DIBUJO LIBRE

Después del golpe de Estado de noviembre de 2019, desde distintos flancos se viene utilizando como arma arrojadiza las circunstancias tanto de la renuncia a la Presidencia como de la salida de Evo Morales del país. Se habla de “huida” o de haber renunciado a la consigna de “Patria o muerte” o de abandonar a la militancia en medio de la arremetida golpista. En estas líneas, intentaremos hacer un análisis histórico-político objetivo sobre las circunstancias de la renuncia y la salida, y las compararemos con otros hechos históricos similares.

Los sucesos de octubre y noviembre de 2019 estuvieron marcados por el quiebre de la institucionalidad estatal boliviana. Si, como señala Max Weber, el Estado es en esencia el administrador del ejercicio de la coerción, es decir, de la posibilidad del uso legal y legítimo de la fuerza, el éxito de un golpe de Estado depende de arrebatar el control de las Fuerzas Armadas y de la Policía a quienes gobiernen.

En el caso de 2019, se tenía a policías amotinados y a militares pidiendo la renuncia del Presidente constitucional. Si a eso se suma la movilización en varias ciudades, la presencia de grupos paramilitares, el arropamiento de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la OEA, entonces, es posible explicar la contundencia del golpe.

¿Hubiese podido Evo Morales gobernar sin la Policía o las FFAA? ¿Tenía él alguna alternativa? ¿A qué costo? No contaba con la obediencia de las Fuerzas Armadas ni de la Policía, le quitaron el control sobre el avión presidencial, aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban distintas regiones sin autorización del Capitán General de las FFAA, que era el Presidente. Se quemaba las casas y se perseguía a autoridades, militantes del MAS, alcaldes y alcaldesas, gobernadores y dirigentes sindicales. A este panorama se sumaba la posibilidad de que las organizaciones sociales se dirigiesen a la sede de gobierno para intentar retomar el control del centro del poder político; con seguridad, la respuesta de militares y policías hubiese provocado una masacre que la derecha, los medios y la OEA hubiesen responsabilizado al gobierno de Evo.

Entonces, la renuncia a la Presidencia fue un acto necesario y fue políticamente correcto. No existía alternativa viable. Pero, ¿qué de la salida del país?, ¿debió Evo entregarse a los golpistas que ya tenían una orden de aprehensión en su contra?, ¿debió inmolarse?, ¿qué era lo que convenía al movimiento popular boliviano?.

Una de las comparaciones más frecuentes es la que se realiza con la muerte del presidente Salvador Allende en la Casa de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Allende solía decir: “ Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Ese es un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrán detenerlo”.

Nada puede reprocharse a Salvador Allende: símbolo de la dignidad y la consecuencia. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que, por lo menos en América Latina, muchos procesos históricos quedaron truncos producto de la desaparición de ciertos líderes que encarnaron el sentir de un pueblo y dirigieron el curso de la historia.

Otro hubiese sido el destino de la Patria Grande de haber sobrevivido Bolívar a la enfermedad o Sucre a la bala asesina. ¿Cuánto retrasaron los procesos sociales las muertes de Belzu, Alfaro, Willka, Zapata, Villa, Sandino, Gaitán, Roldos o del propio Allende?

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Pienso que, por supuesto, otro hubiese sido el destino de Chile de haber sobrevivido Salvador Allende.

Después de su muerte, ese hermano país vive medio siglo de neoliberalismo, con una Constitución escrita por el dictador y un sector de la izquierda o del progresismo domesticado por los poderes del capital.

Asimismo, otro hecho histórico comparable es el asesinato del dirigente político colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Su muerte, provocada hace más de 70 años, es una herida que aún no ha sido cerrada y la guerra que todavía sufre Colombia es una de sus consecuencias.

Cuando decimos “Patria o muerte”, no lo hacemos porque buscamos la muerte, no estamos enamorados de ella, estamos enamorados de la vida, de una vida que está dispuesta a quemarse por lo que creemos que es justo, una vida para entregarla a nuestra Patria, sin rehuir a los riesgos de esta entrega, sin descartar nunca que podemos morir en ese propósito.

El Che Guevara vino a Bolivia para luchar por la liberación del continente, estaba dispuesto a entregar la vida, pero no buscaba la muerte. Su asesinato fue una enorme pérdida para los revolucionarios del mundo. Del mismo modo, por el valor de su liderazgo, la CIA intentó asesinar a Fidel Castro en más de 600 ocasiones.

Durante el golpe de Estado contra el comandante Chávez, en abril de 2002, en una crucial llamada telefónica, Fidel le dijo a Chávez: “Pon las condiciones de un trato honorable y digno, y preserva la vida de los hombres que tienes, que son los hombres más leales. No los sacrifiques, ni te sacrifiques tú…¡no te inmoles!”. La sabiduría de Fidel comprendía que en ese momento la suerte de la Revolución Bolivariana estaba atada a la vida del Comandante Chávez.

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Fidel relata esas circunstancias que parecen describir la situación boliviana de noviembre de 2019: “Chávez tenía tres alternativas: atrincherarse en Miraflores y resistir hasta la muerte; salir del Palacio e intentar reunirse con el pueblo para desencadenar una resistencia nacional, con ínfimas posibilidades de éxito en aquellas circunstancias; o salir del país sin renunciar ni dimitir para reanudar la lucha con perspectivas reales y rápidas de éxito. Nosotros sugerimos la tercera”.

Evo salvó la vida producto de una decisión política correcta y gracias a la movilización social en el trópico cochabambino y la enorme solidaridad mexicana, argentina, venezolana y cubana. Así las cosas, vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿se hubiese garantizado la unidad del movimiento popular sin la conducción de Evo desde el exilio?, ¿acaso hemos olvidado las imágenes de algunos dirigentes sociales muy abrazados de los ministros del gobierno de facto?, ¿hubiésemos consolidado el mismo binomio de haber muerto Evo? y, ¿habríamos ganado las elecciones sin Evo como organizador, articulador y jefe de esa campaña electoral?

En medio de los ataques contra Evo, una cosa es clara: su liderazgo es un obstáculo para quienes buscan la destrucción del MAS-IPSP, la división del movimiento popular, la defensa de intereses mezquinos y la restauración del orden neoliberal.

(*)Sacha Llorenti S. es abogado, exministro de Evo Morales

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Las reservas internacionales son activos financieros líquidos de libre disponibilidad por el Banco Central para financiar las operaciones de comercio exterior y realizar transacciones financieras por encargo de los residentes de un país. Están compuestas por divisas, que son monedas de alta aceptación como dólares y euros, por oro de alta pureza convertido en lingotes, monedas u otros, y por los Derechos Especiales de Giro (DEG). Los DEG son una unidad de cuenta mediante la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) contabiliza todas sus operaciones financieras y los otorga en determinadas cantidades a los países miembros, con relación a su participación accionaria en el organismo internacional.

Las reservas internacionales han permitido que la economía boliviana goce de estabilidad cambiaria por más de una década. La estabilidad cambiaria quiere decir que, con relación al boliviano, el precio del dólar estadounidense se ha mantenido fijo. Un dólar es equivalente a 6,96 bolivianos. La estabilidad cambiaria ha dado certidumbre a las transacciones comerciales y financieras de nuestra economía, permitiendo que los importadores tengan certeza del costo de sus importaciones y los exportadores puedan mantener ingresos estables en bolivianos una vez convertido sus dólares en moneda nacional.

El uso de reservas internacionales ha evitado que la alta volatilidad financiera internacional se traslade al interior de la economía doméstica. Varios países de la región como Chile, Colombia y Argentina han sufrido fuertes oscilaciones de su moneda frente al dólar. En un artículo anterior hice referencia a que el fortalecimiento del dólar derivado de la subida de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos había encarecido su valor frente a otras monedas consideradas también como refugio internacional de valor y sobre las monedas de países emergentes y en desarrollo. Como resultado de ello, se produjo una recomposición de activos internacionales que elevó la demanda de dólares en el mundo, explicada por la mayor rentabilidad de los instrumentos de renta fija en esa economía.

Para América Latina, este fenómeno implicó salidas de capitales y disminución de reservas internacionales. Los bancos centrales de la región estuvieron obligados a devaluar sus monedas para contener las presiones financieras externas. La economía boliviana no se vio forzada a romper la paridad cambiaria, en contraposición, sin embargo, sufrió un nuevo año de caída de reservas internacionales para financiar los desequilibrios originados en el sector externo. En ese contexto, mantener el tipo de cambio estable fue una decisión acertada, dado el contexto de una alta volatilidad cambiaria internacional.

La estabilidad cambiaria también ha contribuido a la estabilidad de precios. Al mantenerse el tipo de cambio, se preserva el poder adquisitivo del boliviano y evita que los precios que están indexados a las importaciones suban de forma injustificada. Como resultado, los precios domésticos no mostraron fuertes fluctuaciones en los últimos años. Destaca la gestión 2022, cuando la tasa de inflación boliviana llegó a 3,12%, situándose como una de las más bajas, cuando en el mundo los precios ascendieron en promedio en 8,8%; por esto la estabilidad económica boliviana fue altamente destacada por organismos internacionales.

La estabilidad económica también estuvo soportada por la política fiscal, lo que para 2022 representó más de $us 1.700 millones de dólares. El Estado mantuvo por más de dos décadas la subvención a la compra de combustibles, por considerarlos productos muy sensibles de la canasta básica de los hogares bolivianos. El aumento del precio del petróleo elevó el costo de su importación en 2022, que llegó a representar cerca de un tercio de todas las compras en el extranjero. Empero, de no haberse dado continuidad a la política de subvenciones a los carburantes, la inflación en el país se habría disparado como ocurrió en muchas economías vecinas. En ese sentido, parte del costo de la estabilidad de precios se vio reflejada en la caída de las reservas internacionales.

La disminución de reservas internacionales también obedece a la recuperación cíclica de la economía. Un indicador que es señal de la recuperación económica son las importaciones. Cuando una economía crece, aumentan las necesidades de importar. Bolivia es un importador de bienes de capital y suministros industriales y como tal requiere realizar compras al extranjero para producir más bienes y servicios domésticos. Después de la inédita recesión económica en 2020, de -8,7% y su recuperación de 6,1% en 2021 y 4,2% al tercer trimestre de 2022, es natural que la demanda por importaciones se haya incrementado fuertemente. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un nivel récord de importaciones en la pasada gestión: más de $us 13.000 millones, de los cuales 80% son por bienes de capital e insumos industriales. En consecuencia, la recuperación de la economía también demandó un mayor uso de divisas.

Ahora bien, frente a la caída continua de las reservas internacionales de los últimos años, el Gobierno anunció en días recientes varias medidas que buscan corregir su tendencia negativa y fortalecerlas. Entre estas medias están el proyecto de “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” y el tipo de cambio diferenciado para exportadores.

La ‘Ley del Oro’ tiene como fin que una parte de las exportaciones auríferas, que rondan los $us 3.000 millones, se queden en el país para fortificar las reservas internacionales. Apostar por una mayor acumulación de reservas en oro es una estrategia que podría dar estabilidad a las reservas en el largo plazo, porque se trata de un activo que actúa como refugio en situaciones de incertidumbre internacional y su precio tiene una tendencia siempre creciente y menores oscilaciones que otras divisas. El otro objetivo de la ley tiene que ver con dotar al BCB de una gestión de tesorería e inversiones mucho más ágil, para que el ente emisor pueda realizar distintas operaciones con el oro, como los hacen otros bancos centrales. De esa manera, se busca despolitizar la administración de las reservas, ya que, actualmente, su efectivización debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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El “contrato sobre política de incentivo a las exportaciones”, firmado entre el BCB y el Banco Unión (de mayoría accionaria estatal), faculta al BCB a comprar dólares en el mercado cambiario a través del Banco Unión y otorgar a los exportadores un tipo de cambio superior a Bs 6,95 por dólar, lo que hoy reciben del sistema financiero. Esta medida busca dar mayor estabilidad al ingreso en bolivianos de los exportadores, por la venta de sus dólares, lo que suele fluctuar en función de la liquidez del sistema financiero de quienes compran usualmente sus divisas. Otra característica de la medida es que las liquidaciones de las transacciones se realizan en menor tiempo que el promedio de operaciones en el sistema financiero. Esta operación también está exenta de cualquier otro gasto para el exportador, como los costos por comisiones de transferencia que usualmente cobran los bancos privados.

Al fortalecerse las reservas internacionales, se garantiza la estabilidad cambiara. La estabilidad económica es un bien común de todos los bolivianos desde hace más una década, es deber de todos los bolivianos defenderla.

(*)Omar Velasco P. es Economista

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En febrero de 1970, las políticas a favor de los periodistas de Perú y Bolivia, al parecer, marchaban a los acordes de un mismo tambor. En lucha contra los empresarios de los medios, los trabajadores de la prensa exigieron a sus gobiernos sancionar normas para hacer cumplir sus derechos. A los regímenes militares no les quedó otra que lanzar osadas medidas, que aún hoy generan polémica.

Las leyes que conquistaron los obreros de la información en ambos países fueron resultado de una toma de conciencia colectiva, de la unidad, de las querellas y de arduas negociaciones. Los gobiernos nacionalistas —presididos por los generales Juan Velasco, en Perú (1968-1975), y Alfredo Ovando, en Bolivia (1969- 1970)— tenían sed de respaldo social. En ese marco, hicieron concesiones a los periodistas, quienes, a su vez, estaban en pie de combate contra la explotación y la censura.

Esa particular convergencia de intereses entre militares y trabajadores de la prensa fue vista, primero, con preocupación y, luego, con odio por los tradicionales grupos de poder peruanos y bolivianos. Los editoriales y las informaciones direccionadas por sus medios son la prueba de lo que ocurrió en esa coyuntura. Los “oligarcas”, en el marco de la Guerra Fría, contaban con el respaldo de las élites de Estados Unidos y sus agencias internacionales de noticias, que no tardaron en estereotipar a los nacionalistas como “comunistas”.

PERÚ.

Osmar Gonzales, en el libro Apogeo y crisis de la izquierda peruana, reconoció que el “reformismo velasquista” —que repetía que no estaba “ni con el capitalismo ni el comunismo”— tuvo logros: 1) se rodeó de “selectos intelectuales progresistas”; 2) propició el surgimiento de una “nueva izquierda”; 3) arrancó a la oligarquía del poder y la “pulverizó”; 4) debilitó las “excusas mentales de las superioridades de castas”; 5) propicio una “nueva mirada” nacional, donde “todos pertenecían a una misma comunidad”, y 6) vigorizó el poder de las organizaciones de la sociedad.

“Ese modelo apostaba por Organizaciones Permanentes de Base puestas en marcha por el mismo proceso revolucionario y cubría dos niveles: 1) el de las instituciones sociales de base sujetas al control real de quienes la forman y 2) la acción de masas o la influencia popular en momentos de rebelión”, agregó, en La revolución peruana, 1968-1975, Juan Martín Sánchez.

Es bajo esa visión que el régimen de Velasco aprobó dos normas que pusieron en jaque al bloque mediático: El Estatuto de Libertad de Prensa, el 30 de diciembre de 1969, y la “Ley del Periodista”, el 6 de febrero de 1970.

LEY.

En el Estatuto se ordenó a los dueños de los medios a: 1) liquidar sus vínculos económicos con capitales extranjeros y provenientes de otros negocios; 2) reconocer a la población el uso del “Derecho de Aclaración o Rectificación”, y 3) publicar, dos veces al año, “la nómina de sus accionistas y directorio, el monto de su capital, la participación accionaria de cada uno de sus socios, cargos que desempeñan y la relación con acreedores hipotecarios (…)”.

35 días después, tras ponderar la actividad de los asalariados de la información, la Ley del Periodista declaró ilegal todo “contrato a plazo fijo”: Los trabajadores al servicio de cualquier empresa mediática “gozan de estabilidad en su empleo”; “sólo procederá la rescisión de contrato por falta grave (…) o motivo justificado” (artículos 1 y 2).

En el artículo 3 se obligó a las “empresas periodísticas” —y otras relacionadas con el sector— a cumplir con: 1) el pago de horas extra; 2) la remuneración adicional por jornada nocturna; y, 3) el pago doble por domingos y feriados, “independientemente del día de descanso sustitutorio”.

LIBERTAD.

Como si todo lo anterior fuera poco, el gobierno de Velasco aprobó una medida “insólita” para los empresarios, que ese mismo mes también fue establecida en Bolivia. Obligó a las empresas periodísticas a difundir un contra-editorial elaborado por los obreros de la prensa.

“Artículo 4. Los periodistas tienen derecho a publicar o propalar, en los órganos de información escrita, hablada o televisada donde laboren, artículos de opinión de interés general o nacional, bajo su responsabilidad”.

Para el cumplimiento de lo dispuesto, los medios debían “ceder” en cada edición una columna en la página editorial o su equivalente en tiempo en la radio y la televisión: “Si el Director (…) se niega a publicar un artículo de opinión, el Juez lo sancionará”.

UNIDAD.

No existe evidencia sobre una coordinación entre asalariados de la información peruanos y bolivianos para exigir y hacer aprobar dichas normas. Sin embargo, las acciones periodístico-sindicales fueron muy parecidas.

En Bolivia, el 17 de febrero de 1970, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP) envió una carta al ministro de Informaciones, Alberto Bailey, planteándole: 1) un decreto que “prohíba” la circulación de todos los periódicos los lunes, a fin de publicar su propio semanario; 2) el “alquiler” de la imprenta del ex-periódico La Nación; 3) la “concesión” del 50 por ciento de las páginas editoriales a los periodistas asalariados; 4) la “inamovilidad” de los obreros de la prensa por razones de discrepancias ideológico- políticas, y 5) la creación de un “impuesto” del 1% sobre el avisaje, con destino a los Comités Sindicales de los periódicos.

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Ante ello, el gobierno de Ovando aprobó el Decreto Supremo 09113, el 19 de febrero. La disposición legal concedió a los sindicalizados un espacio equivalente a un editorial para que puedan expresar libremente sus opiniones; otorgó el descanso dominical, que permitió a los periodistas editar semanarios que circulen, de modo exclusivo, los lunes, y prohibió a las empresas periodísticas sancionar a sus dependientes a causa de la emisión de sus opiniones.

La unidad tuvo sus frutos.

CÓNDOR.

Así surgió la Columna Sindical, que aún es legal en el país. Esas regulaciones sancionadas en Perú y Bolivia tensionaron las relaciones entre el gobierno, los obreros de la información y los “magnates” de los medios, que eran formidables aparatos de guerra ideológica.

En 1971, los periodistas buscaron ampliar la unidad sectorial y empezaron a construir una organización sindical regional. Empero, el Plan Cóndor, dirigido por militares liberales, cortó de raíz ese intento y derogó las normas que estaban a favor de los asalariados de la prensa.

(*)Miguel Pinto P. es Periodista

El punto sobre la i

El verdadero arranque de las elecciones judiciales, proceso que tendrá su momento culminante en octubre de 2023, sin duda es la elaboración y aprobación del “Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”. Un trabajo que está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hasta el cierre de la presente entrega todavía no se conocía el nuevo reglamento, pese a que autoridades del Legislativo, como el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Luis Adolfo Flores, anunciaron que dicho texto debe estar listo para “la primera quincena de marzo”.

Flores dijo que en la etapa de preselección “hay varios temas que deben corregirse”, y esto se logrará solo con un buen reglamento de preselección.

Aparte de convocar a la Universidad y a los colegios de abogados, el senador Flores (MAS) adelantó que se considera la realización de pruebas orales y escritas a los postulantes; “el conocimiento jurisdiccional va a ser muy importante, hay debate entre nosotros (los asambleístas) por si se debe tomar examen oral y escrito de sentencia práctica”, afirmó.

Pero no se está partiendo de cero, habrá que señalar; lo mismo pasaron los legisladores que tuvieron que atender las elecciones judiciales de 2011 y de 2017; por eso vale la pena, se propone en este suplemento, revisar los reglamentos de cada elección.

En ambos reglamentos, de 2011 y 2017, por ejemplo, hay la sección de “requisitos comunes” para todos los postulantes a cualquiera de las cuatro instancias judiciales.

Aparte de las obvias exigencias, como la nacionalidad boliviana, no tener cuentas pendientes con la Justicia o estar inscrito en el padrón electoral, el reglamento de 2011 tiene la peculiaridad de exigir (lo que no hace el de 2017) “hablar al menos dos idiomas oficiales” del país, aunque, al mismo tiempo, se hace bastante flexible cuando establece que la no militancia en un partido político sea hasta tan solo un año antes de la postulación. En el reglamento de 2017, este requisito es ampliado a cinco años.

IDIOMAS.

Aquí hay que añadir, sin embargo, que en el mismo reglamento de 2011, en las “Disposiciones transitorias”, directamente se dice que por ser la primera elección judicial en la historia, “de manera excepcional, no se aplicará el requisito de hablar dos idiomas oficiales en la preselección”, aunque, si de todos modos el candidato insiste en mostrar su capacidad bilingüe, esto “será considerado como mérito para los criterios de evaluación”.

Hay dos “requisitos comunes” nuevos en 2017: el no estar con procesos de violencia intrafamiliar en contra y el “no tener parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad” con el Presidente, el Vicepresidente, senadores y diputados.

En ambos reglamentos se mantiene el “no haber sido dirigente o candidato de alguna organización política en los últimos cinco años”.

El tema de hablar al menos dos idiomas, el reglamento de 2017 lo resuelve disponiendo que este requisito se cumpla mediante la presentación de un certificado antes de asumir el cargo el candidato ya electo, ganador, en la votación ciudadana.

En lo relativo a los requisitos para postular a cada una de las cuatro instancias judiciales (los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura), lo distintivo es que las exigencias prácticamente se repiten en todos los casos, mismo orden y misma redacción, con algunos añadidos en el reglamento de 2017.

Así, son las mismas las edades mínimas de los postulantes: 35 años para el aspirante al Tribunal Constitucional, y 30 para las otras tres instancias.

En todos los casos también se exige al menos ocho años de experiencia en el área específica del tribunal en cuestión, pudiendo ser en el ejercicio de la judicatura como en la docencia universitaria.

Un requisito explícito en todas las instancias judiciales es el de “no haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales”.

Aparte de advertir que no se debe tener “sanción de destitución por el Consejo de la Magistratura” y no haber sido castigado disciplinariamente por faltas graves o gravísimas, se reiteran las prohibiciones:

– No haber integrado el directorio o gerencia de una sociedad comercial cuya quiebra hubiese sido declarada fraudulenta.

– No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado.

– No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional.

– No haber patrocinado sistemáticamente a personas que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por narcotráfico, con excepción de los defensores públicos.

Por el ámbito especializado que debe atender el Tribunal Agroambiental, éste tiene requisitos específicos: – No haber sido declarado autor, cómplice o encubridor de delitos, faltas o infracciones contra el medioambiente y la biodiversidad.

– Si ha sido autoridad en el ámbito agroambiental, no haber sido sancionado, ni administrativa ni judicialmente por incumplimiento de deberes.

– “No haber sido miembro del Consejo Nacional de Reforma Agraria, en calidad de jueza, juez, vocal o funcionaria o funcionario del Instituto Nacional de Colonización, o funcionaria o funcionario de la Intervención Nacional al Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, mientras dure y concluya el proceso de saneamiento de la propiedad agraria”.

– “No haber sido o ser propietaria o propietario o representante de un predio agrario al momento en que se hubiere verificado la existencia de relaciones de servidumbre en el mismo”.

– “No ser propietaria o propietario, o socia o socio, de manera directa o por intermedio de otra persona o cónyuge, de empresas o sociedades dedicadas al uso o aprovechamiento comercial de recursos naturales o de biodiversidad”.

En el caso del Consejo de la Magistratura, es peculiar la advertencia de “no haber sido suspendida o suspendido ni sancionada o sancionado en juicio de responsabilidades”.

En cuanto al trabajo que llevarán adelante las comisiones legislativas encargadas del proceso, ambos reglamentos disponen una distribución de las tareas: “La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral se encargará de la habilitación y evaluación de las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo Justicia; y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se encargará de la habilitación y evaluación de las postulaciones al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental”.

Si bien con distinta redacción y en artículos diferentes, ambos reglamentos disponen que las postulaciones se las puede hacer tanto de manera individual, por sí mismo el aspirante, como el ser “propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos, por universidades públicas o privadas, asociaciones profesionales e instituciones civiles debidamente reconocidas”.

El reglamento de 2017, en su artículo 4, sobre “publicidad y transparencia” (aspecto que no está en el reglamento de 2011) añade una disposición sugerente: “II. Las Comisiones Mixtas podrán invitar formalmente a organismos internacionales como veedores del proceso de preselección”.

Ahora, si hay una diferencia sustancial entre los reglamentos de 2011 y 2017, es la incorporación, a la evaluación del conocimiento y las aptitudes de los postulantes, de la Universidad boliviana: “El Sistema de la Universidad Boliviana participará en las fases de evaluación curricular y escrita a través de profesionales académicos y especialistas”, destaca el parágrafo V del artículo 2 del reglamento de 2017.

En el reglamento de 2011, el examen de los postulantes consiste en “una evaluación de méritos y una entrevista” (artículo 15); para ambos momentos se insiste en su máxima publicidad, además de la difusión en vivo por medios tradicionales, el archivo de las entrevistas in extenso en la plataforma de internet de la Asamblea.

MÉRITOS.

La evaluación de méritos comprende tres ámbitos: la formación académica, la producción intelectual y la experiencia. Aquí lo peculiar son los “criterios” o parámetros que se establecen para medir dichas capacidades: “estudios o cursos de posgrado” para la formación académica; publicación de libros, artículos o investigaciones “en revistas especializadas en el área de postulación” para la producción intelectual; y, para el criterio experiencia, se valora dos cosas: uno, el quehacer profesional en sí en el área de postulación, y , dos, “la experiencia en el ejercicio de cargos de autoridad indígena originario campesina”.

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El reglamento exige que los evaluadores sean minuciosos en detallar las pruebas, las “fuentes de verificación” de lo que el postulante diga que es o ha hecho: originales de los títulos académicos, los libros o revistas mismas en que escribió, y las certificaciones originales del lugar de trabajo y de la comunidad campesina.

En la entrevista, que en realidad es un examen oral, como se puede apreciar en el cuadro adjunto, el “pénsum” de materias exige tres cosas: el dominio de la Constitución, la solvencia en el área específica del cargo a que se postula y, lo peculiar, los “retos” que el postulante cree que tiene el sector de la justicia en el que le tocará desempeñarse. En la entrevista habrá 2 preguntas a responder en 20 minutos.

ESPECIALISTAS.

Y he aquí un dato clave: son las comisiones que en sesión reservada elaboran las preguntas, teniendo la posibilidad de invitar a especialistas. En el reglamento de 2017 se añade el examen escrito; consiste esta fase en la “evaluación curricular, evaluación escrita y entrevista”, estableciéndose un plazo a las comisiones para cada una: 7 días para la evaluación curricular, 2 para la escrita y 9 para las entrevistas.

Siendo 100 el puntaje total, la asignación para cada evaluación es: 40 puntos para la curricular, 30 para la escrita y 30 para la entrevista.

La evaluación curricular considera el nivel de especialización ( formación académica y producción intelectual) del postulante y su experiencia, sin faltar el “crédito” que significa el haber ejercido algún cargo como autoridad indígena. La dura es la evaluación escrita: un examen de 60 preguntas por sorteo de una batería de 720 interrogantes elaborada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana-CEUB. Esta vez, el “pénsum” (como se puede apreciar en el cuadro adjunto) es más específico en las materias que el aspirante debe dominar (Jurisprudencia Constitucional, Derechos Humanos y Control de Convencionalidad; Derecho Laboral, Civil, Familiar, Administrativo y Penal; Derecho Agrario, Forestal y Ambiental; y, Sistemas de Administración y Control Gubernamental, por ejemplo). Dejando de lado aquello de los “retos” del reglamento de 2011, en 2017 hay la importante incorporación de la exigencia a todos los aspirantes del dominio del “derecho constitucional”, y del “derecho procesal constitucional”.

La entrevista consistirá en responder 3 preguntas en 15 minutos. No se dejan de lado las “preguntas de criterio”: qué conoce del área, de su gestión y las propuestas que haría. Una peculiaridad es que el postulante no pasa a la entrevista si es que no consigue el mínimo aceptable en la suma de las evaluaciones de currículo y de examen escrito.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón