Paz contra el reloj
Para una paz segura en Colombia, aún queda mucho por aclarar y falta negociar con otros grupos
Desaparición forzada: 158.793 (personas); desplazados: 6.414.700; homicidios: 953.730; minas antipersonales: 13.305; secuestro: 40.577” (Registro Único de Víctimas). Frías cifras, no las únicas, de la última etapa del conflicto armado colombiano. Un conflicto que va desde fines del siglo IXX, con la Guerra de los Mil Días, el Bogotazo (tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948) y el periodo conocido como La Violencia (que en diez años causó cerca de 300.000 muertos y la migración forzosa de casi la quinta parte de la población), hasta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, aunque desde 1949 ya existían las autodefensas campesinas, también organizadas por el Partido Comunista.
Cincuenta años ininterrumpidos de violencia por las guerrillas (activas aún: FARC, ELN y EPL), los paramilitares (AUC) y la narcoviolencia (1984-1993), en los que ni el Estado colombiano ni los grupos armados han conseguido sus objetivos y en los que el narcotráfico, los cultivos ilícitos, el secuestro y la extorsión potenciaron los grupos armados y criminales y permearon el Estado.
El actual es el quinto intento por lograr la paz de un presidente en 30 años. Juan Manuel Santos anunció en 2012 el inicio de un diálogo con las FARC, con seis puntos fundamentales: 1) política de desarrollo agrario integral, 2) participación política, 3) fin del conflicto, 4) solución al problema de las drogas ilícitas, 5) víctimas del conflicto armado (reparación, verdad y justicia), y 6) mecanismos de refrendación de los acuerdos. Un largo proceso que ha logrado acuerdos parciales en mayo y noviembre de 2013, para el primer y segundo puntos, y en mayo de 2014 para el cuarto, y que tras la reelección de Santos inició la discusión del quinto.
El presidente Santos hizo del logro de la paz su legado histórico y fue eje de su (bastante reñida) reelección. Posibilitado por los éxitos contra las guerrillas de su antecesor y exmentor, Álvaro Uribe (hoy enfrentados), ha dedicado todo su esfuerzo político a materializar un acuerdo de paz con los guerrilleros, aunque el tiempo actúa en su contra. Por eso, Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), firmaron un pacto sobre justicia transicional con penas o sanciones menos restrictivas a los que colaboren y una amplia amnistía que excluye los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y que fija el 23 de marzo de 2016 como fin del proceso, tras concluir los dos puntos pendientes.
Dos factores han impelido este pacto. Uno coyuntural: sus resultados insatisfactorios en el conflicto de fronteras y, fundamentalmente, el tiempo que se le acaba a Santos para firmar la paz en su último periodo: hasta agosto de 2018; y el acuerdo debe ser refrendado y complementado en primera instancia por el Congreso, que ya avanza en ello, sometido a referendo popular, para luego ser implementado, lo que explica su oposición al pedido de las FARC de una Asamblea Constituyente. Pero el principal escollo serán los colombianos que en 2014 no votaron por Santos (49,5%) y que están contra la impunidad (89% hoy en día, según Ipsos). Para una paz segura en Colombia, aún queda mucho por aclarar y falta negociar con otros grupos guerrilleros.