La invitación y participación del presidente de Estado, Luis Arce, en la 16ª Cumbre de los BRICS, que se realizó entre los días 22-24 de octubre pasado en Kazán, Rusia, representa un logro de gestión y acontecimiento fundamental para la política exterior de Bolivia. Y más aún cuando en esta Cumbre de los BRICS se admitió a Bolivia como Estado asociado, junto a 12 países: Argelia, Bielorrusia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Recordemos que el 31 de julio de 2023, Bolivia oficializó su deseo de sumarse a los BRICS, asegurando el presidente Arce que Bolivia comparte con los BRICS una visión común respecto a un orden internacional fundado en la igualdad, la complementariedad, la solidaridad, la inclusión, el consenso, la cooperación mutuamente beneficiosa, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, en el marco del multilateralismo. Las reuniones del mandatario boliviano con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otros Jefes de Estado de países BRICS, la visita del Presidente Lula de Brasil a Bolivia, y la visita oficial de la Canciller Celinda Sosa a China, entre otras gestiones diplomáticas importantes, trazaron la hoja de ruta para esta histórica inserción de Bolivia en los BRICS.

El bloque de cinco países con el acrónimo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que a partir del 1 de enero de 2024 también incluyó 5 nuevos países (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos [EAU], Irán, Egipto y Etiopía), sumados a los 13 nuevos países como el caso de Bolivia con estatus de Estado asociado, se convierte y extiende a 23 miembros BRICS. Por lo que, en la actualidad, el bloque estadocéntrico BRICS representa el 36,7% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, el 24,5% del comercio global, el 39,3% de la producción industrial y el 45% de la población mundial.

La Cumbre de Kazán, Rusia, fue el epicentro de la revitalización de la alianza de Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica con los nuevos socios: Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Las conclusiones del Encuentro de Kazán proyectan el surgimiento de nuevos centros de poder, toma de decisiones políticas y crecimiento económico, que sientan las bases de un orden mundial multipolar más justo, democrático y equilibrado. El apoyo a una reforma integral de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, para hacerla más democrática, representativa, eficaz y eficiente, y para aumentar la representación de los países en desarrollo en todas las categorías de miembros del Consejo. El papel decisivo de los BRICS en el proceso de mejora del sistema monetario y financiero internacional, para que pueda responder más rápidamente a las necesidades de todos los países.

Está claro que los BRICS no buscan enfrentamiento con los países centrales ni buscan intencionalmente el derrumbe del dólar como moneda de intercambio internacional; es decir, los BRICS necesitan establecer otros mecanismos de intercambio por fuera del dólar o sucumben, porque enfrentar la tiranía del dólar es indispensable para los países asediados, sancionados, privados de créditos internacionales, bloqueados y manipulados económicamente. Y la desdolarización es una medida defensiva necesaria para llevar a cabo sus planes de desarrollo en integración. Por eso tampoco están en contra de los países centrales; no los anima la hostilidad, ni la guerra, ni la competencia, sino, por el contrario, la convivencia plural en un mundo de paz, en aras del bienestar colectivo de sus pueblos. Allí, los discursos de los jefes de Estado de los países miembros revelaron, además, que los BRICS no están en «modo conservación», sino enfocados en el robustecimiento de posiciones que van bosquejando un nuevo horizonte hacia un mundo diferente al actual. Y no solo por la propuesta del multipolarismo ni por buscar, supuestamente, destronar al dólar, sino porque otros factores de fondo marcan ese camino. Esto quedó evidenciado claramente, entre otros elementos y temas, en el encuentro que tuvo lugar en Kazán en octubre de 2024.

Los miembros de los BRICS cumplen un papel importante dentro de sus respectivas regiones. Además, cada vez en mayor medida, los países BRICS aparecen con propuestas concretas en el campo económico, financiero y estratégico mundial. Este grupo estadocéntrico e intergubernamental, que tiene como objetivo la cooperación Sur-Sur para el desarrollo entre potencias emergentes, cuenta con el enorme peso económico de China, orientada a comandar el proceso de globalización que Occidente poco a poco va dejando vacante. En esta línea, el presidente chino, Xi Jinping, expresó con claridad la hoja de ruta de la política internacional de los próximos años: «Necesitamos abogar por una nueva economía global, apoyar el régimen de comercio multilateral, oponernos al proteccionismo y volver a equilibrar la globalización económica para hacerla más incluyente y equitativa». Esto no significa anular el orden económico surgido en la posguerra fría, sino adaptarlo a la distribución actual del poder global, reformando las viejas instituciones de Bretton Woods –como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial– y, también, creando y expandiendo otras nuevas. No por nada, uno de los resultados más notorios es el funcionamiento por casi ya una década del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, con sede en Shanghái, China. La intervención del presidente Xi Jinping en Kazán resume algunos de estos elementos. En su discurso subrayó la importancia de impulsar la reforma de la gobernanza mundial e hizo un llamamiento a promover la solidaridad y la cooperación entre los países BRICS: «Debemos construir un BRICS comprometido con la paz, con la innovación, revolución tecnológica y cambio industrial, el desarrollo verde, la justicia, y la coexistencia armoniosa entre todas las civilizaciones».

En este contexto, Bolivia celebra y trabaja su inserción al grupo de países denominado BRICS, así como el ingreso al Nuevo Banco de Desarrollo de BRICS, clave para financiar proyectos de desarrollo para nuestro país. Bolivia coincide en impulsar la transformación de la economía y la gobernanza mundial, para desplegar un desarrollo conjunto basado en los grandes avances de la ciencia y la tecnología, la conectividad digital y las energías renovables. Esto se reflejó en la reciente reunión bilateral de los Presidentes Luis Arce y Xi Jinping, en el marco de la Cumbre del G-20 de Río de Janeiro, Brasil: primera reunión Presidencial de Bolivia y China como miembros de BRICS.

Bolivia es un país rico en recursos naturales, tiene la mayor reserva de litio del mundo, posee importantes reservas de gas natural, minerales tradicionales, tierras raras y, como país, desarrolla una asociación estratégica con China y Rusia con el objetivo de potenciar la tecnología y el financiamiento para la industrialización soberana del litio como recurso energético, así como garantizar el mercado para productos bolivianos con valor agregado derivados del litio, en China y los mercados emergentes del Sur, constituidos por los BRICS.

La diversificación de la economía boliviana, la industrialización con sustitución de importaciones, la producción y exportación de alimentos, la consolidación de una economía de base ancha y la redistribución social del excedente económico son los objetivos del modelo económico boliviano que lidera y conduce el presidente Luis Arce, los cuales requieren de manera urgente nuevos enfoques de integración y asociación con soberanía. Por ello, el ingreso de Bolivia a los BRICS Plus se constituye en un acierto de la política exterior de Bolivia y de la Cancillería, porque: 1) nos obliga a reconocernos como país parte del Sur Global y la Cooperación Sur-Sur, de las periferias del sistema-mundo, sometidas históricamente a la injerencia extranjera; 2) como país tendremos más voz, autonomía y representación en la toma de decisiones sobre los asuntos globales; 3) cooperación financiera y acceso a nuevas formas de financiamiento a través del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ampliando la relación con otros países que están fuera del sistema de transacciones SWIFT, en la alternativa CIPS de China; 4) con los BRICS ampliados, se promoverá un orden global más armónico donde la cooperación reemplace a la confrontación, el desarrollo productivo a la especulación financiera, el principio de respeto mutuo al intervencionismo unilateral, la integración económica a las sanciones anacrónicas y la transferencia de tecnología a los bloqueos tecnológicos. Por ello, no cabe duda de que la histórica inserción de Bolivia en los BRICS es el camino correcto y acorde a nuestros intereses como país.

¿Quién convenció a Jeanine Áñez para que no se le pasara por la cabeza que su temeraria decisión de asumir la presidencia del Estado no tendría consecuencias jurídico legales? ¿Quién le hizo creer que su llegada al Palacio Quemado no le acarrearía con el transcurso del tiempo las consecuencias que hoy está sufriendo? Hay dos posibles respuestas: 1) Una sola persona con enorme capacidad persuasiva le aseguró que estaba en la línea de la sucesión constitucional, cosa que ella, como Senadora, tenía que saber que no era cierta. Esa misma persona pudo convencerla que con el comunicado de prensa respaldado por la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001 que viabilizó legalmente la sucesión de Jorge “Tuto” Quiroga al Gral. Hugo Banzer Suárez, se tenía la jurisprudencia necesaria. 2) Un conjunto de actores políticos tenía claro que la segunda vicepresidencia del Senado ejercida por Áñez la situaba como la posibilidad “más cercana” a la legalidad para asumir la presidencia del Estado, como lo dijera en su momento el ex Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, aunque en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional se sabía que quién se sentía en capacidad y disposición para ser presidente era su colega Oscar Ortiz. “Cercano a la legalidad” debe entenderse como ilegal.

Para que toda la estructura político partidaria opositora al gobierno del MAS-IPSP pudiera operar con éxito el derrocamiento de Evo Morales es imprescindible recordar que entre las decisiones del líder del partido de gobierno y las del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se habían cometido dos garrafales errores, uno estratégico y el otro táctico.

El error estratégico consistió en la forzada habilitación de Evo Morales en noviembre de 2017 a través de la decisión del Tribunal Constitucional de considerar la candidatura presidencial como un “derecho humano”, decisión cuatro años después (agosto, 2021) rebatida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el antecedente de un referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 en el que la ciudadanía se manifestó mayoritariamente en sentido de negar una tercera repostulación al entonces mandatario en las elecciones a escenificarse en 2019. Conclusión: Si Evo Morales decidía no forzar su candidatura presidencial las probabilidades de una conspiración golpista habrían quedado neutralizadas o por lo menos pospuestas hasta nuevo aviso.

El error táctico, ya en el desarrollo de los comicios del 20 de octubre de 2019, fue interrumpir la publicación de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche de ese mismo 20 de octubre hasta el 21 de octubre por la noche, lo que generó una rápida reacción de los observadores internacionales, especialmente los de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezados por el costarricense Manuel Gonzáles, quién sin ningún elemento objetivo a su disposición se atrevió a rayar la cancha para generar el clima propicio que desatara la indignación de una buena parte de la ciudadanía convencida de que estaba en marcha un fraude electoral.

Gonzáles afirmó que “la Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Conclusión: “La mujer del Cesar no sólo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo” es la mejor expresión para explicar que el conteo preliminar no oficial (TREP) a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debió ser interrumpido en su publicación en momento alguno, y de esa manera eludir los argumentos para que los adversarios políticos de Evo Morales y el MAS-IPSP pasaran a operar durante tres semanas –21 de octubre al 10 de noviembre de 2019—una estrategia que lograría finalmente la renuncia de Evo, no sólo a ser candidato, sino a dejar la presidencia del Estado dos meses antes de la conclusión formal de su mandato.

A Jeanine Áñez que se encontraba en Trinidad, Beni, la contactaron por celular desde una reunión celebrada en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, con Monseñor Eugenio Scarpellini, Obispo de la ciudad de El Alto, como anfitrión, lo que evidencia, en primer lugar, cómo la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) había dado lugar a que la Iglesia Católica asumiera un rol político partidario en el desarrollo de la crisis política que derivaría en crisis de Estado. Fue a partir de ese llamado que se consumó la decisión de quién llegaría a suceder en el cargo a Evo Morales. A Scarpellini lo acompañaron en dichas oportunidades, el líder de la CEB, Aurelio Pesoa; el Obispo Auxiliar de El Alto, Giovani Arana; el Secretario Adjunto, José Fuentes, y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo, quienes posteriormente serían recibidos por Áñez en el despacho de la Presidencia del Senado, cuando todavía ni siquiera se había producido la puesta en escena de su doble “autoproclamación” como Presidenta de la Cámara Alta y Presidenta del Estado.

Utilizo a continuación la información acerca de las reuniones realizadas en la Universidad Católica para graficar roles y responsabilidades de quienes convirtieron una sala de reuniones de un recinto académico en una sala de guerra política para definir el destino de las elecciones del 20 de octubre que finalmente serían anuladas y objeto de una auditoría a cargo de expertos enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA), procedimiento aceptado por Evo Morales y operativizado por sus entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.

Los operadores políticos que propiciaron la asunción de Áñez a la Presidencia de Bolivia les comunicaron a tres representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que estuvieron presentes en las reuniones de la Católica –la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; la Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Susana Rivero; y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales—que prácticamente las decisiones habían sido tomadas, y que con la venia o no del MAS-IPSP serían ejecutadas.

En honor a la verdad es absolutamente falso como declararan en marzo de 2021 representantes de la Iglesia Católica, que lo que allí se había decidido fue en concertación con las representantes masistas en dichas reuniones en las que el embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre, jugó un papel de coordinador trasladándolas desde la residencia de la Embajada de México donde se encontraban refugiadas, hasta la Universidad Católica.

 Debido a que Salvatierra, Rivero y Morales estuvieron en esas decisivas reuniones, posteriormente el país tuvo la posibilidad de acceder a la información de cómo jugaron sus cartas todos los golpistas que se dieron cita para definir qué sucedería con el país y con el supuesto “fraude electoral” que estaba por terminar con el gobierno del MAS-IPSP.

Las reuniones realizadas en la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre el 10 y el 12 de noviembre fueron decisivas para que a continuación se consumara la imposición de la banda presidencial a Jeanine Áñez. Conviene detallar el quién es quién de dichas reuniones para dejar registrado que todos los actores allí reunidos para ejecutar el derrocamiento de Evo Morales tienen como denominador común el haber formado parte o tener alguna relación con candidaturas y partidos gubernamentales que fueron parte de la llamada democracia pactada vigente en Bolivia entre 1985 y 2005 y con políticos y militares producto de las dictaduras de los 60 y 70.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz no estuvo en las reuniones de la Católica, pero envío a su abogado de confianza Jerjes Justiniano (hijo), quién fungió de moderador de las discusiones. Camacho tuvo una objetiva actuación político militar callejera durante los 21 días en que se paralizó el país, a través de la movilización de activistas en Santa Cruz de la Sierra que bloquearon calles y avenidas, y suspendieron actividades laborales con el objetivo de buscar la renuncia a la presidencia de Evo Morales. Camacho es hijo de José Luis “Papi” Camacho, quién había sido en los años 90, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pero 20 años antes participó en el golpe de Estado que hizo dictador al entonces Cnl. Hugo Banzer Suárez.

Por confesión registrada en celulares a gente de su confianza (27 de diciembre de 2019) y que luego saltó a las redes sociodigitales y a los medios de comunicación, Camacho que llevó una carta hasta la Casa Grande del Pueblo pidiendo la renuncia de Morales en el momento de mayor tensión, días previos al derrocamiento, dijo en tal oportunidad que fue su padre el que convenció a policías y militares para ponerse de su lado con el fin de que la conspiración alcanzara los resultados previstos. En otro libro (“Democracia interrumpida, gobierno de facto y crisis de Estado en Bolivia”, dos ediciones, 2021 y 2024) este periodista ha escrito que Camacho se erigió en el macho alfa del golpe de Estado encabezando bloqueos, marchas y cabildos alrededor del Cristo Redentor de la avenida Banzer (hoy Monseñor Rivero) y que con la estrategia de la llamada “Revolución de colores” basada en la combinación estratégica del activísimo en las redes y la agitación callejera logró consolidar la caída del MAS.

Jerjes Justiniano, que representaba a Camacho en las reuniones de la Católica, fue nombrado por la presidenta Áñez, Ministro de la Presidencia, cargo al que se vio obligado a renunciar a los veinte días de haber asumido, (02 de diciembre de 2019) por su involucramiento en el caso “La Manada”, en el que había asumido defensa de uno de los cinco autores de un caso de violación grupal contra una joven de 18 años en Santa Cruz de la Sierra y en el que quiso gravitar haciendo uso de su flamante poder político.

Carlos Mesa Gisbert, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC) podría considerarse como un perjudicado por el golpe de Estado, debido a que la anulación de los comicios del 20 de octubre, impidió como en principio se pensaba, llegar a una segunda vuelta en el entendido de que Evo Morales como primero en las preferencias no habría logrado la diferencia mínima del 10 por ciento sobre su inmediato seguidor para obtener el triunfo en primera vuelta. Si en lugar de anular dichos comicios se pensaba en la imposición de una segunda vuelta, Mesa tenía altas probabilidades de conseguir el triunfo, considerando que Morales no superaba el 50 por ciento de los votos (habría logrado el 47 por ciento) como lo consiguió en todos los procesos electorales en los que triunfó desde 2005.

En una inocultable fijación contra el MAS-IPSP, Mesa declaro en el momento más caliente de la crisis que ningún parlamentario del partido de gobierno debía sustituir a Morales en un explícito desconocimiento a la Constitución que señala que en la sucesión presidencial, el elegido o elegida debe surgir de la bancada mayoritaria como lo disponen la propia Constitución a partir de su artículo 169 y de los reglamentos camarales.

Más tarde, cuando Jeanine Áñez decidió pasar de presidenta transitoria a candidata presidencial (enero de 2020), Mesa dijo que esa candidatura impediría a Áñez ser una buena presidenta. Al respecto la ex presidenta declaró el 4 de junio de 2021 ante una Comisión de Fiscales en el juicio “Golpe de Estado 2”: “Jeanine Áñez acaba de vincular a Carlos Mesa con su sucesión y develar que éste impidió que Adriana Salvatierra u otros senadores del MAS asuman el poder en noviembre de 2019. Entonces, el expresidente se convirtió en el factor clave de la transición” (diario La Razón).

Mesa, ex vicepresidente y sucesor en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 estuvo acompañado por Carlos Alarcón y Ricardo Paz en las reuniones de la Católica. Alarcón había sido candidato vicepresidencial para las elecciones de 2002 haciendo binomio con el abogado René Blattmann, ministro de Justicia de Sánchez de Lozada (1993 – 1997) en representación del Movimiento Ciudadano para el Cambio, obteniendo el décimo lugar con el 0.63 por ciento de los votos, en tanto que Ricardo Paz formó parte de la cúpula de Conciencia de Patria (CONDEPA), fundada por el comunicador y músico Carlos Palenque Avilés en 1988, partido que dejó de existir el año 2002.

Otro ex vicepresidente, y también sucesor presidencial, Jorge “Tuto” Quiroga”, se constituyó sin representación formal alguna, en articulador de la salida de Evo Morales del gobierno y del país. Su larga relación con la Embajada de los Estados Unidos y su coordinación con el entonces Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gral. Gonzalo Terceros, fueron determinantes durante los días en que el golpe fue consumado. Quiroga tenía claro que si Evo permanecía en el país, la situación podía agravarse hasta niveles incontrolables de violencia, por lo que fue el primer interesado en facilitar el exilio del Presidente renunciante junto al Vicepresidente Álvaro García Linera y a la Ministra de Salud, Gabriela Montaño. En la actualidad, Quiroga tacha de cobarde a Morales por haber “huido del país”.

“Tuto” Quiroga que le abrió la puerta a Jeanine Áñez en 2006 para que fuera asambleísta de la Constituyente en representación de su agrupación ciudadana, Poder Democrático y Social (PODEMOS) fue nombrado representante internacional del gobierno de Áñez para explicar fuera del país, en la OEA, en el Mercosur y ante medios de comunicación internacionales, lo acontecido en octubre-noviembre de 2019,cargo al que renunció el 08 de enero de 2020. Más adelante, Quiroga consideraría su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2020, de la que finalmente se bajó porque los números le eran adversos: Según una encuesta llegaba apenas a un uno por ciento de las preferencias ciudadanas.

El que fuera vicepresidente del Gral. Banzer, jugó un papel fundamental para el éxito de la conspiración civil, eclesial, militar y policial contra el gobierno del MAS-IPSP. “Tuto” Quiroga concurrió a las reuniones de la Universidad Católica junto a su mano derecha, el abogado Luis Vásquez Villamor que había sido el primer Alcalde de la ciudad de El Alto por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) elegido por voto popular en 1987, y que más adelante ocuparía el Ministerio de Justicia (2001) y la presidencia de la Cámara de Diputados (2002) que a 17 años de haber tramado y ejecutado la expulsión del diputado Evo Morales de la Cámara, se encontraba con la posibilidad de volver a expulsarlo, esta vez de la Presidencia del Estado. Vásquez es el estratega de la figura del ipso facto para que Áñez se hiciera presidenta del Estado.

Samuel Doria Medina es el “metepata” al que se le salió lo del “Plan B” en tono de advertencia dirigido a Salvatierra, Rivero y Morales en una de las reuniones realizadas en la Universidad Católica, poniendo en evidencia que ya todo estaba cocinado para que Jeanine Áñez asumiera la presidencia. Empresario cementero hasta hace algunos años y ahora inmobiliario y agente autorizado de una transnacional de trash food, Doria Medina ha jugado un papel bastante más notorio del que le otorgan los medios de comunicación con respecto de su actuación para el derrocamiento de Evo Morales. Para quienes no lo saben, fue el ahora propietario del rascacielos más alto de La Paz, el Greentower, quién invitó a participar en política a Arturo Murillo en su partido Unidad Nacional (UN), al que años más tarde apodaría el “Bolas” y que sería el Ministro de Gobierno, dueño y señor del poder durante la presidencia de Áñez.

Fue el mismo Doria Medina que sello acuerdo seguramente con la mediación de Oscar Ortíz, la alianza con el Movimiento Demócrata Social (MDS) del gobernador Rubén Costas. No será casual por ello, que Doria Medina hiciera nombrar en la Vicecancillería a quién ese momento era uno de sus asesores, Manuel Suárez Ávila, que en realidad fue puesto allí para, a través de encuestas coordinadas con el propietaro del diario Página Siete, Raúl Garafulic Lehm,medir la popularidad de Áñez con el objetivo de hacerla candidata presidencial. “¿Y si fuera ella?” era la pregunta que surgió de Doria Medina y sus cercanos, Murillo y Ortiz, autores operativos en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la autoproclamación de Áñez primero como presidenta del Senado y pocos minutos después como presidenta del Estado.

Samuel Doria Medina fue anunciado como candidato a la Vicepresidencia del Estado, cuando Jeanine Áñez pasó de presidenta que debía permanecer en el cargo transitoriamente durante tres meses, a candidata presidencial. En 2021 muy suelto de cuerpo declaró públicamente: “Yo no estuve en el gobierno de Jeanine Áñez”.

A las decisiones tomadas en la Universidad Católica Boliviana le siguieron las acciones desarrolladas en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo comandaron un operativo en el que primero se impidió el ingreso de los asambleístas del MAS-IPSP y luego, cuando los cordones de seguridad conformados por “pititas” (1), policías y militares lograron evitar que las mismas Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y Susana Rivero, presidenta en ejercicio de Diputados, pudieran pasar del edificio que fuera propiedad del Banco Minero en el que se encuentran comisiones parlamentarias, (calle Comercio esquina Colón) a la Asamblea Legislativa. En un forcejeo con efectivos militares, Rivero evitó que uniformados del Ejército se llevaran detenida a Salvatierra, mientras en esos momentos se preparaba la “posesión” de Añez como Presidenta: No hay imágenes de medios y redes sociales acerca de este incidente.

El que fuera senador potosino por el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), Edwin Rodríguez contó en el programa radiofónico “Al límite” de radio Illimani-Patria Nueva (20 de marzo de 2021) que había quedado abierta la posibilidad para que el 12 de noviembre de 2019, a través de un acuerdo con la mayoritaria bancada del MAS-IPSP pudiera asumir la presidencia del Senado y de ese modo dar paso a la sucesión constitucional una vez renunciados Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Se debe recordar que Rodríguez era candidato vicepresidencial formando binomio con Oscar Ortiz por la alianza Bolivia dice No, y este decidió renunciar a la misma, convencido de que para ganarle a Evo era necesaria la unidad a través de una sola candidatura. Con la agilidad que exigía el momento, se hicieron los trámites para habilitar como senadora a Reyna Isabel Villca Huayllani, suplente de Rodríguez, quién en su momento le pidiera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que invadiera Bolivia. La indebida inhabilitación de Rodríguez le impidió el ingreso en la Asamblea Legislativa, lo mismo que había sucedido con senadores y diputados del MAS-IPSP.

En uno de los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Aldo Camacho, responsable de Comunicación del Senado tuvo la templanza para encarar al Senador Arturo Murillo, al que le dijo que lo que estaban a punto de consumar era ilegal. Murillo respondió terminantemente: “Sabemos que es ilegal, pero tenemos el apoyo de la calle”.

El resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue más una derrota demócrata que un triunfo de Donald Trump. Los demócratas perdieron no porque el presidente estadounidense Joe Biden se mantuvo en la carrera demasiado tiempo, ni porque Kamala Harris no esté calificada, sino porque han estado perdiendo trabajadores y no han logrado recuperarlos.

El partido dejó de ser un hogar para los trabajadores estadounidenses hace mucho tiempo debido a su apoyo a la disrupción digital, la globalización, los grandes flujos de inmigrantes y las ideas «despiertas». Hoy en día, quienes tienen más probabilidades de votar por los demócratas son los altamente educados, no los trabajadores manuales. En Estados Unidos, como en otras partes, la democracia sufrirá si el centroizquierda no se vuelve más pro-trabajador.

Si bien los demócratas ganaron algunas elecciones anteriores con el apoyo de Silicon Valley, las minorías, sectores de los sindicatos y la clase profesional en las grandes ciudades, esto nunca fue sostenible. Una coalición de este tipo resulta alienante para los trabajadores y la clase media en gran parte del país, especialmente en las ciudades más pequeñas y el sur. El problema ya era evidente después de 2016, lo que en parte explica por qué Biden adoptó una estrategia industrial a favor de los trabajadores en 2020.

Trump y la economía

La economía de Biden sí benefició a la clase trabajadora al crear empleos y fortalecer la base industrial estadounidense. Los salarios de los más pobres aumentaron rápidamente, y las políticas empezaron a acercarse un poco a las opiniones de los trabajadores estadounidenses sobre inmigración, proteccionismo, apoyo a los sindicatos e inversión pública. Pero el establishment del partido –especialmente los activistas altamente educados concentrados en prósperas ciudades costeras– nunca internalizó las preocupaciones culturales y económicas de los trabajadores. En cambio, los demócratas a menudo parecían estar sermoneándolos o regañándolos.

Esta es mi propia prueba para entender la relación entre los demócratas y los trabajadores estadounidenses: si un miembro de la élite demócrata está varado en una ciudad desconocida, ¿preferiría pasar las siguientes cuatro horas hablando con un trabajador estadounidense del Medio Oeste con un diploma de escuela secundaria o con un profesional con educación de posgrado de México, China o Indonesia? Cada vez que planteo esta pregunta a colegas y amigos, todos dan por sentado que se trata de esto último.

Clase trabajadora

Con su énfasis en la clase media y el patriotismo, Harris inicialmente parecía dispuesta a abordar este problema. Si hubiera sido creíble, un verdadero esfuerzo por recuperar a los trabajadores bien podría haber ganado las elecciones. Pero, al final, la campaña se había centrado en los temas que más importaban a la base. El mayor intento de ampliar la coalición provino de utilizar a Liz Cheney (una ex congresista republicana que ha sido expulsada de su partido) para apelar a las mujeres suburbanas sobre el tema del aborto. La libertad reproductiva puede ser un tema crítico, pero nunca iba a convencer a la clase trabajadora, y ciertamente no a los hombres de la clase trabajadora.

En materia económica, los demócratas pueden hablar de oportunidades y empleos hasta que se pongan azules, pero, a menos que se distancien de la élite tecnológica y empresarial global, esos mensajes no se traducirán en una agenda realmente favorable a los trabajadores, y los trabajadores se darán cuenta de inmediato. Ahora que incluso Silicon Valley está empezando a abandonar a los demócratas (irónicamente), no hay mejor momento para cambiar de rumbo.

Pero será difícil cambiar de dirección ahora que el Partido Republicano de Trump y J.D. Vance se ha convertido en el principal hogar de los trabajadores (especialmente los de la industria manufacturera y las ciudades más pequeñas) y ahora que las élites demócratas están tan culturalmente desconectadas de los trabajadores y de gran parte de la clase media.

Desafíos

La gran tragedia es que, si bien la agenda de Biden había comenzado a dar resultados sutiles para los trabajadores (lo que demuestra que la globalización y la creciente desigualdad no son simplemente fuerzas ciegas de la naturaleza), las políticas de la próxima administración casi con certeza apoyarán a los plutócratas. Los aranceles elevados a las importaciones de China no recuperarán los empleos que han abandonado el país y, sin duda, no ayudarán a mantener la inflación bajo control. Si bien las políticas de Biden durante la pandemia (que se sumaron a las medidas de estímulo del propio Trump) impulsaron la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos logró restablecer la estabilidad de precios. Pero si Trump presiona a la Fed para que recorte más las tasas (para impulsar su propia popularidad), la inflación podría volver.

Además, la defensa que hace Trump del sector de las criptomonedas probablemente permitirá más estafas y burbujas, sin hacer nada por los trabajadores o consumidores estadounidenses. Sus prometidas reducciones de impuestos beneficiarán principalmente a las corporaciones y al mercado de valores, y cualquier aumento resultante en la inversión se destinará en gran medida al sector tecnológico y la automatización.

En términos más generales, los próximos cuatro años de política tecnológica podrían resultar un desastre para los trabajadores. Si bien Biden emitió una importante orden ejecutiva sobre la IA, este fue apenas un primer paso. Si no se regula adecuadamente, la IA no solo causará estragos en muchas industrias, sino que también conducirá a una manipulación generalizada de los consumidores y los ciudadanos (solo basta con mirar las redes sociales), y su verdadero potencial como herramienta que puede ayudar a los trabajadores no se materializará. Al apoyar a las grandes empresas y a los capitalistas de riesgo en Silicon Valley, la administración Trump impulsará la tendencia hacia la automatización que sustituya a la mano de obra.

Trump y las instituciones

La amenaza de Trump a las instituciones estadounidenses también plantea un gran riesgo para los trabajadores. No es ningún secreto que debilitará aún más las normas democráticas, introducirá incertidumbre en la formulación de políticas, profundizará la polarización y socavará la confianza en instituciones como los tribunales y el Departamento de Justicia (que intentará convertir en armas). Esta conducta no conducirá inmediatamente a un colapso económico, e incluso puede alentar algunas inversiones de sus empresas favoritas (incluida la industria de los combustibles fósiles) en el corto plazo. Pero en el mediano plazo (digamos, diez años más o menos), el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza pública en los tribunales afectarán la inversión y la eficiencia.

Esas debilidades institucionales siempre son económicamente costosas y podrían resultar verdaderamente desastrosas en una economía que depende de la innovación y de tecnologías complejas y avanzadas, que requieren un mayor apoyo contractual, confianza entre las partes y confianza en el Estado de derecho. Sin una regulación dirigida por expertos, gran parte de la economía (desde la atención médica y la educación hasta los negocios en línea y los servicios al consumidor) estará inundada de aceite de serpiente, en lugar de productos de alta calidad.

Si la economía ya no puede fomentar la innovación y el crecimiento de la productividad, los salarios se estancarán. Sin embargo, incluso ante resultados tan adversos, muchos trabajadores no volverán a los demócratas a menos que el partido realmente tome en cuenta sus intereses. Eso significa no solo adoptar políticas que apoyen los ingresos de los trabajadores, sino también hablar su idioma, por extraño que pueda resultar para las élites costeras que han hecho encallar al partido.

El aprendizaje de la profunda crisis a la que hemos llegado como país, sociedades y regiones, es la penosa afirmación de que esta crisis somos. Una sociedad plural que arrastra y sufre profundas contradicciones de tipo social, cultural, étnico y clasista que no terminamos de resolver y que nos hace un país especialmente difícil. La grave crisis política y económica nos resume: es complicado gobernar una sociedad tan compleja mediante un Estado débil y una cultura político-social que apuesta al conflicto y el bloqueo antes que al diálogo y el acuerdo; por ello, los ciclos de dos décadas terminan en desbarajuste, confrontación, conspiración, dramático final y a empezar de nuevo.

El inmisericorde bloqueo de caminos de 24 días que, prácticamente, paralizó al país agravó los problemas que ya arrastrábamos, generó mucho enojo individual y colectivo y, sobre todo, la urgencia de responder a los daños con agilidad e inteligencia. Al evismo le cuesta entender, aunque para la generalidad de la ciudadanía quedó claro, que una crisis económica, falta de combustible o aumento en los precios de la canasta familiar no se combate con bloqueo de caminos, lo mismo que a un incendio no se le echa gasolina. La falta de apoyo —salvo del trópico— en el resto del país demostró que pocos creyeron el discurso forzado de que el bloqueo buscaba salvar Bolivia. Todos los sectores económicos y productivos sufrieron daños graves y severos, y expresaron airadamente su rechazo al bloqueo de caminos; por eso terminó desmoronándose, en desbande y con el Ministerio Público encima.

Lo que deja la crisis

Varias son las lecciones que debemos sacar de este mayúsculo equívoco político: una, la política y la economía tienen una relación de interdependencia estrecha y directa, pero no pueden ni deben confundirse. La política es un escenario de disputa partidaria, de correlación de fuerzas y poder, de actores públicos. La economía es un ejercicio de construcción de condiciones y consensos productivos para la generación de riqueza con actores privados, corporativos e individuales. Dos, la economía y la producción son la base material sobre la cual se sostiene la vida social y política; en un sentido positivo logra estabilidad y, en el contrario, incertidumbre y crisis. No entender la esencialidad y delicadeza de la economía es no comprender que se hace política para mejorar las condiciones económicas de la vida social o es otra cosa, pero no política. Tres, la crisis que estamos viviendo —con el pico alto de los 24 días (que suman los 36 del paro cívico cruceño por el censo o los 16 de principios de este año)— y la que todavía viene tienen un efecto dominó sobre el conjunto social y la estructura institucional estatal y privada que nos está llevando al borde del abismo, más allá de lo estrictamente estatal o político.

Toda nuestra precaria institucionalidad, pública y privada, y los frágiles equilibrios regionales y capitalinos están en cuestión. A la crisis múltiple que arrastramos, ahora se suman la crisis del transporte en la ciudad de Santa Cruz (que muestra una absoluta informalidad y el abuso de las corporaciones) y hay en camino una «paralela» al sacrosanto Comité Cívico con fecha de cabildo incluida; un conjunto de problemas sociourbanos y políticos muy complicados en la ciudad de Sucre y problemas con el sector agrario campesino como Chuquisaca; se está judicializando la gravísima cuestión de la provisión de agua potable a la ciudad de Potosí; el epicentro de los bloqueos, Cochabamba, tardará años en reconstruir su economía productiva, empezando por la exportadora agroindustria del trópico, los floricultores que perdieron el mercado de Todos Santos, la gastronomía y un largo listado de sectores afectados; la falta de diésel y las kilométricas colas en los surtidores está provocando un grave conflicto en la Confederación de Transportistas y, en general, las tarifas del transporte urbano empiezan a presionar en todo el país; el paro de los comerciantes de carne pidiendo prohibir la exportación… Y así, un largo etcétera.

Fuerzas en pugna

Hasta acá hemos llegado en la primera parte del enfrentamiento definitivo —del enfrentamiento frontal que lleva hasta un par de años— por la ola expansiva del conflicto político y económico generado por la disputa entre el gobierno y Evo Morales por la sigla del MAS y las candidaturas del 2025. El cada vez más disminuido evismo entiende que su viabilidad política y posibilidad de retorno al poder pasa por la renuncia del gobierno y el adelanto de elecciones generales. No ha servido de mucho que la «marcha por salvar Bolivia» hubiera acabado sin pena ni gloria o que el dañino bloqueo de 24 días haya causado tanto daño y que, a pesar del esfuerzo y el sacrificio, termine con detenciones y procesos penales. Y que, finalmente, se pierda la sigla y la candidatura preestablecida sea sepultada por una sentencia constitucional y un auto constitucional ajuste el candado; aunque hay que repetir que la cuestión de la candidatura de Morales se resolverá en el marco del proceso electoral y cuando así lo determine el Tribunal Supremo Electoral; mientras tanto, lo que se diga son interpretaciones.

De todas maneras, habrá que estar atentos porque si no se pudieron asimilar dos derrotas tan evidentes, no está fuera de cálculo algún despropósito mayor. Salvo que, aunque casi sea impensable, haya un esfuerzo colectivo de análisis y balance autocrítico que replantee globalmente la cuestión política y disponga el retorno del instrumento político a las organizaciones sociales matrices —de cuyo control nunca debió salir y menos individualizarse en modelo propiedad privada— que son la base social, política e ideológica que dio origen al proceso de cambio. Es difícil, pero es la única alternativa política del bloque campesino, indígena y popular.

Crisis judicial

Ahora, el ojo de la tormenta, lo más delicado y explosivo: la realización de las postergadas elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. La situación es un ajedrez complicado; los cuatro órganos de poder están involucrados y ni juntándose con las organizaciones políticas encuentran consenso en las acciones para salir del atolladero. A riesgo de repetir, aclaremos que este grave impasse institucional es responsabilidad del Órgano Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional), que no fue capaz de convocar estas elecciones durante un año. También dejemos sentado que la autoprórroga se asumió ante el riesgo del vacío de poder y que, felizmente, se produjo porque si no estaríamos en medio de un carnaval judicial con jueces provinciales repartiendo amparos nacionales a solicitud de vecinos y que nunca se revisarían para confirmarlos o denegarlos por falta de un tribunal constitucional de última instancia.

En consecuencia, el tema es terminar con el aberrante interinato (al margen de la Constitución y existente por causa de fuerza mayor) y que, en consideración al último amparo que instruye la suspensión de las elecciones judiciales en varios departamentos, violando su unicidad y la preclusión, debe afrontarse sobre la base de un ajuste normativo que corrija el vacío legal procedimental que permite a un órgano —el judicial— interrumpir el ejercicio de materia y competencias exclusivas de otro órgano, el electoral. Esto podría repetirse con las elecciones generales, cuando cualquier candidato solicitará un amparo constitucional y entonces se postergasen las elecciones, como está sucediendo ahora.

Una situación jurídica, institucional y política que como país nos pondría al borde de un abismo político e institucional. Acá, más allá de la inocultable mala fe de un lado o del otro —ni hablar del par de magistrados que están fallando en beneficio propio— y a pesar de que la Constitución y las leyes protegen los procesos electorales en su unicidad y en el respeto del principio de preclusión, estamos ante una cuestión de extrema delicadeza que debe resolverse de forma taxativa y definitiva. Por ello, corresponde una ley específica, no «corta», porque la cuestión no tiene que ver con longitud sino con pertinencia jurídica. Hay que modificar el Código Procesal Constitucional de manera que se impida al Tribunal Constitucional —en Pleno y peor en sala especializada— intervenir en un proceso electoral una vez que está en curso y a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Así de sencillo y contundente y sin tocar la Constitución.

Elecciones 2025

Finalmente, si sorteamos la cuestión judicial con una firme voluntad política e institucional, vienen las elecciones generales del próximo año y con ello la oportunidad democrática de resolver nuestras diferencias. Para ello, es imprescindible que nadie pierda de vista la dimensión múltiple de la crisis que estamos viviendo, porque la consigna debería ser: que no se repita… el ciclo. El tenso clima político y social amaina porque el pollo ya volvió a ser accesible y muchos de los precios especulativos están bajando, las colas en los surtidores empiezan a aflojar y, en particular, acertadamente se ha liberado la importación de diésel, que la agroindustria use su propio combustible, según su necesidad y sin subvención, liberando algo del peso económico para el resto del país. Estamos obligados a sincerar nuestra economía y a prefigurar el ajuste económico que debe asumirse para corregir distorsiones y construir el puente por el cual el próximo gobierno se inicie en condiciones básicas de viabilidad y gobernabilidad.

Es de desear que la oposición baje de la docena y media de candidatos y acabe en 4 o 5 frentes porque tampoco es posible eliminar tantas diferencias —muchas inventadas por la moda— y peor si el único horizonte común es derrotar al MAS o que la autofagia masista haga el trabajo que no pueden hacer. Nadie gana con una consigna negativa; la guerra es contra la crisis, la pobreza, el racismo, y el horizonte es construir un país más próspero, sin perder lo que se ha ganado en inclusión y en la soberanía sobre nuestros recursos naturales. El MAS tiene la oportunidad histórica de reinventarse y reivindicar sus aciertos, pero debe haber un relevo generacional y un programa que recupere la cohesión que propone al país y sin la cual no es creíble.

El resto, los ciudadanos, hombres y mujeres de a pie, a ponernos al día con la información, cuidarnos de los pajpakus y pensar bien nuestro voto. Salud.

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