Voces

lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 18:30

Donde los muertos hacen fila

/ 13 de septiembre de 2020 / 05:58

En nuestra cultura andina, la muerte es siempre un viaje. Para los que se van, especialmente si lo hacen antes de tiempo, es un viaje a regañadientes. Por eso las ancianas vuelcan las sillas de la casa en cuanto se llevan el cuerpo: no hay que dejarle al alma un lugar para sentarse. El rol de los seres queridos es aprovisionarlo para las dificultades del camino y ayudarlo a irse. Por eso los parientes deben mantener su dolor atemperado: demasiado llanto hace que el alma no quiera alejarse.

Para los que se quedan, el tiempo entre la muerte y el entierro es un tiempo de peligro. En su afán de quedarse, las almas pueden trastocar el equilibrio del mundo. En su dolor de separarse, las almas pueden llevarse a los que quedan vivos. Los rituales del velorio y del entierro son dulces despedidas, pero también salvaguardias. Por eso deben hacerse con cierta premura: no vaya a ser que el alma se desgane del viaje.

Los caminos de la muerte deben tener ahora trancaderas. Las almas deben andar tristes, arrastrando sus pasos, porque muchas no tuvieron despedidas. Dicen los vecinos de la periferia que los cementerios clandestinos se llenan de tumbas frescas. Y que los enfermos regresan al campo para morir allá con la dignidad intacta.

Al día de hoy el Ministerio de Salud confirma 7.146 fallecidos por la pandemia, pero el Servicio de Registro Cívico publica 21.313 muertes más en 2020 que el promedio en el mismo periodo todos los años anteriores. Es probable que no todas esas almas hayan muerto de COVID, pero es evidente que la mayoría ha partido por causa del COVID: enfermos de cáncer, ancianos que sufren accidentes, gente con otro tipo de dolencias que no accede a atención médica, porque los hospitales no los atienden, porque los servicios están saturados, porque los médicos no quieren arriesgarse.  

Mucha gente está muriendo hoy en sus casas, en asilos, en las calles —iniciando un tiempo de peligro y dolor que, aunque parezca increíble, la Policía y el Ministerio de Salud se han encargado de hacer más largo, más costoso, más miserable.

En otro tiempo, si un anciano o un enfermo fallecía en su casa, el médico responsable de su cuidado llenaba un certificado de defunción y con eso los familiares podían enterrarlo sin problemas. Ahora la Policía debe hacer un levantamiento de cadáver y el forense debe certificar la razón de la muerte, aun de los que mueren sin violencia. Pero por mucho que llames a la Policía no viene, o viene después de días de espera. Para evitar esa angustia, muchos optan por ir al instituto forense y hacer una cola de horas y hasta días con su cadáver a cuestas. Pero (milagros de la economía de mercado) para quienes pueden pagarlo, los certificados gratuitos y numerados se venden en el mercado negro por el módico costo de Bs 1.000. “Tiene suerte, señor”, le dijeron a alguien que lo necesitó recientemente. “En julio estaban a 4.000”. Y ante la indignación del doliente: “Yo solo me gano 100 pesitos, el resto se va a la Policía y al forense”.

A eso hemos llegado: los muertos deben hacer cola ante una burocracia corrupta antes de poder partir en su viaje. Los vivos deben enterrar a sus almas de noche, como ladrones, si no pueden pagar funerarias angurrientas y coimas administrativas. ¿Cuántas almas se habrán desganado en la espera y se habrán quedado aquí, para asolar de más muerte nuestra Patria? ¿Cuántas desgracias caerán sobre aquellos que lucran de la muerte ajena? ¿Cuántas ofrendas tendremos que hacer a la Pacha para restablecer los equilibrios que se han roto en estos meses de ignominia?

Verónica Córdova es cineasta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Narrativas

/ 27 de septiembre de 2020 / 06:55

Una de las consecuencias funestas de la comunicación por redes es la velocidad con la que se imponen consignas: esas formas del discurso que movilizan sin resistir un mínimo análisis. ¿Para qué estudiar estadísticas, revisar datos, confrontar ideas, analizar tendencias o profundizar argumentos, si se puede responder con una frase hecha que, a fuerza de repetirse, se convierte en verdadera?

“Fraude monumental” es un ejemplo de consigna, repetida hasta la náusea tanto por internautas sueltos de lengua (o de dedo, para ser más precisos) como por políticos, analistas y periodistas —si es que podemos seguir llamando así a algunos de ellos, puesto que no solo por trabajar en un medio de prensa adquieres el derecho a considerarte miembro de ese valioso gremio. Nadie, entre quienes defienden la teoría del fraude, ha presentado pruebas al respecto —más allá de unas hojas de Excel sin más fundamento que el deseo autocumplido. Por el contrario, universidades, instituciones y científicos de prestigio internacional han demostrado una vez y otra que el “monumental fraude” no es más que la excusa que allanó el camino para el golpe de Estado. Pero ¿para qué tomarse la molestia de leer un informe, si descalificarlo sin análisis permite justificar el papel que cada quien ha jugado en los eventos?

“Querían volar la planta de Senkata” es otra consigna que se repite para justificar una masacre de compatriotas. Ninguna de las imágenes filmadas en esas horas aciagas muestra esa intención por parte de los vecinos de la zona. Por el contrario, lo que se ve son personas derrumbando un muro con la fuerza de su sola desesperación. Lo que se ve son helicópteros y aviones volando bajo, sembrando terror; y lo que se ven son soldados y policías disparando a quemarropa. Pero ¿por qué creer las minuciosas investigaciones y dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos, si repetir una frase me salva de ser encubridor de esas muertes?

“Tú no sufriste el terror de pasar la noche en guardia, para evitar que vengan a saquear tu barrio” argumentan algunos cuando se les cuestiona su silencio o su apoyo en las redes. A pesar de mucha indagación, todavía no he escuchado ni un solo testimonio de alguien cuya sacrificada vigilia haya sido más que una falsa alarma. La tarde del 11 de noviembre de 2019, la edición digital de Página Siete publicaba: “Una turba de ponchos rojos, de hombres y mujeres al grito de guerra civil, se aproximan al centro de la ciudad de La Paz”. Huelga decir que ninguna movilización de ponchos rojos llegó a la ciudad, porque ninguna venía. Por la noche, en mi calle de Miraflores los vecinos desesperados tocaban uno a uno los timbres de las casas, llamando a gritos para que salgamos a “defendernos”. Con fogatas y barricadas histéricas se respondía a los mensajes que llegaban de madrugada: “ya están viniendo los ponchos rojos, salgan con palos”, “están bajando de las Villas”, “ya están cruzando el Puente de las Américas”. Nadie vino, nadie estaba viniendo. Solo creer la verdad de esas afirmaciones es una muestra de racismo.

“Cuarenta muertos a causa de la falta de oxígeno” es otra de esas consignas que dejan de ser especulaciones a fuerza de repetirse. Esos 40 bolivianos que ya no están entre nosotros son tan lamentables como los otros 7.691 que murieron por falta de respiradores, de atención hospitalaria, de medicamentos, de oxígeno, en fin: de una mínima gestión gubernamental durante la pandemia.

Una de las consecuencias funestas de la comunicación por redes es que nos empuja a un radicalismo binario que se sustenta en nada más que consignas, insultos, imágenes grotescas. A eso se ha reducido el debate ciudadano. Qué pena.

Verónica Córdova es cineasta

Temas Relacionados

Comparte y opina:

¿Para qué sirve la escuela?

/ 30 de agosto de 2020 / 00:37

La respuesta varía enormemente dependiendo a quién preguntas.     Los chicos y chicas que se han visto privados de acceder a ella desde marzo tienen sentimientos encontrados. Para los que se sienten liberados, la escuela es una prisión que reprime sus ideas, persigue sus identidades y los obliga a repetir consignas que no les interesan. Para los que se sienten apenados, la escuela es un lugar de encuentro, donde conocen a sus amigos y parejas, donde asimilan las reglas más dulces y dolorosas de la convivencia entre seres humanos.

Los padres y madres que han visto cancelarse el año escolar tienen sentimientos encontrados. Hay quienes sienten que han perdido la única escalera que puede sacar a sus familias de la discriminación y la pobreza. Para miles de familias campesinas, obreras o gremiales, la ilusión de un hijo profesional es un enorme acicate que permite soportar todas las penurias. La escuela, el colegio, la universidad son puertas de ingreso a una mejor vida, si no para ellos por lo menos para generaciones venideras. Para esas familias, la escuela fiscal, pública y gratuita es más que un derecho: es una esperanza.

Hay también padres y madres que han visto la clausura del año escolar con cierto alivio. Son aquellos que, guiados por la idea de que la educación abre las puertas a la meritocracia, hacen sacrificios económicos para inscribir a sus hijos en colegios particulares. Son aquellas que, apretadas por la crisis, han demandado una reducción del monto de las pensiones. Son aquellos que han criticado las clases virtuales porque les implican erogar dinero adicional en internet para que sus hijas estudien. Son aquellas que entienden que unos meses sin clases no va a dañar irreparablemente la educación de sus guaguas, mientras aprueben el año no hay de qué preocuparse.

Hay familias que no han visto ni sentido gran diferencia a partir de la clausura, porque sus hijos siguen pasando clases virtuales en colegios privados que les han dado pocas posibilidades de resistirse. Con cierto disimulo, los directores han planteado que, si abandonan el curso ahora, tendrán pocas opciones de mantener su plaza el próximo año. Es un tema que da para pensar: con los conflictos que se han generado entre colegios y padres, además de la profunda crisis económica, es muy probable que la demanda de plazas en los colegios fiscales se dispare hacia arriba el año que viene. Dudo que el Ministerio de Educación esté preparado para esa contingencia.

De hecho, el Ministerio de Educación no ha previsto, planificado ni solucionado ninguna contingencia emanada de la pandemia, o de la súbita expansión de su responsabilidad al haber asumido la cartera de culturas.

Quedan pendientes la batalla en instancias judiciales por la “anulación de la cancelación” y la iniciativa de la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la educación. Como diría Adela Zamudio: permitidme que lo dude. El Gobierno de facto nos ha demostrado su interés en defender solamente los intereses de sus socios (banqueros, agroindustriales y empresarios privados —incluyendo quienes lucran de la salud, de la educación y de las comunicaciones). Reinstaurar la educación no está dentro de sus planes, proteger la cultura no está dentro de sus prioridades.

¿Para qué sirve la educación? Para liberar, para pensar, para crear, para transformar, para revolucionar. Por eso no es de asombrarse que este gobierno haya cancelado la educación, así como eliminó el Ministerio de Culturas. Nada es gratis, alguien tiene que pagar —dijo el ministro Cárdenas. En Bolivia la educación es fuente de esperanza. Y cancelar la esperanza tendrá su costo para quien lo haga.

Verónica Córdova es cineasta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Estado de No-Estado

/ 16 de agosto de 2020 / 07:24

Bolivia ha pasado de ser un “Estado-de-no-derecho”, como alguien lo ha calificado, a convertirse en un No-Estado. ¿Qué otra cosa podemos llamarle a la situación actual de cosas, en las que el Estado boliviano ha perdido legitimidad, capacidad de interlocución, capacidad de acción y hasta razón de ser y sentido de existencia?

La teoría política más básica nos enseña que el Estado se sustenta en un pacto social, en el cual gobernados renuncian a ciertas libertades a cambio de la protección de ciertos derechos: el derecho a la vida y la salud; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a la educación; el derecho a la libertad, la dignidad y la propiedad.

Desde marzo hemos perdido el derecho a la salud —el Estado no ha cumplido con su función de garantizar a los ciudadanos el acceso a los hospitales, a las pruebas de diagnóstico, a los respiradores, a los medicamentos más básicos y hasta a una manera digna y accesible de ser enterrados. Es de una hipocresía despreciable culpar a los bloqueos de ahora de unas carencias que llevamos soportando desde hace meses, y que son resultado de la falta de planificación, de la ausencia de empatía, de la corrupción más abyecta y del interés de que la emergencia beneficie económicamente a los privados.

Desde noviembre de 2019 hemos perdido el derecho a elegir a nuestros gobernantes —el Estado ha incumplido su obligación de garantizar un proceso democrático, que dirima pacíficamente las diferencias entre los ciudadanos. El 3 de mayo, fecha prevista para las elecciones nacionales, Bolivia reportaba un total de 1.352 casos de COVID-19, y sin embargo la pandemia fue motivo para suspender los comicios y arrastrarnos a un conflicto que ahora parece no tener salida.

Desde los primeros días de este mes hemos perdido el derecho a la educación —el Estado ha claudicado en su responsabilidad de proporcionar una formación universal y gratuita, y ha decidido que cada quien haga lo que quiera y se eduque como pueda. En los hechos, la clausura del año escolar ha significado la privatización de la educación en Bolivia. Los colegios particulares siguen dando clases a quienes pueden pagarlo, y los que no pueden pagar no importan. 

Desde hace algunas semanas de manera más abierta y evidente (aunque el proceso empezó en octubre) el Estado ha perdido también el monopolio del uso de la fuerza, que de acuerdo a la Constitución opera de forma legal solo en ciertas circunstancias. En el No-Estado boliviano, grupos de vigilantes autoproclamados andan por calles y carreteras en motocicleta, aplicando a la fuerza sus propias interpretaciones de las leyes. En Santa Cruz, esos grupos armados han dejado un reguero de heridos a bala, quienes además no se han atrevido a presentarse en hospitales por miedo a mayores represalias. En Cochabamba, grupos de motociclistas no solo persiguen y golpean a ciudadanos (ensañándose cobardemente con mujeres de pollera) sino que se dedican a asaltar farmacias, mientras la Policía los protege —y hay quien dice que además los provee de implementos.

El derecho a la dignidad y al respeto se ha perdido hace tiempo, y el Estado no solo es indolente frente a discriminaciones e improperios, sino que encumbra a racistas en el gabinete. Quienes se hacen llamar “gobierno moral de Santa Cruz” consideran a sus conciudadanos “bestias indignas de ser ciudadanos”, la propia Presidenta los llama “salvajes” y su ministro de Gobierno propone que “meter bala” es la salida políticamente correcta para el conflicto.

Ante ese No-Estado, incapaz de cumplir con su parte del pacto social que le ha dado origen, ¿debería sorprendernos que la sociedad se movilice, se organice y demande un cambio?

Verónica Córdova es cineasta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

‘Nos mataron como a animales’

/ 2 de agosto de 2020 / 00:15

El título no solo responde al informe sobre las masacres de Senkata y Sacaba publicado por la Universidad de Harvard. Es una expresión repetida muchas veces durante los aciagos días de noviembre: la sensación de que quienes se oponían al Golpe no eran vistos como seres humanos. Que no solo los policías y militares que salieron a reprimirlos, sino también los medios de comunicación, las autoridades de facto y una buena parte de la clase media los ponía en una categoría distinta, a la que podían referirse como “hordas” y definir como “terroristas” para, por esa vía, dispararles impunemente.

Es un tropo clásico del racismo, que se usó con el mismo efecto por los nazis contra los judíos, por poner solo un ejemplo. Una vez que separas a un grupo del tuyo y lo despojas de las cualidades que en el discurso predominante nos caracterizan como “humanos” (racionalidad, libre albedrío…) es mucho más fácil convencer a tus seguidores de discriminar, perseguir y luego eliminar físicamente a ese grupo.

Estamos viendo ese proceso desarrollarse delante de nuestros ojos, desplegarse en nuestras redes sociales, materializarse en discursos, imágenes y comentarios que hace muy poco habríamos hallado inaceptables. Es ahora frecuente escuchar a cualquier persona referirse a ciertos grupos como “llamas” o “burros” y representarlos con el rostro de simios. El periódico El Deber de Santa Cruz publica con indignante frecuencia ese tipo de ilustraciones en su sección de humor gráfico. Representar al que no comulga con nuestras ideas como a un animal no es una broma inocente: es un paso hacia el despojo de derechos que se asignan justamente por la condición humana de quienes los reciben. El derecho al voto, por ejemplo.

Otra forma menos explícita, pero igual de efectiva, de deshumanizar al otro es asumir su incapacidad de voluntad propia, su imposibilidad de decidir libremente, en base a su conciencia, cómo participar de la vida social y democrática. Un ser humano que solo participa de la vida colectiva “obligado”, “pagado” o (en otra forma de animalización frecuente) “arreado como ganado”, es un ser humano incompleto, en el mejor de los casos un “niño” y en el peor de los casos un sub-humano. Bajo esa lógica, durante más de un siglo de vida republicana se excluyó a la mayoría de la población boliviana de la ciudadanía y el voto. Si no se asume que el otro puede tomar decisiones libres y conscientes, no puede confiársele el destino de gobernar o decidir cómo ser gobernado. Una vez instaurada esa idea en el discurso general, resulta aceptable eliminar la opción política de esa población, quitarle la personería jurídica a su instrumento político, orillarlo hacia la abstención y suponer que no habrá reacción alguna.

O que sí la habrá. Ahí es donde entra otro tropo del fascismo: asumir que el otro, al ser subhumano, es también bestial, peligroso, salvaje. Que vendrá en “hordas” desde El Alto para saquear los barrios paceños (como publicó Página Siete en noviembre). Que hará volar la planta de Senkata, matando no solo a miles de alteños sino también a sus propias familias. Que es capaz de disparar a sus propios compañeros o de traer gente enferma para deliberadamente contagiar a los que participen en una marcha, como afirman sin escrúpulos ciertos ministros.

Deshumanizar al otro es el primer paso para subyugarlo, perseguirlo, eliminarlo. La historia nos muestra que es muy sencillo, y que puede darse de forma muy rápida en ciertas condiciones de crisis. No podemos permitir que ese discurso termine de separarnos. Cada uno de nosotros es responsable de evitarlo, porque cada uno de nosotros sufriremos las consecuencias si no lo hacemos.

Veronica Córdova es cineasta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Ojos que ven

/ 19 de julio de 2020 / 00:58

Cuando era jovencita, escuchaba las historias de quienes lucharon en las dictaduras de los años 70 con gran admiración, y en el fondo, con cierta envidia. Ellos vivieron tiempos heroicos. Ellos tuvieron la oportunidad de arriesgar el pellejo. Ellos enfrentaron dilemas verdaderos, fueron como el Che en forma y fondo —no sólo se lo tatuaron en el ombligo. 

Era una ingenuidad, que se hace amarga hoy al comprobar que en Bolivia vivimos una nueva versión de esas dictaduras. Para demostrarlo no voy a hacer un recuento de heridos, muertos, perseguidos, encarcelados —porque ellos están ahí, mirándonos con espanto. El que quiere verlos, los ve. Los otros, cierran los ojos.

El que tiene ojos para ver reconoce que en América Latina la democracia liberal ha llegado a su fin, y la pandemia le está dando el tiro de gracia. Estamos entrando a un nuevo ciclo: un neoliberalismo dictatorial, una Dictadura 2.0

En esta neo-dictadura ya no basta con controlar los medios masivos, porque los pueblos se comunican y se organizan por las redes. Ya no basta con organizar partidos de derecha y competir en elecciones, porque los pueblos han entendido el juego de la partidocracia y votan con militancia por sus propios proyectos. Por eso aparece de nuevo la cita nefasta de Kissinger para justificar el golpe de Pinochet en Chile: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un país se hace comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo”.

Toca entonces desechar la democracia, que ya no es útil a los intereses de quienes mandan. En Bolivia estamos otra vez como en los 70: movilizándonos para que se nos permita votar, ese derecho que creíamos conquistado hace décadas. No me extrañará que esa lógica empiece a aplicarse en toda la región, porque el ejemplo de Argentina ha encendido alarmas. Si le das al pueblo la posibilidad de elegir, generalmente comete la imprudencia de no votar por sus enemigos. ¡Qué desatino! Usando la pandemia como excusa, Chile ha suspendido hasta nuevo aviso su referéndum constituyente. Ecuador quiere postergar sus elecciones, a pesar de que no le tocan hasta el año que viene. 

El mecanismo de la judicialización y criminalización de quienes se oponen al neoliberalismo ha funcionado por un tiempo, el caso de Brasil es emblemático. Pero en un mundo donde todos graban sus interacciones para cuidarse las espaldas, donde todo se filtra y se divulga, es un camino que tarde o temprano resulta contraproducente. Mejor eliminar de una vez ese incordio: Elecciones libres, inclusivas, transparentes… ¡a quién se le ocurre! Mejor eliminar parlamentos, constituciones, defensorías del pueblo, puros obstáculos al régimen de Orden, Paz y Trabajo que quieren revivir los que mandan. 

¡Ah! Los viejos, buenos tiempos… cuando ningún indio podía votar o entrar a la plaza o se atrevía a mirarlos de frente; cuando las leyes estaban hechas para que puedan estafar y robar y hacerse ricos a costilla del Estado, sin que nadie los fiscalice. Un gobierno de militares, curas y empresarios: eso es lo que hace falta para que cada quien vuelva al sitio que le corresponde. Eso es lo que maquinan, al amparo de la pandemia.

Inicia un nuevo ciclo de oscuridad, pero llegamos a él con ojos nuevos. En las calles se multiplican las miradas, todos tienen una cámara-teléfono con la que se registra, se documenta y se viraliza la historia. Ya no pueden mentirnos, escondernos ni amedrentarnos. Parece que hemos retrocedido décadas, pero no es cierto. Estamos en una oscuridad distinta, en una tiniebla fértil, regada por décadas de haber visto que es posible construir dignidad, soberanía, esperanza, conquistar derechos para todos y todas. No nos van a quitar esas certezas, aunque nos quiten los ojos. Porque nuestros ojos están, al fin, bien abiertos. Y miran.

Verónica Córdova es cineasta.

Temas Relacionados

Comparte y opina: