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Wednesday 24 Jul 2024 | Actualizado a 05:31 AM

El virus en la guerra

En tiempos de guerra, la necesidad convulsiva de construir al enemigo es vital; al cual se le achaca todo lo peor, inclusive las propias incompetencias.

/ 28 de abril de 2020 / 06:22

Ministros con barbijos y ataviados con traje de combate militar aparecen públicamente para decir que están luchando contra la pandemia, y a la vez amenazan con intervenir/encapsular los territorios donde habitan, según ellos, los peligrosos para la salud de la sociedad. Esa escenificación tiene un mensaje: estamos en guerra. Desde el pasado noviembre, cuando la democracia se resquebrajó, ellos efectivamente están en guerra. La masacre de campesinos respondió a esa lógica bélica: aniquilar al enemigo. 

Las guerras son provocadas por los hombres, en tanto que las epidemias son fenómenos biológicos infectocontagiosos. Pero el Gobierno de Jeanine Áñez se sumó al unísono al discurso falso en boga: la guerra contra el coronavirus. Este discurso represivo cuaja además con contextos en los que campea el autoritarismo.

Mucha gente siente miedo, angustia, ansiedad, entre otras sensaciones negativas, por la presencia del COVID-19 en sus vidas. En términos de psicología de masas, esas sensaciones tienen un uso político. O sea, son un caldo de cultivo para la implementación de estados de excepción: militarizar sobre todo, territorios enemigos; atentar contra los derechos constitucionales; o perseguir política o jurídicamente a los enemigos, como a la alcaldesa de Vinto. Todo en nombre de la guerra contra la pandemia. Es la paranoia de la persecución al enemigo. 

Así, el Gobierno transitorio se mueve en varios escenarios bélicos: la guerra virtual, de posiciones y mediática, para capturar, estigmatizar y humillar a sus “enemigos internos”. Es una vieja receta desempolvada de los manuales estadounidenses de guerra de baja intensidad, diseñada en el marco de la seguridad nacional y usada durante las dictaduras latinoamericanas para destruir al enemigo interno: el comunismo. 

En tiempos de guerra, la necesidad convulsiva de construir al enemigo es vital; al cual se le achaca todo lo peor, inclusive las propias incompetencias. Y al mismo tiempo, sirve para la personificación de un enemigo colectivo que permita generar una causa nacional. Así, se siembra el miedo a través de “acciones psicológicas”, con la participación de medios de comunicación y redes sociales. Por ejemplo, policías aparecen intempestivamente en el trópico cochabambino provocando la reacción de los pobladores, acto seguido, un periódico los tilda de “agresivos”, y para acabar el guion de la trama, el ministro del área amenaza con encapsular ese territorio. Mientras tanto, el coronavirus hace estragos en otros territorios, incluso en aquellos que ellos consideran propios.

La incertidumbre es otra forma de generar ansiedad. El Gobierno mexicano informó que la cuarentena se alarga hasta fines de mayo. Mientras que el gobierno de Áñez espera hasta el último momento para informar la extensión del confinamiento domiciliario. Otra forma de sembrar angustia, otra forma de control.

El Gobierno transitorio optó por esa lógica militarista sobre el criterio sanitario. En medio de la pandemia, prefirió equipar a las fuerzas represivas, mientras faltaba equipamiento médico y, sobre todo, pruebas masivas para medir estadísticamente la presencia del COVID-19 en Bolivia. Quizás para ocultar la verdadera hecatombe sanitaria.

Esta pandemia llegó a Bolivia en medio de un Leviatán construido previamente: el ejercicio autoritario dizque para defender la sociedad. En estos días del coronavirus es una señal inequívoca que la guerra continua.

Yuri F. Tórrez es sociólogo.

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Branko Marinkovic, paradigmático

De 2011 a 2019, Marinkovic recurrió a la chicana jurídica de sala en sala constitucional

/ 23 de julio de 2024 / 07:12

Los Marinkovic están beneficiándose de 34.320 hectáreas (ha). Pero se trata de dos propiedades en provincias diferentes de Santa Cruz. Ministros, viceministros, diputados, senadores y los opinantes se refieren como si fuese una sola propiedad. A tanta reiterativa: el dato es indistinto para la población.

Es más, le reducen 1.320 ha. En esa superficie caben 37 pequeñas propiedades cruceñas. Inclusive, el 9 de noviembre de 2020, la ONG Fundación Tierra envía sendos párrafos al vicepresidente Choquehuanca omitiendo la cifra real; en la denuncia pide fiscalizar las titulaciones ilegales para los Marinkovic, redondeándolas a 33.000 ha. El vicepresidente ni se interesa en la denuncia, peor los diputados y senadores de las comisiones de Constitución y de Tierra y Territorio de la Asamblea Legislativa. Nadie toma acciones legales pese a los tres años y seis meses de ser denunciada y escandalizada en la prensa. Los títulos ejecutoriales de dos propiedades de Branko habían estado a punto de ser refrendadas por el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en noviembre de 2020.

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Presento a ustedes una apretada cronología de hechos sobre una de las propiedades de Marinkovic: Laguna Corazón, con 12.481 ha en la provincia Guarayos de Santa Cruz.

La cronología es desapercibida por las autoridades nacionales, que se ocupan más refiriéndose a las sentencias y auto constitucionales provenientes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sin remitirse a los antecedentes. Veamos.

Entre 2001 y 2004 se realizaron los trabajos de campo del saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen del pueblo guarayo. Los Marinkovic se adhirieron al trámite de los indígenas y mientras llenaban formularios de campo adulteraron las fichas catastrales de saneamiento para multiplicar lo que no poseían, ni producían, ni criaban en esas tierras. Pretendían consolidarse en 14.000 ha. El Ministerio de la Presidencia se vio forzado a desmentir a Branko, que se victimizó y politizó el tema a su favor cuando era presidente cívico, publicando las fichas adulteradas en un diario cruceño el 3 de julio de 2007. Además, había sobrepuesto planos que correspondían a otra ubicación.

En julio de 2007, el INRA anuló esas fichas y el saneamiento. El viceministro de Tierras se querelló penalmente por delitos de falsedad material contra Marinkovic. El INRA devolvió a los indígenas otro predio de 12.587 ha que Yasminka Marinkovic había intentado apropiarse.

En diciembre de 2011, el INRA anuló más procedimientos de saneamiento e incluso invalidó el memorándum de viaje de los funcionarios cuando hicieron trabajo de campo en octubre de 2007. Marinkovic, una vez más había burlado las reglas de saneamiento.

Desde 2011 hasta 2019, Marinkovic recurrió a la chicana jurídica de sala en sala constitucional, a pesar de que perdió procesos administrativos, el recurso revocatorio de 2012 y el jerárquico de 2019. En simultaneo, fue denunciado por desmontar irregularmente.

Los magistrados del TCP Yván Espada y Gonzalo Hurtado favorecieron a Marinkovic desde 2020, con una sentencia constitucional en julio de 2020 y con cinco autos constitucionales en septiembre de 2021, abril y diciembre de 2023, y abril y julio de 2024. Los Marinkovic son poderosos y protegidos —por alguien más—, están quedándose dueños de 12.481 ha del predio Laguna Corazón.

Es más, en septiembre de 2020, mientras Marinkovic era ministro, el gobierno de Áñez le favoreció concluyendo el saneamiento de una segunda propiedad llamada Tierras Bajas del Norte, con 21.839 ha, ubicada en la provincia de Chiquitos. Sobre este predio ninguna autoridad nacional se pronuncia ni reclama ante instancias penales o judiciales.

Grande y monumental es Branko Marinkovic, intocable y paradigmático hasta el momento. Anuncia ser presidenciable.

(*) Wilbert Villca López es docente en la UPEA

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Fortaleciendo la integración

Manuel Pareja Chávez

/ 23 de julio de 2024 / 07:06

En un contexto global marcado por cambios y desafíos constantes, las alianzas regionales se vuelven cruciales para el desarrollo económico y político de los países involucrados. En este sentido, el Mercosur se erige como un pilar fundamental para la integración sudamericana, y los recientes convenios suscritos entre Brasil y Bolivia refuerzan esta perspectiva.

El Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur, no solo representa un bloque económico de gran relevancia en América del Sur, sino que también promueve la cooperación política y social entre sus Estados miembros. La asociación entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ha demostrado ser un motor de crecimiento y estabilidad en la región, facilitando el comercio intrarregional y proyectando a sus países miembros a nivel global.

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La incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur promete ser un paso significativo hacia adelante tanto para el país como para la comunidad mercosureña en su conjunto. Bolivia, un país con una rica diversidad cultural y recursos naturales abundantes, se beneficiará ampliamente de pertenecer a un mercado común que facilita el intercambio comercial y la cooperación en áreas estratégicas como energía, infraestructura y tecnología.

Los convenios recientes entre Brasil y Bolivia son un claro ejemplo del potencial que tiene esta asociación. Estos acuerdos no solo fortalecen los lazos bilaterales, sino que también sientan las bases para una integración más profunda dentro del Mercosur. La cooperación en sectores clave como la energía y la agricultura abre nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para ambas naciones, contribuyendo así a la estabilidad regional y el bienestar de sus ciudadanos.

Para Bolivia, ingresar como miembro pleno del Mercosur representa la posibilidad de diversificar sus mercados de exportación, aumentar la inversión extranjera y fortalecer su infraestructura económica. Además, la adhesión al Mercosur ofrece a Bolivia un marco normativo sólido y previsible que facilitará la planificación a largo plazo y la atracción de inversiones estratégicas.

Es crucial destacar que el Mercosur no solo se limita a aspectos económicos, sino que también promueve valores como la democracia, los derechos humanos y la integración social. Esto se traduce en beneficios tangibles para los ciudadanos de Bolivia, quienes pueden esperar un mayor acceso a bienes y servicios, así como mejores oportunidades educativas y laborales dentro de un mercado regional más amplio y dinámico.

En conclusión, la reciente firma de convenios entre Brasil y Bolivia subraya la importancia y los beneficios de la integración regional a través del Mercosur. Este acuerdo no solo fortalece las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que también abre nuevas perspectivas para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en toda la región sudamericana. Bolivia, al convertirse en miembro pleno del Mercosur, está en camino de cosechar frutos significativos que fortalecerán su posición en el contexto internacional y mejorarán la calidad de vida de sus ciudadanos.

(*) Manuel Pareja Chávez es economista

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Ajayu

La tarea urgente es reivindicar los postulados constitucionales y ser intransigentes en la defensa de los intereses nacionales

José Pimentel Castillo

/ 23 de julio de 2024 / 07:02

¡Bravo! Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descubrió un megacampo en la zona no tradicional del norte de La Paz, el regocijo es general; más bien, la controversia viene sobre el camino recorrido.

La experiencia nos señala que los grandes proyectos tienen un largo periodo de maduración; desde el momento de la percepción de indicios de existencia de un yacimiento, hasta la toma de decisión para la perforación, se habrá superado varias fases y los primeros pozos serán la continuidad de la exploración. Se trata de conformar un mapa geotectónico e identificar dónde habrían sido acumulados los productos de la descomposición de la materia orgánica en las sucesivas eras geológicas.

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En el caso que nos ocupa, el proceso comenzó en 2008. Recuerdo la llegada a La Paz de pobladores de Alto Beni, cargados con sus bidones de petróleo como testimonio de su existencia. En esa época era YPFB-Residual la llamada a encarar el problema, por eso se justifica su alianza con PDVSA de Venezuela (2008-2015), luego la empresa francesa Beicip-Franlab (2017) y posteriormente la empresa rusa Gazprom (2019); estas alianzas hacen resaltar la ausencia de capacidad técnica propia y, al final, las decisiones —ante posiciones divergentes— las tomaron con esas debilidades congénitas.

El proceso fue efectivamente muy largo: a las dificultades propias del trabajo de exploración hay que considerar las condiciones geográficas y la lejanía de la zona, los problemas climáticos y la aquiescencia social. Las tareas se dieron en el Subandino norte y sud: en Sécure y Chapare en Cochabamba; en Madidi, Liquimuni y Chepite en La Paz, con una inversión de $us 540 millones. Si bien se puede decir que no se ha descubierto petróleo, se ha acumulado información como para dar el siguiente paso: la perforación en Mayaya anunciada en julio de 2019, el golpe de Estado a los pocos meses y los cambios de gestión postergaron los trabajos hasta noviembre de 2022, con los resultados hoy conocidos. Este proyecto ha tardado hasta ahora 16 años en confirmar lo esperado, petróleo: es el resultado de una política y la perseverancia, más allá del ajayu de cualquier persona.

Los resultados iniciales obligan a otras tareas: la cuantificación real del campo, la perforación de los pozos de explotación, el tendido de los oleoductos para el transporte a las refinerías y los centros de consumo, acciones que tomarán tiempo y requerirán recursos económicos. Una vez certificada la riqueza, no será difícil su financiamiento; aún con recursos propios, lo problemático es el tiempo político.

El tiempo político está referido a la oportunidad frente a la crisis energética, lo que requerimos son soluciones ya. Desde las esferas de gobierno se han planteado soluciones que no se concretan: la importación de petróleo crudo para refinarlo en el país, el transporte por oleoducto desde Arica-Sicasica-Cochabamba, el incentivo a la importación de autos eléctricos, el cambio del combustible líquido por gas, el cambio de la generación termoeléctrica por energía limpia. Estas acciones hay que verlas como política de Estado y no simplemente como iniciativas personales y, por cierto, concretarlas.

En definitiva, lo que se ha caído es el discurso de que los bolivianos somos pobres e incapaces; por qué necesariamente tendremos que depender de la alianza con transnacionales con conocimiento y capital, argumento para cambiar la Ley de Hidrocarburos que garantiza la propiedad de éstos por el pueblo boliviano y una participación del 82 % a favor del Estado, modificaciones que anuncia el ministro de hidrocarburos. Cualquier incentivo va a ser a costa de quitarle al pueblo.

La tarea urgente es reivindicar los postulados constitucionales y ser intransigentes en la defensa de los intereses nacionales. Hace poco se presionó para que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobaran contratos de explotación petrolera, son 14 los que actualmente están en vigencia: han sido firmados en el marco de la actual Ley de Hidrocarburos, las áreas concedidas están en áreas tradicionales, es decir con mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, no hay resultado alguno o si lo hubiera, su anuncio está esperando el momento en que se modifique la ley a su favor. El sector privado siempre buscará el momento y el lugar oportunos para sacar una mayor tajada. La única manera de oponerse a sus maniobras es tener una empresa estatal fuerte, técnica y económicamente, con recursos humanos especializados y ante todo con vocación de servir a la patria, con capacidad de hacer alianzas y en esta tarea ser fiel en la defensa de los intereses nacionales y no claudicar ante la corrupción.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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JD Vance y el conservadurismo

De todos modos, no hay motivos para creer nada de lo que dice Vance sobre el apoyo a la clase trabajadora

Paul Krugman

/ 23 de julio de 2024 / 06:57

JD Vance alguna vez temió que Donald Trump pudiera convertirse en el “Hitler de Estados Unidos”. Ahora es el compañero de fórmula de Trump. Pero no importa esa historia. Trump y Vance tienen muchas cosas en común, incluida esta: ambos son estafadores que desprecian a sus partidarios más fervientes.

De hecho, Vance, a pesar de la dura competencia, puede ser la figura más cínica de la política estadounidense moderna. Nunca se sabe si Trump cree en las cosas falsas que dice; Vance es lo suficientemente inteligente como para saber que ha logrado una monumental maniobra política de cebo y cambio.

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Y si la fórmula Trump-Vance gana, hay una gran posibilidad de que, dada la evidente falta de interés de Trump en los detalles de la política y —sí— su edad, Vance, de una manera u otra, termine gobernando el país.

En cuanto a esa estafa: Vance, ahora senador junior de Ohio, habla mucho de sus orígenes humildes, pero la gente debería leer lo que escribió en Hillbilly Elegy, que muestra un desprecio sorprendente por la gente con la que creció pero que, a diferencia de él, no escapó de la pobreza de un pueblo pequeño. Y la gente también debería saber que, si bien su discurso en la convención del anterior miércoles denunció a los “barones de Wall Street”, su ascenso ha sido orquestado en gran medida por un grupo de multimillonarios tecnológicos.

Hillbilly Elegy era en parte una autobiografía personal, en parte un comentario social y, para ser justos, respondía a un problema real. En las últimas dos generaciones, algo ha ido muy mal en gran parte de las zonas rurales y de los pueblos pequeños de Estados Unidos. Ha habido un marcado aumento en la fracción de hombres en sus mejores años laborales sin trabajo, en particular en la parte oriental del corazón de Estados Unidos. Los problemas sociales han proliferado.

¿Qué ocurrió? Me centraría en los cambios en la economía que socavaron la razón de ser de muchas pequeñas ciudades, un proceso que comenzó durante los años de Reagan y que no es exclusivo de nuestro país. Esta pérdida de oportunidades económicas condujo, a su vez, a una disfunción social, que se hizo eco del aumento anterior de la disfunción social en las ciudades de Estados Unidos cuando desaparecieron los empleos urbanos de los trabajadores manuales.

Pero en Hillbilly Elegy, Vance rechazó el “movimiento cultural de la clase trabajadora blanca que culpa a la sociedad o al gobierno de los problemas”. En cambio, argumentó, hay muchos estadounidenses blancos de pueblos pequeños que no tienen a nadie a quien culpar más que a ellos mismos. Son perezosos: “Puedes caminar por una ciudad donde el 30% de los jóvenes trabajan menos de 20 horas a la semana y no encontrar a una sola persona consciente de su propia pereza”. Tienen una educación deficiente, no por falta de oportunidades, sino porque no están motivados: “No estudiamos cuando somos niños, y no hacemos que nuestros hijos estudien cuando somos padres”.

Imagínense la reacción si un demócrata liberal dijera algo de eso.

Sin embargo, después de entrar en política, Vance decidió de repente que la clase trabajadora blanca no es perezosa, sino víctima de fuerzas externas. Acusó vehementemente a los inmigrantes de quitarles puestos de trabajo que deberían estar ocupados por los nativos.

Un pasaje de su discurso en la convención pareció sugerir que los inmigrantes ilegales son responsables de la inflación. Por supuesto, no reconoció que la inflación ha caído dos tercios desde mediados de 2022 y que los trabajadores no supervisores, especialmente los trabajadores con salarios bajos, han visto sus ingresos, en promedio, aumentar más que los precios.

Y resulta especialmente extraño culpar a los inmigrantes de los problemas de las pequeñas ciudades y las zonas rurales de Estados Unidos, que comenzaron mucho antes del reciente aumento de la inmigración y donde incluso ahora hay relativamente pocos inmigrantes a la vista. En el estado natal de Vance, solo el 5% de la población nació en el extranjero, en comparación con alrededor del 40% en la ciudad de Nueva York.

De todos modos, no hay motivos para creer nada de lo que dice Vance sobre el apoyo a la clase trabajadora. Su libro deja claro que, al menos hasta cierto punto, menosprecia a quienes no han logrado alcanzar una trayectoria profesional similar a la suya. Puede que haya crecido en la pobreza, pero hoy en día no es más que un político inteligente y sin escrúpulos que utiliza su pasado para ocultar hasta qué punto representa los valores e intereses de los plutócratas.

(*) Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times

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Demoprotección

Farit Rojas

/ 22 de julio de 2024 / 11:16

Cuando al profesor de teorías de la democracia de la Universidad de Florencia, Giovanni Sartori, le preguntaron sobre cuáles son las condiciones mínimas para hacer posible la democracia, él respondió: demoprotección y demopoder. La primera condición se refiere a la libertad de un pueblo, expresada en la protección del mismo frente a la tiranía. La segunda se refiere a la participación del pueblo en el gobierno, entendida como la conformación de un gobierno popular. Las preguntas siguieron y esta vez le preguntaron al profesor italiano cuál de ambas —demoprotección o demopoder— es más importante. La respuesta de Sartori fue que ambas condiciones son importantes, pero agregó que una es prioritariamente necesaria para la otra, y para entender esta prioridad hay que comprender que se trata de un tema secuencial: primero se precisa la demoprotección o la libertad del pueblo, para luego poder pensar en la segunda, el demopoder o el gobierno popular. No puede un pueblo gobernarse a sí mismo si antes ese pueblo no es libre. En esta respuesta hay una inclinación, así sea por razones de secuencia, a que la condición básica de la democracia es la demoprotección. Este elemento, en palabras de Sartori, se refiere esencialmente a la domesticación de la política, expresada en medios legales e instituciones estructurales para limitar el ejercicio del poder abusivo, absoluto y arbitrario; por ello la primera característica de la demoprotección es la protección del pueblo frente a la tiranía.

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¿Pero a qué se refiere Sartori con la noción de “domesticación de la política”? Sartori responde que se trata de una precondición para el ejercicio de la libertad, esta vez entendida como ausencia de daño o de amenaza de daño, y que es también una precondición para el paso de la demoprotección al demopoder. La domesticación de la política se expresa en la idea de que la política no mate, es decir, que la libertad que tiene toda persona de participar en política no ponga en riesgo su vida, dignidad y honor. Si la participación política de una persona puede llevarla a la muerte, a la tortura o al encarcelamiento, las posibilidades de la democracia son nulas. Si la primera tarea de los rivales en política es la de denigrar, insultar y calumniar al oponente, la práctica democrática está con serios cuestionamientos. Es justamente allí que se precisa de derechos o medios legales, y de mecanismos para protegerlos y llevarlos a la práctica, es decir, instituciones estructurales para limitar el ejercicio de poder abusivo. En consecuencia, en toda sociedad que se precie de llamarse democrática, lo primero que debe resolverse no son las próximas elecciones, sino el acceso a instituciones imparciales de justicia que garanticen los derechos de libertad política de las personas.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

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