La Alcaldía de La Paz anunció el año pasado que implementaría ciclovías en el macrodistrito Sur de la ciudad, específicamente en el barrio Calacoto, desde la calle 8 hasta la 21. Un año después, las obras han iniciado.

Tania Rodríguez, directora de Planificación y Movilidad, declaró entonces lo siguiente: “Los datos en nuestra ciudad sobre las personas que usan las bicicletas como medio de transporte es mínimo. Estamos hablando de un 0,4% con relación a todos los viajes que se realizan en la ciudad en otros medios de transporte. La bicicleta no tiene un uso muy frecuente o masivo”. Por tanto, dijo, “la idea es promover el uso de la bicicleta, integrado con otros modos de transporte como el Pumakatari, que cuenta con racks para el traslado de bicicletas, así como la empresa Mi Teleférico, que permite el traslado de este medio de transporte en sus cabinas”.

Dijo “estar convencida” de que sería una buena alternativa. Pero las cosas, más allá de los convencimientos, cuando afectan a la comunidad deben basarse en evidencias científicas. La directora no presentó un estudio de factibilidad. De acuerdo con la funcionaria, menos del 0,4% de la población se transporta en bicicleta. ¿Entonces?

Es cierto que tener ciclovías es una política amigable para con la salud y el medio ambiente. La cosa es dónde y cómo se hacen.

Pensemos en términos prácticos. ¿Quién hará uso de las ciclovias? ¿Solamente las personas que viven en Calacoto y tienen bicicletas? ¿La Alcaldía dotará, en cada parada del Teleférico y el Puma Katari, bicicletas de uso público? ¿O se pretende que la gente que vive lejos de la zona en cuestión cargue su propia bicicleta hasta encontrar la ciclovía? No lo sabemos. No han presentado ningún plan, le están metiendo no más.

Vamos a suponer que los ciudadanos quieren llegar hasta Calacoto en sus propias bicicletas, sin usar minibuses, que no las permiten, y enfrentando el obstáculo de que el Teleférico y el Pumakatari no cubren toda la ciudad. Puede suponerse, entonces, que muchos llegarán en sus autos propios. ¿Se están construyendo parqueos públicos para que los dejen allí? 

En pocos días más, las ciclovías del Negro les quitarán parqueos a los comercios, a los hoteles, a los cafés; achicarán unas calles que están saturadas a todas horas del día con un tráfico caótico. Cruzarán frente a ferreterías y oficinas de flotas donde se descargan bultos, también frente a colegios cuyos estudiantes son dejados y recogidos por sus padres en auto. ¿Se imaginan?

El propio alcalde Iván Arias colgó un video donde un barbero expresa: “mi negocio está en la calle 21 hace años y jamás vi a nadie andando en bicicleta por acá”. Pronostico que tampoco verá a muchos de aquí en adelante. Quizá solo a unos cuantos adultos pedaleando, porque niños ni pensarlo, a través del tráfico feroz que se quiere sea desafiado por tan frágiles vehículos. ¿Merece causar tanto estrés a la ciudad como el que sin duda causará, en un tiempo de crisis económica y sentimientos de preocupación e incertidumbre? Todo esto es muy desatinado y resulta difícil de entender.

¿O quizá es que los munícipes paceños se han vuelto ambientalistas fanáticos? Pero eso es difícil de creer, cuando hasta hace unos años se exigía espacio para la acera y espacios verdes y hoy se aprueban sin mayores dificultades proyectos de construcción de puro hormigón. O cuando sabemos que las obras que entrega el Alcalde no involucran ni una maceta. O cuando vemos los parques cerrados y sin mantenimiento y no existen proyectos para crear más. A ningún propietario se le exige que plante un árbol en su acera, etc.

Temo que en La Paz se repita la experiencia de Tarija, donde un par de alcaldes despistados creó ciclovías en el centro, las cuales estresaron a la ciudad durante muchos años. Al final, el actual Alcalde tuvo que sincerar lo que sucedía, las retiró y trasladó a otro sitio, porque afectaban a los comercios, a los peatones, a los transportistas y, lo peor de todo, habían generado un rechazo casi generalizado a una política que bien concebida podía haber sido muy buena. Hacer obras para que luego se las retire es una pena. Del costo de esto mejor ni hablar.

Las crisis económicas se producen cuando hay un desbalance de lo que se consume con lo que se produce, así se han identificado los fenómenos de la inflación y la recesión, cuando aumenta la demanda o cuando baja la oferta. En Bolivia no es el caso, hasta el año pasado los niveles de producción se han mantenido, el PIB ha crecido 2% y la demanda no ha aumentado; sin embargo, al trasladarse la producción al exterior y no retornar lo ganado al país, en divisas, se crea un desbalance en el mercado interno.

El grado de dependencia nos obliga a la compra de insumos para la producción y el consumo en el exterior y al no poder importar productos como los carburantes, maquinarias, insumos para medicamentos, ropa o alimentos, se sienta las bases para un proceso inflacionario. El Presidente lo ha sentenciado: “Si exportan y no traen los dólares, eso no sirve al país”. Frente a esta situación, se ha convocado al gabinete social y al diálogo productivo.  El gabinete social, llevado a cabo en la Casa del Pueblo, se ha hecho coro de las palabras del Presidente, pidiendo la entrega obligatoria de divisas.

El diálogo con los empresarios fue un rotundo NO a esta propuesta. Al respecto, hay que hacer algunas puntualizaciones: los agentes productivos son cuatro, el estatal, el sector privado, las cooperativas y la economía comunitaria, cuya importancia la resumimos brevemente. El sector estatal encargado del área estratégica es el que provee las divisas al Banco Central; el privado desarrolla la industria ligera; el cooperativo, particularmente el aurífero, es el mayor exportador del país, pero no genera divisas para el país; la economía comunitaria concentra la mayor mano de obra y nutre nuestros mercados. La visión plurinacional ve en su articulación la construcción de una economía soberana y autosuficiente.

El diálogo sólo con los privados concentra el poder en un grupo de empresarios, en particular los agroindustriales, que usan su peso político para lograr ventajas que no hacen a un potenciamiento empresarial, sino a la acumulación acelerada: ampliación de la frontera agrícola, urbanización de las tierras agrícolas, liberación de impuestos, libre exportación, subvención a los carburantes, soluciones biológicas antes que estructurales, como el riego, por las semillas transgénicas. El no retorno de las divisas es una exportación de capital, por lo que se paga un impuesto del 12,5%, por lo menos deben pagar eso. Parte del grupo empresarial son los importadores, que cada vez más nos inculcan la compra de productos de lujo.

Los otros sectores de la economía también deben decir su palabra. Las empresas estatales estratégicas están sin rumbo: sin autonomía, sus planes estratégicos son modificados, el cambio de autoridades quita continuidad; cargan el peso de la diferencia cambiaria entre lo que entregan al Banco Central y la compra de sus insumos en el mercado paralelo; no se benefician de la devolución inmediata de los CEDEIMs del que goza el sector privado; el control social y los directores laborales tienen que decir su palabra. El sector cooperativo, sin posibilidades de financiamiento, cae en el chantaje de las comercializadoras, que con anticipos en maquinarias o insumos, controlan la producción por sumas ridículas. La organización democrática y transparente ha sido remplazada por un poder inescrupuloso, que expone al trabajador minero a grandes riesgos. La producción comunitaria, sin financiamiento ni personería jurídica, tiene dificultades para satisfacer el mercado interno y es víctima directa del contrabando.

La economía nacional está en un momento crítico, requiere del concurso de todos, según nuestras capacidades, sin exclusiones ni privilegio alguno.

Hay pocas conversaciones nacionales más frustrantes que la lucha por DEI, abreviatura de “diversidad, equidad e inclusión”, el término solía tener un significado acordado, pero ahora ha sido esencialmente redefinido en la derecha populista. En ese mundo, DEI se ha convertido en otro hombre del saco, un sustituto no solo de políticas o prácticas reales diseñadas para aumentar la diversidad, sino también un chivo expiatorio de crisis no relacionadas.

Por ejemplo, después de que un tapón en la puerta de un avión Boeing 737 Max 9 explotara este mes, Elon Musk de X, entre otros, lanzó una serie de diatribas contra DEI. La idea, si se puede llamar así, era que los esfuerzos por diversificar las fuerzas laborales de las aerolíneas habían contribuido al accidente. El problema era que no había ninguna evidencia de que estos esfuerzos tuvieran algo que ver con eso. De hecho, la industria aérea es mucho más segura que hace décadas cuando era una empresa prácticamente exclusivamente blanca.

Entonces, sí, la inmensa reacción de parte de la derecha contra casi cualquier iniciativa de diversidad es una señal de hasta qué punto millones de estadounidenses blancos están contentos con su participación enormemente desproporcionada en la riqueza y el poder nacionales.

Pero esa no es toda la historia cuando se trata de la controversia sobre DEI Fuera de la derecha reaccionaria, hay una cohorte de estadounidenses, tanto de derecha como de izquierda, que quieren erradicar la discriminación ilegal y remediar los efectos de siglos de injusticia estadounidense, pero que también tienen graves preocupaciones sobre la forma en que algunos esfuerzos de DEI están socavando los valores constitucionales estadounidenses, especialmente en los campus universitarios.

En pocas palabras, el problema con DEI no es la diversidad, la equidad o la inclusión, todos ellos valores vitales. El peligro que plantea la DEI reside principalmente no en estos fines virtuosos, sino en los medios inconstitucionales elegidos para promoverlos. En nombre de DEI, demasiadas instituciones han violado sus compromisos constitucionales con la libertad de expresión, el debido proceso y la igual protección de la ley.

Nuestra nación ha infligido horribles injusticias a comunidades vulnerables. Y si bien la naturaleza precisa de la injusticia ha variado, siempre hubo un tema constante: la negación integral de los derechos constitucionales. Pero no se corrigen las consecuencias de esas terribles violaciones constitucionales infligiendo un nuevo conjunto de violaciones a diferentes comunidades estadounidenses en una era estadounidense diferente. Una defensa coherente de la Constitución es buena para todos nosotros, incluidos los defensores de DEI. La misma Constitución que bloquea los excesos de DEI protege a sus partidarios de los vengativos políticos y activistas de derecha que ahora intentan imponer sus propios códigos de expresión.

Existe una mejor manera de lograr una mayor diversidad, equidad, inclusión y objetivos relacionados. Las universidades pueden recibir estudiantes de todos los ámbitos de la vida sin censurar ilegalmente la expresión. Pueden responder a la violencia sexual en el campus sin violar los derechos de los estudiantes al debido proceso. Pueden diversificar el alumnado sin discriminar por motivos de raza. Los objetivos virtuosos no deben lograrse por medios antiliberales.

En el actual contexto en que se desarrolla el país algunas personas, en su afán individual y político, vierten diferentes comentarios inapropiados acerca del sistema financiero nacional, generando zozobra en la población y, lo que es peor aún, utilizan a diferentes grupos, en muchos casos vulnerables, para intereses personales.

De este mar de mentiras que se vienen afirmando sorprenden publicaciones como que existiría una “capitalización de intereses en la banca”, con el argumento de que los bancos estarían cometiendo “anatocismo” a través del cobro no regulado y arbitrario de intereses y en un extremo afirmar que existiría “un millón de bolivianos que están a punto de perder sus casas”.

En nuestro país esta prohibido el anatocismo, aspecto que se produce cuando los intereses generados de una operación crediticia se los adiciona al capital y en consecuencia éstos generan nuevos intereses, situación que no se presenta en el sistema financiero boliviano. Por su parte, la Ley N°393 de Servicios Financieros atribuye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) a regular, controlar y supervisar los servicios financieros por lo que, en caso de detectar indicios de anatocismo e incumplimiento normativo por parte de las entidades financieras, inicia los procesos sancionatorios correspondientes.

De hecho, este aspecto es corroborado por información publicada en Asfi, en la cual no se identifica reclamo alguno efectuado ante la Defensoría del Consumidor Financiero referido a este tipo de práctica.

Con relación a que un millón de personas estaría a punto de perder su casa, inicialmente es importante recordar que las tasas de interés para créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) están reguladas, con un máximo de 6,5% anual, medida que ha viabilizado que más de 100.000 familias bolivianas cuenten con un techo propio.

Por su parte, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Autoridad de Supervisión, al 31 de julio de 2024, el índice de mora se mantuvo en niveles controlados, alcanzando a 3,5%, cifra que se sitúa por debajo del promedio regional (3,6%), por lo que el 96,5% de los prestatarios de VIS no presenta retrasos en sus obligaciones y solo el 2,6% tiene créditos en ejecución. Esto significa que la mayor parte de los prestatarios está pagando sus deudas de forma normal, no evidenciándose excesos en el cobro de tasas que generen dificultades indebidas en el pago de las deudas.

Cabe recordar que está vigente la reprogramación de créditos, medida por la cual los deudores que fueron afectados por diferentes vicisitudes pueden solicitar a su entidad financiera modificar las condiciones de sus cuotas mensuales, considerando su nueva capacidad de pago, aspecto que está apoyando a muchos prestatarios, viabilizando de esta manera el pago de sus obligaciones crediticias y garantizando futuros financiamientos.

No es apropiado que candidatos presidenciales intenten atraer la atención de la población aprovechándose de sectores vulnerables para beneficio personal, generando expectativas a cambio de votos, conducta desafortunada que atropella la legalidad y va en desmedro de los derechos fundamentales de todos los bolivianos.

La situación en la que la Constitución Política del Estado (CPE) no es cumplida, y en consecuencia se registran vulneraciones de derechos y procesos de desinstitucionalización, que no son solo responsabilidad de algunas autoridades sino de una serie de situaciones estructurales de un gobierno en ejercicio, ha sido denominada por la doctrina constitucional como Estado de Cosas Inconstitucional.

En la sentencia T762/15 de 16 de diciembre de 2015, la Corte Constitucional colombiana señala que la figura del Estado de Cosas Inconstitucional es aquella mediante la cual esta Corte, como otros tribunales en el mundo, ha constatado que en algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal. Se ha decretado al verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas prácticas cotidianas en las que interviene la Administración, y en las que las autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales, tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en relación con su respeto y garantía.

Entiéndase que el Estado de Cosas Inconstitucional caracteriza no solo el incumplimiento de la CPE, sino una práctica continua y estructural de desinstitucionalización. Para explicarla se tiende a acumular todos los casos similares que de manera conjunta evidencien esta disociación entre el Derecho, sus instituciones y la realidad y se busque no sentencia, sino una solución en un programa de acción de políticas coordinadas ante una falla estructural, que tenga la finalidad de reencaminar la vida cotidiana a la vivencia y vigencia material de los derechos y garantías, es decir, traer de nuevo la vivencia del Estado Constitucional de Derecho.

Si bien el Estado de Cosas Inconstitucional resulta de mucha claridad para quienes lo sufren, algunos criterios permiten evidenciarla: a) vulneración sistemática y generalizada de varios derechos constitucionales a un número significativo de personas; b) prolongada omisión de las autoridades para dar cumplimiento a los derechos establecidos en la Constitución; c) adopción de una serie de prácticas contrarias a la Constitución como si fueran normales y hasta justificadas por excepción, aunque se empiecen a utilizar regularmente; d) falta de expedición de medidas legislativas o administrativas para evitar esa vulneración de derechos e incumplimiento de la CPE; e) vulneración de derechos que no proviene de una autoridad o de algunas autoridades, sino que es estructural al gobierno en ejercicio y cuya víctima es la población. 

Curiosa figura la del Estado de Cosas Inconstitucional. Muchas veces la justicia suele ser compleja y de difícil definición, pero la injusticia suele ser clara y transparente.