El punto sobre la i

La Iglesia Católica está una vez más en el ojo de la tormenta. No es la primera vez y seguramente no será la última que estalla otro escándalo de abuso sexual a menores perpetrado por clérigos. Esta vez el destape ha tenido lugar en Bolivia, aunque, como era de esperarse, continúan surgiendo reportes en otras latitudes del mundo. Pareciera que donde se mire aparecen otros casos de pederastia clerical, tanto nuevos como antiguos. Usualmente, las principales víctimas son menores, en particular en colegios e internados, de escasos recursos y/o en situación de abandono.

Lo que corresponde, por lo tanto, es reconocer la existencia de un patrón y de un problema estructural de la institución. Esta afirmación puede resultar demasiado inverosímil y difícil de digerir, sobre todo para quienes forman parte o siguen a la iglesia católica. Muchas de las voces que se pronuncian en defensa de la iglesia, a pesar de condenar el crimen de abuso contra menores, también expresan un temor de que por detrás exista una política anti-eclesial. Sin embargo, la defensa de la institución no es simplemente una afirmación política conservadora, tiene un trasfondo antropológico a considerado.

La práctica abyecta de la pederastia entre los clérigos de la iglesia católica, no solo ya es bastante consabida, sino que también es muy antigua. De hecho, si bien esta problemática comenzó a ser visible a partir de mediados del siglo XX, el abuso frecuente de curas contra menores comenzó a ser reportado ya desde el siglo XI.

En este sentido, propongo dos provocaciones: Por un lado, el abuso de clérigos católicos contra menores como una práctica institucionalizada de la iglesia, o que “hace a la institución”. Por el otro, el hecho que la defensa de la institución eclesial, algunas veces incluso por encima de la dignidad de las víctimas, también es el resultado de un “pensamiento colectivo”, que la sociología y la antropología de las instituciones permiten dilucidar.

Con respecto al primer tema, el hecho de afirmar que el abuso a menores es una práctica que “hace a la institución”, no implica que la iglesia la promueva abiertamente. De hecho, desde que esta práctica comenzó a tener lugar con mayor frecuencia, la misma institución la condenó y propuso varias formas para abordar el problema. No obstante, incluso en el derecho canónico, el tema fue abordado, sobre todo o mayormente, como una contradicción moral (pecado), en lugar de como un crimen.

Paradójicamente, sobre todo en instituciones con estructuras demasiado jerárquicas y basadas en el ejercicio de cierto poder, también se generan mecanismos internos que naturalizan y encubren prácticas que, incluso para la misma institución, son reprochables. Desde la antropología se entiende que instituciones como la o las iglesias, el ejército o, por ejemplo, algunas asociaciones cerradas (cofradías, congregaciones) fundan su durabilidad en la reproducción de preceptos y lógicas de organización premodernas. Es decir, la estructura de organización tradicional se funda en parámetros irracionales.

En el caso de la iglesia la forma de autoridad premoderna es de tipo moral; o sea, se basa en la noción irracional de que las figuras de autoridad (clérigos) se hallan en una posición moralmente superior que la de los parroquianos. El poder al que da lugar la estructura simbólica del clericalismo deriva, en la mayoría de los casos, en un paradigma narcisista que a su vez se traduce en la compulsión clerical por ser el centro de atención, particularmente entre los rangos más altos. Este apunte también sirve para comprender la manifestación, sistemática y sostenida, de perversiones como la pederastia.

La reproducción y la protección del orden estamental de este tipo de instituciones ocurre de múltiples maneras. Por ejemplo, a través del establecimiento del secretismo como práctica exigida entre los miembros; a través de la construcción y divulgación de un discurso o gran narrativa que, en última instancia, acaba haciendo aceptables incluso prácticas abyectas como la que nos ocupa; y, en consecuencia, a partir de la compulsión de sus miembros por proteger a la institución y su orden estamental por encima de cualquier cosa.

A partir de los apuntes anteriores, realizo dos indicaciones: 1.- el abuso sexual es una práctica institucional aceptada silenciosamente, que no solo se puede reducir a una cuestión sexual, sino que debe ser entendida en el marco de las relaciones de poder que son promovidas por la misma institución; 2.- a través del tiempo, la misma institución desarrolló y estableció diversos mecanismos de encubrimiento de esta práctica que, paradójicamente, acabaron institucionalizándola. Por ejemplo, el teólogo e historiador católico Garry Willis señala que, precisamente porque la reputación de los clérigos está casada con la de la iglesia, la mayoría prefieren callar y encubrir para proteger a la institución.

¿Qué implica esto? Algo bastante complejo de asimilar: la pederastia clerical no es algo que se pueda sencillamente eliminar, sin afectar al conjunto de la institución. En términos propiamente antropológicos, al igual que sucede con las prácticas o rituales de violencia en el ejército; o la propia corrupción en el Estado capitalista moderno, la eliminación de esta práctica haría tambalear a la institución.

Con esto no justifico, de ninguna manera, la abyecta violencia de la pederastia clerical; sino, simplemente, señalar que se trata de una contradicción estructural de la institución. Por lo tanto, pensar que la solución al problema se limita a “tratar” o “expulsar” a los individuos que cometen este crimen es una simplificación absoluta. En última instancia, la solución se halla en subordinar estas instituciones arcaicas e irracionales a los principios universales e ilustrados.

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El siguiente problema es que, a pesar de la abrumadora evidencia, histórica y contemporánea, una parte considerable de los seguidores de la iglesia católica está dispuesta a defender a la institución, incluso a costa de la dignidad de las víctimas. En una religión institucionalizada y de larga data como la católica, con una historia larguísima de vigilancia, castigo e imposición de su fe, también se tejen solidaridades mecánicas con un alto contenido simbólico. Este vínculo social, de configuración premoderna, erige un sentido de comunidad y pertenencia del que es extremadamente difícil desprenderse.

En distintas comunidades de larga duración y con estructuras estamentales arraigadas, los miembros, aquellas personas que comparten este sentido de pertenencia y este vínculo social, perciben que una situación de peligro para la institución lo es también para ellos. El hecho que para muchas personas la institución que representa a su comunidad religiosa, en este caso la iglesia católica, es una referencia simbólica fundamental. En este marco, las familias devotas católicas son las que menos sospechan de la institución y las que más intimidadas se sienten de cuestionarla.

En suma, para abordar debidamente el problema de la pederastia clerical, no basta con sancionar a los individuos, sino que hay que entender la dimensión institucional de este hecho. Es más, también es necesario señalar que se trata de un hecho político o, en otras palabras, que existe una ‘política de la pederastia clerical’, que está vinculada a la estructura institucional, la autoridad tradicional-irracional y las relaciones de poder, no sólo simbólicas, sino también políticas y económicas que promueve esta institución.

(*)Juan Pablo Neri Pereyra es politólogo y antropólogo

DIBUJO LIBRE

Con el decreto de muerte cruzada, el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional y activó la convocatoria a elecciones generales anticipadas. Los plazos previstos por el Consejo Nacional Electoral para la definición de candidatos y para la campaña electoral son muy cortos, por lo que los actores políticos han empezado a correr. La primera vuelta está prevista para el 20 de agosto, y de haber balotaje, será el 15 de octubre.

Es la primera vez que un presidente aplica este mecanismo constitucional vigente desde 2008, luego de dos años de gobierno y en medio de un juicio político en su contra. Guillermo Lasso ganó la presidencia en las elecciones generales de 2021 con el 52, 36% de los votos, frente a Andrés Arauz de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), liderada por el ex presidente Rafael Correa. En esas elecciones, la nueva Asamblea Nacional se configuró de tal manera que se convirtió en el principal escollo para el gobierno no sólo por la imposibilidad de generar acuerdos para la aprobación de leyes, sino por la constante búsqueda desde el bloque opositor, de poner fin al mandato del presidente. La oposición, liderada por la bancada mayoritaria de UNES, consiguió la adhesión de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), así como el apoyo de asambleístas desertores del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, de la Izquierda Democrática, e independientes que se sumaron a esa causa. El gobierno, con una bancada minoritaria, nunca logró articular una coalición que le permitiese gobernar.

El gobierno de Lasso tuvo un inicio exitoso, cuando durante los primeros 100 días vacunó a nueve millones de personas, luego de que el país se ubicara entre aquellos con mayores índices de contagios y muertes del mundo. La estrategia de poner en orden las variables macroeconómicas y confiar en los efectos de goteo para mitigar la crisis, no dio resultado. El desempleo, la falta de atención en salud y educación, la corrupción generalizada y la inseguridad, configuran un escenario de desesperación.

En los dos años de gobierno transcurridos, los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo fueron constantes. Los desacuerdos en torno a una nueva ley de inversiones, y a una reforma laboral, fueron la punta del iceberg de una incapacidad de legislar que ha llevado a que el 90,2% de la gente desconfíe de la Asamblea Nacional.

El primer intento para sacar al presidente del poder se dio en junio de 2022, cuando la bancada de UNES solicitó la destitución por “grave crisis política y conmoción interna”, en medio de fuertes protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que paralizaron el país durante 18 días. La oposición no logró reunir los votos que se requería para la destitución. Como resultado, el gobierno y el movimiento indígena iniciaron un proceso de diálogo que duró 8 meses, hasta que, en febrero de 2023, Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, exigió la renuncia del presidente y pidió a la Asamblea Nacional que inicie un juicio político en su contra.

Tres meses después, el 16 de mayo, el presidente Lasso asistió a la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político en el que se lo acusó de ser “responsable político” del delito de peculado alrededor de un contrato para transporte de petróleo y combustibles entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la multinacional Amazonas Tanker. Lasso centró su defensa en el hecho de que el contrato y sus términos habían sido firmados durante el gobierno anterior de Lenin Moreno. Tras una sesión marcada por acusaciones y gritos entre asambleístas, al día siguiente, el presidente Lasso emitió el Decreto 741 activando la muerte cruzada.

La campaña electoral girará en torno al tema que domina la opinión pública: seguridad. Las masacres provocadas por la lucha entre bandas del narcotráfico dentro de las cárceles han dejado 419 muertos, y desde el 2022 Ecuador se ubica entre los países más violentos de la región.

En el espectro del centro a la izquierda los pre candidatos son, en su mayoría, figuras con trayectoria política. Yaku Pérez, ahora líder del movimiento eco-feminista Somos Agua, busca superar los votos que en 2021 lo pusieron muy cerca de la segunda vuelta electoral. Yaku abandonó Pachakutik por desacuerdos con la bancada legislativa electa en 2021, que se dividió a partir de pactos y alianzas con el correísmo, por un lado, y con el gobierno, por otro. Su movimiento propone una tercera vía “ni con el neoliberalismo, ni el populismo autoritario, un pacto ético político ecológico para combatir contra la corrupción y el crimen organizado”. Pachakuik por su parte, ha designado como su candidato a la presidencia a Leonidas Iza, en medio de conflictos y desacuerdos entre facciones. Iza en su discurso invitó a “creer en el único camino, porque no hay primera, segunda, ni tercera vía, hay un solo camino de los sectores populares”. Fernando Villavicencio, ex asambleísta, perseguido por el régimen de Correa por denunciar corrupción en Petroecuador durante sus gobiernos, busca la presidencia con una amplia coalición de la tendencia, que propone “un gobierno valiente, no un gobierno violento”.

El Movimiento Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa, busca repetir el triunfo de las elecciones subnacionales de febrero, en las que ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, y las prefecturas de Pichincha, Azuay, Manabí y Guayas. Sin embargo, las cifras sugieren que la RC no ha incrementado su apoyo electoral a nivel nacional y que está en iguales condiciones que en 2021 cuando el candidato Andrés Arauz perdió frente Guillermo Lasso en segunda vuelta. Aún está pendiente la definición de su binomio.

En el espectro de la derecha vuelven a escena figuras como el empresario bananero Álvaro Noboa, que ha sido 5 veces candidato a presidente por el Partido Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN), y que en esta ocasión se enfrenta con su hijo, el ex asambleísta Daniel Noboa, quien participará con apoyo de otras fuerzas políticas y afirma que “el correísmo no es intocable”.

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Irrumpe en la escena de manera sorpresiva Jan Topic, quien anunció su candidatura afirmando no tener vínculos partidistas, algo que duró muy poco, pues a las pocas horas aceptó el apoyo formal del PSC. Actualmente es presidente de Telconet, empresa de telecomunicaciones, y de Cajamarca, compañía de seguridad de su propiedad. Su padre, Tomislav Topic, está vinculado con el manejo de dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, sin embargo, este tema no lo detiene en su firme decisión de llegar a la presidencia.

Topic afirma estar preparado para enfrentar los principales problemas del Ecuador actual: la economía y la inseguridad. Su principal carta de presentación es ser soldado de la Legión Extranjera Francesa y haber combatido en Siria, África y Ucrania. Sus estudios en la Universidad de Pensilvania, en London School of Economics, y Harvard, completan su hoja de vida. Dice admirar la “mano dura” del presidente Nayyib Bukele, y promete enfrentar al narcotráfico “de frente”. Su lema de campaña es “por un Ecuador sin miedo”.

Durante el tiempo que le queda en el poder, Guillermo Lasso gobernará mediante decretos ley de urgencia económica, y ha dicho que decidirá si es candidato “en su momento”. Ha iniciado una etapa de gran incertidumbre que no terminará con las elecciones anticipadas, ya que las autoridades electas gobernarán por un período aproximado de 18 meses, en un contexto marcado por las elecciones generales de enero de 2025.

(*)Sofía Cordero es politóloga

DIBUJO LIBRE

Pasan los días y son cada vez más las denuncias que conocen la luz a raíz de los abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia hacia niñas, niños y adolescentes. Las víctimas, que en aquel entonces eran menores de edad, hoy se arman de valor para respirar y sacar la voz como dice la famosa canción de protesta de Ana Tijoux. Ellas y ellos respiran, sacan la voz y se enfrentan a una institución que ha sido marcada por una práctica sistemática que trata de exculparse utilizando distintos discursos y fundamentos. Es así que también las y los psicólogos nos proponemos analizar estas acciones, siempre en favor de las poblaciones vulnerables y de las víctimas.

Como psicólogos hemos tenido la costumbre de categorizar cualquier comportamiento disruptivo o “disfórico” como lo llamaría el escritor Paul Preciado, justificando por medio de prácticas, ya hoy lejanas, que éstos no eran “normales” y, por lo tanto, configuraban un trastorno mental. La pedofilia también es una de aquellas conductas que se ha decidido colocar dentro del DSM-V: el manual de trastornos mentales que se utiliza como guía sintomática para determinar los diagnósticos en nuestros pacientes. Esta guía no estuvo exenta de críticas desde diferentes posturas. Según ella, la pedofilia se clasifica como parafilia. El sujeto tiene impulsos sexuales o fantasías imaginativas sexualmente estimulantes que involucran la actividad sexual con un niño prepuber (menor a 13-14 años). Sin embargo, para tratar de diferenciarla del abuso sexual se la separa de la pederastia que, según el código penal, sí es considerada una agresión. Esta escisión entre lo que configura un trastorno y lo que conlleva un delito, ha sido durante muchos años un discurso utilizado por profesionales de la salud mental, diciendo que la pedofilia no solo es un trastorno sino que incluso se podría considerar una orientación sexual y que el sujeto que es “pedófilo” puede no delinquir, tratando esta narrativa de obviar la clara relación, en desigualdad de condiciones, entre un adulto y un niño o niña, además de invisibilizar el abuso de poder por parte de un profesor, maestro, tío, padre o sacerdote para someter a aquel que no conoce ni entiende –ni tendría porqué hacerlo a determinada edad– lo que está sucediendo.

Hernán De Arriba, psicoanalista y psiquiatra argentino declara, como respuesta a una colega que justifica la pedofilia en tanto ésta sea considerada orientación sexual o trastorno mental, que “la pedofilia, al igual que la pederastia, configura un delito que implica el sometimiento del otro indefenso.” Esta afirmación exige reflexionar sobre las veces en que nos hemos dejado llevar por un sistema que pretende no problematizar un conflicto que existe y persiste en la sociedad, esto es, el abuso a menores de edad por parte de figuras que aprovechan su posición de superioridad. Por lo tanto, es prioritario desglosar el análisis de estos hechos desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta los elementos necesarios para su correcto abordaje y evitando no caer en la mirada sesgada que se basa en el deseo de segregar y patologizar a la población para que ésta no sea responsable de los actos que comete.

Las cifras de abusos sexuales cometidos por parte de sacerdotes, pastores o guías religiosos han ido en aumento en los últimos años. Estudios realizados por Child Rights International Networks (CRIN) en 2019 sobre los abusos de la iglesia en Latinoamérica señalan que existen más de 1000 sacerdotes con denuncias, es decir que son casos de los que se tiene conocimiento. Se observa entonces que existe una tendencia por parte de un sector de la iglesia a cometer este tipo de delito. Es aquí donde surgen las siguientes preguntas: ¿Es la condición de sacerdote la que lleva al abuso sexual? ¿Es el voto de celibato, la soledad o la continencia sexual el motivo por el cual se somete a un niño, niña o adolescente y se comete una agresión?

El abuso sexual cometido por un miembro de la iglesia hacia un niño o niña debe analizarse bajo la perspectiva de ser una elección consciente de aprovecharse de un estatus de poder y desde el saberse protegido por una institución. Por lo tanto, el voto de celibato y el aislamiento, al cual los religiosos acceden de forma voluntaria, no puede ser estudiado como el malestar que origina un síntoma, más bien debe ser observado como una decisión por parte de una persona que conoce los alcances y las limitaciones de su profesión. La psicóloga y activista Sonia Almada estudia los motivos por los cuales una persona adulta abusa sexualmente de un menor de edad y afirma que, “el deseo del pederasta por el cuerpo infantil está vinculado a la utilización como objeto del mismo, al sufrimiento que produce, a la amenaza y a la prohibición”.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Almada, debemos recordar también el enfoque que desde la psicología se le otorga a la pedofilia, señalando su condición de trastorno mental, ahí se especifica que el deseo por el menor es involuntario, a diferencia de la pederastia donde el abuso es deliberado, llevando así a quien padece este tipo de parafilia a elegir métodos de satisfacer la necesidad sin cometer un delito. Y si bien no es lo regular sino la excepción a la regla, esto ha permitido que se normalice esta situación y se pretenda excusar al abusador, patologizando su condición y evitando enunciar y denunciar un problema.

Es por este motivo que al tratar casos de abuso sexual a menores debemos hablar no únicamente de acompañamiento a las víctimas sino también de prevención, de aquellos elementos que van a permitir que esta situación sea identificada antes de que suceda, y para eso estamos los adultos, los responsables de que las infancias de Bolivia crezcan jugando, aprendiendo y sonriendo en lugar de estar viviendo atravesados por el miedo y la angustia.

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No existe un perfil en el cual podemos categorizar al agresor e identificarlo tachando casillas, pero podemos ser conscientes de las acciones que tenemos con un niño, niña o adolescente en nuestro entorno social. ¿Por qué permitimos que besen a los bebés en la boca? ¿Con quién dejamos a los niños cuando no estamos en casa? ¿Le he enseñado a mi hija un número telefónico en caso de emergencia? Son preguntas sencillas y de sentido común, sin embargo, forman parte de la prevención del abuso infantil en la que nosotros tenemos el rol principal, ya que es desde casa que podemos comenzar a crear dinámicas sociales que nos permitan crecer en comunidad, velando por la seguridad de los más pequeños. Debemos ser conscientes de que las manifestaciones afectivas hacia un menor de edad deben ir siempre de la mano del consentimiento de los padres y madres y de la comodidad del niño, niña o adolescente.

Hoy, quienes fueron niños y niñas a los que se les arrebató la posibilidad de una infancia tranquila deciden alzar la voz para proteger a quienes están en el mismo lugar en el que las víctimas del padre Alfonso Pedrajas estuvieron hace años. Por ello es nuestro deber como psicólogos sacar la voz y ser parte del cambio que permita disminuir la violencia y el abuso infantil, interpelando no únicamente a los agresores sino también al sistema que avala que una persona con poder abuse de su posición, violentando la vida de las y los pequeños de la casa.

(*)Valentina Richter Bonilla es Psicóloga Clínica

DIBUJO LIBRE

El llamado modelo cruceño de desarrollo es una invención de las élites cruceñas opulentas que embanderan un discurso de modernidad en torno al crecimiento económico de Santa Cruz. Desde los círculos empresariales más altos del oriente se exhibe como un éxito inherente al sector privado basado en la libertad de empresa, la promoción a las exportaciones y la creación de empleo formal. En contraposición, inhibe la participación del Estado – que es su antítesis- porque reprime la iniciativa privada.

Para que una historia parezca cierta no necesita ser verdadera, sino que esté bien contada. Después de la segunda guerra mundial, los países más avanzados -hasta ese entonces- inventaron la fábula de los tres mundos como una manera de crear un orden económico y político sobre los menos aventajados, el tercer mundo. Esta narrativa construyó una visión del subdesarrollo desde la mirada de los países desarrollados que condicionó teórica y políticamente las estrategias de desarrollo de los países pobres que se apropiaron culturalmente de esta visión importada desde el primer mundo. Esta estrategia fue desenmascarada por el antropólogo colombiano Arturo Escobar en su libro “la Invención del tercer mundo”. El modelo de desarrollo cruceño – así cómo se lo cataloga- guarda rasgos comunes con esta lógica de imponer un orden hegemónico imperante sobre la lectura del desarrollo.

Las élites del oriente exteriorizan a Santa Cruz como la región más próspera de Bolivia. Se describe como la locomotora del país por tener el segundo mayor crecimiento económico (4,7%) en comparación al promedio nacional (3,8%) de los últimos 33 años. Se la destaca como el primer departamento exportador (23% del total en 2020). También se la ha llamado el vergel de Bolivia por su alta participación en la producción de alimentos (44% del total en 2020). Además, se considera la región que más empleo absorbe del resto de Bolivia (1,5 millones en 2022). Con Bs142.157 millones entre depósitos y cartera en 2020, Santa Cruz está a poco de convertirse en el principal centro financiero de Bolivia, lugar que ocupa La Paz (Bs146.231 millones).

Hace poco menos de dos años escribí un artículo -por este mismo medio- en el puse en duda el crecimiento cruceño como modelo económico alternativo. Me preguntaba que si es tan exitoso como aparenta ¿por qué no se irradió a otros confines del país? Mi respuesta fue que el progreso cruceño fue una combinación del apoyo del Estado y el uso extensivo de tierras fértiles – factores que otras regiones no tuvieron- y que proporcionó condiciones inmejorables para el despegue de la agricultura industrial a finales de los 80 y comienzos de los 90 en el oriente boliviano. Fue en ese mismo periodo y no antes que comenzó a generarse abundantes excedentes económicos que el Estado no los retuvo, sino que fueron redireccionados e impulsaron otros sectores económicos como la ganadería, la construcción y la banca. Al contrario, el Estado continúo financiando al modelo cruceño hasta nuestros días a costa del elevado déficit fiscal que proviene de la subvención a los hidrocarburos.

Detrás del aparente buen comportamiento de los indicadores macroeconómicos de Santa Cruz se esconde marcados rasgos de atraso en otras dimensiones del desarrollo social, humano, territorial y medioambiental. Los índices de pobreza en el área rural continúan siendo altos, la desigualdad en el acceso a la educación y la salud son problemas crecientes en el área urbana. El Índice de Desarrollo Humano si bien ha mejorado, lo hizo a menor rapidez que en el resto de departamentos. La informalidad del empleo en Santa Cruz tampoco es distinta a la media nacional. La ganadería y la agricultura extractivista está degradando la tierra y son una amenaza a la biodiversidad de la zona. Son cada vez más los desplazamientos de pueblos indígenas provocados por colonizadores en el área de influencia del cultivo de la soya y los conflictos territoriales. La creación de riqueza no debe confundirse con desarrollo ni el crecimiento con igualdad. Santa Cruz experimentó un mayor auge del PIB pero concentró el ingreso y sus avances en desarrollo social son menores. ¿Dónde quedó las bondades del modelo cruceño de desarrollo? Aparentemente sólo en el discurso.

En realidad, la invención del modelo cruceño tiene un fin primigenio puramente doctrinal. Según Pierre Bourdieu (1990) las clases dominantes tratan de imponer sus sistemas de símbolos y significados a las clases dominadas a través de la acción pedagógica y la aculturización a nuevas generaciones. El capital cultural que resulta de este proceso, actúa -en favor de los grupos acomodados- como un medio de control sobre la sociedad ya que logran imponer su propia cosmovisión. El símbolo de poder económico cruceño es sin duda la feria de la Expocruz. Anualmente se anuncian millonarias intenciones de negocios con la esperanza que luego se conviertan en mayores ventas y fuentes de empleo. Las empresas exhiben sus mejores productos. La población cruceña asiste a la feria como parte de su tradición y su identidad cultural.

El adoctrinamiento empresarial está también presente desde años recientes en los medios de comunicación, en artículos de opinión y en la difusión de libros que tratan de enaltecer el espíritu empresarial y los valores ciudadanos como factores del desarrollo del oriente, pero no dejan de ser expresiones líricas del emprendedurismo cruceño sin abordar abiertamente las verdaderas causas de su despegue económico y la real incidencia de estos factores en su desarrollo.

La invención de un modelo cruceño tiene también un objetivo político antes que económico. Para empujar una campaña opositora desde el oriente es casi imprescindible proponer una agenda económica alternativa que haga contrapeso al modelo económico centralista implementado desde el occidente y que en paralelo se lo desprestigia.

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La intervención del Banco Fassil ha desnudado una parte vil de su funcionamiento. El modelo cruceño hizo metástasis porque puso en evidencia un esquema de estafa piramidal de apropiación de recursos de pequeños ahorristas que eran desviados a grupos empresariales privilegiados y que alimentaban una demanda especulativa de bienes inmuebles como medio para acrecentar su riqueza. Su puesta en evidencia no es un ataque a la sociedad cruceña sino a la clase dominantes que -asumiendo representación social- usufructuó de ella.

En suma, este discurso ha tejido una narrativa que justifica el control desigual de los medios de producción en poder de unas pocas familias organizadas bajo asociaciones secretas de parientes y amigos denominadas “logias” y representadas por sus líderes cívicos. Para preservar sus privilegios, las élites cruceñas necesitan sostener un eterno discurso que luzca al sector privado como eficiente. El silencio crepuscular de los defensores de este modelo genera más dudas sobre su real viabilidad. La invención del discurso de desarrollo cruceño hoy se encuentra defraudado en el sentimiento ciudadano de los bolivianos y los propios cruceños.

(*)Omar Velasco Portillo es economista.