es más operativa.

—En narcotráfico, que es un tema que toca a todos, ¿cuánto han podido avanzar en cuanto a operaciones? Es intercambio de información, de operativos…

—De operaciones conjuntas. Por ejemplo, las redes de Centroamérica y el Caribe y toda la zona de los países andinos, hemos venido haciendo cooperación conjunta en diferentes tipos de acciones, más de 30 operaciones conjuntas entre diferentes fiscalías. Hay resultados concretos, como el compartir información de inteligencia judicial que surge en uno u otro país.

—Ya se hace eso.

—Ya se hace eso. Estamos compartiendo esa información, lo que nos permite operar dentro de nuestros estados; si hay una información que la Fiscalía de Bolivia considera relevante en un caso, se le entrega a la Fiscalía colombiana, y nosotros ya podemos operar con esa información en nuestro país. Eso es vital, nos ha permitido tener unos vínculos muy serios con las diferentes redes de lucha contra la criminalidad en nuestra región.

—¿Cuál ha sido el avance de la red contra la corrupción?

—Sobre la red de corrupción, estamos sobre la base de una serie de patrones comunes que se han venido consolidando a través de Andorra, que es el que encabeza ese grupo, y los resultados han sido concretos. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la extinción de dominio y lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que se establece es la persecución penal; pero hay que acompañarla con la búsqueda de los bienes que sustentan esas actividades criminales. En ese sentido ya hay mecanismos de cooperación que se han venido estableciendo, muchos bilaterales. Si existen bienes de personas que ejercen cargos públicos que están en otro país, es posible iniciar procesos conjuntos de extinción de dominio, para solicitar el origen de esos recursos y proceder a la extinción de los bienes. Los bienes tienen un componente: si los perseguimos, estamos rompiendo la base delictiva de las organizaciones criminales.

—La fuente.

—La fuente. En Colombia, en los últimos dos años y medio hemos extinguido bienes por más de 6.000 millones de dólares, y bienes que tienen diferentes orígenes, colombianos, pero también de otros países.

—¿Mismas cifras de la red…?

—No. Parte de lo que se pretende hacer es consolidar una secretaría técnica o unas unidades de trabajo técnico permanentes, para poder hacer monitoreo, y darle concreción a una asociación que nació en 1954; vamos a cumplir 68 años, es una asociación que tiene seis años menos que la misma Organización de Estados Americanos (OEA).

—¿Desafíos que tienen como asociación?

—Estamos con grandes desafíos. No solamente (ante) los Ejecutivos. En algunos países tenemos, por ejemplo, lo que se rechazó por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, la creación de comisiones internacionales para menoscabar la autonomía de las fiscalías; también enfrentamos ideas que han surgido en algunos países de querer mutilar las competencias de los ministerios públicos, para que éstas dependan de los Ejecutivos o de otros intereses. Tenemos un gran reto: que los ministerios públicos puedan contar con policía judicial propia y no una policía judicial que dependa de la Policía Nacional, que al mismo tiempo depende de los Ejecutivos.

—¿Corrupción entre los fiscales?

—Como en todas las organizaciones públicas (en la Fiscalía), también existe corrupción. Siempre hay riesgos, pero lo importante, más allá de pensar en el angelismo institucional, tenemos que pensar en el mejoramiento, crear mecanismos de control interno, tener mejores presupuestos, mejores remuneraciones; tener una mejor vinculación con la ciudadanía. Hay que contarle a la gente qué es lo que hacen los ministerios públicos; y al mismo tiempo hay que pensar en las nuevas ciudadanías, como, por ejemplo, pensar en la protección a la mujer, en las poblaciones históricamente discriminadas, como las poblaciones indígenas, afro, LGBTI, la protección a los animales. Las fiscalías también tienen que estar entendiendo los discursos ciudadanos.

—¿Cómo la Fiscalía puede ser parte de la reforma de la justicia?

—Cualquier reforma que exista en un país sobre la justicia tiene que ser siempre buscando que se sostenga la administración, que se fortalezca y que no se atente contra la autonomía y la independencia.

—En su visita conoció el sistema de gestión informática de la Fiscalía, en Colombia debe haber algo similar.

—Existe un trabajo similar, pero yo quiero resaltar el trabajo del fiscal general Juan Lanchipa; creo que es un funcionario excepcional, que ha venido innovando; creo que el proyecto Justicia Libre es un proyecto muy interesante, porque le da la posibilidad al Fiscal General de poder hacer una gerencia inteligente en la lucha contra la criminalidad, a partir de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la información y comunicación. Si el país hace un tránsito, como lo está haciendo, creo que Bolivia entrará en una dinámica de un país que puede compararse con cualquier otro en términos de justicia. Yo rescato y celebro el esfuerzo del Fiscal General para poner a Bolivia en sintonía mundial con el tema de estas tecnologías.

—Usted fue propuesto por el presidente Iván Duque; trabajó en su gobierno; tiene su propia opinión sobre el proceso de paz…

—Fui uno de los que construyó el proceso de paz.

—Ahora debe seguir en funciones bajo el gobierno de Gustavo Petro, opuesto al de Duque. Con todo esto, ¿cómo está el proceso de paz y al final qué perspectivas tiene?

—Mire, es un trabajo muy interesante, porque como Fiscal General de Colombia me tocó trabajar con un gobierno, y me toca trabajar con este gobierno. Para responder su primera pregunta, yo creo que el proceso de paz va hacia adelante; debe seguirse implementando. Yo creo que el proceso ha venido complementándose con la idea del presidente Gustavo Petro, de una paz total. Según lo que él ha señalado, es necesario involucrar ya un proceso que quiere iniciar con el ELN, y un proceso con las disidencias y con diversos grupos delictivos que hay en Colombia. Frente a lo primero, el ELN, la posición del Fiscal General fue simple y rápida: acompañamos el proceso que el Presidente de la República en virtud de sus facultades constitucionales tenga. Yo soy un colaborador en la política pública del presidente Petro. Hemos conversado largamente con él. Eso hace que el país haya tenido un buen ámbito y una buena temperatura, en la medida en que muchas personas creen que porque uno viene, que fue enternado (propuesto en una terna) por otro Presidente no va a tener una buena relación con el presidente Petro.

—Larga vida a la paz en Colombia, fiscal.

—Larga vida a la paz. Yo fui uno de los que ayudó a concebir la jurisdicción de paz en 2016-2017; luego fui consejero presidencial en Derechos Humanos; posteriormente, muy poco tiempo estuve durante el gobierno del presidente Duque; fui elegido unánimemente, por primera vez en la historia de Colombia, por la Corte Suprema de Justicia, como Fiscal General, y créalo que la Corte Suprema me eligió por ser un amigo de la paz, por ser un constructor de paz.

Francisco Barbosa Delgado Las materias de sus investigaciones han girado en torno al derecho penal internacional, la justicia transicional, la historia constitucional colombiana, el derecho constitucional, el derecho administrativo, la contratación pública y el derecho internacional de los derechos humanos.

DATOS

Nombre: Francisco Roberto Barbosa Delgado

Nació: en Bogotá, Colombia, el 11 de enero de 1974.

Profesión: Jurista e historiador. Ocupación: Fiscal General de Colombia; presidente de la AIAMP

PERFIL

Algunos de sus libros son: ¿Justicia Transicional o Impunidad? La encrucijada de la paz en Colombia (2017); Del derecho de gentes al derecho humanitario en Colombia, 1821-1995 (2013).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El papel del estado en la economía

La experiencia boliviana es parte de la nueva visión de dar un rol estratégico al Estado en el desarrollo.

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:26

DIBUJO LIBRE

A lo largo de la historia del pensamiento económico, desde Adam Smith hasta los neoinstitucionalistas, pasando por keynesianos y monetaristas, el rol del Estado en la economía siempre estuvo limitado, de una u otra manera. El famoso Leviatán —un mostro bíblico que el filósofo inglés Tomas Hobbes idealizó hace más de 370 años— personificaba la imagen del Estado como un ser todopoderoso, cuya autoridad la ejercía a partir del monopolio de la violencia, con la cual defendía y sometía a sus propios súbditos.

El pensamiento liberal, tanto político como económico, sustentó su filosofía en esta percepción del Estado. Los individuos requerían ser libres para tomar sus propias decisiones, sin la intromisión de un ente superior que oprima sus libertades individuales. Así surgió el individualismo económico, justificado en la búsqueda del interés personal, el cual podría conducir al bienestar social como si una “mano invisible” actuara por detrás para conseguirlo.

En 1776, Adam Smith escribió el libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, el cual sentó las bases teóricas para justificar el funcionamiento de los mercados. Smith, por el contrario, fijó al Estado un rol segundario en la creación de riqueza, circunscrito a la defensa, la seguridad y la edificación de algunas infraestructuras públicas. Todo el pensamiento liberal y neoliberal posterior basó su filosofía en esta idea errónea del individualismo, porque reivindicaba las libertades humanas como opositoras al funcionamiento del Estado.

Este pensamiento sería dominante durante la Gran Depresión y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgiría una corriente que demandaría un rol más activo del sector público en la economía, que vendría de la mano de las ideas del economista inglés Jhon Maynard Keynes, que dominarían el ámbito académico por varias décadas. También influyó el nuevo orden mundial establecido a partir de los acuerdos globales de Bretton Woods. No obstante, el rol activo del Estado quedó reservado “únicamente” a situaciones de insuficiencia de la demanda agregada efectiva.

En paralelo, en los años 60 brotó en los países en desarrollo una corriente más entusiasta en cuanto a la importancia del Estado en lo económico, según la cual el sector público debía liderar el proceso de industrialización. La política estatal también asumió una postura más proteccionista. El pensamiento estructuralista de la CEPAL comenzó como políticas concretas y teorías parciales y con el tiempo se fueron consolidando hacia un único cuerpo teórico amplio y coherente. Desafortunadamente, la estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones fracasó, aunque no dejó de ser una respuesta valiosa, con visión propia que rompió con el discurso de desarrollo desde el norte.

Posteriormente, la macroeconomía keynesiana fue desafiada por la estanflación de los 70, la crisis de la deuda latinoamericana, el colapso del sistema de planificación socialista, el surgimiento del monetarismo y la revolución de las expectativas racionales que refutaron la fundamentación teórica de la intervención estatal. Durante los años 80 en adelante, el rol del Estado pasó a un plano secundario bajo el cual debía garantizarse el equilibrio fiscal para que no absorbiera los recursos del sector privado (crowding-out).

La alta influencia de las políticas del Consenso de Washington, que formaron parte de las reformas estructurales de los años 80 y 90, impulsaron ajustes fiscales que buscaban el equilibrio mediante privatizaciones y el desarrollo de instrumentos que tenían como fin limitar el gasto. El pensamiento neoclásico retomó la discusión del exceso de intervencionismo del Estado y justificó la intervención únicamente en aquellas situaciones en las que los mercados presentaran “fallas”. El Estado asumió un rol subsdiario al mercado. El pensamiento neoinstitucionalista procuró que el Estado interviniese solamente para la protección de los derechos de propiedad y contribuir a reducir los costos de transacción entre privados.

El Estado fue visto como incapaz de producir (porque se asumía que no podría ser nunca eficiente), incapaz de invertir (porque se partió del prejuicio que es siempre deficitario), incapaz de competir (porque se presuponía que no está sujeto a las mismas leyes que el mercado) e incapaz de innovar (porque esta era una tarea reservada exclusivamente al sector privado). En síntesis, se construyó toda una narrativa para la no intervención estatal, que fue concebida desde la visión de los países desarrollados y que terminó influyendo enormemente en los países en desarrollo.

Empero estos mitos sobre el Estado han comenzado a ser rebatidos en el mundo teórico y empírico en las últimas dos décadas. En años recientes investigaciones como las Joseph Stiglitz (2016) o Mariana Mazzucato (2015) demostraron el rol estratégico que cumple el Estado en la innovación tecnológica y que es esencial para el despegue económico. La crisis financiera internacional de 2008 ha confirmado los límites de la expansión del mercado financiero sin la intervención estatal. La emergencia sanitaria también ha hecho resurgir la necesidad de un Estado mucho más benefactor del que suponía la ortodoxia económica.

Todos estos hechos destacan una tendencia reciente a la revalorización del rol del Estado, aunque todavía requiere de un marco teórico unificador que los integre.

En Bolivia, con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el sector público asumió un rol más protagónico en la área económica y social, logrando importantes resultados en términos de crecimiento económico sostenido, reducción de la desigualdad del ingreso y eliminación de una fracción importante de personas en situación de pobreza. La experiencia boliviana forma parte de esta nueva visión de delegar un papel estratégico al Estado en el desarrollo económico.

Este breve resumen sobre la importancia del Estado en la economía forma parte de mi libro La política fiscal en Bolivia: lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, publicado en agosto, el cual invito a examinar.

 (*)Omar Velasco P. es economista

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Razones provisorias de la derrota

Una de las causas: el rechazo a la política de espectáculo en la Convención.

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:10

Por ahora, son tres las razones que parecen destacarse como explicaciones del resultado del 4 de septiembre: 1) el rechazo a la política de espectáculo en la Convención; 2) la homologación de la convención con la política tradicional; y, 3) la reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas en el proceso.

Respecto a la política del espectáculo en la Convención, esta fue una de las características que dominaron el debate. A poco andar, la Convención Constitucional comenzó a perder apoyo, sobre todo entre los votantes de derecha, que veían con recelo una suerte de cónclave de activistas de causas progresistas. En definitiva, si para los activistas dejar de movilizarse, incluso desde las esferas del poder, era una traición, para algunos electores, en particular para quienes valoraban el orden, una movilización sin fin era una pesadilla.

Varios de los convencionales habían alcanzado notoriedad y legitimidad social por sus performances callejeras, que incluían disfraces y declaraciones provocativas sobre aspectos identitarios tradicionales. Desde la protesta callejera habían sido frecuentes las denuncias a la autoridad entre gritos y cánticos. Sin embargo, las mismas actitudes que en la calle se percibían como una rebeldía ante el abuso, expuestas en la Convención, y desde el seno del poder, se veían con otra luz. Además, persistía un ethos de la movilización social que teñía de un sentido testimonial varias de las acciones que se veían en la Convención. Para algunos de estos referentes, era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos para ser aprobadas (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios amplificaron estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que fueron, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales. En coherencia con esto, videos de algunas de estas declaraciones aparecieron frecuentemente en la campaña y franja televisiva del Rechazo. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo terminó por generar desasosiego.

Respecto a la homologación de la política de la Convención con la política tradicional, esta se da en el contexto de una fuerte pulsión destituyente y antiestablishment político. Según el Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. Es más, algunos estudios han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos “tradicionales” su principal identidad. La fuerza de la Convención provenía en un primer momento de que se la viera como distinta a la política tradicional.

A su vez, en medio del proceso constituyente hubo una elección presidencial que significó un cambio de signo del gobierno. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Gabriel Boric en su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del Rechazo.

Respecto de la reacción de identidades tradicionales, el primer artículo del propuesto texto constitucional consagraba a Chile como un “Estado social y democrático de derecho” y se afirmaba que, además, este Estado sería “plurinacional, intercultural y ecológico”. Junto con la definición de Chile como un Estado Plurinacional, se les reconocía algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas y se instauraría un sistema de justicia indígena.

Después del juicio negativo sobre los constituyentes, la razón que más se repite entre los que apoyaron el Rechazo es la plurinacionalidad. En línea con esta visión, una vez entregado el texto constitucional, las dos propuestas peor evaluadas, según la encuesta Espacio Público-IPSOS, fueron el Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Así, el sector del Rechazo logró consolidar una base de apoyo en torno de identidades tradicionales de la chilenidad que se sentían amenazadas por la noción de plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por algunas acciones y performances de convencionales, incluidos comentarios o acciones despectivas relacionadas con el himno, la bandera y demás símbolos patrios. Si bien estas posiciones no se expresaron en el texto constitucional, sirvieron de municiones para la campaña del Rechazo.

De cara al plebiscito de salida, no hubo mayores sorpresas en el ordenamiento orgánico de las fuerzas políticas. Desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, todos los partidos se definieron por el Apruebo (aunque algunos liderazgos se rebelaron contra la posición oficial). Todos los partidos de la derecha se cuadraron con el Rechazo. Sin embargo, dentro de ambos campos había heterogeneidad.

Bastante temprano emergieron diferencias entre quienes defendían la idea de rechazar para mantener la Constitución actual con algunas reformas menores y aquellos que defendían la perspectiva de un nuevo proceso. A medida que la campaña fue avanzando, los segundos coparon todas las vocerías del Rechazo.

Por el lado del Apruebo, hubo más resistencia a discutir qué ocurriría después de la votación en caso de imponerse el nuevo texto. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña y el Apruebo seguía muy atrás del Rechazo en las encuestas, los partidos oficialistas, que apoyaban el Apruebo, se abrieron a la idea de que el nuevo texto requería de algunas reformas. Además se aceptó que era importante comprometerse a estos cambios para morigerar algunos resquemores de la población, por ejemplo, hacia la implementación de la plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por una serie de encuestas que mostraban que no solo el Apruebo no lograba remontar la distancia con el Rechazo, sino que la gran mayoría de quienes estaban dispuestos a votar por el Apruebo consideraba necesario hacerle modificaciones al texto una vez aprobado. Bastante avanzada la campaña y con diferentes niveles de entusiasmo, estos partidos firmaron un acuerdo para llevar adelante esos campos posplebiscito.

En definitiva, un plebiscito que tenía en la papeleta dos alternativas en realidad terminó teniendo cuatro opciones: aprobar, aprobar para reformar, rechazar y rechazar para renovar. Así, en una de las últimas encuestas públicas antes del plebiscito, realizada por Cadem, 17% de los encuestados se declaraba a favor de rechazar a secas, 35% de rechazar para renovar, 32% de aprobar para reformar y solo 12% de aprobar y aplicar el nuevo texto tal como salió de la Convención.

Según las encuestas, el Rechazo ganaba en todos los niveles socioeconómicos sin mayores diferencias y así se confirmó este 4 de septiembre. En comunas populares de la Región Metropolitana, donde el Apruebo debía arrasar, apenas logró victorias con pequeños márgenes.

Donde sí había diferencia era en el perfil ideológico de los votantes, con el Apruebo ganando holgadamente entre quienes se identificaban con la izquierda. El rechazo era mayoritario entre quienes se identificaban con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje izquierda- derecha. También había una importante diferencia en los perfiles etarios, con el Apruebo victorioso entre los jóvenes de entre 18 y 30 años. El Rechazo ganaba en todas las demás edades. Es decir, a diferencia del plebiscito de entrada, la campaña del Rechazo había logrado conformar una alianza social y política más diversa que el Apruebo.

(*) Fragmento del artículo ¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente chileno?, publicado en la Edición Digital de Nueva Sociedad, septiembre de 2022

(*)Noam Titelman es economista, investigador de la Universidad de Chile (*)

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Estado, salud y educación

Las pugnas políticas dentro del MAS solo reflejan su vitalidad y vigencia, a pesar de los años transcurridos.

/ 25 de septiembre de 2022 / 05:50

DIBUJO LIBRE

Alarma escuchar frases como que “existe la necesidad de un pacto nacional por la democracia y la libertad en Bolivia”, “una profunda crisis económica se avecina en el país”, o “el modelo económico del MAS ha cumplido un ciclo”, aludiendo a que hoy no existiría un Estado de derecho, que el modelo del gobierno es insostenible y que se estaría presenciando el fin de un periodo político hegemónico. Todo lo contrario a los hechos reales y visibles ya que en el país se vive en un escenario democrático, los indicadores económicos muestran una inminente reactivación de la economía pospandemia y las pugnas políticas particulares al interior del MAS reflejan su propia vitalidad y vigencia a pesar de los años transcurridos; fenómeno que no se visualiza en las fuerzas políticas opositoras al MAS.

Por cierto, aquellas afirmaciones responden teóricamente a una noción liberal de la política, que entienden democracia y libertad como derechos individuales; como reglas y procedimientos que garantizan per se la libertad de los ciudadanos, el Estado de derecho y el pluralismo democrático; por ello, solo podría darse democracia donde esté presente la defensa de los derechos individuales. Para un demócrata liberal, democracia y libertad son criterios absolutos y estáticos que aseguran por sí mismos la convivencia en un país.

Para dicha concepción, la “sociedad” se reduce a un conjunto de individuos regidos por relaciones de trabajo, intercambio y competencia; por ello, ven prioritario establecer garantías absolutas a la “propiedad privada”. Para esta noción de la política, el Estado es un mal administrador, por tanto, ven imprescindible eliminar su participación en la producción de bienes y servicios (inclusive en áreas estratégicas) y limitar su accionar al campo de la regulación.

La aplicación de políticas económicas se centra en el ajuste estructural de la economía, la reducción del Estado, la estabilidad macroeconómica y la apertura externa. En este caso, el crecimiento del PIB se apoya en la expansión de la oferta agregada, que está regida principalmente por la inversión privada.

Asimismo, bajo este enfoque de desarrollo, salud y educación son consideradas bienes de consumo, es decir, que no necesariamente tienen que estar financiados por el Estado. Instituciones privadas son las que deben ofrecer educación y salud a la población y éstos pueden adquirir libremente sus servicios de acuerdo a su nivel de ingreso. En este caso, el Estado solo contribuye con la oferta de educación y asistencia sanitaria gratuita a aquellos grupos desfavorecidos o vulnerables. Los defensores de este sistema sostienen que la competencia entre los proveedores privados de servicios de educación y de seguros de salud garantizan mayor calidad en educación y salud.

Por su parte, la noción progresista de la política entiende democracia y libertad como valores colectivos que solo cobran sentido cuando responden a reivindicaciones sociales o de clase; únicamente habría democracia y se alcanzaría libertad cuando los actores históricamente excluidos comenzaran a ser actores políticos reales, garantizando un auténtico pluralismo democrático. Para un demócrata progresista, democracia y libertad son construcciones permanentes que deben transformar la realidad social de un país.

Para esta concepción, la sociedad es un todo preexistente a los individuos, donde se manifiestan relaciones de cooperación entre sus miembros; en este sentido, ven prioritario establecer garantías a la “propiedad pública”. Para este enfoque, los mercados son imperfectos por naturaleza, por ello, se hace imprescindible la participación del Estado en el manejo y administración de los recursos estratégicos, ampliando su accionar al ámbito productivo y de servicios.

El diseño y aplicación de políticas públicas centra su accionar en el fortalecimiento del Estado, la estabilidad macroeconómica, la producción y productividad interna, la sustitución de importaciones y la paulatina apertura externa. En este caso, el crecimiento del PIB se apoya en la expansión de la demanda agregada, que está regida principalmente por la inversión estatal pública.

Bajo este enfoque de desarrollo, el Estado financia la educación y la asistencia sanitaria gratuita a gran parte de la población con recaudaciones de impuestos y otras fuentes de ingreso estatal, asegurando presupuestos anuales sostenibles. El Estado garantiza la educación pública y las prestaciones en salud de forma gratuita a la población que lo demande; para ello, debe invertir continuamente en infraestructura de educación y salud. Por su parte, la iniciativa privada ofrece estos mismos servicios de forma complementaria, incluyendo las cajas de salud que brindan protección a los trabajadores públicos y privados.

En este sentido, la normativa nacional reconoce plenamente la propiedad privada y pública; establece que el Estado debe administrar los recursos estratégicos y la iniciativa privada puede invertir en ellos o intervenir en cualquiera de las restantes actividades económicas. Asimismo, el Estado debe garantizar educación y salud pública gratuita y con carácter universal, reconociendo la actividad privada en la oferta de estos mismos servicios. Finalmente, establece que el Estado central está a cargo del diseño de las políticas de educación y salud y que éstas se viabilizan a través de las gobernaciones y municipios.

En síntesis, es importante señalar que el modelo de desarrollo aplicado en Bolivia desde 2006 ha conseguido la participación política real de representantes de sectores históricamente excluidos; asimismo, ha incrementado sustancialmente la producción interna nacional, reducido notoriamente los niveles de pobreza, ensanchado las clases medias y aminorado notoriamente las desigualdades en la sociedad boliviana.

Se ha superado la crisis sanitaria del COVID-19 y reactivado la economía reconduciendo su crecimiento; quedando como retos inmediatos el consolidar los resultados alcanzados, acompañar el desarrollo con cultura y reforzar seriamente los sistemas de educación y salud pública bajo criterios de calidad, gratuidad, accesibilidad y universalidad.

(*)Luis Paz Y. es economista, máster en Estudios Latinoamericanos.

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Bicentenario, urge ver su ‘agenda negativa’

La ‘agenda negativa’ del Bicentenario, los problemas que como país no logramos superar en 200 años...

Acto de lanzamiento (simultáneo en los nueve departamentos) del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, el 31 de agosto de 2022

/ 18 de septiembre de 2022 / 04:02

El punto sobre la i

El 31 de agosto, el presidente Luis Arce lanzó oficialmente el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario. “El Bicentenario de Bolivia es un acontecimiento extraordinariamente importante en nuestra historia; será una oportunidad única para consolidar nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y conmemorar unidos y unidas los 200 años de vida de nuestro país”, sostuvo. Hacia el Bicentenario, el país se plantea, dijo, “implementar obras de gran impacto socioeconómico, carreteras, plantas industrializadoras, siderurgias, establecimientos de salud, centros tecnológicos”, entre otros.

Al margen de dicha agenda oficial, Animal Político propone la reflexión de lo que se puede llamar una “agenda negativa” del Bicentenario; esto es, los más persistentes problemas que tiene el país, que previsiblemente llegarán y trascenderán al 6 de agosto de 2025.

Sin tratar de ser exhaustivos, la “agenda negativa” del Bicentenario desde la perspectiva económica, por ejemplo, el economista Horst Grebe llama a reflexionar la naturaleza de país que dio el haber nacido en medio de la tensión entre los virreinatos de Lima y de Buenos Aires; haber sido el primero en haberse rebelado contra el poder español y ser el último en alcanzar la independencia; el haber peleado la guerra de la independencia sobre todo a través de las “republiquetas”, y culminar el proceso independentista gracias a ejércitos “extranjeros”, como el de Bolívar y Sucre; “entonces, hay una serie muy grande de diferencias con respecto a otros países vecinos que han sido mucho más lineales en su evolución”. Añade: “Lo que le pasa al país, y esta es una tesis que sostengo desde hace tiempo, es que tiene muchas fuerzas centrífugas, no tiene un centro cohesionador”.

RECURSOS.

Otro gran rasgo que viene desde la Colonia y se prevé siga más allá del Bicentenario sin duda es la reproducción del país con base en la economía y cultura de la materia prima, una “matriz básica de inserción internacional desde la Colonia”, destaca Grebe: la plata, el estaño, el cinc, el gas, el litio… “siempre ha sido la minería, y eso ha estructurado toda una cultura, toda una visión, toda una manera de estar en el mundo”, apunta.

Si bien es cierto que desde la Revolución del 52 se ha incorporado a la economía nacional al oriente, con la agropecuaria y los hidrocarburos, persiste la matriz primario-exportadora. En Bolivia “nos ha faltado una industrialización en serio”, señala el economista; aunque los países vecinos tampoco hicieron algo muy diferente, unos más que otros desarrollaron procesos industrializadores, “pero en general, América del Sur todavía es altamente dependiente de los recursos naturales; entonces, la matriz primario- exportadora es una constante de nuestra historia hasta el día de hoy”.

Otro hecho que debiera preocupar cercanos al Bicentenario es la persistencia e incremento de la economía informal, “lo que quiere decir que no somos capaces de dar empleo decente a toda nuestra población en edad activa”. Aquí, un hecho que debiera preocupar al país, insiste Grebe, es la gran cantidad de bolivianos en el exterior, que el país es expulsor de población: “no se sabe cuántos son exactamente, pero deben ser muchos, porque la cantidad de remesas, que ahora está en 1.200 millones de dólares, es una cantidad muy grande, en comparación con el tamaño de la economía boliviana y de las exportaciones. Entonces, debe ser mucha gente que manda ese dinero, y eso quiere decir que tienen mejores condiciones afuera que adentro”.

Ahora, lo que siempre se ha visto como un potencial para el desarrollo nacional, la diversidad regional, también ha jugado en contra de esta aspiración nacional: “Tenemos una geografía que se presta para desarrollos (regionales) inconexos; eso es lo que yo señalo, que no existe un núcleo interno que junte todo eso. El proyecto nacional es algo pendiente”, asevera el economista Grebe.

Un proyecto nacional, apunta, ha sido el emergente de la Revolución del 52, que duró hasta 1985-86.

¿Y el Estado Plurinacional, no es ese proyecto nacional? El problema con el Estado Plurinacional, afirma Grebe, es que “no arrastra a todos”; por lo menos hoy, la discusión del Estado Plurinacional es, dice, “una discusión por la supremacía, hay una parte que quiere colocarse a la cabeza y dirigir los destinos sin hacer una propuesta para todos”.

INDÍGENA.

Desde el ámbito social, en referencia a la “otra agenda del Bicentenario”, el sociólogo y antropólogo Esteban Ticona en primer lugar llama la atención sobre la cuestión indígena-campesina del país. “Creo que ahí están pendientes varios aspectos, dependiendo de la región donde estemos”; solo considerando las 36 nacionalidades señaladas en la Constitución, “cada pueblo tiene sus diferentes problemas frente al Estado; una multiplicidad de asuntos que no se han resuelto del todo”; y esto, provoca Ticona, aún tomando en cuenta el “empoderamiento” indígena de los últimos 20 años, que “todavía es insuficiente para decir que ya está solucionado”.

Otro tema que al parecer seguirá irresuelto en el Bicentenario, destaca Ticona, es el “tema regional”, una herencia de las “republiquetas” independentistas con que nació el país. Hoy día mismo, afirma, “falta buscarle salida a estas formas regionales; estoy pensando en el reconocimiento de las regiones desde una perspectiva global”. Aquí, aunque parezca ajeno al problema, reclama el sociólogo, una tarea nacional debería ser recuperar el aporte a la unidad nacional de autores que escribieron desde las regiones; pone como ejemplo al tarijeño Federico Ávila.

Y, claro, el tercer gran tema negativo del Bicentenario que recuerda Ticona es el racismo, la discriminación. “Es un gran tema pendiente: las formas de racismo, racismos que se reciclan para cada época, entre otros”, apunta el sociólogo.

Otra vez, Ticona insiste en que de nuevo hay que recuperar las innumerables críticas y discusiones que se hicieron al racismo, pero no como un ejercicio académico, sino más bien pedagógico: “recuperar esas visiones críticas contra el racismo que hubo; es una tarea gigantesca que tiene que atravesar todos los quehaceres de la actividad societal del país”.

Y, como parte de la agenda del Bicentenario que preocupa, para Ticona es infaltable debatir de nuevo el Estado Plurinacional. Cuando hay miradas, más o menos radicales o fundamentalistas contra o al margen del Estado Plurinacional, “no está dando respuestas el Estado Plurinacional a esas miradas”.

Y no es que no haya servido, previene el sociólogo: “el Estado Plurinacional, en perspectiva, puede dar respuestas interesantes a temas como el racismo, lo indígena, el regional; sin embargo, hay que reencaminarlo; me parece que faltan políticas mucho más precisas para reencauzar el Estado Plurinacional”. Esto hay que hacerlo ya, reclama Ticona, “si no se lo hace, quedamos en el riesgo de quedar en el statu quo, y, en la práctica volver al viejo Estado-nación, unitario, etcétera”.

POLÍTICA.

Con 13 años de vigencia de la nueva Constitución (2009), la socióloga politóloga cochabambina María Teresa Zegada ve que hoy día en el país “recién se está atisbando la posibilidad de la inclusión indígena; está en la letra de la Constitución pero hay una distancia grande con su cumplimiento”. Otra vez el Estado Plurinacional acotado.

En el ámbito de la representación política, del rol, fortaleza y potencia de los partidos y organizaciones políticas, Zegada todavía ve la política como algo exclusivo de un grupo antes que un bien público: “No se ha podido romper esta barrera de la participación política de los distintos sectores del país. La política sigue siendo una actividad circunscrita a ciertos sectores de élite. Puede ser que el MAS, o el MNR en su momento, han roto un poco estas barreras, pero sigue siendo un asunto manejado por un grupo de poder; no se logra todavía democratizar realmente al país, como correspondería, dialogando con la diversidad que tenemos en el país”.

Los 200 años de Bolivia acaso también coincidan con la persistente crisis de los partidos políticos, de su falta de institucionalidad, acusa Zegada. “Los partidos no son entidades institucionalizadas”. El MAS, dice, sobre todo es un “conglomerado de organizaciones sociales”, que “funciona más como movimiento social que como un partido propiamente dicho”, además que está “fuertemente ensamblado por las relaciones prebendales que hay al interior de esta organización”. En cuanto a los partidos de oposición, se puede decir que éstos son “casi inexistentes; Comunidad Ciudadana está intentando construirse como una alternativa; Creemos no es realmente una opción política, ni siquiera nacional; y las otras organizaciones que parecían tener un potencial, como Unidad Nacional o Demócratas están casi desaparecidos del escenario político”.

Y, algo central en el quehacer político de izquierdas y derechas, añade la socióloga: el caudillismo. “Una cultura política profundamente caudillista”, prácticamente desde que nacimos como país; “todavía no hemos salido de este esquema en que la gente está más adherida a personajes que a propuestas políticas”. Ahora, siendo el MAS el partido en el poder que “recibirá” los 200 años, Zegada apunta un hecho clave: “el destino político inmediato del país está bastante sujeto a lo que vaya a pasar con el MAS”.

El boliviano promedio tiende a ser díscolo, explosivo, revoltoso

Amodo de provocación, para una “agenda negativa” del Bicentenario, nada más oportuno que el libro de Henry Oporto ¿Cómo somos? Ensayo sobre el carácter nacional de los bolivianos. (Plural, 2018). He aquí un fragmento del texto (páginas 66 a 68), de los males que según el autor aquejan a los bolivianos.

– El individualismo de la gente (que desmiente el mito del comunitarismo), reflejado en una marcada desconfianza, precaución y recelo, como actitudes contrarias a la socialización y la capacidad de cooperación y ayuda mutua. De ahí también la fragmentación e incluso la atomización en la economía, en la política, y en otras esferas de la vida social que, a no dudarlo, son un escollo enorme para construir instituciones.

– La aversión a la competencia, como un poderoso freno para la superación de las personas y el desarrollo de una sociedad meritocrática y, en contrapartida, la inclinación a buscar amparo, resguardo, ventajas y favoritismos desde posiciones de privilegio.

– De ahí la estadolatría, y la búsqueda de asistencia de un Estado paternal del que siempre se espera que dé y haga. La dependencia del Estado inhibe la expansión de una sociedad civil autónoma.

– La otra cara de la medalla es la obsesión por el pasado; un pasado marcado de opresión, sufrimiento, traiciones y rencores que quedan como heridas abiertas y que impiden mirar hacia adelante.

– Y esa obsesión por el pasado viene de la mano del victimismo; una manera de encubrir las propias culpas y responsabilidades, pero que muchas veces hace de bálsamo ante las adversidades y frustraciones nacionales.

– El victimismo es inseparable del temor a lo extranjero; la desconfianza profunda en el “otro” y en sus intenciones. Huelga decir que mientras este sentimiento negativo prevalezca muy difícilmente se puede atraer inversión extranjera o mantener una relación constructiva con el capital foráneo.

– El desprecio por la ley y el desapego al orden, probablemente la mayor barrera, junto con el individualismo disociado, para hacer instituciones. Y sin ellas no hay democracia, ni seguridad jurídica, ni incentivos económicos, ni acumulación de conocimiento y aprendizaje. La ausencia de cultura legal nutre el caudillismo y la personalización del poder.

– El comportamiento del boliviano promedio tiende a ser díscolo, explosivo, revoltoso. Un ser caótico que siempre está desordenando y poniendo patas arriba aquello que se organiza y estructura.

– El corporativismo, especialmente el corporativismo rentista, que es otro obstáculo para el desarrollo de un sentido de representación política.

– El mestizaje vergonzante. Los bolivianos, no obstante su condición cholo-mestiza, no superan una relación traumática con su hibridismo; con ello dificultan la cohesión social y la vitalización de la identidad nacional.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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