Los concejales suplentes aprueban el POA cruceño
Plazo. Los planes deben ser entregados hoy
En medio de cuestionamientos y denuncias de ilegalidad, los cinco concejales suplentes de la Alcaldía de Santa Cruz, bajo la presidencia de Desirée Bravo, aprobaron el Presupuesto Operativo Anual (POA 2013) que asciende a Bs 2.700 millones.
Los concejales “disidentes” tacharon de ilegales las actuaciones del Concejo Municipal, entre ellas la aprobación del POA. La sesión fue instalada pese a que el Tribunal Constitucional admitió un recurso de nulidad contra Bravo y el munícipe Freddy Soruco.
El presupuesto aprobado destina a la Secretaría de Gestión Bs 38 millones; a desconcentración municipal, Bs 41 millones; a planificación, Bs 76 millones; a obras públicas, Bs 543 millones; a finanzas, Bs 233 millones; a desarrollo humano, Bs 547 millones; a defensa ciudadana, Bs 106 millones; a parques y jardines, Bs 538 millones; a asuntos jurídicos, Bs 46 millones; a gestión catastral, Bs 44 millones; a desconcentración de empresas municipales, Bs 9 millones; y al alumbrado público, Bs 128 millones, entre otros rubros programados para 2013.
Los concejos municipales de las alcaldías de todo el país tienen plazo hasta hoy para presentar sus planes operativos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esa tarea debía ser cumplida por los munícipes de Santa Cruz pese a la disputa política y a la admisión de un recurso en el Tribunal Constitucional en contra de su presidenta y uno de los miembros del Legislativo edil.
Conflicto. El POA 2013 fue aprobado por los cinco concejales suplentes y una titular; la bancada del MAS rechazó el documento presentado por el Ejecutivo municipal porque éste no habría sido consensuado con los vecinos.
Los ediles de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT) —Óscar Vargas, Leonardo Roca, Carlos Manuel Saavedra, Sibele Ortiz, Enrique Landívar y Yanine Parada—, además de Arminda Velásquez, del MAS, fueron sustituidos en sus cargos bajo el argumento de que éstos no asistieron a dos sesiones convocadas por la presidenta Desirée Bravo.
El conflicto se agravó después de que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso directo de nulidad interpuesto por los “disidentes” en contra de Desirée Bravo y Freddy Soruco.
Para el abogado de la parte denunciante, Otto Ritter, la decisión del Tribunal anula todos los actos que realizó Bravo desde el momento en que fue impugnada la sesión del 9 de agostó. Sin embargo, la presidenta cuestionada justificó sus acciones al mediodía de ayer; aseguró que no había sido notificada. “Oficialmente no fui notificada sobre el auto constitucional, cuando ese tema se resuelva ahí se decidirá sobre lo actuado”, dijo.
El concejal Carlos Saavedra adelantó que las convocatorias a sesión, la conformación de comisiones, la elección de la directiva y la aprobación del POA —presididas por Bravo— quedan nulas. “Lo que corresponde es que Freddy Soruco reinstale la sesión que fue declarada en cuarto intermedio, que brinde un informe de gestión en su calidad de presidente interino y realice la elección de la directiva”, explicó.
