Voces

jueves 27 ene 2022 | Actualizado a 01:03

Dos tipos de racismo cruceño

/ 6 de septiembre de 2020 / 03:22

La declaración del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en contra de los campesinos que bloquearon carreteras hace unas semanas no solo era racista en un sentido, sino en dos, que ilustran las dos formas de racismo que se han dado históricamente en Santa Cruz.

Calvo, recordemos, dijo que los mencionados campesinos eran “bestias humanas”. Repitió así la descripción racista más antigua que haya recibido un indígena americano. Apenas conoció a los antillanos, Colón los llamó igual: “gentes bestiales”.

En ambos casos se trata, como es obvio, de un oximoron, empleado para rebajar la dignidad de los seres que retrata. “Parecen humanos”, se afirma, “pero en realidad no lo son”; sus cuerpos son antropomorfos pero están vacíos y resultan, entonces, de algún modo, fraudulentos.

Cuestionado por su dicho, Calvo se ratificó: Explicó que buscando en el diccionario encontró que “bestia” significa “sin racionalidad”, y que los campesinos a los que había aludido no la tenían. Ergo, eran infrahumanos; ergo, estaban en condición de inferioridad respecto del propio Calvo y, en general, de la especie común. Hay gente bestial (los otros) y gente normal (nosotros). Como es natural, la gente bestial va por ahí en formación de “hordas”.

El racismo colombino asentaba su presunción de la inferioridad indígena en la ignorancia de la cultura —y, sobre todo, de la religión— europeas. Mucho después, a fines del siglo XIX, aquella se justificaría por supuestas deficiencias biológicas.

Esta primera forma del racismo de Calvo es un eco del de otros cruceños mucho más célebres. En la vena del “racismo científico”, Gabriel René Moreno escribió en 1880: “Es (la cruceña) la única población boliviana que no habla ni ha hablado nunca sino castellano; ha sido también la única de pura raza española… La plebe guardaba ojeriza al ‘colla’ (altoperuano), al ‘camba’ (castas guaraníes de las provincias departamentales y del Beni) y al ‘portugués’ (brasileño fronterizo y casi todos mulatos o zambos). De aquí el artículo inviolable de doctrina popular cruceña: ‘Los enemigos del alma son tres: colla, camba y portugués’”.

Para Moreno “camba” era todavía sinónimo de indígena. Esta equivalencia cambiaría en los años 50 del siglo XX, después de la Revolución Nacional. Tanto en Santa Cruz como en el resto del país se intentaría superar —o al menos recubrir— las diferencias raciales con la invención y exaltación del “mestizo”. Por cierto, este no era un mestizo racial —Dios nos librara de tal engendro—, sino asépticamente cultural.

El mestizo cruceño mezclaba la tradición española con elementos guaraníes (por ejemplo, la lucha de este pueblo contra los centros andinos del Estado) sin perder la condición racial de la que tan orgulloso estaba Moreno. Era, entonces, un “mestizo blanco” que vestía ropas campesinas. Y que se llamaba “camba”.

Esta construcción no solo era necesaria para que la ideología de la élite procesara el descrédito del racismo cientifico después de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución, sino para resolver las consecuencias de la incorporación de Santa Cruz a la economía nacional (1954): La “invasión” de los inmigrantes collas y el inicio de la pugna con La Paz por la orientación del desarrollo nacional.

La invención del camba fue más exitosa que la del mestizo occidental. Al crear la antinomia camba-colla, permitió que la élite tradicional cruceña continuara dirigiendo la sociedad regional sin muchos desafíos desde abajo. El regionalismo cohesionó a los “cambas” detrás de sus tradicionales conductores. Por diferentes razones históricas e idiosincráticas, esta élite pudo imponer un orden que a la vez era férreo (las críticas contaban como “traiciones”) y popular.

En este marco surgió el segundo tipo de racismo cruceño. Este opone “lo camba”, entidad racial y cultural superior, dueña de la tierra, del “modelo económico” y de los derechos políticos, a “lo colla”, que es sinónimo de lo feo, lo sucio, lo conflictivo y lo “bestial”, en suma, lo indio de Santa Cruz y del país.

Para el regionalismo racista, el colla es “colado” en fiesta ajena. Debe respetar a los verdaderos dueños de la “tierra que les abre los brazos”, no “morder su mano” o, de lo contrario, será expulsado. En palabras de Calvo, “pagará la tamaña afrenta”.

En su doble forma, el racismo cruceño ha sido un muy funcional y efectivo mecanismo de domino. Por eso Calvo no tuvo que retractarse ni nadie lo cuestionó seriamente en su Departamento. Al mismo tiempo, imposibilita la aspiración de la élite cruceña a dirigir el país, esto es, también a las regiones collas.

Fernando Molina es periodista.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Arce-Mas: gobierno sin hegemonía

Muchos analistas pronostican que la polarización en el país tiende a hacerse un mal crónico.

/ 2 de enero de 2022 / 18:14

SALA DE PRENSA

El 9 de diciembre, Marco Pumari, el segundo dirigente más importante de las protestas contra el presidente boliviano Evo Morales en 2019, fue arrestado en Potosí tras un aparatoso operativo policial. Un juez dictaminó seis meses de prisión preventiva mientras se realiza su juicio. Debe cumplirlos en Llallagua, una localidad minera en la que él no reside pero que las autoridades consideran más segura que Potosí, la capital regional, donde Pumari cuenta con el apoyo de la población. [N.E. El 21 de diciembre, otro juez determinó reducir la prisión preventiva a cuatro meses y el traslado de Pumari a la cárcel de Cantumarca, en la ciudad de Potosí].

Se lo acusa de haber provocado el incendio y saqueo del Tribunal Electoral de Potosí en los días posteriores a la elección del 20 de octubre de 2019, que la oposición consideró fraudulenta. Poco después de que el candidato que saliera segundo en esa elección, Carlos Mesa, acusara a Morales de haber cambiado los resultados de las urnas, hubo ataques de multitudes enardecidas contra las oficinas electorales en las ciudades de Potosí, Sucre y Santa Cruz de la Sierra. Pumari era entonces el presidente del Comité Cívico potosino. Esta institución es, junto con el Comité Cívico de Santa Cruz, la que más antagoniza con Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS).

La detención de Pumari fue aplaudida por los militantes oficialistas, la mayoría de los cuales considera que el programa de enjuiciamiento de los principales protagonistas del derrocamiento de Morales en 2019 se desarrolla con excesiva lentitud. Un vocero de la poderosa Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que forma parte del Movimiento al Socialismo (MAS), declaró: “Nosotros respaldamos plenamente la detención del señor Pumari, pero no es suficiente, esto es apenas el inicio de la justicia. Nosotros exigimos también la aprehensión de todos los golpistas”. Y a continuación mencionó los nombres de casi todos los jefes de la oposición, inclusive el compañero de Pumari en la elección presidencial de hace más de un año, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El 14 de diciembre, Camacho no pudo llegar a la opositora ciudad de Potosí a coordinar con los dirigentes cívicos, una reacción movilizada contra la detención de Pumari, porque los campesinos bloquearon el camino para que no lo lograra. Al explicar este percance, Camacho habló de “hordas masistas” que actuaron “como terroristas” en contra suyo y de su comitiva. Desde el oficialismo le respondieron que los bloqueadores querían sanciones para los crímenes del gobierno interino de Jeanine Áñez, cuya formación fue respaldada tanto por Camacho como por Pumari. El MAS cree que la quema de los tribunales electorales el 21 de octubre de 2009 fue parte del golpe de Estado que terminaría con la presidencia de Morales tres semanas después.

Esta es, más o menos, la tónica del debate boliviano. Estos, también, son algunos de los clivajes que dividen al país: campo versus ciudades; indígenas versus no indígenas; comités cívicos versus sindicatos; Santa Cruz, Beni, Potosí y Tarija, en el oriente y el sur del país, versus las regiones del occidente y el norte (donde está La Paz). Y, por supuesto, la división en torno a las dos opiniones sobre el derrocamiento de Morales y sobre el carácter del gobierno de Áñez, si fue un ataque a la democracia boliviana o un intento fallido de salvarla de una “dictadura” previa.

Las detenciones de los opositores al MAS, acusados de ejecutar un golpe de Estado contra Morales, alimentan esta polarización que mantiene al país en una constante tensión. Más de una decena de ex-jefes militares está en prisión por haber “sugerido” a Morales que renunciara al final de la crisis electoral; los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía en 2019 se hallan prófugos de la justicia. Y, como se sabe, la expresidenta Áñez también está en la cárcel. Hace poco se la acusó formalmente de dos delitos menores: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que se penan con dos años de prisión. También está siendo investigada por sedición, conspiración y terrorismo, cargos que, de probarse, podrían mantenerla encerrada durante 20 años.

El procesamiento de estos cargos más graves no avanza. Resulta paradójico que Áñez sea investigada por su papel en la caída de Morales, que fue menor al de Camacho, a quien los fiscales no se han atrevido siquiera a convocar para que testifique. Cada vez que lo intentaron se generó un enorme malestar en la región del gobernador. (En cambio, sí convocaron al expresidente Mesa, el cual se negó a declarar para no incriminarse. Y no se lo procesó). Una de las razones por las que Áñez ha sido involucrada en este juicio es que el oficialismo no puede armar un juicio de responsabilidades por sus acciones como presidenta interina, porque para ello requeriría de una autorización de dos tercios de los parlamentarios, una mayoría con la que no cuenta.

El presidente Luis Arce está en el gobierno desde hace más de un año y no ha logrado encaminar las acciones judiciales para establecer la responsabilidad de la clase política en los dramáticos sucesos que antecedieron y sucedieron a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. No quiere frenar las acusaciones contra ninguno de los políticos opositores ni tampoco actuar como el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, impulsando el arresto de dirigentes de partidos políticos que gozan de popularidad, como Camacho y Mesa. Un camino intermedio parece ser ocuparse solamente de los objetivos “fáciles”, como Marco Pumari, cuyos días de gloria política ya habían pasado bastante antes de su detención. Sin embargo, en caso de ser esta la estrategia, implica dejar a los demás dirigentes opositores (a Camacho y a Mesa, en particular) en el limbo jurídico, lo que podría impedir que el oficialismo supere alguna vez “la cantinela del golpe de Estado”, como la llamó un político opositor. Al mismo tiempo, la falta de un cierre para la serie de acusaciones judiciales impide que el gobierno pueda plantearse un proyecto constructivo que reconcilie al país o al menos le “quite pólvora” a la polarización. “Tanto el oficialismo como la oposición están subordinando sus estrategias de más largo plazo a sus tácticas de confrontación”, opina el sociólogo Fernando Mayorga.

Las encuestas muestran dos hechos contradictorios entre sí: mientras una parte creciente de la población está molesta por esta animosidad de los políticos, los dos bandos cuentan con un respaldo parecido (alrededor del 40% cada uno, aunque la oposición está dividida en varias facciones).

El problema ha demostrado ser demasiado complejo para las ideas y los recursos del gobierno. El presidente Arce es un reconocido economista pero carece del brillo político de su antecesor, Evo Morales. Arce ha dejado que “las cosas sucedan”, sin tratar de organizarlas dentro de un plan premeditado e inteligible. Con ello, realmente nadie sabe, ni siquiera dentro del gobierno, si la persecución judicial irá más allá, hasta abarcar a las principales figuras de la oposición, o no. Es probable que esta incertidumbre siga existiendo durante todo el periodo presidencial. Esto ha llevado a varios analistas a pronosticar que la polarización se transformará en un mal crónico. En este momento, muchos otros países, de Estados Unidos a la Argentina, viven una parecida división social de largo plazo.

(*) Fragmento del artículo Luis Arce y el MAS: gobierno sin hegemonía. Edición digital de Nueva Sociedad, de diciembre de 2021: https://nuso.org/articulo/arcee v o – m o r a l e s – bolivia/?utm_source=email&utm_medium= email&utm_campaign=email

(*) Fernando Molina es periodista y escritor (*)

Comparte y opina:

¿Golpe o fraude? el 2019 sigue dividiendo

Aunque los analistas discuten si la polarización en las altas esferas políticas es un fenómeno análogo en la sociedad.

/ 26 de septiembre de 2021 / 18:32

DIBUJO LIBRE

Los acontecimientos de 2019 siguen dividiendo a los bolivianos, aunque no en partes iguales. El gobierno de Luis Arce busca sellar la lectura del derrocamiento de Evo Morales como producto de un golpe de Estado y mantener en prisión a la expresidenta interina Jeanine Áñez. La oposición, que niega que haya habido golpe, se expresa sobre todo en los medios y redes sociales, pero su fuerza social se encuentra disminuida.

Bolivia está inmersa en un “debate letrado” del tipo de los que han acompañado varios momentos críticos de su historia. A principios de este siglo, por ejemplo, corrieron ríos de tinta sobre la situación de la industria del gas y la población se dividió entre quienes querían la nacionalización y quienes la rechazaban. Pero después de que el presidente Evo Morales la promulgara el 1 de mayo de 2006, el apasionado debate sobre el futuro del gas quedó suspendido y no se reabrió más.

Hoy el asunto que divide al país es la interpretación de la ruptura violenta de noviembre de 2019. Para quienes participaron en ella, fue un alzamiento espontáneo contra una “dictadura” que pretendía perpetuarse por medio de un fraude electoral. Para el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue un golpe de Estado “planificado con varios meses de antelación”, digitado desde Estados Unidos y operado por el conjunto de la oposición a Morales. Desde hace meses que esta discrepancia interpretativa y sus ramificaciones ocupan las primeras páginas de los periódicos, los titulares de los noticiarios, las tertulias televisivas; son motivo de memes y han inspirado la publicación de libros de muchos cientos de páginas.

Los dos bandos no son del mismo tamaño y la relación entre ellos no es simétrica. Hace diez meses, el MAS ganó las elecciones con 55% de los votos y posee una sólida hegemonía dentro de los sectores subalternos de la población. Sin embargo, la oposición —es decir, quienes sostienen que no hubo ningún putch que pueda o deba ser sancionado— agrupa a la mayoría de los poderes fácticos del país: la elite económica, las iglesias, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación mainstream, etc. Por eso, quien siga la polémica por los principales periódicos tendrá la impresión de que el MAS y Evo Morales se hallan acorralados por sus incongruencias y de que los múltiples juicios que se están realizando o se quiere iniciar en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores se originan en el abuso de poder.

El mejor ejemplo del posicionamiento de los medios ha sido la recepción del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que, por un acuerdo entre el Estado boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó la violencia política que se produjo en octubre y noviembre de 2019. Este informe señala que se produjeron violaciones a los derechos humanos tanto en los últimos días del gobierno de Morales como en la parte inicial de la administración de su reemplazante, Jeanine Áñez. Considera las últimas más graves que las primeras, tanto por su dimensión como porque fueron ejecutadas directamente por las fuerzas de seguridad del Estado. En particular, el informe se refiere a la masacre de una veintena de manifestantes en el pueblo de Sacaba, cerca de Cochabamba, y en la zona Senkata de la ciudad de El Alto. Sin embargo, los periódicos cubrieron la noticia al revés, destacando los casos en los que los presuntos autores estuvieron relacionados con el MAS, como un tiroteo en la ciudad de Montero en el que murieron dos manifestantes de los comités cívicos y una emboscada a un convoy de buses con mineros opositores que viajaban a La Paz a contribuir al derrocamiento de Morales, los cuales fueron heridos por disparos de armas de largo alcance. El MAS se ha defendido a través de la red de comunicación estatal y los pocos medios privados oficialistas que quedan. Ha atribuido a la prensa un papel político opositor, lo que fue rechazado por las asociaciones de periodistas.

El debate no es puramente historiográfico, sino que fue activado y está referido a la investigación judicial de los hechos sucedidos durante el derrocamiento de Evo Morales. Su contenido se ha tornado muy complejo y difícil de seguir para los ciudadanos comunes. Se desglosa en varios enfrentamientos menores y se despliega en diferentes espacios institucionales. En la Asamblea Legislativa, el oficialismo quiere aprobar un “juicio de responsabilidades” contra Áñez por las decisiones que tomó como presidenta del país, entre ellas la represión de las protestas de Sacaba y Senkata. El obstáculo es que el MAS no cuenta con la mayoría necesaria de dos tercios del plenario. Le faltan 15 votos. Por su parte, la oposición afirma que podría aprobar un juicio sobre lo sucedido en 2019 siempre que éste incluyese también a Evo Morales, lo que el MAS rechaza. Este impasse parece muy difícil de superar. Diputados de oposición denunciaron, sin mostrar pruebas, que se les ofreció sobornos para autorizar el juicio de responsabilidades. La bancada oficialista lo desmintió.

El gobierno de Arce repite que la reconciliación entre bolivianos debe asentarse sobre la justicia y no sobre la impunidad. Quien tiene un discurso más conciliador es el vicepresidente David Choquehuanca. Este referente aymara está distanciado de Evo Morales desde hace mucho tiempo y también en esta cuestión.

Morales declaró que “la reconciliación es imposible” y que el MAS debe vencer al “fascismo y al imperialismo”, a los que atribuye su caída en 2019. En otra ocasión dijo que “no va a haber reconciliación con fascistas y racistas (en referencia a los movimientos cívicos), salvo que entiendan que nuestro programa y nuestra ideología están bien para Bolivia”. El antagonismo entre Choquehuanca y Morales es el principal riesgo para la unidad del MAS, pero al parecer solamente se tornará un problema digno de consideración hacia el final de la gestión de Arce. Por ahora, ambos líderes conviven pacíficamente, si bien con algunos roces.

Los analistas discuten si la intensa polarización de las altas esferas de la sociedad refleja o no un fenómeno análogo en la población. Las encuestas indican que la mayoría de los bolivianos no tiene tiempo ni ganas para ocuparse de temas políticos, porque está concentrada en enfrentar la crisis económica y la pandemia.

Este dato se presenta incluso en los sectores de altos ingresos y, de manera mucho más intensa, entre los jóvenes, que, luego del fracaso del movimiento de las pititas en el que muchos pusieron sus esperanzas, se inclinan por el apoliticismo y por la condena, en bloque, del conjunto de la clase política. Como se sabe por la experiencia latinoamericana y boliviana, este sentimiento resulta muy volátil y puede dar lugar a toda clase de sorpresas políticas.

 (*) Fragmento del artículo ¿Golpe o fraude?: 2019 sigue polarizando a Bolivia, publicado en la edición digital de la revista Nueva Sociedad, de septiembre. El texto completo se lo puede leer en: https://nuso.org/articulo/Bolivia- Arce-MAS/?utm_source=newsletter& utm_medium=email

(*)Fernando Molina es escritor y periodista (*)

Comparte y opina:

Nuevo mapa de actores en Bolivia

Este libro está un poco más allá de la polarización que desde hace años divide y tensiona a los bolivianos

/ 17 de marzo de 2021 / 14:36

SALA DE PRENSA

La historicidad de ciertos hechos contemporáneos es evidente en el momento mismo en el que ocurren. Así pasa por ejemplo con los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Todos los bolivianos hemos observado y protagonizado estos sucesos, no importa en qué bando, con la sensación clara de que estábamos atravesando por “momentos históricos”. Esto que se dice a menudo por pura hipérbole —que tal o cual cosa es “histórica”— en este caso fue rigurosamente cierto.

La historicidad de octubre-noviembre de 2019 emergió, en ese mismo instante, ante nuestros ojos, gracias a que teníamos una visión colectiva de la historia como la sucesión de momentos en que la cotidianidad se rompe o acelera; de la historia como sucesión de “hechos de masas” y, simultáneamente, de eventos estatales o que comprometen fuertemente al Estado. Este “sentido común” boliviano no debería extrañarnos. La conciencia que se despierta en cada pueblo sobre su historia corresponde con el modo en que este pueblo hace esta misma historia.  

El libro Nuevo mapa de actores en Bolivia, que han compilado Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez desde la Fundación Friedrich Ebert (FES), surge de esta interpretación histórica que, como digo, es colectiva y “de sentido común”. El libro atribuye a los hechos de octubre-noviembre la condición de bisagra entre dos etapas sucesivas o, para usar la metáfora que maneja, de sustitución de un elenco de actores sociales y políticos por otro. 

La obra no es propiamente historiográfica, pero se aproxima más a la historiografía que a la sociología estructural. Presenta una serie de recreaciones de lo sucedido durante la salida de un gobierno nacional-popular y el arribo de un otro gobierno que buscaba ubicarse en las antípodas del primero. Digamos que cumple la primera fase del trabajo historiográfico, esto es, colecciona los datos relevantes para las diversas interpretaciones históricas de los autores, y hace su primera articulación hermenéutica.

Como siempre ocurre, los autores leen el pasado desde el presente. Pero su presente no es el actual, en el que varios de los procesos desencadenados por las elecciones del 20 de octubre de 2019 han encontrado un desenlace, sino un tiempo previo, en el que esto aún no había sucedido. Tal cosa les quita a las monografías reunidas en el libro “profundidad de campo”, por así decirlo, pero en cambio les dota de vivacidad y, a aquellas que son críticas con el proceso que estaba en marcha y aún no había abortado, las reviste también de clarividencia y honorabilidad.  

No se infiera de lo que acabo de decir que los artículos de Nuevo mapa de actores en Bolivia estén cortados con la misma tijera ideológica o política. No, más bien se trata de una colección plural de análisis de los actores y los cambios sociales emergentes de la crisis. Fernando Mayorga analiza al Movimiento Al Socialismo, la secuencia de las reacciones de este partido a la derrota sufrida el 10 de noviembre y su preparación para actuar en las siguientes elecciones. María Teresa Zegada confirma la incapacidad crónica de los partidos de oposición para dirigir y encauzar la lucha contra el evismo. Yuri Tórrez pasa revista a los principales actores de la sedición contra el gobierno: los movimientos de las clases medias educadas. Jonas Wolff explica la lógica escondida del comportamiento aparentemente errático de las élites económicas respecto del capitalismo de Estado. Susana Bejarano y yo establecemos las razones y características de la “hegemonía instantánea” del relato comunicacional antievista en el campo mediático. Gabriela Reyes retrata las dinámicas del motín policial, que como se sabe dio el tiro de gracia al gobierno de Morales, en un artículo que proporciona claves importantes a quienes sigan buscando definir qué fue lo que pasó, si un “golpe de Estado” o una “insurrección burguesa”. Gustavo Fernández informa de los alineamientos de los organismos y las potencias internacionales frente a la crisis boliviana. Eduardo Paz explora las relaciones elusivas y polémicas entre religión y proceso de cambio. Finalmente, Eliana Quiroz y Wilmer Machaca nos hablan del papel de las redes sociales en los sucesos.

Algunos autores enfatizan los errores precedentes, las decisiones de Evo Morales que dieron lugar a la crisis. Otros, el carácter reaccionario de las fuerzas que ascendieron durante esta crisis y trataron de formar un nuevo bloque de poder. Ciertos artículos destacan por su acopio de materiales y otros por su atrevimiento ensayístico. Lo que todos tienen en común es que procuran alcanzar cierto nivel científico en lugar de parapetarse en la opinión política, si entendemos ésta como “creencia injustificada”. En otras palabras, detrás de los artículos asoma una misma actitud: una actitud cognoscitiva antes que instrumental. Es decir, se busca conocer, no cambiar el mundo.

Gracias a esto, este libro está en general un poco más allá de la polarización que desde hace años divide y tensiona a la sociedad boliviana. Puede trascenderla. Su lectura cuestiona algunos supuestos de las narrativas polarizantes. Es verdad que su propósito no es refutar estos relatos ni mucho menos eliminar uno en desmedro del otro. Sin embargo, al buscar un conocimiento sin error —que es la búsqueda asociada a la mencionada actitud cognoscitiva— llega a resultados que no se adaptan a las simplificaciones políticas de la historia.

(*) Fernando Molina es escritor y periodista

Comparte y opina:

Los medios tras la salida de Morales del poder

Página Siete y sus columnistas hicieron una campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite.

/ 15 de noviembre de 2020 / 00:07

En el artículo El alineamiento de los medios de comunicación bolivianos con el bloque de poder postevista que pronto se publicará en un libro colectivo de la Fundación Ebert, Susana Bejarano y yo hacemos un análisis de la conducta de los principales medios de comunicación en las primeras semanas del gobierno de Jeanine Áñez, justamente un año atrás.

Estos medios apoyaron fervientemente al nuevo gobierno con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma de constitución de éste. Por ejemplo, Página Siete y sus columnistas hicieron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite; puso tanto empeño en ello que llegó a despedir a una de sus columnistas estrella, la feminista María Galindo, que chocaba fuertemente contra el oficialismo.   

Otro aspecto de la defensa de los medios de la legitimidad gubernamental fue la mitificación de la “revolución de las pititas”. Periodistas de Página Siete y de El Deber presentaron de inmediato sendos libros encomiásticos del proceso político de fines de 2019. 

El apoyo mediático al nuevo oficialismo llegó al punto de justificar sistemáticamente la represión ejecutada por el gobierno. El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta última ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron 10 campesinos y decenas fueron heridos. Ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. Página Siete tituló: Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían “armas de fuego y otros objetos letales”. 

El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con rifles de balines y armas de fuego. Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios excepto La Razón dijeron que fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, ésta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella.

Los medios repitieron así la versión del gobierno, en lugar de realizar una investigación propia, ya que ningún periodista estaba en el lugar y el momento de los hechos. Pese a ello, ulteriormente aludieron constantemente al “atentado dinamitero” contra Senkata, lo que les permitió hablar de “terrorismo”. ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos, pero el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas fue La Razón.

La narrativa oficialista sobre “atentados narcoterroristas” permitió justificar la muerte por bala de más de 30 personas humildes y sin antecedentes policiales. Los medios bolivianos no pusieron en cuestión esta justificación y, con ello, permitieron que el gobierno lograra su propósito. No constituye una casualidad que las víctimas fueran indígenas sin agencia cultural o política. 

Los principales canales del país cubrieron exhaustivamente las protestas contra Morales. En cambio, desde la renuncia de éste, los mismos canales solo emitieron informes escuetos sobre las manifestaciones anti-Áñez y, en muchos casos, describieron a sus protagonistas como parte de “hordas” y “turbas”.

Casi ningún medio, ninguna asociación periodística y pocos periodistas individuales protestaron porque las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, respectivamente, fueran suspendidas de todos los servicios de cable del país. Esta cancelación de emisión era más grave que las restricciones realizadas por el gobierno del MAS, que nunca se había atrevido a tanto, pero se acogió en el campo mediático en silencio o con aprobación.

*Fernando Molina es periodista y escritor

Temas Relacionados

Comparte y opina:

¿Por qué ganó el MAS?

En este periodo, el estamento indígena ha modificado sustancialmente sus formas de vida previas.

/ 1 de noviembre de 2020 / 01:25

La Reforma Agraria, el voto universal, el boom de Santa Cruz, el crecimiento poblacional y la urbanización, las corrientes migratorias, las nuevas redes de infraestructuras, la revolución de los materiales y de las telecomunicaciones, la participación popular, todo esto ha cambiado integralmente el paisaje social boliviano.

Hace 70 años, este paisaje se parecía más al que había en Bolivia a fines del siglo XIX que al que existe hoy. En el último medio siglo los cambios sociales se han acelerado. No solo se trata de cambios cuantitativos, es decir de la extensión y la multiplicación de elementos modernos en la economía y la vida social. También son saltos cualitativos por la desestructuración de los roles tradicionales de los grupos sociales. El viejo orden boliviano, basado en estamentos raciales y étnicos, ha sido sacudido y transformado, no sin resistencia y trauma.

En este periodo, el estamento indígena ha modificado sustancialmente sus formas de vida previas. Han cambiado sus formas productivas, pasando de la agricultura al comercio y el trabajo urbano asalariado. Han cambiado sus formas de ocupación del espacio, pasando de vivir en las áreas rurales del occidente del país a todas las ciudades y a las áreas rurales del oriente. Han cambiado sus formas de educarse, pasando de un aprovechamiento mínimo a uno mucho mayor del débil sistema educativo nacional. Se ha incrementado su agencia política, por lo que han pasado de ser fuerza de apoyo de otras fuerzas a ser sujetos activos de la vida política nacional. Finalmente, pero no menos importante, los indígenas han cambiado su forma de representarse a sí mismos.

Se trata de un movimiento expansivo de democratización social, que arrastra importantes componentes de autoritarismo a causa de su gestación traumática (en alianzas temporales y luchas con los sectores no indígenas) y debido a que se ha producido en condiciones de escasez material.

Los sectores no indígenas, que constituyen la élite tradicional del país, también han cambiado. Quizá en algunos momentos eligieron oponerse a la “revolución”, pero no pudieron elegir no estar en ella. De atesorar más capitales simbólicos (prestigio familiar), pasaron a atesorar más capitales educativos (títulos académicos). Remplazaron el racismo científico que profesaban por la propuesta del mestizaje cultural como solución étnica de la nación. También se hicieron económica y políticamente más fuertes en el oriente, a causa de la historia demográfica y económica de esta región del país.  

Pese a estos cambios, la élite ha variado muy poco la imagen que tiene de sí misma y de su relación con los indígenas. Esta imagen y esta relación siguen siendo “señoriales”. Su nueva ideología apunta al gobierno de los más educados (“meritocracia”), un proyecto que —pese a los cambios educativos mencionados— sigue siendo censitario, pues se trataría de un gobierno reservado para los sectores no indígenas. 

René Zavaleta explicó el atraso de la élite boliviana con una de sus originales figuras historiográficas: la “paradoja señorial”. Por distintos factores, dijo, la clase dominante nacional no había podido liderar la transformación social que correspondía con sus intereses históricos. A veces había participado de la modernización (“revolución burguesa”), pero generalmente había estado en contra, tendiendo a oligarquizarse, a actuar como “casta” antes que como “burguesía”. Por ejemplo: la clase media dentro del MNR.

La “paradoja” en realidad no es paradójica: se explica simplemente sacando a relucir un interés diferente del económico, el meritocrático. Lo señorial se debe a la imagen de la élite tradicional boliviana de sí misma y su relación con los indígenas. Se debe, entonces, a una rémora ideológica. Un anacronismo que convierte a la élite tradicional boliviana en un grupo social premoderno y antiliberal.

La renovación social de las últimas décadas ha dejado a Bolivia en una situación muy particular. De un lado tiene una élite que, actuando como casta meritocrática, no logra acumular suficiente agencia política en un país marcado por la insurgencia indígena; del otro lado tiene unos sectores indígenas y populares con agencia política de sobra, que, a partir de esta ventaja, niegan o retacean a la élite la suya propia. Esta contradicción, como hemos visto este año, puede producir muchísima violencia.

Solo se me ocurren dos posibles soluciones democráticas. Una: la élite tradicional moderniza su imagen de sí misma y sus relaciones con los indígenas (abjura de la meritocracia). Dos: la contra-élite indígena hace un gobierno que no le arrebata agencia política a la élite y, por eso, va tornándose legítimo para esta. Ninguna es fácil o probable.

*Fernando Molina es periodista

Comparte y opina: