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Entre la ruptura forzosa o una convivencia azarosa

Adriana salvatierra considera necesario recomponer los espacios de encuentro al interior del partido de gobierno

/ 3 de diciembre de 2023 / 07:08

La exsenadora Adriana Salvatierra habla sobre el conflicto al interior del MAS, sus causas, evolución y perspectivas.

El punto sobre la i

El partido de gobierno enfrenta una crisis interna de gran magnitud, tensionando la relación entre la estructura partidaria, la gestión pública y las organizaciones sociales que lo conforman. Más aún, el conflicto reverbera por fuera, enviando ondas de choque que afectan incluso a la oposición, que se ve desplazada, cuando menos discursivamente, por la confrontación que se libra entre autodenominados evistas y arcistas.

La exsenadora Adriana Salvatierra tiene una perspectiva próxima e informada sobre lo que viene ocurriendo al interior del Movimiento al Socialismo (MAS). Conversamos con ella para conocer sus puntos de vista sobre la situación actual y perspectivas del oficialismo nacional.

– ¿Cuáles son los intereses en conflicto en la pugna interna del MAS?

– Ya no es una cuestión de intereses contrapuestos, ya no se resume solamente a eso.  Hay visiones de país que son absolutamente distintas. Sostener la nacionalización, para mí, no es ningún mérito. Sostener un modelo de democratización de la riqueza, tampoco, si no se profundiza. Yo creo que ya no estamos hablando de diferencias dentro del MAS que sean por un malentendido, por el exceso de un servidor público, por una mala interpretación de un discurso público o por un descuido quizás protocolar. No es que no invitaron a Evo Morales a la inauguración de una obra, no es que omitieron parte de la historia circunstancialmente en un discurso. Cuando se ve que la Policía intervino en el congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y desalojó a los congresistas, que se eligió después una directiva de un bando más próximo al presidente Luis Arce, y luego nos enteramos, por los medios de comunicación, que el reconocido por el primer mandatario terminó teniendo militancia en la UCS y no en el MAS, eso es un problema mucho más profundo.

Cuando se intenta utilizar la justicia para tratar de dirimir la discusión política interna, como lo hace a todas luces el ministro Iván Lima, anunciando y presionando en sus conferencias de prensa y en sus entrevistas al Tribunal Constitucional Plurinacional, para que apliquen una opinión consultiva que signifique la eventual inhabilitación a una postulación de Evo Morales a la presidencia, eso es, cuando menos, cuestionable. Igualmente lo es que a la Asamblea Legislativa Plurinacional se le mutilen las atribuciones fiscalizadoras, entre ellas las de la interpelación a ministros del Estado.

– ¿Cómo se llega a este nivel de enfrentamiento?

– Hubo inicialmente excesos de algunas autoridades del Estado. Iniciativas que no necesariamente correspondían a la voluntad del presidente, al principio. Pero hoy hay servidores públicos, a nivel ministerial, que utilizan la fuerza del Estado para dirimir una interna política que, al mismo tiempo, es su interna personal. Hoy tenemos ministros que encarnan una interna personal con Evo Morales y que la llevan a la gestión pública. Hemos llegado a ese punto.

Si esto estuviera acompañado de una realidad económica estable, con expectativas, sería distinto. Lamentablemente, las condiciones objetivas y materiales en términos económicos no acompañan eso. Se habla de una inflación baja, pero esa inflación, cuando se toma en términos desagregados la canasta familiar, probablemente esté duplicada. Esa información, por ejemplo, la proporcionaba el exvicepresidente, Álvaro García. Uno la puede apreciar cuando hace las compras en el mercado, en estos conflictos que están ocurriendo en el abastecimiento de gasolina y de diésel, que van a incidir en los siguientes meses en un elevamiento de los precios.

Y no es que uno desee la crisis económica del país, por supuesto que no. Jamás yo quisiera que la gente sufra hambre para dirimir una interna política. No se trata de eso. Se trata de que tienen que hacerse ajustes necesarios para finalmente lograr no solamente la propia reproducción del proyecto político de Luis Arce, sino esencialmente el bienestar del país. Entonces, creo que las proyecciones económicas en este momento no están acompañando la forma en la que el presidente está encarando la gestión y el Gobierno nacional ha optado por una agenda política.

Me parece que la apuesta política del presidente Luis Arce, de su equipo, que trata de dirimir también una interna política de carácter personal, tiene como planteamiento para el país en 2024 el intentar generar un cambio de agenda política en lugar de mecanismos de diálogo que busquen saldar los conflictos y debatir la interna del MAS.

Adriana Salvatierra en Piedra, Papel y Tinta, en La Razón.
Adriana Salvatierra en Piedra, Papel y Tinta, en La Razón.

– ¿Hay alguna relación entre lo que está pasando ahora y lo que ocurrió dentro del propio MAS entre 2019 y 2020?

– El golpe de Estado se dio tanto a nivel de del Gobierno nacional y el Legislativo. Además, Helena Argirakis hizo un estudio que muestra que dentro de los anillos de poder también se habían visto dañadas las representaciones en los niveles subnacionales. Es decir, en las Alcaldías y Gobernaciones. A diferencia de otros golpes de Estado, siempre, en cada proceso, cada país también tiene sus aportes, sus particularidades, en el caso de Bolivia en 2019, el golpe de estado no sólo se quedó a nivel nacional, no solamente fue por la renuncia de Evo Morales y de toda la línea de sucesión. Recordábamos a Luis Fernando Camacho buscando que renuncie todo el Parlamento, que renuncie todo el Órgano Ejecutivo, que renuncie todo el Órgano Electoral y que quede la conducción, primero, en manos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Órganos del Estado fueron afectados y también los niveles subnacionales. Argirakis habla de cómo se dieron también estos golpes subnacionales, cómo se forzó autoridades a nivel departamental y municipal a renunciar. En Santa Cruz forzaron la renuncia de forma violenta contra Mario Cronenbold, alcalde de Warnes; contra los alcaldes de Cabezas, Camiri, Samaipata, Montero, y así, en muchos otros lugares.

Pero lo que no está todavía analizado y creo que es un tema pendiente, es cómo afectó el golpe de Estado a las dirigencias sindicales también. Cómo algunas de éstas lograron restituirse y cómo otras resistieron durante al Gobierno de Janine Añez y después pasaron a un segundo plano. Pero, sin lugar a dudas, creo que es un capítulo pendiente el análisis, el impacto en las estructuras sindicales y partidarias. No olvidemos que Gerardo García, vicepresidente del MAS, fue detenido y privado de su libertad. En Potosí, no solamente agredieron al hermano Víctor Borda, sino secuestraron a la hija del secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y muchos otros compañeros dirigentes. Además, en esos días de noviembre llamaban a Evo Morales diciendo que estaban siendo amenazados, amedrentados en sus domicilios, etcétera. Entonces, el golpe fue en todos los niveles. Creo que es una es una primera conclusión.

Después de eso, por supuesto que el poder no queda vacío y en todos los niveles empezó también un proceso de reestructuración.  Una muestra, por ejemplo, a nivel organizativo, fue precisamente la emergencia muy temporal en ese momento de crisis de los famosos autoconvocados. Además, en territorios donde había una fuerte presencia del MAS, pero probablemente una dirigencia que fue observada por no manifestarse en esas circunstancias de forma oportuna.  Entonces emergieron también liderazgos en los momentos de crisis en todos los niveles: en los niveles sociales, en los niveles subnacionales y por supuesto también en el ámbito nacional.  El problema es cuando, claro, la crisis interrumpe un proceso que debió darse en su debido momento, armoniosamente. Todo lo que se pensaba que sería como la continuidad de un proyecto político, de pronto se encontró disputando el poder político y fue construyendo un relato que justifique su presencia en el poder, desplazando a otros tanto a nivel dirigencial, tanto a nivel de liderazgo político, etcétera. Creo que a partir de eso se construyó el relato de la renovación.

Compañeros que antes tenían unas tareas, probablemente en el nivel de la función pública o el nivel dirigencial, de pronto se encontraron asumiendo otro tipo de tareas. Aquí no incorporo al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, porque ellos son elegidos con el voto cupular, pero sí la crisis produjo eso. La renovación, en algunas bocas, fue la explicación de cómo algunos compañeros o compañeras tuvieron roles de mayor relevancia, pero, para otros, significó literalmente que nadie cercano a Evo Morales iba a ser siquiera portero en la administración del estado. Entonces, en el fondo lo que queda hoy, para efectos prácticos es lo segundo: el desplazamiento de todos aquellos que acompañaron la gestión de Evo Morales en el marco de una disputa por el poder político y la reproducción del poder.

– ¿Hacia dónde va el conflicto?

– Creo que Bolivia no va a escapar de la lista de países en los que se dan casos de lawfare, es decir, de la instrumentalización de la ley con fines políticos. El país no va a evitar estar en esa lista triste de quienes que han utilizado la norma para dirimir la política. En Bolivia, a diferencia de Brasil o Argentina, que fue esencialmente penal, o Ecuador, donde fue penal, pero además electoral, la vía para activar el lawfare va a ser la constitucional. Estamos viendo esto primero en las salas constitucionales, cuando se paraliza, en primera instancia, el proceso de preselección de autoridades judiciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí se presenta un conflicto, porque una acción de amparo se realiza sobre hechos, no sobre normas. Quien debe observar o no la constitucionalidad de una norma es el Tribunal Constitucional Plurinacional. En nuestro caso, una sala constitucional paralizó el trabajo de todo el Órgano Legislativo. Luego vimos que una sala constitucional fue la que suspendió las interpelaciones en el Congreso. Esto fue anunciado con dos meses de anticipación por el propio ministro de Justicia, Iván Lima.

Nuevamente, es la vía constitucional la que intenta activarse cuando se habla de un eventual impedimento de la postulación de Evo Morales, asumiendo un criterio cuando menos cuestionable de lo que es la reelección, porque la reelección impide la permanencia indefinida de quien busca perpetuarse en el poder, pero para perpetuarte tienes primero que estar. Entonces, esa interpretación forzada de la reelección de una persona que no está en el cargo es la que están buscando para para inviabilizar una eventual postulación del expresidente. Es la vía constitucional, también, la que va a impedir las elecciones judiciales. Entonces, todos estos hechos van sumando a cuentagotas el nuevo capítulo del lawfare en América Latina. Hay que ver si la suerte del congreso del MAS, de su sigla y su eventual participación en un proceso electoral no está atado al lawfare por la vía constitucional. Es decir, que un amparo o, en última instancia, el propio Tribunal Supremo Electoral, termine inhabilitando la participación electoral del MAS.

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Todo esto es una puerta abierta, porque lamentablemente se está utilizando la justicia para dirimir la interna política y eso no es democrático. Lo democrático es competir, participar. El congreso del MAS tendría que haber sido ese espacio en el cual se deje una estructura de representación dirigencial que haga funcionar la participación del MAS en el siguiente proceso electoral. Yo no sé quién pretendía que el presidente que dirija al MAS no sea Evo Morales. ¿Quién con mayor legitimidad dentro del MAS para dirigirlo que no sea Evo Morales? Si la discusión está en torno a presentarse o no en los comicios de 2025, vamos a primarias, que elija nuestra militancia quién será nuestro mejor representante. Pero, sacrificar la participación del partido y ponerla en riesgo con un objetivo político electoral es un exceso.

– ¿Es todavía posible una convivencia democrática o definitivamente el camino es inexorablemente la ruptura?

– Yo creo que hubo un momento en el que los principios nos unieron. Catorce años, Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca y muchos otros compañeros, fuimos parte del mismo equipo porque teníamos ideas comunes. Yo creo que esas mismas ideas, esos puntos e ideas comunes se pueden volver a articular. Lo dije antes, creo que sin la unidad no hay victoria, pero con la unidad no basta, a estas alturas. Argentina nos demostró que no es suficiente, que la unidad debe estar nutrida de ideas, de proyectos, de puntos en común y fundamentalmente de ideas legitimadas en la sociedad. Si nosotros seguimos en esta discusión interna, y esto ya es parte de la autocrítica, que se mueve en torno a su propio eje y se alimenta de sí misma, no vamos a lograr finalmente el respaldo de la población. Mientras el MAS discute su interna personal, la gente está teniendo problemas para llegar a fin de mes.

Espero que en 2024 sea cuando estas discusiones, que son en el fondo también ideológicas, puedan ser transmitidas como un planteamiento a la sociedad; que pasemos a la disputa por los sentidos comunes, a hablarle a las personas, a defender las grandes banderas y aquello que conquistamos hasta el 2019, que fueron los principios que mantuvieron la unidad. Yo creo que tenemos que volver nuevamente a esos principios. La unidad, para mí, no es una cuestión de una suma aritmética de estructuras.

– Si se toma el conflicto como un síntoma, ¿qué está expresando esto sobre la democracia interna en el MAS?

– Yo creo que la democracia lo primero que debe encontrar son espacios comunes de encuentro y en este momento no hay estos espacios de encuentro. Se han dinamitado los espacios que antes propiciaban un encuentro entre el presidente del partido, el líder de este proceso, y el presidente del Estado. Esos encuentros no se dinamitaron por ausencia de voluntad de Evo Morales, se fueron suspendiendo y finalmente ya no se realizaron más. No es un problema de la democracia interna del MAS, que puede funcionar mejor o a veces no funcionar, pero necesita esencialmente espacios de encuentro y éstos no se están produciendo. Cuando se tiene un mecanismo de democracia interna, lo primero que se hace, como en cualquier familia, cualquier partido, cualquier espacio colectivo donde hay ideas comunes, es discutir esos elementos. Pareciera que los espacios en este momento no se están gestionando y la interna está saltando directamente a dirimirse en el ámbito público. Pero la democracia necesita esencialmente puntos de encuentro y espacios comunes, no solamente ideas comunes. Y esos escenarios, esos espacios, esos puntos comunes creo que tienen que ser nuevamente construidos.  Evo Morales lanzó el desafío de las primarias, es la norma, pero no es la práctica con la que normalmente el MAS definió estas cosas. Lo hemos visto en muchos otros congresos, donde se tiene espacios abiertos de discusión interna, generación de consensos. Creo que esos espacios no pueden tampoco ser desplazados a nombre de un mecanismo electoral. Pienso que en última instancia eso puede dirimir, pero tenemos otros escenarios antes.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Ruta crítica a las elecciones presidenciales 2025

El politólogo y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, mapea el camino que recorrerá el país para llegar a la cita con las urnas el próximo agosto.

/ 18 de enero de 2025 / 21:33

El camino hacia las elecciones presidenciales de 2025 en Bolivia está cargado de innumerables desafíos y controversias; cuándo no. El proceso se da nuevamente en un escenario de polarización, agravado ahora por una crisis económica y desconfianza institucional. Además, la cita con las urnas tiene lugar en el año del Bicentenario, lo que añade un toque de drama histórico a la ocasión.

El resultado de estos comicios no solo definirá al próximo gobierno, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral y la madurez democrática de Bolivia para gestionar un proceso que ya muestra signos de tensión. Las dudas sobre cómo se desarrollarán los eventos está en el centro de la atención pública, con cada ciudadano afinando su pálpito.

Para profundizar en esta temática, Animal Político, de La Razón, conversó con José Luis Exeni. El politólogo, comunicador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presenta una visión crítica y detallada de los principales hitos y desafíos de de este camino hacia el voto en el cual ya está el país.

Ruta crítica a las elecciones

Según Exeni, uno de los aspectos más relevantes de este ciclo electoral es la ausencia de elecciones primarias, lo que ha modificado la temporalidad del proceso. “La convocatoria oficial a elecciones está prevista para abril, pero previamente, en febrero, deben registrarse las alianzas. Esto es crucial porque definirá si la oposición logra articular una alianza amplia o si se presenta fragmentada”, señaló.

La eliminación de las primarias no solo reduce las tensiones anticipadas, sino que también permite una mayor flexibilidad en la conformación de alianzas. Sin embargo, también genera incertidumbre, ya que la definición de candidaturas se posterga hasta mediados de mayo, dejando un corto margen para la campaña electoral oficial. Este cambio, según Exeni, “no es menor, ya que altera la dinámica del proceso y podría influir en la forma en que los partidos se preparan y movilizan”.

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Elecciones presidenciales 2025

Elecciones presidenciales 2025

Entre los hitos clave del calendario electoral, destaca la delimitación de circunscripciones. Este trabajo técnico, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es fundamental para garantizar una representación equitativa. “El hecho de que la ley de escaños haya sido aprobada sin mayores conflictos es una buena señal. Aunque los cambios fueron mínimos, esta aprobación permite avanzar con el proceso sin grandes contratiempos”, indicó.

Otro hito importante es la inscripción de candidaturas, programada para el 13 de mayo. “Este momento definirá el panorama electoral, ya que sabremos qué alianzas se concretaron, quiénes serán los candidatos y cuáles serán las estrategias de las distintas fuerzas políticas”, mencionó Exeni. Este punto también será crucial para resolver la incertidumbre en torno a la candidatura del expresidente Evo Morales, cuya participación está condicionada por barreras legales y la oposición de facciones dentro de su propio partido.

La fecha de votación, establecida inicialmente para el 10 de agosto, pero que podría modificarse dentro de ese mes, marca el cierre de este ciclo. En caso de que ningún candidato alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 12 de octubre. “Es fundamental que el proceso se desarrolle con normalidad y que se respeten los plazos establecidos, ya que cualquier retraso podría generar tensiones adicionales y poner en riesgo la credibilidad del sistema electoral”, advirtió.

A pesar de la claridad del calendario, existen factores de incertidumbre que podrían alterar el curso del proceso. Exeni mencionó específicamente las elecciones judiciales pendientes y los posibles conflictos en torno al referéndum intradepartamental sobre límites territoriales. “Aunque estos eventos no están directamente relacionados con las elecciones generales, su resolución o falta de ella podría tener un impacto significativo en el clima político del país”, afirmó.

El experto también destacó la importancia de proteger el principio de preclusión, que garantiza que las etapas del proceso electoral no sean revisadas o repetidas. “Vulnerar este principio, como ya ocurrió en las elecciones judiciales, sería abrir un boquete al sistema electoral y generaría un riesgo enorme para la estabilidad del país”, alertó.

Contexto de crisis múltiple

Exeni describió el contexto actual con tres palabras: crisis, polarización e incertidumbre. “Enfrentamos una crisis política e institucional severa, una crisis económica con signos claros de deterioro y una polarización social que se arrastra desde 2019”, mencionó.

La crisis política e institucional se manifiesta en una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país, llegando inclusive al Tribunal Supremo Electoral, que en anteriores procesos gozaba de mayor credibilidad. Según Exeni, esta desconfianza se ha extendido a otros organismos como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el poder judicial en general y las fuerzas del orden, configurando un panorama precario. “Esta pérdida de confianza mina la legitimidad del sistema y dificulta la construcción de consensos para resolver los problemas estructurales”, afirmó.

En cuanto a la crisis económica, Exeni destacó que los indicadores actuales muestran un paisaje sombrío. “Hay señales claras de inflación, escasez de combustibles y un deterioro general en la percepción económica de la ciudadanía. Esto no solo afecta el ánimo del electorado, sino que también incide directamente en las preferencias políticas”, explicó. La incertidumbre sobre el manejo de la economía durante el próximo gobierno será un tema central en el debate electoral.

Por otro lado, la polarización, lejos de ser solo un enfrentamiento discursivo, tiene profundas raíces sociales y culturales. Exeni señaló que esta división se agudizó a partir de las crisis políticas de 2019 y 2020, y se ha mantenido latente, incluso en contextos no electorales. “La fractura social entre sectores urbanos y rurales, así como entre diferentes clases sociales, complica la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios para fortalecer el sistema democrático”, mencionó.

El politólogo resaltó que la incertidumbre es el sentimiento predominante entre la ciudadanía. “Los estudios de opinión reflejan que la mayoría de los bolivianos sienten que el futuro del país es incierto. Esta percepción afecta no solo la confianza en el proceso electoral, sino también la participación ciudadana y el compromiso cívico”, aseveró.

Así las cosas, la gestión de la crisis será determinante para garantizar un proceso electoral pacífico y con resultados que sean aceptados por todos los actores políticos y sociales.

Fragmentación en las fuerzas políticas

El panorama político boliviano está profundamente marcado por la fragmentación, tanto en el oficialismo como en la oposición. José Luis Exeni explicó que esta división interna podría configurar un escenario electoral más competitivo, pero también más incierto. “El MAS está fracturado en dos facciones principales: una liderada por el presidente Luis Arce y otra por el expresidente Evo Morales. Esta división no solo afecta la dinámica interna del partido, sino que también tiene implicaciones directas en la gestión pública y en el propio proceso electoral”, señaló.

En el caso del MAS, la falta de cohesión interna es evidente. Mientras que el sector liderado por Arce controla el aparato estatal, el grupo de Morales cuenta con una base social sólida, aunque limitada por restricciones legales que podrían impedir su participación en las elecciones. “Esta disputa interna no se resolverá fácilmente, y lo más probable es que ambas facciones terminen presentando candidatos separados, debilitando así sus posibilidades de éxito”, observó Exeni.

Por otro lado, la oposición enfrenta sus propios desafíos de fragmentación. Aunque desde hace dos décadas se habla de la necesidad de unidad para enfrentar al MAS, los líderes opositores no han logrado articular un proyecto común. “Existen múltiples aspirantes a la presidencia, cada uno con agendas y enfoques distintos, pero sin una propuesta clara que capture la imaginación de la ciudadanía”, explicó.

Entre los actores de oposición, algunos buscan posicionarse como alternativas radicales, mientras que otros intentan ocupar un espacio de centro moderado. “Esta falta de cohesión y visión unificada no solo dificulta la tarea de competir contra el MAS, sino que también contribuye al desencanto de los votantes”, comentó Exeni.

Además, la fragmentación no es únicamente ideológica, sino también territorial. Las alianzas regionales y las plataformas departamentales suelen priorizar intereses locales por encima de una visión nacional, lo que complica aún más la posibilidad de consolidar un frente opositor sólido. “Este fenómeno no es nuevo, pero en el contexto actual, con una ciudadanía marcada por la incertidumbre y el descontento, podría ser aún más perjudicial para las fuerzas políticas”, agregó.

En este complejo escenario, Exeni enfatizó que “el reto principal no es solo ganar las elecciones, sino también ofrecer una visión de futuro que permita superar la crisis y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas”.

Riesgos de judicializar el proceso

La judicialización del proceso electoral se ha convertido en un riesgo real en Bolivia. Este fenómeno, que implica el uso de instancias judiciales para influir o alterar el desarrollo de las elecciones, amenaza con desestabilizar el sistema democrático del país. “El antecedente de las elecciones judiciales, donde decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vulneraron principios básicos como el de preclusión, es un ejemplo claro del peligro que enfrentamos”, señaló Exeni.

El principio de preclusión, que establece que cada etapa del proceso electoral es definitiva y no debe revisarse ni repetirse, es fundamental para garantizar la integridad del sistema. Sin embargo, su violación en procesos recientes ha abierto un “boquete” en la institucionalidad electoral. “Esto genera un terreno fértil para que actores políticos o judiciales busquen manipular los resultados o interferir en la competencia electoral, lo que socava la confianza ciudadana”, advirtió el expresidente del TSE.

El TCP, en particular, ha adquirido un rol polémico. “Se ha consolidado como un ‘suprapoder’ que actúa por encima de los demás órganos del Estado, emitiendo sentencias que no solo son cuestionables, sino que también tienen el potencial de alterar las reglas del juego en pleno desarrollo del proceso electoral”, explicó. Según Exeni, este comportamiento no solo pone en riesgo la imparcialidad del sistema, sino que también introduce una peligrosa inestabilidad jurídica y política.

Uno de los mayores temores es que decisiones judiciales futuras puedan deslegitimar candidaturas o incluso anular elecciones. “El riesgo de que se utilicen amparos constitucionales o sentencias ‘a medida’ para favorecer a ciertos actores es real y podría desencadenar una crisis aún mayor”, afirmó Exeni. Este escenario sería especialmente crítico en un contexto ya marcado por la polarización y la desconfianza institucional.

Para mitigar estos riesgos, Exeni resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía del TSE y garantizar que sus decisiones sean definitivas e inapelables, como lo establece la normativa vigente. “El TSE debe ser blindado de cualquier interferencia externa, ya sea política o judicial, para preservar la integridad del proceso”, subrayó.

Además, señaló la necesidad de un pacto político entre los principales actores, incluyendo partidos, instituciones y el propio TCP, para comprometerse a respetar las reglas del juego y evitar el uso de mecanismos judiciales como herramientas de sabotaje electoral. “Solo con un acuerdo amplio y una vigilancia ciudadana activa podremos evitar que la judicialización se convierta en un obstáculo insalvable para la democracia boliviana”, concluyó.

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Los tiempos del traspaso del poder en América Latina

Un análisis sobre las particularidades y simbolismos detrás de las transiciones presidenciales en los países de la región.

/ 18 de enero de 2025 / 21:21

Los tiempos en el traspaso de poder en la región no son idénticos en todos los países; responden, en algunos casos, a lógicas distintas, a coyunturas políticas específicas, a cambios constitucionales y/o a fechas emblemáticas. En determinadas ocasiones, se combinan varios factores.

Entre los países que cuentan con el menor tiempo de traspaso entre la gestión saliente y la entrante, se encuentra Argentina. El día estipulado para la asunción presidencial es el 10 de diciembre. Esta determinación respondió a la decisión política del Gobierno de Ricardo Alfonsín —primer presidente electo posdictadura militar—, quien asumió ese día en 1983 y resultó un hito histórico para la democracia argentina. Además, la fecha corresponde con el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta trayectoria fue alterada, en el marco de un peculiar contexto político, cuando Néstor Kirchner asumió un 25 de mayo de 2003.

En Argentina, las elecciones se realizan a fines de octubre y, si hay segunda vuelta, acontecen aproximadamente el tercer domingo de noviembre. Si contamos la última elección presidencial de 2023, solo pasaron 20 días entre el 19 de noviembre, día en el que Javier Milei ganó el balotaje, y el 10 de diciembre, la fecha de su asunción.

Entre los países con mayor tiempo de transición entre el Gobierno saliente y el entrante, se encuentran Uruguay y México. En las últimas elecciones presidenciales realizadas en la República Oriental del Uruguay (2024), la primera vuelta fue el 27 de octubre y el balotaje, el 24 de noviembre. Históricamente, la investidura presidencial en Uruguay se lleva a cabo el 1 de marzo posterior a la elección, fecha que coincide con la primera Legislatura del país. Es decir que la transición dura más de 3 meses (o, incluso, 4) si una fuerza política gana en primera vuelta.

Otro caso similar es México. La toma de posesión en este país es el 1 de octubre (esto ocurre desde 2024). Anteriormente, la toma de posesión presidencial se llevaba a cabo el 1 de diciembre cada seis años, según lo que establecía la Constitución Política mexicana. Aunque los tiempos de transición en gobiernos del mismo signo político parecieran más cortos por una cuestión de continuidad, pasaron 4 meses desde las elecciones del 2 de junio hasta la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el último 1 de octubre.

En países como Brasil, Colombia y Chile, el tiempo estipulado para la transición es de 48 días a 3 meses. Brasil suele llevar adelante la primera vuelta electoral el primer domingo de octubre y la segunda, al finalizar el mismo mes. La investidura presidencial en este país es el 1 de enero, según lo determinado por la Constitución de 1988.

Por su parte, en Colombia, la asunción presidencial está establecida el 7 de agosto y tiene un correlato histórico, ya que ese día se conmemora la Batalla de Boyacá. La primera vuelta se suele realizar a fines de mayo y, en caso de haber balotaje, se celebra a mediados de junio.

Chile realiza la primera vuelta electoral a mediados de noviembre, y en diciembre se celebra la eventual segunda vuelta. La investidura presidencial se lleva adelante el 11 de marzo del año siguiente a las elecciones, según la Constitución de 1980. Esta fecha ha sido una constante en la política chilena desde entonces y se ha mantenido como el día oficial para la toma de posesión de los presidentes electos.

Bolivia es un caso particular, en el cual el golpe de Estado de 2019 trastocó el calendario electoral y modificó la fecha de toma de posesión. Antes del golpe, se realizaba el 22 de enero, una fecha en la que se conmemora el día del Estado Plurinacional luego de la reforma constitucional de 2009. A causa del particular contexto político, el último presidente electo democráticamente, Luis Arce, asumió el 8 de noviembre de 2020 después de haber logrado la victoria casi un mes antes, en octubre de ese mismo año. De cara al 2025, las elecciones están pautadas para el 10 de agosto, la segunda vuelta para el 25 de octubre, y la fecha de la asunción sería el 8 de noviembre, similar a lo acontecido en 2020.

Ecuador también posee sus particularidades. De acuerdo con su Constitución, el presidente electo asume el cargo el 24 de mayo del año de la elección, y la fecha coincide con el aniversario de la Batalla de Pichincha. Sin embargo, en 2023, la toma de posesión presidencial de Daniel Noboa se llevó a cabo el 23 de noviembre debido a la anticipada salida del presidente Guillermo Lasso. En contextos normales, las elecciones presidenciales en Ecuador se realizan en febrero y en abril, la segunda vuelta (una de las temporalidades más amplias que existen entre la primera y la segunda vuelta en América Latina).

Por último, vale mencionar el caso de Perú, país que tendrá su próxima elección presidencial recién en 2026. Las elecciones están estipuladas para abril (la primera vuelta) y para principios de junio, el balotaje. La investidura presidencial suele producirse el 28 de julio, fecha que coincide con el Día de la Independencia peruana. En este caso —y a diferencia de lo ocurrido en Bolivia—, el quiebre institucional de diciembre de 2022 no ha modificado el calendario electoral. A pesar del Gobierno no democrático de Dina Boluarte, no se ha definido cambiar la fecha de la cita electoral y, por ahora, tampoco la de la asunción presidencial.

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La Ley de Imprenta cumple cien años

A un siglo de su promulgación, el autor reflexiona sobre el legado, los retos y la vigencia esta norma pilar de la democracia.

/ 18 de enero de 2025 / 21:04

La libertad de expresión, que en nuestro país está garantizada mediante la Ley de Imprenta, es un derecho innato del ser humano, que nace con su capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, a lo largo de la historia, este derecho ha sido constantemente vulnerado por quienes detentan el poder y no toleran la disidencia. Esta situación ha generado movimientos de rebeldía y resistencia, donde las ansias de libertad y justicia han encontrado cauces para manifestarse, incluso en condiciones de opresión.

En los albores de la lucha por la libertad de expresión, se recurría al anonimato mediante pasquines que desafiaban al poder al exponer ideas y críticas. Los poderosos, para mantener el control, castigaban a los autores de estos escritos mediante procesos sumarios que terminaban en severas sanciones, incluso la ejecución pública. Sin embargo, estas acciones represivas no lograron detener el impulso de expresarse libremente, sino que sembraron la semilla de un derecho fundamental que evolucionó hasta convertirse en una garantía reconocida.

El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este marco internacional refuerza el compromiso de los Estados, incluyendo Bolivia, de garantizar este derecho fundamental.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado consagra la libertad de expresión como un derecho civil y político. El numeral 5 del artículo 21 establece que los bolivianos tienen el derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. Asimismo, el numeral 6 garantiza el acceso a la información y su interpretación, análisis y difusión. A pesar de estos derechos, su cumplimiento pleno enfrenta obstáculos, entre ellos la falta de conocimiento generalizado de las leyes.

La Ley de Imprenta de 1925

El 19 de enero de 1925, se promulgó en Bolivia la Ley de Imprenta, un instrumento normativo que marcó un hito en la defensa de la libertad de expresión y prensa. Esta ley establece principios esenciales como la publicación sin previa censura y la responsabilidad de los autores, directores y editores de los medios.

Entre sus disposiciones destacadas se encuentran:

Responsabilidad sucesiva: Los autores, directores y editores son responsables de los delitos cometidos a través de la prensa, en un orden claramente establecido.

Publicaciones clandestinas: Se consideran tales aquellas que no consignan los nombres de los responsables en sus primeras páginas, imponiéndose sanciones económicas y penales.

Secreto de la fuente: Protege la confidencialidad de las fuentes de información, penalizando su revelación sin requerimiento judicial.

Delitos de imprenta: Regula las conductas que atentan contra la Constitución, la sociedad y las personas, estableciendo sanciones para cada caso.

La libertad de expresión, aunque esencial para la democracia, no es absoluta. Los límites se establecen para proteger otros derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la seguridad pública. En Bolivia, la Ley de Imprenta y el Código Penal regulan estas restricciones, buscando equilibrar la libertad con la responsabilidad.

Situación actual

El último informe sobre la libertad de expresión en Bolivia pone en evidencia preocupaciones significativas que afectan a este derecho fundamental. Entre los principales problemas destacan:

En Bolivia, se han denunciado diversos actos que atentan contra la libertad de expresión, incluyendo intimidaciones, censura y hasta hechos de violencia contra periodistas. Estas situaciones reflejan un entorno hostil para el ejercicio del periodismo independiente y plantean serios retos para el fortalecimiento de la democracia.

Medios bajo influencia

Un problema estructural radica en la dependencia económica de muchos medios de comunicación frente al gobierno de turno. Este dominio se manifiesta en las siguientes vertientes principales:

Control Gubernamental: Parte significativa de los medios opera bajo la influencia del gobierno, lo que limita su capacidad para abordar temas sensibles o críticos hacia las autoridades.

Enfoque Sensacionalista: Otros medios han adoptado una línea editorial amarillista, priorizando noticias de impacto superficial que atraen a grandes audiencias pero descuidan el análisis profundo y responsable.

Medios Independientes y Éticos: Solo una minoría de periodistas y medios mantiene una práctica profesional y ética, lo que es valorado por la ciudadanía consciente que demanda información veraz y objetiva.

Esta situación deja al descubierto un debilitamiento del papel fiscalizador de los medios de comunicación, afectando la transparencia y la participación informada de la ciudadanía.

Ley de Imprenta, expresión y democracia

En el contexto actual de Bolivia, la libertad de expresión adquiere una relevancia crítica como pilar de la democracia. El país atraviesa una etapa de transición caracterizada por:

Crisis Económica y Cambios Estructurales: El modelo económico vigente enfrenta profundas tensiones que requieren un debate amplio y participativo para definir un camino sostenible hacia el futuro.

Corrupción y Seguridad Jurídica: Las últimas décadas han estado marcadas por escándalos de corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y en algunos políticos, además de la ausencia de una independencia judicial y las diferentes vulneraciones a la constitución.

Ausencia de Políticas de Estado: La falta de estrategias claras en sectores clave como la energía y los recursos naturales ha debilitado el desarrollo estructural del país.

Posible Momento Constituyente: Se vislumbra un proceso constituyente que podría modificar la Constitución vigente, lo que exige un debate inclusivo y transparente.

En este panorama, la libertad de expresión no solo garantiza el acceso a información, sino que también fomenta el diálogo y la reflexión colectiva. Los medios de comunicación social, a pesar de sus limitaciones, desempeñan un rol crucial al informar, educar y promover la discusión democrática.

Desafíos y Propuestas

Para que los medios de comunicación cumplan efectivamente su función en la sociedad, es necesario:

Fortalecer la Ética Periodística: Es imperativo que periodistas y medios adopten códigos de ética que prioricen la verdad y el interés público por encima de intereses particulares.

Garantizar la Independencia Financiera: La promoción de mecanismos de financiamiento independientes podría reducir la dependencia económica de los medios frente a actores políticos o comerciales.

Fomentar la Educación Mediática: Es esencial educar a la ciudadanía para que identifique información fiable y reconozca las prácticas periodísticas éticas.

También es importante señalar que los principales medios de comunicación social son los impresos (periódicos, libros y revistas), la televisión, los medios digitales y las redes sociales, la imprenta cada vez pierde la trascendencia de tiempos pasados y se impone una nueva ley que regule  la libertad de expresión en sus nuevas versiones.

Reflexión Final

A 100 años de su promulgación, la Ley de Imprenta sigue siendo un baluarte de la democracia y la libertad en Bolivia. Este centenario nos invita a reflexionar sobre su vigencia y los desafíos que enfrenta en el contexto actual.

Es fundamental fortalecer una cultura que valore y respete la expresión libre y responsable como un pilar esencial de una sociedad justa y pluralista. Honramos así el legado de quienes lucharon por estos derechos y renovamos nuestro compromiso de defender la voz de todos los bolivianos. La libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino una herramienta colectiva para construir un futuro más justo y equitativo.

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22 de enero, ¿qué festejamos en Bolivia?

El autor señala aspectos controversiales del Decreto Supremo 450, que establece el 22 de enero como día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.

/ 18 de enero de 2025 / 20:39

Mediante el Decreto Supremo N° 450 de 20 de enero de 2010, se decreta el 22 de enero de cada año como el Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Este día se declara feriado con la suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional.

Analicemos un poco este decreto. El mismo presenta cinco considerandos previos al artículo único, que determina el feriado del 22 de enero.

El primer considerando hace referencia al artículo 67 del Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985, en el que se establecen los días feriados como suspensión de actividades en las siguientes fechas: 1 de enero, lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo, Corpus Christi, 6 de agosto, 1 de noviembre, 25 de diciembre, y en cada departamento la fecha de su efeméride.

El tercer considerando señala que, el 18 de diciembre de 2005, el pueblo boliviano logró un triunfo democrático histórico, dando inicio a la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia.

El cuarto considerando indica que, el 22 de enero de 2006, Evo Morales Ayma asumió la conducción del Estado en representación de las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos.

El quinto considerando señala que, el 22 de enero de 2010, se instituyó el Estado Plurinacional de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

Cuestiones sobre el 22 de enero

Primer tema a discusión: La mención al Decreto Supremo 21060. Este decreto es considerado el instrumento con el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro estableció la nueva política económica de Bolivia, que determinó el despido masivo de los trabajadores de las minas, conocido como «relocalización». Asimismo, este decreto liberalizaba el mercado y desregularizaba los precios. No se trata de un decreto cualquiera, sino uno de 170 artículos que establecía el marco normativo del llamado neoliberalismo. Es una mención curiosa para establecer un feriado. ¿Era necesaria esa mención? Pues, ni se modifica el decreto, solo se menciona, tal vez para recordar que aún sigue vigente en una buena parte.

Segundo tema a discusión: La Constitución Política del Estado no menciona como fecha de la institución del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010. En realidad, la Constitución entra en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial, la cual ocurrió el 7 de febrero de 2009. En consecuencia, si hay un día en el que se instituye la nueva Constitución y, por ende, el Estado Plurinacional, ese día es el 7 de febrero, y no el 22 de enero. La Constitución no es de un partido político, sino que es la Constitución de un Estado. Si bien se puede intentar sobre-interpretarla, burlarla o no cumplirla, es la Constitución la que ordena a todo gobierno su cumplimiento.

Historias e historias

Tercer tema a discusión: ¿Qué se pretende recordar el 22 de enero? El mismo decreto lo señala: el día de la asunción al cargo de Presidente de la República de Bolivia por Evo Morales Ayma, en tanto ese era el nombre de nuestro Estado el 22 de enero de 2006. Sobre si dejamos de ser república, considero que es un debate insulso, pues el artículo 11 de la Constitución vigente señala que Bolivia es una república. Asimismo, la palabra «república» se repite media docena de veces en el texto constitucional vigente.

Estos tres temas que sometemos a discusión nos permiten observar cómo hay una historia de los estados y una pretendida historia oficial que intenta fijar fechas y construir memorias de eventos que son, en el fondo, otros. En este caso, no se trata de la fecha del Estado Plurinacional, aunque el 22 de enero se lo presente de esta manera, sino del comienzo del gobierno de Evo Morales y de su partido político, conocido como MAS. Como se trata de un feriado, es muy difícil que los gobernantes actuales y futuros lo dejen sin efecto. Incluso en el corto y cuestionado gobierno de Jeanine Áñez se acató el feriado, ya que los feriados son muy esperados por todos los bolivianos.

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Biden retira a Cuba de la lista de terrorismo

Los analistas consideran la medida adoptada por el presidente saliente como ‘demasiado poco y demasiado tarde’.

/ 18 de enero de 2025 / 20:24

Al señalar que “el gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional” y ha “ofrecido garantías” de que no lo hará en el futuro, la Casa Blanca dijo en un memorando que la administración Biden está avanzando para rescindir la adición de Cuba en enero de 2021 por parte de la primera administración Trump a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (SSOT) y tomar otras medidas para aliviar algunas sanciones a la sufrida isla de 11 millones de habitantes.

La designación de Cuba como Estado Parte en la Lista SSOT se basó principalmente en que la nación socialista ha albergado a rebeldes izquierdistas colombianos y a varios fugitivos de la justicia estadounidense por presuntos crímenes cometidos hace décadas, a pesar de que ningún otro país ha sido incluido en la lista SSOT por tal razón y a pesar de que los terroristas de derecha cubanos exiliados gozan de ciudadanía -e incluso de estatus heroico- en Estados Unidos.

“A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en correspondencia con el reclamo sostenido y firme del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, especialmente de América Latina y el Caribe, de los cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas personalidades políticas de los Estados Unidos y de otros países”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado.

“Es importante destacar que se mantienen vigentes el bloqueo económico y gran parte de la decena de medidas coercitivas que se han puesto en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y violatorio del derecho internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos”, agregó el ministerio.

Durante 32 años consecutivos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado abrumadoramente a favor de resoluciones que condenan el bloqueo estadounidense a Cuba. Y durante 32 años, Estados Unidos, generalmente junto con un pequeño grupo de países, se ha opuesto a las medidas. La votación del año pasado fue de 187 a 2, e Israel se unió a Estados Unidos en el voto en contra de la resolución.

Cuba siguió la iniciativa de Biden al anunciar que liberaría “gradualmente” a 553 presos políticos tras negociaciones con la Iglesia Católica, informó The New York Times.

Muchos progresistas aplaudieron el cambio de postura de Biden. La congresista Nydia Velázquez (demócrata por Nueva York) dijo en un comunicado que la designación de Cuba como Estado de transición “solo ha empeorado la vida del pueblo cubano sin promover los intereses estadounidenses” y “ha dificultado que los cubanos accedan a la ayuda humanitaria, los servicios bancarios y la posibilidad de viajar al exterior”.

“También ha profundizado la escasez de alimentos y medicinas y ha empeorado la crisis energética de la isla, especialmente después del huracán Rafael”, agregó. “Estas penurias han impulsado una ola migratoria sin precedentes, que ha dado lugar al mayor éxodo en la historia de Cuba”.

La representante Ilhan Omar (demócrata de Minnesota) calificó la medida de Biden como “una acción largamente esperada que ayudará a normalizar las relaciones con nuestro vecino”.

“Este es un paso hacia el fin de décadas de políticas fallidas que solo han perjudicado a las familias cubanas y han tensado las relaciones diplomáticas”, agregó Omar. “Eliminar esta designación ayudará al pueblo de Cuba y creará nuevas oportunidades para el comercio y la cooperación entre nuestras naciones. Espero continuar el trabajo para construir puentes entre nuestros países y apoyar políticas que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al cubano”.

David Adler, co-coordinador general de Progressive International, calificó la exclusión de la lista como “demasiado poco y demasiado tarde”.

“El hecho de que el presidente estadounidense haya retirado la designación de Cuba como SSOT en los últimos días de su presidencia sólo significa una cosa: sabía, desde el primer día, que la designación era simplemente una excusa para castigar al pueblo cubano”, añadió Adler. “Pero la mantuvo de todos modos. Es repugnante”.

El grupo por la paz CodePink publicó una declaración en la que celebra el cambio de postura de Biden, pero añade que “es inaceptable que esta administración haya tardado cuatro años en abordar estas injusticias”.

“El presidente Biden tomó la decisión inhumana todos los días de no aliviar el sufrimiento de millones de cubanos manteniendo esta designación en vigor”, añadió el grupo. “Al tiempo que conmemoramos este avance tan esperado, solo podemos esperar que la administración Trump no revierta estos pasos cruciales hacia la justicia y la diplomacia”.

El candidato de Trump para secretario de Estado, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, es hijo de inmigrantes cubanos y un feroz crítico del gobierno socialista de Cuba. En 2021, Rubio presentó una legislación destinada a bloquear la eliminación de Cuba de la lista SSOT. Trump también ha designado a Mauricio Claver-Carone, un firme partidario de sancionar a Cuba, como su enviado especial para América Latina.

Alex Main, director de política internacional del Centro de Investigación Económica y Política, dijo el martes que “si bien esta decisión, que llega años después de que 80 miembros del Congreso instaran a Biden a revertir el enfoque de ‘presión total’ de Trump, debería haberse tomado hace mucho tiempo, es mejor tarde que nunca”.

“Sesenta años de políticas fallidas deberían ser más que suficientes, y esperamos que la nueva administración tenga la sabiduría y el coraje de seguir un nuevo rumbo, uno que sea en el mejor interés tanto del pueblo estadounidense como del cubano”, añadió Main.

Cuba fue incluida por primera vez en la lista SSOT por la administración Reagan en 1982, en medio de una campaña continua de décadas de terrorismo en el exilio, intentos de subversión, intentos de asesinato fallidos, guerra económica y operaciones encubiertas grandes y pequeñas respaldadas por Estados Unidos en un esfuerzo inútil por derrocar al gobierno revolucionario del líder de larga data Fidel Castro. Cuba dice que el terrorismo respaldado por Estados Unidos ha matado o herido a más de 5.000 cubanos y ha costado a su economía miles de millones de dólares.

En marcado contraste, Cuba no ha cometido ningún acto terrorista contra Estados Unidos.

El expresidente Barack Obama eliminó a Cuba del SSOT en 2015 durante un acercamiento prometedor, pero en última instancia efímero entre los dos países que terminó abruptamente cuando Trump asumió el cargo por primera vez en 2017.

“Cuba continuará enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas injerencistas y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos”, afirmó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. “También seguirá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de ambos, a pesar de las diferencias”.

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