La lucha contra la corrupción en el país
Descripción del actual sistema de transparencia en las entidades públicas.
DIBUJO LIBRE
Anualmente se suele publicar encuestas sectoriales que fungen a manera de rankings, en los que se posiciona a los países en un listado según la percepción de algunos sectores de la sociedad. Este tipo de encuestas no refleja el esfuerzo de los diferentes Estados para cumplir con sus compromisos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, por lo que es necesario, a dos años de gestión, hacer una breve evaluación que permita identificar el estado de situación y los desafíos que esto representa.
Con la ratificación de las convenciones anticorrupción, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, en 1993 y 2005, respectivamente, el Estado boliviano reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción. En este ámbito, la Asamblea Constituyente incorporó reformas en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 en materia de lucha contra la corrupción.
En el marco de estos principios, la CPE inserta las figuras de imprescriptibilidad y retroactividad en delitos de corrupción, y la obligación de todas y todos los bolivianos de denunciar estos hechos; se incorpora el mecanismo de Control Social y Rendición Pública de Cuentas, para garantizar el acceso a la información generada por las entidades públicas y que administran fondos públicos, reconociendo la importancia de la participación de los sectores sociales organizados y la sociedad civil en la construcción de políticas públicas.
A partir de la vigencia del decreto 3058, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como parte del Ministerio de Justicia, es la entidad competente en la materia. Cuenta con dos áreas de gestión conforme a lineamientos y principios de las convenciones internacionales. La primera, dirigida a establecer procedimientos y mecanismos de investigación, procesamiento y sanción por posibles hechos de corrupción; y, la segunda, con la facultad de generar medidas de prevención y coordinación con organismos internacionales, efectuar intercambio de experiencias y buenas prácticas, y mantener activa la participación del Estado en los mecanismos de evaluación y seguimiento.
En la gestión de denuncias de posibles hechos de corrupción se estableció un flujo de procesos, que se inicia con la recepción de la denuncia, su evaluación, posterior rechazo o remisión a otras instancias para su atención oportuna y admisión de la misma. Una vez admitida la denuncia, hay un proceso de investigación, requiriendo información a las entidades involucradas, el descargo del denunciado y la determinación de acciones a ser ejecutadas. De dicho proceso puede establecerse responsabilidades administrativas o penales por incumplimiento de las normas vigentes, en cuyo caso se dispone sumarios administrativos o las denuncias en instancias judiciales para su investigación en la vía penal.
En la investigación administrativa, se puede requerir la elaboración de perfiles patrimoniales, cuando se determinan indicios de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, de servidores o exservidores públicos, los mismos que pueden derivar en la apertura de procesos penales por legitimación de ganancias ilícitas.
Es importante reconocer que en la investigación administrativa, los objetivos han cambiado. Antes se priorizaba la investigación de las propias entidades y sus unidades de transparencia; sin embargo, en 2022, esta dinámica ha cambiado, priorizando la investigación y atención de la mayor parte de denuncias y requerimientos, a fin de promover una respuesta oportuna a los ciudadanos.
Se identificó que la atención de solicitudes, reclamos y denuncias, constituye un importante mecanismo de prevención, que a su vez evita que se concreten hechos de corrupción, o fomentan la corrección en procesos de contratación observados de forma oportuna.
Si bien las denuncias presentadas por ciudadanos, unidades de transparencia y otros actores se han incrementado en 2021 y 2022, también se ha incrementado el porcentaje de procesos de investigación, reduciendo el de rechazos, debido a que se ha priorizado el análisis y evaluación de los hechos, antes que el cumplimiento de los requisitos formales, puesto que cuando el ciudadano presenta un requerimiento de investigación, éste podría ser un indicativo de riesgo en la gestión o en la entidad investigada.
En prevención, tenemos dos áreas de trabajo: la primera, dirigida a fortalecer la participación ciudadana en la gestión a través del control social, con la vigencia del Sistema de Rendición Pública de Cuentas, que es un portal de consulta abierta, que cuenta con la información de los actos de Rendición inicial y final de las entidades y empresas públicas, de forma remota desde cualquier punto a través del sitio de dominio rpc.transparencia.gob.bo; la segunda, se orienta a la formación en valores en todo el sistema educativo, incluyendo contenidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción; esto en consideración a que los resultados en esta formación son de largo plazo y alcance.
Para 2022, el Sistema de Rendición Publica de Cuentas agregó información relativa a 331 entidades, y un nivel de consultas mayor a mil usuarios. Por su parte, los procesos educativos llegaron a 2.376.527 niños y jóvenes.
Un desafío inmediato en prevención es incluir a la sociedad civil organizada a través de mecanismos directos de control, como ser un observatorio en transparencia y lucha contra la corrupción, que a partir de la información parametrizada y sistematizada, establezca mecanismos de evaluación continua y de percepción ciudadana, respecto del cumplimiento de las políticas, planes y programas en la materia, así?como su incidencia y efecto en la sociedad; la segunda línea de acción se debe trabajar con los Jóvenes por la Transparencia, un grupo organizado y proactivo, que pueda constituirse en contraparte y control social de procesos que sean de su beneficio directo, tales como la mejora en la infraestructura de educación, el desayuno escolar y otros.
Para el quinquenio 2021-2025, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaboró un Plan Estratégico Ministerial (PEM), que está articulado al eje 7 del Plan General de Desarrollo Económico Social 2021-2025, denominado “Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente, Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional”, con los resultados esperados de fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en la administración pública, en todos los niveles del Estado, que será?efectivo con la implementación de tecnologías de información y comunicación, priorizando la implementación de sistemas de gestión de riesgos, el procesamiento en línea y parametrizado de denuncias de corrupción, y el uso de sistemas interoperables de consulta para investigaciones patrimoniales de servidores públicos.
Mientras que en prevención se plantea la sostenibilidad de la formación de niños y jóvenes, así como la especialización de profesionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Estos desafíos se plasman en una nueva política para el sector, cuyo contenido desarrollaremos en otra columna.
(*)Susana Ríos L. es Viceministra de Transparencia