Animales amenazados
Este convenio constituye un cheque en blanco para atentar contra la fauna del país
Gracias a las diligencias del activista Pablo Leytón, impulsor del Proyecto Flamencos que lucha por eliminar el uso de plumas y pieles de animales silvestres en las entradas folklóricas del país, el 6 de febrero un fraterno de la morenada Cocanis fue imputado por el empleo de un quirquincho disecado a modo de matraca en la última entrada del Carnaval de Oruro.
De acuerdo con el Fiscal de Oruro, luego de la imputación corresponde que se inicie una investigación de hasta seis meses para recabar pruebas que demuestren la presunta culpabilidad del acusado, antes del inicio de un posible juicio, en el que, según adelantó Leytón, la parte querellante pedirá seis años de cárcel contra el acusado por delitos contra la fauna silvestre.
Si bien no es común escuchar imputaciones de esta naturaleza, en gran medida debido a la indolencia que impera entre los responsables de preservar el patrimonio natural del país, esta determinación no debería llamar la atención, pues simplemente se limita a cumplir lo que manda la norma. Sin embargo, entre los miembros de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) esta medida no solo ha causado sorpresa, sino incluso indignación, pues la consideran “una injusticia”.
Esto porque, según explicó a la prensa el responsable administrativo de esta asociación, Jorge Bilbao, tienen “un convenio firmado con la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas y con el Ministerio de Culturas” que les permite utilizar restos de animales, siempre y cuando tengan “muchos años de antigüedad”.
Ante semejante prerrogativa, que bien puede leerse como un cheque en blanco para atentar contra la fauna del país, cabe preguntarse cómo hacen los interesados para determinar qué animal murió hace varios años de aquellos que han sido cazados recientemente para su empleo en entradas folklóricas. Según explicó Bilbao, a través de una lista que ellos mismos han proporcionado al Ministerio de Medio Ambiente detallando el nombre de sus integrantes, quienes, merced a este convenio, podrían infringir la ley, utilizando restos de animales silvestres, incluso si se trata de especies en peligro de extinción, como los quirquinchos (parece una broma de mal gusto, pero es verdad).
No hace falta ser un especialista en derecho para saber que ningún convenio puede estar por encima de la ley. Sin embargo, en los hechos este acuerdo efectivamente impide que la Policía Forestal pueda “tomar acciones penales” contra los que utilizan plumas o pieles de animales durante el Carnaval, según señaló a este medio el jefe nacional de esa repartición policial. Empero, como demuestra el caso que aquí se comenta, parecería más una excusa, pues el mencionado convenio no ha impedido que un activista como Leytón pueda contribuir en esta lucha por preservar la fauna del país mucho más que los funcionarios estatales a quienes se les paga para tal propósito.