El turno del triángulo terrestre
La controversia sobre el triángulo terrestre abre un nuevo frente de divergencia entre Perú y Chile
Emitido el fallo por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dentro la controversia por la delimitación marítima entre Perú y Chile ha reflotado el diferendo respecto a un territorio de aproximadamente 3,7 hectáreas denominado el “triángulo terrestre”. La CIJ no se pronunció sobre este tema, pese a que el Perú lo solicitó en su demanda, asumiendo dicha Corte que carecía de competencia para referirse a un asunto regulado por el Tratado de Lima de 1929, en el que las partes otorgan competencia al Presidente de Estados Unidos para dirimir eventuales conflictos emergentes de límites territoriales.
Los criterios divergentes sobre el triángulo de tierra se produjeron poco después de conocerse en su integridad el fallo de la CIJ el 27 de enero. El presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que “la confirmación por parte de La Haya de que la frontera marítima comienza en el paralelo del Hito 1 ratifica el dominio sobre el triángulo terrestre” (para Chile, la frontera terrestre se inicia en el Hito 1, mientras que para el Perú se inicia en el Punto Concordia). A su vez, el presidente peruano, Ollanta Humala, afirmó en un discurso ante el Congreso de su país que “el fallo no se pronunció sobre el límite terrestre y no prejuzga ni afecta la frontera terrestre del Perú que se inicia en el Punto Concordia conforme a lo establecido en el Tratado de 1929”.
Tanto Chile como Perú reafirman que el triángulo terrestre les pertenece. La canciller peruana, Edda Rivas, señaló que “Perú considera que no tiene materias pendientes en materia terrestre»; y a su turno, el agente peruano ante La Haya, Allan Wagner, dijo que “todo lo que tiene que ver con el límite terrestre está referido al Tratado de 1929 y a las sesiones de la Comisión Demarcadora de Límites que funcionó en 1929 y 1930”. Pero el canciller chileno, Alfredo Moreno, incluso ha anticipado que su país presentará una nota de protesta diplomática al Perú por la controversia respecto a la soberanía del triángulo terrestre. Sus declaraciones textuales fueron las siguientes: “En el momento oportuno vamos a hacer entrega de esta nota, en la cual vamos a ver la divergencia entre lo que ese mapa señala y lo que son los límites internacionales de nuestro país”, refiriéndose a un mapa publicado ya por el Perú.
El panorama conciliador que ambos gobiernos mostraron después del fallo del 27-E va adquiriendo un tono diferente. Incluso se dijo que con el fallo de La Haya ya no existían temas pendientes entre ambos Estados. El 6 de febrero se produjo una reunión del mecanismo “2+2” (cancilleres y ministros de Defensa) que definió la conformación de una Comisión técnica que se ocupará de realizar la delimitación de la frontera marítima dispuesta por la Corte. Pero la controversia sobre el triángulo abre un nuevo frente de divergencia, de menor grado que el relativo a la frontera marítima, pero no por ello menos importante. Si Chile cumple su advertencia de que enviará una nota diplomática de protesta al Perú por esta divergencia, no puede descartarse a futuro una mediación o un arbitraje a cargo del presidente de los Estados Unidos, en aplicación del tratado de Lima.
En este nuevo escenario (posfallo del 27-E) insisto en que Bolivia debe tomar la iniciativa diplomática, planteando de manera oficial al gobierno que se instalará en La Moneda el 11 de marzo la necesidad de reponer encima de la mesa de negociación la “solución Charaña”, que por cierto incumbe también al Perú en aplicación del Protocolo Complementario al Tratado de Lima. Al fin y al cabo ese “triángulo terrestre” se halla comprendido en el área de una eventual solución al enclaustramiento boliviano.