Viajeros a provincias, víctimas de anarquía del servicio y robos
Unas 12 paradas interprovinciales fueron habilitadas en la zona Callampaya, El Tejar y San Pedro, donde los usuarios sufren a diario la vulneración de sus derechos
Usuarios del transporte interprovincial sufren por la falta de mingitorios, retrasos, delincuencia, cobro arbitrario de pasajes, incomodidad y el riesgo de ser arrollados en las 12 arterias de la ciudad que usan los operadores como paradas.
En noviembre, un extranjero acababa de cargar su equipaje en el maletero de un taxi en la final de la calle Huyustus, cuando el chofer apretó el acelerador y escapó.
“El gringuito gritaba y pedía auxilio, pero nadie le ayudó”, cuenta la vecina Corina Ávila. En esa vía parquean buses y minibuses que transportan personas a Copacabana y Tiquina. Ese es uno de los 12 sitios habilitados en los macros Max Paredes y Centro.
Buena parte de los cerca de 70 sindicatos que integran la Federación de Transporte Interprovincial de La Paz se niegan a trasladarse a la infraestructura construida en El Alto.
“Hay por lo menos un asalto por día en inmediaciones de estas paradas improvisadas; los turistas y campesinos son asaltados”, cuenta Freddy Chipana, presidente de la Junta de Vecinos de Callampaya, zona en la que existen siete puntos de embarque y desembarque.
Cinco están por el puente Abaroa, por el mercado Rodríguez, la plaza Belzu y la calle Illampu del barrio de San Pedro.
Asaltos. “Paulatinamente estos operadores deben ir migrando a la terminal de El Alto”, opina.
El Gobierno nacional entregó el 16 de mayo la Terminal de Trasporte Interprovincial, situada en Villa Esperanza, El Alto.
En la obra, financiada por el programa Bolivia cambia, Evo cumple, se invirtieron Bs 18 MM. La infraestructura fue construida sobre 8.000 metros cuadrados.
Consta de estacionamiento, espacio para el mantenimiento vehicular, carga de equipajes y encomiendas, cafetería, cabinas de control, informaciones, boleterías, farmacia, emergencias, servicios higiénicos y una sala de espera.
En esa infraestructura hay una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y otra de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
Lucio Chuquimia, nacido en Yanaguaya, un pueblo de la provincia Muñecas, fue asaltado el año pasado. “Llegué, bajé mi bulto del bus y ese ratito me han robado. Eso pasa también con los ancianos que llegan en la madrugada del altiplano”, precisa.
María Cansaya vende comida en la vía Reyes Cardona, que colinda con la cancha El Tejar, donde pululan alcohólicos e indigentes. Ella revela que “los grupos de maleantes son los que roban a la gente. Los domingos, cuando llegan las cholitas del campo, les quitan sus sombreros y mantas”.
Al llegar a esa arteria, un muñeco colgado en un poste golpea la vista. Sobre él hay un cartel que advierte: “Ladrones que rovan (sic) de los puestos y los cogoteros serán quemados vivo mismo por las vendedoras”.
La Razón intentó en cinco ocasiones conversar con el coronel Gary Omonte, director de la fuerza anticrimen, sobre las denuncias de inseguridad, quien no contestó su teléfono móvil.
Chuquimia, quien cada semana arriba a la sede de gobierno, relata que cuando los pasajeros esperan al bus con sus bultos en la acera, las vendedoras los echan.
Feliciano (no quiere dar su apellido) vive en Desaguadero, en la frontera con Perú. Él denuncia que los choferes se aprovechan de los usuarios. “El pasaje es Bs 15; pero los viernes, cuando hay gran demanda por la feria en Desaguadero, sube hasta Bs 18”.
Chipana, el dirigente vecinal de Callampaya, agrega que pese a un convenio con los sindicatos 2 de Febrero, 6 de Junio y Manco Kápac para que no parqueen sus motorizados en la final Huyustus y la plaza Tomás Katari, ellos lo incumplen. Sus afiliados trasladan viajeros de La Paz a Copacabana y poblaciones circundantes.
“Parquean igual y no hay tráfico, lo mismo pasa en la calle Cardona, de donde salen a Chuma”.
Raúl Quispe, afiliado al Sindicato Mixto de Transportes Sorata, sostiene que no perjudican el tráfico vehicular en esos barrios.
“Aquí en la calle Manuel Bustillos (lugar donde se estaciona la flota de esta organización) no perjudicamos a nadie porque salimos a cada rato a Sorata”.
Máximo Tinini, dirigente y chofer del Sindicato de Transportes Provincias del Norte, coincide con él. “En la Cardona, nuestros buses llegan por las tardes y salen rápido, no causamos trancaderas”.
Sin embargo, La Razón constató el jueves 3 de diciembre que en esa vía estaban tres buses a la espera de pasajeros, al igual que cuatro minibuses que ofrecían transporte a poblaciones de los Yungas.
Posiciones. Desde la Reyes Cardona, en la parte inferior de la cancha de El Tejar, parten minibuses rumbo a Caranavi.
“Me queda un asientito. “¡Súbase, está a Bs 35! En cuatro horas estaremos en Caranavi”, promociona la vendedora de boletos.
Si bien quienes prestan servicio a la región tropical del departamento poseen oficinas en la Terminal Minasa, estos choferes operan desde esa arteria.
Andrés Patón, secretario general de la Federación de Choferes 1° de Mayo Volantes a Yungas, denuncia que ese grupo “es un sindicato que no sabemos a qué federación pertenece y que hace una competencia desleal recogiendo pasajeros”.
La Razón trató de hablar con algún representante de esta organización, aunque en sus oficinas informaron que ningún dirigente se hallaba presente.
Mientras Chipana insiste en que pedirán la reubicación de los operadores a la Terminal de Transporte Interprovincial de El Alto, Germán Cerda, secretario general de la federación, lo rechaza. “Es imposible que nos reubiquen porque estas paradas de La Paz ya son tradicionales”.
Hay usuarios que apoyan a los choferes. “Vengo de Sopocachi para ir a Copacabana; pero si los cambian, no sé cómo haría para dirigirme a El Alto”, refiere Luis Siñani.
El director de Comunicación de la Gobernación, Édgar Ramos, destaca que la reubicación le corresponde al Gobierno Municipal de La Paz. Así, las piezas de este tablero de ajedrez están puestas.