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‘Reforma de la justicia’, ese proceso

Bolivia reforma su justicia desde hace al menos 30 años; por supuesto con avances y retrocesos; el punto hoy día es continuar, acelerar.

/ 5 de febrero de 2023 / 08:22

La reforma de la justicia no se reduce a un cambio de la Constitución, ni a una ‘cumbre’; es un proceso de nunca acabar.

El punto sobre la i

En relación al referendo de reforma parcial de la Constitución que “juristas independientes” intentan que haya antes de las elecciones y que a la fecha está en su fase de recolección de firmas, existe la polémica sobre si este proceso concluirá a tiempo para modificar la forma de selección de los candidatos a la elección de octubre- noviembre de 2023. Se viene instalando en los medios que si no se logra esto, la “reforma de la justicia” será postergada hasta las próximas elecciones judiciales, en 2029.

No es cierto. Como se verá en las siguientes líneas, la reforma de la justicia no es tal o cual evento, cumbre o reforma parcial de la Constitución; ante todo es un proceso que empezó hace más de 30 años, que, claro está, no ha sido lineal y progresivo, sino complejo, de altas y bajas, de avances y retrocesos. Y el futuro de la reforma, no cabe duda, seguirá siendo así, mal que bien, paso a paso.

Desde el año pasado se vienen llevando a cabo los llamados “Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia”, un esfuerzo entre la Vicepresidencia del Estado, el Ministerio de Justicia y la representación del Sistema de Naciones Unidas en el país (en el primero también estuvo la Fundación Friedrich Ebert, FES-Bolivia). En 2022 se efectuaron cuatro de estos diálogos; para 2023 se proyectan al menos cuatro. No deja de ser oportuno lo debatido allí. Va, entonces, una síntesis con base tanto en el texto Justicia, la reforma impostergable que publicó FES-Bolivia en agosto sobre el primer encuentro, como el resumen de los cuatro diálogos que gentilmente la representación de Naciones Unidas proporcionó a Animal Político.

Como cierre, va un “derecho a la defensa” del Tribunal Supremo de Justicia.

¿NADA? El primer llamado de atención que hacen los Diálogos es que de una vez hay que desechar la idea de que en el país no se ha hecho nada en la reforma de la justicia. “Se advierten coincidencias en sentido de que Bolivia desde hace 30 años inició un proceso de reforma del sistema de justicia, y si bien se identifican avances importantes, es necesario generar un proceso de autocrítica constructiva”, apunta el Resumen de Naciones Unidas.

Al respecto, el oficial de la Fundación para el debido proceso, Ramiro Orías Arredondo, en el primer encuentro (julio de 2022) observaba que “en un primer momento se focalizó el esfuerzo a cambiar su diseño organizacional, luego se intentó mejorar la gestión judicial; también se ha buscado reformar sus procedimientos e incluso se han experimentado los más diversos modelos de nombramiento de sus máximas autoridades. (…) Se han promovido reformas procesales, se han aprobado nuevos códigos, nuevas instituciones, reformas legislativas inacabadas, mecanismos de acceso a la justicia… Parece que hemos intentado de todo, pero nada ha funcionado de manera satisfactoria y para todos”.

Con mayores o menores avances en esta serie de transformaciones, Orías Arredondo acusa directamente al sistema político: “Lo que ocurre es que en este tiempo no se ha enfrentado con decisión la agenda de independencia, transparencia, probidad e integridad judicial. Sin esto cualquier iniciativa de reforma no será sostenible ni duradera en el largo plazo. Así, la reforma judicial no solo es impostergable, sino que constituye tal vez la deuda pendiente que tiene el sistema político con la democracia boliviana”.

En coincidencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, enfatiza en el carácter incremental de las reformas: “Yo estoy convencido de que lo que hemos hecho en el país es acumulativo. Los últimos 30 años hemos hecho reformas y estamos en una mejor situación”. El ministro cuenta que cuando él empezó su carrera, en 1997, había prisión por deudas, una persona podía quedarse en las celdas policiales más de 30 días, y la gente en verdad no tenía certeza de que sus procesos algún día terminarían. “Entonces, decir que estamos tan mal y que estamos en el peor momento de la historia no es decirle la verdad al pueblo boliviano”, sentencia el ministro.

INDEPENDENCIA. En lo relativo a la independencia judicial, que para muchos es el problema, Lima plantea no mitificar el hecho como un eterno inalcanzable: “Cuando dicen que hay un discurso de independencia judicial y que no hay independencia judicial en el país, están diciendo algo que no es real. Cada juez es el que construye su independencia, y eso se lo van a decir todos los tratados de derecho judicial. Entonces, creo que la independencia de la justicia se va construyendo con la actitud de todos y cada uno de los que quieren ir a hacer esa transformación de la justicia, no con discursos de café”.

Con respecto a la falta de independencia judicial, el expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé fustigó el rol que tuvo, por ejemplo, la Fiscalía en la crisis de 2019; “Si habíamos tenido estos episodios de vulneración del orden constitucional, ¿dónde estaba la autoridad llamada a impugnarlos?, ¿dónde estaba el titular de la acción penal pública, el señor Fiscal General del Estado? Al contrario, no lo hizo, se puso a perseguir a otras autoridades y exautoridades y esos jueces también procesaron a los ciudadanos. Hace pocos días, en Argentina, nuestro Presidente reclamaba y decía: ‘Pero si son los mismos jueces y fiscales que nos juzgan’. Ese es el problema, esa fue una manifestación de falta de independencia”.

El tema del segundo diálogo fue la “Asignación presupuestaria del Órgano Judicial y su administración”.

Como era natural, de entrada se afirma la baja asignación de recursos al sistema judicial en relación al Presupuesto General del Estado (PGE).

“El presupuesto asignado al Órgano Judicial por parte del TGN en los últimos cinco años osciló entre 0,24% y 0,35%, es decir, que no alcanzó ni el 1% del PGE, ese monto solo representa casi 40%, mientras que el restante 60% proviene de recursos propios; no obstante, en los últimos años se advirtió que estos recursos llegan a una ejecución promedio de 90%; el Órgano Judicial solo tiene presencia en 49% de los municipios, lo cual implica que en el restante 51% la ciudadanía no cuenta con un acceso directo a la justicia ordinaria; por otra parte, 62% de los juzgados y tribunales se encuentran en ciudades capitales y 38% en provincias, por lo cual, la posibilidad de incrementar el presupuesto debería estar destinado a ampliar el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía”, apunte el Resumen de la ONU.

Al respecto, el ministro Lima cuestiona. Desde 2006, dice, el presupuesto del Órgano Judicial “se ha incrementado de 200 millones a más de mil millones de bolivianos”; con todo, si bien reconoce la baja asignación en relación al presupuesto total, no deja de cuestionar a la administración judicial: “Asignamos el 0,5% del presupuesto, de verdad. Piden el 3%. ¿En qué se va a gastar ese presupuesto?, ¿cómo vamos a ir construyendo ese presupuesto para que nos garantice acceso a la justicia?”.

Un aspecto que destaca el Resumen de Naciones Unidas es la demanda de los participantes de “introducir la perspectiva de género con un enfoque interseccional en la planificación y programación del presupuesto, lo cual implica no solo medidas en resguardo de mujeres que requieren acceder al sistema de justicia sino también en remover todas las barreras para que una población diferenciada pueda acceder a la justicia desde sus diferencias; de acuerdo a estándares internacionales y las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales de derechos humanos”.

PRESUPUESTO.

Un punto intermedio inmediato para encarar la limitación presupuestaria, se sugirió en el encuentro, puede ser “asignar un presupuesto fijo para todas las entidades del sector justicia, eso implica el Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública”. Un porcentaje fijo que no pueda ser reducido y que deba ser asignado “aun en tiempos en que el Estado está afrontando restricciones presupuestarias, circunstancia que solo se podría garantizar a partir de normas que fijen esos presupuestos”.

El tercer conversatorio fue vinculado al fortalecimiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC). No deja de ser importante el planteamiento del tema: “Identificar el estado de situación de la JIOC, su reconocimiento, institucionalidad, su relación con la justicia ordinaria y los mecanismos de cooperación y coordinación”.

En la cita, destaca el apunte ONU, se recordó que el proceso constituyente dio al menos tres mandatos: “que para la jurisprudencia constitucional deberían ser esenciales: la restitución territorial para los pueblos indígenas; la reconstitución de sus instituciones, lo que implica el ejercicio pleno de sus sistemas jurídicos y políticos; y, generar procesos de igualación, porque se tienen históricas relaciones de asimetría, especialmente en relación a pueblos indígenas y mujeres indígenas”.

Y he aquí la insistencia que hubo al primordial rol que en este punto debiera tener el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Aparte de mantener su “composición plural” (representación indígena, pero también “de una lógica de paridad y complementariedad del chacha warmi”), en la resolución de controversias que le lleguen acerca de la relación justicia ordinaria versus justicia indígena, el TCP debería “sostener una línea jurisprudencial que respete los estándares más altos en pluralismo jurídico de tipo igualitario, materializando la Constitución, dejando de lado interpretaciones formalistas y ritualismos extremos que niegan el acceso a la justicia constitucional a los pueblos indígenas”. (Resumen de ONU)

También se le recomienda al TCP fortalecer los procedimientos de consulta de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas en relación a la aplicación de sus normas, “tomando como premisa que, de acuerdo al modelo constitucional, la ley ya no es la única fuente directa de derecho, que lo son también las normas, procedimientos, principios y valores de los pueblos indígenas”; además de “fortalecer los mecanismos de interacción entre la jurisdicción indígena, ordinaria y agroambiental, a través de los diálogos interjurisdiccionales”; y, algo capital, recursos: “Se requiere que el Estado invierta en la institucionalización de la JIOC, destinando presupuesto para la administración de la jurisdicción indígena, dotando de infraestructura o casas de justicia a nivel nacional, introduciendo los principios y valores de la justicia indígena en la formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia”.

Pero también hubo miradas críticas a las propias comunidades indígenas: prevenir el “latente peligro de la politización de la jurisdicción indígena originaria campesina, y que se asimile las taras de la administración de la justicia ordinaria”. Problema para la justicia indígena también es, apunta el Resumen, el que hay una “resistencia al cambio judicial por parte de las propias bases indígenas, que siguen demandando sus pleitos directamente en la justicia ordinaria”, restando validez a las formas originarias de resolver tale o cuales conflictos.

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ACCESO. Finalmente, el cuarto encuentro en 2022, que abordó el “Acceso a la Justicia priorizando grupos en situación de vulnerabilidad”. La virtud de esta mesa fue mostrar que el esfuerzo “para transformar el sistema de justicia no puede seguir enfocándose solo en el diseño o en la modificación de leyes o códigos, sino que también se debe enfocar en los procesos de implementación de la norma, de una gestión por resultados, lo cual implica el uso de información a través de los sistemas informáticos que sirvan para la toma de decisiones para mejorar el servicio; generar procesos de evaluación sobre la implementación de diferentes diseños normativos a fin de promover adecuaciones prontas y pertinentes”.

Interesa prestar especial atención, se insistió, en “identificar cuáles deberían ser las potenciales rutas críticas en materia de acceso a la justicia por parte de población en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, población LGBT, personas privadas de libertad, víctimas de violencia basada en género, entre otros”.

En 2023, informó el viceministro de Justicia, César Siles, se prevé continuar con encuentros sobre independencia judicial, la elección de las máximas autoridades, la carrera judicial y, para cerrar, una revisión de la estructura misma del Órgano Judicial, “a partir de posibles modificaciones a la Ley del Órgano Judicial, que incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia ya presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa”.

DEFENSA. En el ya habitual Informe de Gestión 2022 e Inauguración del Año Judicial 2023, que cada año publica el Tribunal Supremo de Justicia, es de mucha utilidad el Informe de la Presidencia.

En su discurso de inauguración del Año Judicial, el presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, de entrada reclama que “lo pertinente no es hablar de la crisis del Órgano Judicial, sino de la crisis del Sistema de Justicia de Bolivia”, implicando esta crisis por lo menos al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Régimen Penitenciario, además del Órgano Judicial.

En cuanto a la retardación de justicia, que simplemente es, dice, no tramitar los procesos judiciales dentro los plazos establecidos por la ley, un problema de fondo es la carga procesal, destaca: por ejemplo, en Santa Cruz, hay un juez para 22.603 habitantes, para 24.483 en Pando, para 15.774 en Cochabamba, cuando la recomendación internacional es que “por cada 10.000 habitantes haya un juez”.

En lo relativo a la independencia judicial, el magistrado Torres Echalar aún lamenta que “de los 1.098 jueces de la Jurisdicción Ordinaria, 489 jueces no son de carrera, lo que, sin lugar a dudas afecta directamente a la independencia judicial”.

En cuanto a la modernización del sistema con la incorporación de nuevas tecnologías, el magistrado apunta a que pese a que ya se cuenta con un Sistema de Registro de Causas (Sirej) y varios programas informáticos que ayudan en dar mayor celeridad a los trámites, “sin embargo, todo esto es insuficiente, no tenemos aún un Sistema de Gestión de Causas como Órgano Judicial, que nos permita interoperar con otros entes, e incorporar en todas las materias, la firma digital, la ciudadanía digital, herramientas que sin lugar a dudas generarán mayor transparencia en la labor judicial”.

Y, para encarar la mora judicial, Torres Echalar, relieva que lo que pudo hacer el TSJ fue refuncionalizar, ampliar o reasignar competencias a 147 jueces (14% del total de jueces ordinarios), con lo que se logró:

– “Hasta antes del 18 de agosto de 2022, no existía ningún Juez Instructor especializado en Violencia hacia la Mujer; ahora existen 10 nuevos jueces”.

– “Hasta antes de la referida fecha, no existía ni un solo juez de instrucción anticorrupción; ahora existen cuatro jueces”.

– “Hasta antes que se implemente esta iniciativa, a nivel nacional existían 70 jueces de Sentencia Penal; ahora existen 86”.

– “Antes existían 2 jueces de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer; ahora existen 9, y, desde el punto de vista de la especialidad, antes no existía ni un solo Juez de Sentencia que atienda únicamente violencia hacia la mujer; ahora existen 15 nuevos jueces de Sentencia”.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Multipolaridad y fragmentación

Las placas tectónicas del mundo están en movimiento y va emergiendo un nuevo orden posterior al del momento unipolar.

El futuro es conflictivo, distópico, incierto

/ 25 de febrero de 2024 / 06:59

El punto sobre la i

La llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos el 20 enero de 2017, dejaba en claro que había cosas que estaban cambiando, no sólo en la potencia del norte, sino en el mundo. El millonario del jopo rubio se las arregló para derrotar en el camino tanto a demócratas y republicanos de viejo cuño, proponiendo una política centrada en asuntos domésticos y que se aleje de conflictos en otras latitudes.

Previamente, el 23 de junio de 2016, en el Reino Unido pasaba lo inimaginable: ganaba el Brexit, la salida bretona de la Unión Europea, en un referéndum cuyas consecuencias continúan dividiendo a esa sociedad cada vez más.

Las placas tectónicas en las que se asentaba el orden mundial del momento unipolar ya mostraban en ese entonces evidentes señales de desgaste. La llegada de la pandemia del Covid- 19 en un principio hizo que estas cuestiones pasen a un segundo plano. Sin embargo, luego acabaría por confirmar que las aguas ya no seguían el viejo curso establecido luego de la caída del muro de Berlín. Las guerras en Ucrania y Oriente Medio están acelerando la comprensión del tamaño colosal de los cambios en marcha. El orbe dominado por una única superpotencia se ha diluido y lo que va quedando es un escenario fragmentado y en reordenamiento, en la medida en que nuevos bloques de países, con un nuevo conjunto de acuerdos e instituciones, va surgiendo.

El profesor estadounidense de relaciones internacionales, John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, sostiene que “la caída del orden internacional liberal horroriza a las élites occidentales que lo construyeron y que se han beneficiado de él de muchas maneras. Estas élites creen fervientemente que este orden fue y sigue siendo una fuerza importante para promover la paz y la prosperidad en todo el mundo. Muchos de ellos culpan al presidente Donald Trump por su desaparición. Después de todo, expresó desprecio por el orden liberal cuando hizo campaña para presidente en 2016. Sin embargo, sería un error pensar que el orden internacional liberal está en problemas únicamente por la retórica o las políticas de Trump. De hecho, están en juego problemas más fundamentales, que explican por qué Trump pudo desafiar con éxito un orden que goza de apoyo casi universal entre las élites de la política exterior de Occidente”.

Liberalismo

Ahora bien, es necesario ir precisando qué es el orden liberal. Siguiendo con Mearsheimer, “Estados Unidos ha liderado dos órdenes diferentes desde la Segunda Guerra Mundial. El orden de la Guerra Fría, al que a veces se hace referencia erróneamente como ‘orden internacional liberal’, no era ni liberal ni internacional. Era un orden acotado que se limitaba principalmente a Occidente y era realista en todas sus dimensiones clave. Tenía ciertas características que también eran consistentes con un orden liberal, pero esos atributos se basaban en una lógica realista. El orden posterior a la Guerra Fría liderado por Estados Unidos, por otro lado, es liberal e internacional y, por lo tanto, difiere en aspectos fundamentales del orden acotado que Estados Unidos dominó durante la Guerra Fría”.

Aquí entra Francis Fukuyama. En su libro El Fin de la Historia y el Último Hombre (1992), este politólogo estadounidense postula que, la caída del comunismo y la disolución de la Unión Soviética marcaron el fin de las grandes ideologías políticas y el triunfo definitivo de la democracia liberal como el sistema político más deseable y efectivo. Entonces, Estados Unidos, al erigirse como la única superpotencia dominante tiene la oportunidad única de moldear el orden internacional de acuerdo con sus valores e intereses.

Fukuyama argumenta también que el individuo liberal democrático, al satisfacer sus necesidades materiales y políticas básicas, carece de grandes aspiraciones trascendentales y se conforma con una vida cómoda pero relativamente superficial. Esto plantea desafíos en términos de cómo mantener la vitalidad y la creatividad en sociedades que pueden volverse complacientes y conformistas.

A partir de entonces, lo que queda es acomodarse a vivir bajo los cánones de la democracia liberal y a procurar expandir este orden a aquellos países que aún no tienen la “suerte” de haberlo adoptado ya. Este es, de manera muy sintética, el planteamiento medular que subyace en el mito del orden liberal dominado por Estados Unidos después de 1989.

George Herbert Bush ilustraba esto en 1990 cuando decía que “no hay sustituto para el liderazgo estadounidense”. Ese año, el 11 de septiembre, vaya casualidad, expuso su visión ante una sesión conjunta del Congreso norteamericano. Acababa de regresar de una reunión con su par soviético, Mikhail Gorbachov, y la guerra en Kuwait había comenzado un mes antes.

“Es evidente que un dictador ya no puede contar con la confrontación Este-Oeste para obstaculizar la acción concertada de las Naciones Unidas contra la agresión. Ha comenzado una nueva asociación de naciones. Nos encontramos hoy en un momento único y extraordinario. La crisis en el Golfo Pérsico, por grave que sea, también ofrece una rara oportunidad de avanzar hacia un período histórico de cooperación. De estos tiempos turbulentos puede surgir un nuevo orden mundial: una nueva era”, dijo Bush padre in illo tempore.

Ahora bien, Mearsheimer define un orden mundial como un conjunto organizado de instituciones internacionales que ayudan a gobernar las interacciones entre los estados que lo conforman. “Pero cuando el sistema es unipolar, la ideología política del polo único también importa. Los órdenes internacionales liberales sólo pueden surgir en sistemas unipolares donde el Estado líder es una democracia liberal”, precisa el profesor de la Universidad de Chicago.

En su criterio, “el orden internacional liberal posterior a la Guerra Fría estaba condenado al colapso, porque las políticas clave en las que se basaba eran profundamente defectuosas. Difundir la democracia liberal en todo el mundo, que es de suma importancia para construir tal orden, no sólo es extremadamente difícil, sino que a menudo envenena las relaciones con otros países y a veces conduce a guerras desastrosas. El nacionalismo dentro del Estado objetivo es el principal obstáculo para la promoción de la democracia, pero la política de equilibrio de poder también funciona como una importante fuerza de bloqueo. Además, la tendencia del orden liberal a privilegiar las instituciones internacionales por encima de las consideraciones internas, así como su profundo compromiso con las fronteras porosas, si no abiertas, ha tenido efectos políticos tóxicos dentro de los propios estados liberales líderes, incluido el unipolar estadounidense. Esas políticas chocan con el nacionalismo en cuestiones clave como la soberanía y la identidad nacional. Dado que el nacionalismo es la ideología política más poderosa del planeta, invariablemente triunfa sobre el liberalismo siempre que ambos chocan, socavando así el orden en su núcleo”.

Actualidad

La guerra en Ucrania está poniendo a prueba a Occidente. Más allá de que muchos analistas consideran que se trata en realidad de una confrontación intermediada (proxy war) entre Estados Unidos y Rusia, son los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los ucranianos los que están teniendo que lidiar con las consecuencias negativas. En el fondo está China, cuyas relaciones con el gobierno de Vladimir Putin no han hecho otra cosa que fortalecerse.

Las sanciones contra Rusia, principalmente por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, no han tenido los resultados esperados. Todo lo contrario, son los países europeos los que tuvieron que verse privados de acceder al gas ruso, al que reemplazaron por el suministrado desde Estados Unidos. Esto está afectando directamente a economías como la alemana, que esta semana confirmó que pasa a estar en recesión.

Más aun, la guerra está poniendo a prueba qué tan posible es realizar la presunción liberal del momento unipolar, de expandir su hegemonía a otros países.

“Es muy importante entender que lo que pasó es que el momento unipolar quedó en el espejo retrovisor. Se fue. Ahora estamos en un mundo multipolar en el que pasamos de una gran potencia a tres grandes potencias: Estados Unidos. China y Rusia. Ahora consideramos a Rusia una gran potencia porque Vladimir Putin, desde que asumió el poder en 2000, ha resucitado a los rusos de entre los muertos. La mayoría de ustedes saben que en la década de 1990 Rusia básicamente había muerto. Putin los resucitó. Entonces, Rusia es una gran potencia y China es una gran potencia y, por supuesto, el Tío Sam es una gran potencia”, afirma Mearsheimer.

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Prosigue señalando que “la hiperglobalización, que buscaba minimizar las barreras al comercio y la inversión globales, resultó en la pérdida de empleos, la caída de los salarios y una creciente desigualdad de ingresos en todo el mundo liberal. También hizo que el sistema financiero internacional fuera menos estable, lo que provocó crisis financieras recurrentes. Esos problemas luego se transformaron en problemas políticos, erosionando aún más el apoyo al orden liberal”.

“Una economía hiperglobalizada socava el orden de otra manera: ayuda a que países distintos del unipolar se vuelvan más poderosos, lo que puede socavar la unipolaridad y poner fin al orden liberal. Esto es lo que está sucediendo con el ascenso de China, que, junto con el resurgimiento del poder ruso, ha puesto fin a la era unipolar.

El mundo multipolar emergente consistirá en un orden internacional basado en el realismo, que desempeñará un papel importante en la gestión de la economía mundial, el control de armas y el manejo de problemas de bienes comunes globales como el cambio climático. Además de este nuevo orden internacional, Estados Unidos y China liderarán órdenes acotados que competirán entre sí tanto en el ámbito económico como en el militar”, concluye el profesor de relaciones internacionales.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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La democracia en riesgo

Debemos enfrentar la crisis con sensatez política, madurez institucional y no pocos sacrificios individuales y colectivos.

/ 25 de febrero de 2024 / 06:50

Dibujo Libre

La declaratoria del bloqueo nacional de caminos, a raíz de la crisis judicial, el pasado 22 de enero, coincidió con los 15 años del Estado Plurinacional y, en consecuencia, parte del mensaje de los bloqueadores fue expresar su distanciamiento con el 22 de enero y cuyo festejo tocaba al presidente Luis Arce. Este hecho y sus graves consecuencias marcan la irreversible fractura política al interior del MAS, una profunda crisis política e institucional en la Asamblea Legislativa Plurinacional y un enfrentamiento entre los Órganos Legislativo y Judicial.

El MAS evista, a través de la movilización de cocaleros y comunidades campesinas ubicadas en lugares estratégicos de la ruta troncal (La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz), con epicentro en el Departamento de Cochabamba, dispuso el bloqueo nacional en protesta por la falta de aprobación legislativa de la ley de convocatoria a elecciones judiciales y la auto prórroga en el Órgano Judicial que, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la DCP 049/23, establece la permanencia de las autoridades en tanto se realicen las elecciones.

El bloqueo nacional de caminos es una medida histórica, campesino – rural, de lucha contra un gobierno al que decide derrotar con una acción extrema, sacrificada y de efecto demoledor sobre la estabilidad estatal al paralizar la carretera troncal del país. La contra cara de semejante medida son los enormes daños sobre las actividades de miles de personas en lo económico, social y productivo y que llega al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad en las principales ciudades o de combustible a lo largo y ancho del país. Son tan graves las consecuencias y dificultades de un bloqueo nacional de caminos que, éste último, solo se suspendió, luego de 16 días, in extremis, ante la inminencia del Carnaval de Oruro (las bandas de música tocaban en la Av. Cívica y en Parotani la gente empezaba a desmovilizarse).

Lo grave, peligroso y sintomático es que este bloqueo persistió a pesar de que el 2 de febrero se firmó un Acta en el Legislativo (ALP) entre todas las fuerzas políticas (acordando resolver los Proyectos 144, 073, 075 y los financiamientos para los proyectos regionales) y que, el 6 de febrero, se aprobó la Ley N° 1549 de Convocatoria a las elecciones judiciales. Entonces nos preguntamos ¿Aprobaron en 5 días la Ley que no pudieron aprobar en meses? No fue casualidad, todos (oficialismo y opositores de un lado y del otro) estuvieron de acuerdo en no convocar las elecciones judiciales hasta que acaben los mandatos con el último mes del 2023, cada uno detrás de sus propios cálculos políticos. La trifulca y el enfrentamiento que, azorados, vimos estos días, en la testera de la Cámara de Diputados, es consecuencia de que en la primera ronda post bloqueo solo ganó el gobierno, al límite del 2023, la SCP 1010/2023 inhabilitó la candidatura de Evo Morales y este febrero se aprobó la Ley de Convocatoria a elecciones judiciales. El evismo no consiguió más que decir que ese aprobó la Ley por el bloqueó que organizó, aunque éste persistió luego de aprobarse la ley y ahora solo espera descabezar los tribunales de justicia, en particular el TCP, porque ahí, en definitiva, se dirimirá su inhabilitación; el resto fue cosechar el repudio ciudadano por los perjuicios de las más de dos semanas de bloqueo. Para CC y Creemos, internamente divididos, el cálculo es quitar al gobierno el control judicial y que el enfrentamiento masista se profundice cesando a las autoridades judiciales y, cosechando doble, al ahondar la crisis política e institucional.

En cuanto a la prórroga, urge dimensionarla correctamente y sacarla del limbo moral o las rasgadas de vestidura constitucional. Lo central sobre la interpretación del TCP es político y eso es absolutamente normal porque lo jurídico tiene un vértice directamente relacionado con la política, acá y en cualquier país o continente. Para entender esto, un breve recuento de la interacción entre este Tribunal y la política en situaciones de crisis política. 1) La Declaración 003/01 21/Julio/ 2001 que permitió la asunción “ipso facto” a la presidencia de Tuto Quiroga; antecedente que también fue referido por Jeanine Añez para hacerse cargo del gobierno ilegalmente y luego reconocido por un “comunicado” del TCP; 2) La Sentencia del 2014 que habilitó a Evo Morales en contra de la Disposición Transitoria II (ii) de la actual Constitución que exigía computar los periodos de gobierno anteriores; 3) La Sentencia Constitucional que se inventó el derecho humano a la reelección. En fin, nada nuevo bajo el sol, pero esta es la realidad de la relación política entre los gobiernos y los altos tribunales constitucionales. No es complicado entender, España, en 5 años, no puede renovar sus altos cargos judiciales porque los dos partidos mayoritarios disputan el control de los tribunales o, en el caso norteamericano, Trump litiga su candidatura con cómoda ventaja en la Corte Suprema porque durante su gobierno introdujo tres magistrados conservadores, etcétera.

En cuanto a las proyecciones de la grave crisis política que acompaña estos acontecimientos, no podemos menos que preocuparnos porque todavía habrá de escalar y sus dimensiones está poniendo en jaque nuestra democracia y su precaria institucionalidad. Para empezar, falta dilucidar la correlación de fuerzas entre los partidarios del MAS de donde salgan las candidaturas que luego serán objeto de las disputas institucionales y judiciales hasta que finalmente se sepa si Morales o Arce será el candidato. El resultado del enfrentamiento será un debilitamiento de las dos fracciones oficialistas y consiguientemente la urgencia de la apertura frentista y, sobre todo, de convocatoria a sectores corporativos que empezaran a hacer sentir su peso en la representación y a pedir protagonismo. En cuanto a la oposición formal o externa, queda un largo camino para buscar un mínimo de organicidad y coherencia, porque sigue pagando haber acompañado la desgraciada aventura del gobierno de Añez, aunque lo más notorio es que no puede asimilar y menos reposicionarse frente a las casi dos décadas del proceso de cambio. Hay en curso procesos de renovación, en particular es alentador lo que sucede con la Gobernación de Santa Cruz y el propio civismo cruceño que abandonaron el estéril modelo político de la confrontación y el griterio. Santa Cruz, como departamento y pilar de la economía nacional tiene que ser parte del próximo pacto gubernativo y la Bolivia del Bicentenario, y eso pasa por un acuerdo económico productivo de gran escala.

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En fin, es el momento de reflexionar a fondo, aun al borde del precipicio y con tantos agoreros apostando al desastre, incluido ese ministro que se soñó con otro referéndum y lo dice porque se le ocurrió. Mal que mal, estamos lejos de las crisis argentina, ecuatoriana, peruana o chilena, solo para referir a lo inmediato, porque allende los mares lo que hay son guerras. Bolivia sigue siendo un país con un enorme potencial productivo, social y cultural y que en algo más de cuatro décadas ha transitado, con dos décadas por periodo, por los dos modelos político económicos antagónicos y vigentes, dónde lo que falta es una síntesis y que solo puede salir de un acuerdo histórico que se fundamente en lo básico común: Pactar que las diferencias políticas las resolvemos con votos, que si hay que corregir el lastre del prorroguismo copiemos el modelo mexicano, único gobierno de 6 años y nunca más; mejor los sistemas de representación, todos queremos políticos que nos representen mejor; eliminar este sistema de aparente elección de jueces que solo ha sofisticado el cuoteo y encarecido el gasto público; remodelemos el estado, no puede ser que sigamos bajo la ley SAFCO de 1991 o la ley presupuestaria de 1999 o que la principal expectativa social sea tener un empleo público, etcétera. Por lo demás, enfrentar la corrupción y el narcotráfico requiere de un verdadero pacto político, social y ciudadano. Hay urgencia de reponer la Ética en la política, la única legitimidad de la democracia se funda en la igualdad de derechos y oportunidades, porque el resto es demagogia.

En fin, urge pensar que hay una generalizada preocupación por la situación política y que ello lastra nuestra economía -esta incertidumbre que en diciembre del pasado año retiró más de 1.800 millones de dólares de depósitos privados- y que la inocultable crisis debe enfrentarse con sensatez política, madurez institucional y no pocos sacrificios individuales y colectivos. Esto que, felizmente, sigue siendo un importante capital de esperanza que los bolivianos nunca perdemos.

 (*)José de la Fuente Jería es abogado

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La cada vez más inalcanzable victoria Israelí

¿Por qué vivir y morir en medio de una guerra sin fin, una ocupación sin fin y una violencia sin fin?

La ciudad de Gaza muestra escombros de edificios destruidos y humo al fondo durante el bombardeo israelí el 20 de febrero de 2024. AFP

/ 25 de febrero de 2024 / 06:25

Dibujo Libre

La guerra de Israel en Gaza ya es la guerra más larga que Israel ha emprendido desde su fundación en 1948 y, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para lograr que Israel y Hamas acepten alguna forma de alto el fuego, no parece vislumbrarse un final. Con casi 30.000 palestinos muertos, más del doble de heridos y gran parte de las viviendas de la Franja destruidas, Israel ha convertido a Gaza en un páramo. Sin embargo, Israel todavía carece de los logros militares decisivos contra Hamás que sus líderes políticos necesitarían para declarar una victoria, e insisten en que la guerra está lejos de terminar. El mundo ahora parece estar esperando con temor a ver si Israel envía tropas terrestres a Rafah, poniendo en peligro a más de un millón de palestinos desplazados.

A pesar de todas las advertencias de que tal medida llevaría la catástrofe humanitaria que enfrentan los palestinos en Gaza a un nivel aún más insoportable y amenazaría con desestabilizar toda la región, Israel ha indicado que, si sus rehenes no son liberados, Rafah pronto será invadida. Los actores externos esperan que se pueda alcanzar otro acuerdo de rehenes/alto el fuego a tiempo para proporcionar un respiro. Pero Israel insiste en que debe entrar en Rafah porque necesita desmantelar los batallones de Hamás que quedan allí, destruir la infraestructura, potencialmente liberar a los rehenes y ponerse en una mejor posición para tener una influencia significativa sobre la frontera entre Gaza y Egipto.

Israel, por su parte, espera desesperadamente lograr un avance estratégico, ya sea con el colapso de Hamás, la captura o el asesinato de sus principales líderes en Gaza o el regreso de los rehenes con vida. Al mantener en el aire la amenaza de una invasión en Rafah, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puede parecer duro con Hamás, duro contra Estados Unidos (que ha aconsejado moderación) y duro con su base en casa, mientras gana tiempo sin lograr ningún progreso.

Al mismo tiempo, no sólo está afrentando al mundo y arriesgándose a socavar las frágiles y críticas relaciones de Israel con sus vecinos Egipto y Jordania, con los que tiene tratados de paz de larga data; También parece estar en un conflicto cada vez más abierto con su propio ejército, que constantemente muestra una falta de confianza en su liderazgo. Esto se debe al rechazo total de Netanyahu a cualquier visión política que ofrezca una salida a una guerra sin fin.

La semana pasada, la división de investigación de la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) elaboró un documento para el nivel político advirtiendo que incluso si se desmantelan las fuerzas militares de Hamás, permanecerá intacto como grupo guerrillero y seguirá obteniendo apoyo popular. En efecto, los cerebros de los militares le dijeron a Netanyahu que su objetivo de guerra de derrotar a Hamas y alcanzar lo que él describió como una “victoria total” es inalcanzable.

Hace unas semanas, el ex jefe del Estado Mayor de las FDI y miembro del gabinete de guerra, Gadi Eisenkot, esencialmente dijo lo mismo en una entrevista televisiva, advirtiendo que Netanyahu está engañando al público y que un acuerdo –no la fuerza militar– es la solución. única forma de llevar a los rehenes a casa sanos y salvos. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, también ha advertido varias veces que la guerra no puede ser efectiva sin un plan del “día después”. Este tipo de disidencia, abierta contra el nivel político por parte del ejército, es extraordinaria.

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Hay cierta controversia en Israel sobre cuánto daño ha sufrido Hamás. A pesar de las preocupaciones de la inteligencia de las FDI y otros expertos en seguridad, algunos comentaristas y analistas militares insisten en que Hamás está al borde del colapso y que es necesario invadir Rafah para terminar el trabajo. Dado que Hamás sigue llevando a cabo negociaciones a través de Qatar y Egipto sobre un acuerdo de rehenes/alto el fuego, y capaz de mantener los ataques contra los soldados de las FDI y el lanzamiento ocasional de cohetes contra Israel, esto parece dudoso. Pero incluso si asumimos que la fuerza militar de Hamas puede ser neutralizada en gran medida una vez que Israel complete su asalto a Rafah, incluso si Hamas eventualmente cede el poder de la Franja, ¿entonces qué? Nadie en los pasillos del poder de Israel tiene una respuesta a esa pregunta, excepto la extrema derecha de la coalición de Netanyahu, que insiste en que Gaza debe ser despoblada y los asentamientos israelíes reconstruidos.

Los israelíes, la mayoría de los cuales quieren que Netanyahu se vaya, siguen apoyando la guerra, animados por el deseo de derrotar a Hamás y sin inmutarse por la destrucción de Gaza y las decenas de miles de muertes. La pregunta es qué, si es que hay algo, podría inclinar a la opinión pública en una dirección diferente.

Una posibilidad es que comience con la muerte de las madres de los soldados israelíes y con los muchos más heridos y que experimentan estrés postraumático del que no escuchamos mucho. Quizás sean ellos quienes comiencen a confrontar a los líderes de Israel con la pregunta esencial: ¿por qué deberían seguir enviando a sus hijos a morir por un gobierno que no ofrece otra visión que la de una guerra sin fin, una ocupación sin fin y una violencia sin fin?

(*)Mairav Zonszein es periodista israelí-estadounidense

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La culpa es del poder

La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente.

/ 25 de febrero de 2024 / 06:15

Dibujo Libre

El pensamiento de la escuela estoica, hoy releído en un cúmulo de nuevas lecturas e interpretaciones rescatadas de lo mejor de su razonamiento conclusivo, afirma que, “si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará”. La revalorización de los paradigmas e ideales del estoicismo pueden encontrarse en el escenario construido por un mundo desbordado e incontrolado, donde el egoísmo y la ambición múltiple destruyen toda posibilidad de convivencia social tolerante y civilidad democrática. Se escribe y se dice sobre el estoicismo que “una de las razones de su popularidad en el tiempo actual es su enfoque en el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza mental, además que nos anima a cultivar la virtud en todas nuestras acciones.” El estoicismo fue, en los hechos, uno de tantos retornos a la tradición clásica de la filosofía en la búsqueda de construir un pensamiento y una concepción más humana de la vida y de las relaciones sociales, pero también de la convivencia en sociedad y de las instituciones de la organización estatal.

Un tiempo antes, la escuela cínica, esa que estuvo representada por Antístenes, Diógenes y su miembro más destacado Crates, mostraron en su pensamiento una molestia por todo convencionalismo e indiferencia valorativa por la propiedad, el matrimonio, el gobierno, las leyes, la buena reputación y todas aquellas convenciones de la vida civilizada, por supuesto que por las instituciones también. Bastaba únicamente, para ellos, la sabiduría, esa que les confería la posibilidad de bastarse a sí mismos, lo cual desde el punto de vista moral era ya suficiente. Frente a esta autarquía, Panecio de Rodas reexpuso el estoicismo convirtiéndolo en una filosofía del humanitarismo, allí el ideal de servicio público, humanidad, amabilidad y simpatía. La razón es ley para todos los hombres y todos los hombres son iguales, aún a pesar de sus condiciones y situaciones en el grupo social. El igual valor de hombres y mujeres, el respeto por los derechos de las esposas e hijos. La tolerancia y la caridad hacia nuestros semejantes. La humanidad en todos los casos. Los derechos extensivos para todos y se debe asegurar la dignidad humana, es la justicia la que debe refrendar que esa dignidad llegue a todos.

Transitamos un tiempo en el que no se logran gestionar con suficiencia las ambiciones políticas y de poder, además la historia universal, exhibe sobrados ejemplos de personas que fueron deteriorándose espiritualmente por culpa del poder. Conductas despedazadas por la ambición de acumularlo sin refreno. Personas deshumanizadas, hombres de enorme valía y grandeza reducidos por el obcecado desenfreno del poder. Napoleón, durante su irrefrenable intención de expansionismo imperial afirmó victorioso: “la bala que ha de matarme aún no ha sido fundida”. Aquella vanagloria parecía confirmarse en cada paso que daba el monarca para agigantar su poder. El poder somete, doblega y enferma a líderes y políticos antes que corromperlos. Los domina con una presión impensada e inimaginada. Las tentaciones a las cuales son expuestos parecieran ser incontrolables, y después, finalmente, cuando ya son desconocidos de lo que en algún momento fueron, los corrompe por los cuatro costados.

Concentrar el poder en una sola persona reduce las instituciones y se constituye en una restricción a las garantías de igualdad y libertad. Se dice, y tienen razón, que el poder y los liderazgos son cargas en exceso pesadas y que conviene repartirlos en varias espaldas. Los políticos que no logran abstraerse de la eternización del poder, de la vigencia perenne, concluyen su vida aislados por la paranoia y la monomanía, presos del planteamiento fijo e invariable, del método único, de la inflexibilidad y del pasado exitoso. Las sociedades mutan y se transforman, y los liderazgos insistentes, amarrados al tiempo pasado se convierten en elementos desairados primero y repelidos después.

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“Quien solo sabe usar el martillo, en todo ve clavos” dice la expresión popular. Es una reflexión ante la inalterable rigidez. Si no cambias, sino te transformas sales de la sociedad y no ensamblas con el mundo que te rodea. La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente. Pueden albergar en sí las caracteristicas propias del vicio de la irracionalidad y la terquedad. Ser valiente es algo distinto de ser temerario. La imaginación de quien cree que siempre ganará y que lo obtendrá todo y que el no darse por vencido -vulnerando a su paso cuanto obstáculo encontrase incluyendo lo legal/institucional- es una demostración de carácter solo construye destrucción y quebranto.

Hoy han rehabilitado el debate sobre el hecho producido por el 21F, casi como desenterrar al occiso para reexaminarlo. La atención de todo lo dicho tiene al mismo actor en el centro de cada palabra. La trama sigue siendo la misma, como si el tiempo se hubiese detenido, una conducta aferrada en torno al poder y sus intenciones no desmentidas de dominio hegemónico. Si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará, sentencia la expresión estoica. El tiempo ha transcurrido, en realidad, nunca pudo detenerse, quien quedó inalterado en el pasado es aquel que sigue martirizando a un pueblo con piedras y daños, ensordecido ante el paso de su tiempo, entonces, otra vez, la culpa es del poder.

 (*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Elecciones en tiempos de inteligencia artificial

La investigadora y ciberactivista Eliana Quiroz y el politólogo Carlos Saavedra hablan sobre el despliegue de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el mundo y en Bolivia.

La política algorítmica se intensifica en un año con importantes comicios en eeuu, rusia, europa, india y otros países más

Por Pablo Deheza

/ 18 de febrero de 2024 / 07:00

El Punto sobre la i

Sin ninguna duda, 2024 se perfila como el año en el que desde las urnas saldrán los cimientos del futuro de la humanidad. A nivel mundial, más votantes que nunca en la historia acudirán a elecciones en al menos 64 países, más la Unión Europea. Una población combinada de alrededor del 49% de la población del mundo elegirá a sus autoridades y los resultados tendrán consecuencias sensibles en los años por delante.

Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, India, el parlamento europeo, México e Indonesia, entre otros, serán los escenarios en los que los ciudadanos decidirán quiénes los representarán y bajo qué directrices. En medio de todo esto, cada campaña electoral desplegará todo su arsenal de comunicación política para influir e incidir sobre los votantes. El despliegue de la política algorítmica, aupada por la inteligencia artificial (IA) jugará un rol central y acabará dando forma a los resultados, para bien o mal.

Para una mayor comprensión del uso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito electoral conversamos con la ciberactivista e investigadora del área, Eliana Quiroz, y con el politólogo, Carlos Saavedra.

IA

“Lo primero a entender es que estamos en una revolución científica que ha desencadenado otro mundo. Podemos afirmar que estamos en la metamorfosis más vertiginosa de la historia de la comunicación política. Si bien la revolución cognitiva ha sido central justamente para el sistema de la revolución política, religiosa, financiera del mundo, porque ahí el hombre por primera vez ha podido compartir sus ficciones, paradigmas, relatos, narrativas e ideologías, esta revolución digital se constituye en una transformación de los paradigmas de construcción de la opinión pública, lo que es central para entender la evolución de la política misma. Entonces, tenemos una transformación de lo que era una verticalidad mediática de construcción de la opinión pública a una otra generación múltiple a través del mundo digital y de las redes. Ahora bien, esto presenta otros riesgos, como el control de bases de datos, un seguimiento mucho más rígido las huellas digitales de las personas, etcétera”, comienza señalando Saavedra.

El poltólogo prosigue y afirma que “lo que ha hecho el mundo digital ha sido cambiar las formas que se tenía de conversación y de opinión. Ha digitalizado el debate, sin que haya muerto totalmente, porque conviven las formas de organización tradicional en la política, especialmente en países como el nuestro, pero ha entrado con mucha fuerza la construcción de comunidades. En este marco se tiene evoluciones cada vez más complejas, como la algoritmitización de la política. El caso emblemático ha sido todo el de Cambridge Analytica, con el caso del Brexit y la utilización de la base de datos, el uso de big data para construir determinadas burbujas de opinión y a partir de ellas generar la radicalización del pensamiento político, con todos los peligros que tiene esto, porque ahí no hay gente queriendo informar, sino que trata de generar corrientes de opinión, que busca manipular el electorado a partir de la polarización de emociones”.

Sobre este punto, Quiroz indica que “la forma en que trabajó Cambridge Analytica es lo que tenemos que entender aquí. Es el uso de herramientas de marketing comercial y ciencias de datos para elecciones. Obtener bases y datos personales para microsegmentar a los públicos describiendo sus características de consumo y socioeconómicas, pero, principalmente sus temores. Una vez hecho esto, se diseñan mensajes específicos para cada microsegmento que se ponen a prueba en la aceptación del público en espacios digitales, con lo que se llama test A/B. Una vez que se verifica cuáles encajes son mejor aceptados, se los difunde por todos los canales posibles a cada microsegmento. Estos mensajes suelen ser altamente emotivos, alarmistas y atacan a los temores de las y los electores. Son mensajes engañosos o falsos. Todo este proceso es administrado, alimentado y monitoreado por computadoras, lo que multiplica por miles la velocidad de los procesos y pone en serio riesgo la integridad informativa pública y la integridad de los procesos electorales”.

La ciberactivista e investigadora observa que “el uso de la IA, que es lo más reciente, sino en general el uso de las computadoras en elecciones, principalmente son recursos utilizados para cosas buenas, para difundir mayor información pública, para que las personas que van a votar estén mejor entendidas. Para eso sirven, pero también se usan para generar tendencias falsas o para atacar a los contrincantes, a los opositores. Y esto se hace ahora con más tecnología y, sí, con IA. Mucho con el uso de bots, cuando son software, y trolls cuando son humanos. Éstos, falsamente, inauténticamente, generan tendencias que no existen, que no son reales, detrás de las cuales no hay personas, sino robots o personas pagadas. Es decir, como se llama en tecnología, no es algo orgánico. Estas herramientas se utilizan básicamente para eso, para atacar al contrincante, para entrometerse en las comunicaciones privadas del contrincante y sacar cosas a luz que pueden ir en contra de ese candidato o esa candidata y para generar tendencias falsas. Además, todo esto tiene que ver con la desinformación, con las noticias falsas y es una de las formas en que la IA se utiliza. Se sabe que en las elecciones norteamericanas este va a ser uno de los retos más grandes este año, que tiene muchísimas elecciones en el mundo. La capacidad de producción de estas noticias falsas y de difusión de estos mensajes falsas o engañosas con la IA se multiplica por millones”.

Bolivia

Ahora bien, este fenómeno global no ha pasado por alto al país. El uso de estas tecnologías es algo que se ha observado ya en su aterrizaje y despliegue en el contexto nacional.

Quiroz nota que “después del 21F ha habido un uso tecnológico en Bolivia, que podría considerar menor inicialmente, con los grupos de WhatsApp de un lado y del otro, de las diferentes candidaturas. Se han organizado grupos principalmente desde ahí, pero también de Facebook, algunas cosas en Twitter más pequeñas. El fin era coordinar y denunciar, hacer daño al contrincante, dar de baja posts, cuentas, legítima o ilegítimamente para que se borren, para que se banéen; organizarse para generar tendencias que pueden ser más o menos orgánicas. Es decir, con gente interesada por detrás, pero también hay un manejo, una promoción de estos mensajes a través de perfiles falsos administrados. Se trataba de cinco, diez, veinte perfiles falsos manejados por una persona. Lo que es más difícil y no se ha visto en Bolivia es una incidencia con máquinas y que sean cientos y miles de perfiles que son administrados por un software. Sí se ha visto que luego una intención de armar bases de datos en algunas campañas.

El 2020 ha sucedido esto. Generar bases de datos personales para que luego se puede hacer microsegmentación y se puedan mandar mensajes muy dirigidos a determinados grupos sociales”.

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Saavedra asevera que “la experiencia boliviana de la revolución digital y su impacto en la comunicación política es que ha sido, lamentablemente, una herramienta más para profundizar la polarización. En Bolivia se ha afincado y profundizado la polarización política a partir del uso de la tecnología, de la tecnopolítica, no sólo en los procesos electorales, sino en todos los procesos de gestión gubernamental, en todos los niveles. Veo que se ha seguido una tónica mundial, de construir esta política algorítmica, de afianzar burbujas de información, que han sido fundamentales. Pienso que tienen su primer gran estallido el 21F, con todo lo que ha sido la construcción de las verdades y posverdades de uno y otro lado, con el caso de Gabriela Zapata, por ejemplo. Luego, a partir de 2018 con la generación de corrientes de opinión sobre la reelección indefinida de Evo Morales, hasta todo lo que ha sucedido en 2019 y lo que ha significado la denominada revolución pitita; que yo creo que ha terminado de mostrar un otro paradigma de organización política en Bolivia, Uno de los errores de la coalición política más grande, el MAS, ha sido que se ha cerrado mucho, en cierto momento, a la organización política tradicional, a la organización social en términos clásicos y tradicionales. No ha terminado de entender la conformación del sujeto político digital y de la comunidad política digital, que al final, en 2019, termina trascendiendo de las redes a las calles y genera las condiciones para que se dé todo lo que pasó en noviembre de ese año. Ese ha sido un punto de quiebre, un punto determinante en la construcción de polaridades a través de las comunidades digitales Después de la resolución política, con la victoria del MAS en 2020, durante un tiempo muy corto esto se ha apaciguado, pero hoy vemos que nuevamente las redes están siendo el espacio donde se está nucleando la polarización política. Pareciera que nuevamente desde ahí se está pregonando la idea de la negación de la otredad política, hoy en un contexto todavía mucho más fragmentado y con burbujas mucho más pequeñas”.

¿Soluciones?

El debate sobre la legislación de la IA en Estados Unidos y Europa está en marcha, aunque aparece a todas luces superado por la velocidad de los cambios que está generando esta tecnología. Las elecciones en Norteamérica serán un enorme campo de prueba para ver dónde están las capacidades de los algoritmos para obrar en las campañas de información y desinformación. Además, servirán para verificar hasta dónde estas herramientas pueden ser controladas, o no, mediante legislación. En criterio del politólogo, “la última generación de tecnología aplicada al uso de la comunicación política en los procesos electorales es prácticamente como un tsunami que es incapaz de ser controlado por los paradigmas jurídicos normativos en el mundo. Es imposible hoy controlar toda la aplicación de IA y big data en los procesos electorales. Son herramientas que están siendo usadas en el mundo, muchas de manera experimental, pero que están siendo centrales en todas las campañas electorales. Más aun, están siendo determinantes para quienes generan los discursos de extremos. Por ejemplo, la campaña presidencial reciente en Argentina ha tenido una utilización clave de las redes sociales en la generación de opinión pública. Hay que tener en cuenta que Javier Milei es un fenómeno que nace en los medios tradicionales, pero que se masifica en las redes. Otra elección que acaba de pasar, la de El Salvador, ahí se tiene todo un manejo de big data, de narrativa política, el despliegue de los fuertes tentáculos de la tecnopolítica.

La experiencia Nayib Bukele terminó con una victoria contundente. A partir de todo lo anterior, veo que el mundo todavía no está preparado para terminar de advertir los riesgos que puede generar la aplicación de la tecnopolítica, más todavía con esta última generación de IA. Se han hecho muchos intentos por intentar controlar lo que es el uso de los datos, por intentar controlar cuánto pueden perforar en la privacidad, en las redes sociales. Siguen siendo insuficientes”.

Quiroz apunta que “el diálogo y el acercamiento a personas que piensan diferente es hoy más que nunca la estrategia principal para contrarrestar los efectos negativos a nivel social, pero, ante todo, se requieren políticas públicas informativas plurales y espacios de diálogo y concertación entre varios actores, no sólo los del sistema político, sino otros nuevos: empresas tecnológicas, grupos interesados especializados en informática, medios tradicionales y nuevos, líderes de opinión tradicionales y digitales, el Órgano Electoral Plurinacional, organizaciones políticas, empresas de datos, de marketing, de producción de comunicación. Se necesita una enorme capacidad de diálogo. Además, Se requiere dar transparencia en los procesos de financiación de campañas, de contratación de empresas y especialistas, contratación de publicidad en plataformas digitales”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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