Sociedad

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De villa marginal a urbe industrial

El Alto en su 32 aniversario

/ 6 de marzo de 2017 / 04:00

Cuál es el presente y futuro de la ciudad de El Alto? ¿Son los alteños ciudadanos de segunda clase? Existe aún una visión sesgada sobre el desarrollo y potencial de la ciudad de El Alto.

Esta urbe que se extiende por la inmensidad del altiplano motiva la admiración del visitante que llega por carretera o vía aérea, pues los primeros deben cruzar por numerosas urbanizaciones desde la Tranca de Achica Arriba hasta la Ceja, atravesando numerosas urbanizaciones en pleno desarrollo. Los segundos se asombran al ver una ciudad andina erizada de templos que levantó el padre Obermaier, rodeada de villas que buscan identidad propia, matizada con las deslumbrantes construcciones del arquitecto Freddy Mamani que las escuelas de arquitectura bautizaron como los “cholets”, reconocidos  como “ícono de la burguesía aymara”, o los llamativos diseños del maestro Roberto Mamani-Mamani que engalanan el condominio de siete edificios en Villa Mercedario. Estamos hablando de una de las ciudades más desafiantes del mundo.

La urbe alteña, con una población de 925.064 habitantes, es la segunda más poblada del país. Es la ciudad más joven de Bolivia, y, coincidencia o no, su población se caracteriza también por su juventud. Efectivamente, la población de niños, adolescentes y jóvenes suma el 61%, seguida de la población adulta (33%). Los adultos mayores de 60 años apenas alcanzan al 6%. Por otro lado, es una ciudad muy urbana, con el 98% de población, y solo un 2% habita su área rural. Es una ciudad con mucha energía y fuerza colectiva, formada por ciudadanos capaces de enfrentar los más grandes desafíos para alcanzar sus metas. “El Alto de pie, nunca de rodillas” es el lema que guía a estas generaciones de constructores de la ciudad más alta de América Latina.

La sociedad tiene una visión muy mediatizada de El Alto; generalmente al ciudadano alteño se le equipara con el analfabetismo y la extrema pobreza. Veamos algunos datos: en El Alto existen 255.498 viviendas (69% propia, 15% alquilada, 3% anticrético, 12% prestada a parientes o cuidadores), con acceso a nuevas tecnologías que la conecta al mundo globalizado. Si bien es cierto que solo el 5% de hogares tiene internet y el 25% computadoras, es evidente que el 78% cuenta con telefonía fija o celular, el 81% con televisor y el 84% con radio. Estamos ante una ciudad muy bien informada.

Un breve análisis del acceso a servicios básicos, completa este diagnóstico: el 88% tiene agua por cañería en red, 92% con energía eléctrica, 79% con servicios sanitarios y el 93% de los hogares usa gas (52% cocinas con garrafa y 41% gas natural domiciliario). Los datos de educación y salud muestran una interesante faceta, pues el 97% de la población mayor de 15 años son alfabetos, de los cuales el 47% terminaron el bachillerato y el 24% alcanzaron la educación superior.

Eso explica que la Universidad Pública de El Alto tenga una matrícula de 45.000 estudiantes en sus 34 carreras. En otro aspecto, el 91% de alteños en edades de 6 a 19 asisten al sistema escolarizado y el 63% de mujeres alteñas de 15 años y más acudieron a un centro de salud para su parto.

En lo que se refiere a población económicamente activa, el 79% de alteños está en edad de trabajar, pero solo el 46% está activo (210.841 varones y 176.705 mujeres), lo que motiva a los alteños a generar novedosas estrategias de supervivencia, que se expresa en sorprendentes actividades que caracterizan a ese pueblo aguerrido y singular.

El imaginario colectivo asocia al alteño como si fueran todos “gremialistas”, pero los datos revelan que el 29,3% son comerciantes y mecánicos (reparación de vehículos motorizados), pero otro 20,6% se dedica a actividades manufactureras; el 10% a la construcción, el 10% al transporte y almacenamiento, el 6% a la hotelería y restaurantes y el 3% a la agricultura y ganadería. Lo que podríamos denominar como “clase media alteña”, agrupa el 17% de la población, dedicada a servicios de educación (5,5%), administración pública (3,3%), salud y asistencia social (2,4%), actividades científicas, profesionales y técnicas (2,1%) y el 2% a otras actividades.

La urbe alteña alberga a más de 12.273 empresas activas, según datos de Fundempresa. De ese total, 4.816 se dedican a la venta al por mayor y menor, 2.243 a la construcción y 1.343 al transporte y almacenamiento; 10.984 son unipersonales, 1.266 sociedades de responsabilidad limitada, 20 sociedades anónimas y dos son de otro tipo societario. El gran potencial textilero de El Alto está en las empresas dedicadas a la “fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles”, seguida de la industria de muebles, productos elaborados a base de metal, artículos alimenticios, áreas en las que predominan las microempresas.

La ciudad de El Alto constituye una oportunidad para el emprendimiento empresarial por los beneficios que otorga la Ley de Promoción Económica N° 2685 que excluye a las empresas asentadas en esa ciudad, del pago del Impuesto a las Utilidades por 10 años, si construye en su predio está eximido del impuesto a bienes inmuebles por tres años y si requiere importar maquinaria para mejorar su producción o insumos, puede hacerlo con arancel cero.

El Alto cuenta con una universidad pública que oferta 34 carreras universitarias, es una ciudad archivística en la que se han asentado los archivos de las entidades públicas más importantes de los órganos de poder del Estado, tiene el mercado de pulgas más grande de Latinoamérica y quizá del mundo. En su área de influencia se ha instalado la planta de ensamblaje de computadoras y celulares Quipus en Kallutaca (municipio de Laja), donde se busca instalar un Parque Industrial, proyectado para integrar a 105 unidades industriales.

El Alto es lugar ideal para la instalación de los conglomerados industriales, “concentraciones sectoriales y geográficas de empresas que producen y venden una serie de artículos similares entre sí o complementarios y, por tanto, se enfrentan con problemas y oportunidades comunes”. Los proyectos giran en torno a los Centros de Innovación Tecnológica para apoyar la producción textilera, el procesamiento de fibra de camélidos, la promoción y producción artesanal, la metalmecánica, tratamiento de madera y mueblería. En esta urbe se ejecuta el proyecto del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear que dotará al país de un Laboratorio de Ciclotrón Pet para combatir el flagelo del cáncer.

La Ceja de El Alto, puerta obligada de ingreso y salida de La Paz, cambió su historia el 6 de marzo de 1985, cuando las fuerzas sociales arrancaron al Congreso la Ley de Creación de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo con su capital El Alto de La Paz. En las jornadas de la “guerra del gas” en octubre de 2013, expulsó de Bolivia al último presidente neoliberal y devolvió a Bolivia los recursos económicos generados por la explotación y exportación del gas y sus derivados. La deuda pendiente del país hacia esta ciudad aún no ha sido honrada.

Luis Oporto es Historiador.

Jefe de la Biblioteca y

Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Docente de la Carrera de Historia de la UMSA.

Miembro del Comité Regional de América Latina

y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

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Aporte de la base minera a la democracia de Bolivia

Este es un homenaje al puñado de dirigentes históricos que también peleó por la patria.

/ 13 de agosto de 2017 / 04:00

El movimiento obrero aportó al desarrollo de instituciones democráticas participativas de Bolivia por medio de la acción colectiva de los trabajadores mineros quienes construyeron el paradigma socialista revolucionario a través del sindicato y la asamblea, el órgano político en el que se tomaban decisiones en función del interés de clase pero anteponiendo los intereses de las grandes mayorías de la nación.

La influencia de la dirigencia minera es gravitante y se expresa a partir de las primeras décadas del siglo XX como resultado de las relaciones sociales del capitalismo de enclave, que introduce tecnología de punta en la labor industrial y resuelve el problema de la sujeción de la mano de obra, proyectos en los que fracasaron ostensiblemente los Patriarcas de la Plata en el siglo XIX.

Entre los pioneros que enarbolan las banderas del sindicalismo anarquista y socialista embrionario se encuentra Gumercindo Rivera López (1888-1968), sastre y minero, dirigente de la Federación Obrera Central Uncía, testigo de las primeras masacres en las minas. Manuel Pareja Abecia (1890-1960), precursor de la lucha obrera y artífice de la conquista de una jornada de ocho horas de trabajo en las minas, torciéndole el brazo al magnate Simón I. Patiño. Rodolfo Soliz G., dirigente sindical y codificador obrero, autor de Masacres mineras, reveladora obra que pone al desnudo los alcances insospechados de las primeras masacres.  

Los testimonios de los pioneros permiten reconstruir la estrategia empresarial para enfrentar y liquidar a la clase obrera: el paralelismo sindical, la represión con declaratoria de zonas militares a los centros mineros, la masacre blanca, el destierro de dirigentes sindicales y militantes radicalizados. El asesinato selectivo de cuadros obreros y políticos esclarecidos, la expulsión de los mineros subversivos del campamento y listas negras en la que figuraban trabajadores vetados para ingresar a empresas y fábricas del país. Arturo Borda, intelectual socialista, comprometido con la clase obrera, levanta in situ uno de los primeros diagnósticos sobre la situación de la clase obrera en 1927, en la que denuncia la sistemática elusión por parte de las empresas de las leyes y normas legales de protección al obrero y sugiere al presidente Hernando Siles profundizar la legislación obrera por medio de decretos.

Federico Escóbar Zapata (1924-1966), control obrero, fue asesinado e Irineo Pimentel Rojas (1927-1978), secretario general del Sindicato de Siglo XX, fueron identificados por Estados Unidos como enemigos públicos, enfrentaron la estrategia norteamericana, impulsada por la Alianza para el Progreso (plan desarrollista con un componente político), diseñado para neutralizar el poder de los sindicatos y erradicar el comunismo en las minas y el Plan Triangular para la desnacionalización de la minería estatal y el retiro de 4.000 obreros. Arturo Crespo Enríquez (1930-2017), control obrero, movimientista, dejó un testimonio fundamental sobre el movimiento minero. Isaac Camacho Torrico (1933-1967) y César Lora (c.1930-1965), líderes trotskistas (asesinados) del movimiento obrero, enfrentan a la dictadura de Barrientos y en el frente interno al MNR y al PCB. Rosendo García Maisman (1935-1967), comunista, dirigente y luchador insobornable (asesinado) y Simón Reyes Rivera (1930-2012), dirigente minero orgánico y militante comunista, estuvieron en la Masacre de San Juan, planificada por el general René Barrientos, el aliado más importante de Washington. Óscar Salas Moya (1936-2017), Filemón Escóbar (1934-2017) y Cirilo Jiménez, enfrentaron a las dictaduras de Banzer y García Meza pero no lograron remontar la ofensiva neoliberal que cerró las minas, liquidó al movimiento obrero, vendió las empresas estatales y entregó los yacimientos minerales y petrolíferos a las transnacionales. Víctor López Arias (1927-2017), el hombre de unidad del movimiento sindical boliviano, el último líder enfrentó la hecatombe minera, cierra el ciclo de la primera generación de dirigentes históricos del 52.

Un puñado de dirigentes nunca aceptó la relocalización y soportó estoico el trato humillante de los gobiernos neoliberales. Fueron enviados a los pocos centros de trabajo como cargadores (q’epiris) o cuidadores (serenos), acciones planificadas para humillar a los dirigentes consecuentes y genuinamente revolucionarios. En condiciones adversas, Édgar Ramírez Santiesteban y José Pimentel sobrevivieron al neoliberalismo y hoy dirigen los destinos de la minería estatal.

  • Luis Oporto es historiador y archivista. Docente de Historia de la UMSA

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