Voces

jueves 7 jul 2022 | Actualizado a 07:05

Usurpación y retención

/ 18 de junio de 2021 / 01:33

Lo que en noviembre de 2019 se puso en la cuerda floja fue la estructura elemental del Estado que, como sabemos, se encuentra compuesta por cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Como lo sabe todo el país y la comunidad internacional, en una misma jornada el Ejecutivo se desmanteló inmediatamente tras la renuncia simultánea de los entonces presidente y vicepresidente del país y el Poder Electoral comenzó a desmantelarse con las aprehensiones de su presidenta y quien fuera su vicepresidente hasta hace unos días antes, seguido de varias otras aprehensiones de vocales de nivel nacional y departamental.

En pie quedaban dos poderes electos vía voto popular: el Legislativo y el Judicial. Pero además del Poder Judicial quedaba en pie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), principal guardián de la Constitución Política del Estado junto con las fuerzas del orden que son las llamadas a garantizar el imperio de la CPE.

En lo que respecta al TCP, se sabe que a los pocos minutos de la autoproclamación de la presidenta transitoria emitió un comunicado que entonces fue utilizado como respaldo de ese hecho. Durante el primer semestre de este gobierno algún magistrado de esa instancia señaló que ese comunicado no tenía valor legal ni era vinculante y luego —se dice— que una comisión de diputados les inició un proceso por este hecho, que ya finalizó con sobreseimiento.

Respecto al Poder Legislativo, la población ha ido conociendo versiones de algunos/ as relevantes asambleístas pero no de la totalidad de éstos/as. Durante los días de incertidumbre que atravesó el país hubo 166 personas a lo largo del país que tenían como mandato cuidar el poder otorgado, representar la voz de quienes los eligieron.

Sobre las instituciones policiales y militares algo también se ha dicho pero con el bajo perfil con el que siempre se maneja su información y bajo la sospecha de la impunidad que históricamente parece blindarlos. Aun así, quedan también dudas respecto a su rol, en tanto sumisión a un nuevo poder que nace de manera cuestionada como insubordinación a los poderes constituidos que quedaban en pie.

Todas y todos los actores que tenían un rol designado por la CPE o el mandato popular tenían obligaciones que cumplir durante esos días. ¿Lo hicieron o lo intentaron? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo?

Si la hipótesis principal que se maneja es que hubo ciudadanos y asambleístas que sobrepasaron sus atribuciones sin mandato para ello y “usurparon” el poder, es fundamental, para que la verdad sea completa, que conozcamos a detalle todas las acciones que se hicieron —en apego a mandato y por responsabilidad con él— para la “retención” del mismo por parte de quienes aún gozaban de un mandato en ese momento tan álgido para el país. Tomar un poder que no se te ha entregado democráticamente es tan grave e irresponsable como entregarlo cuando se te lo ha confiado.

Es tremendamente importante que el pueblo boliviano conozca hasta el último detalle cómo se dieron los sucesos que propiciaron, por acción u omisión, una ruptura institucional en el país y un posterior gobierno transitorio. Solo esa verdad permitirá que quienes tienen a cargo, en cada gobierno, preservar el imperio de la CPE lo hagan con responsabilidad y compromiso con la democracia como bien mayor; y no así apegados a la extrema pugna de poder personalizado que, en esta última ocasión, dejó en el limbo de la incertidumbre a la administración del orden institucional y democrático que nos mantiene en funcionamiento como sociedad. Lo cual no ha sido poco.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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Precedente preludio

/ 1 de julio de 2022 / 01:16

No se trata solo del aborto. Lo ocurrido hace unos días cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió eliminar todas las protecciones federales para el acceso al aborto en este país constituye un preocupante precedente y a la vez un momento preludio que es preciso entender en su magnitud, porque se trata de un decidor hito de nuestra época actual y de los desafíos que conllevará gestionar nuestras sociedades en los siguientes años y para las generaciones venideras.

En la actualidad, al centro de las discusiones en torno al tipo de sociedades occidentales que queremos se encuentra el destino de muchos de los derechos adquiridos de las personas en las últimas décadas, pero, sobre todo, los de las poblaciones históricamente excluidas y condenadas sistémicamente a las múltiples desigualdades; las regresiones con las que se amenazan hoy a estos derechos y el rol de los Estados ante su protección y garantía. ¿Qué tanto de ello es privativo de la justicia aún en este tiempo? ¿Es posible que los desacuerdos respecto a los derechos de las personas permanezcan en manos de tribunales de justicia? Los debates jurídicos en torno a ello deben darse no solo con mayor celeridad sino con mayor atención, pues pareciera ser que los tiempos que nos llevan hacia “el futuro” se están acelerando, ganándole la carrera a la institucionalidad del Estado de derecho, tal como lo conocemos.

Si partimos de la hipótesis que los sistemas democráticos tal y como los conocemos, a esta altura del partido, ya no tienen un futuro garantizado, estamos —en lo cultural y discursivo— ante el enorme desafío de pensar cómo se logra que sea el gran relato democrático de la ampliación (y garantía) de derechos humanos el que salga triunfante dentro de las disputas de este tiempo, esto es: que convenza a quienes componemos las sociedades de que ese es (sigue siendo) el camino de la convivencia y la base de un nuevo (renovado, más bien) contrato social. 

No se trata solo del aborto. Aunque esta batalla político-cultural haya iniciado hace ya algunos años, en realidad lo que este fallo denota es que independientemente del nivel de institucionalización que tengan los Estados, las decisiones sobre las vidas/cuerpos de las personas aún pueden estar sometidas a las concepciones de mundo de quienes tienen el poder para generar Estado. Esto, peor aún, sin haber atravesado una (s)elección democrática que avale que estas personas representan el pensamiento y la forma de vida de, cuando menos, la mayoría de las personas que componen una determinada sociedad.

En el fondo, pues, lo ocurrido hace días en Estados Unidos se ubica como uno de los principales síntomas del signo de época que llevará la historia occidental en los próximos años y que se ha venido cultivando desde hace varios años. Y, lo curioso y que se ha ido anticipando, es que ese signo de época tiene más que ver con lo que conocemos como pasado —y, en consecuencia, se creía superado— que con lo que durante muchos años se imaginó como futuro de la democracia. Estamos al frente, pues, de un signo de época ya demasiado cercano y que debe ser pensado, afrontado y gestionado con profundidad, creatividad y seriedad desde la política en un tiempo en el que la inmediatez, la superficialidad y la desinformación cooptan muchos de los escenarios en los que se libran las batallas político-culturales de nuestro tiempo.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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¿Qué se hace frente a la intolerancia?

/ 17 de junio de 2022 / 00:59

Comenzaba esta semana con la duda de cuáles habían sido los libros más vendidos en la recién finalizada Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Hasta el momento en que escribo esta columna no he podido encontrar la nota periodística que al respecto se suele hacer, con seguridad ya pronto lo sabremos. La duda provenía de que, de alguna manera, e incluso dentro de una sociedad nacional como la nuestra, este indicador podía ser un dato respecto a qué están leyendo quienes sí lo hacen, quienes detentan (o al menos intentan disputar) el poder cultural dentro de nuestras sociedades.

Mientras masticaba esta duda, este martes se produjo un nuevo incidente (éste más violento que el anterior) en contra de la exposición sobre diversidades sexuales y orgullo LGBTIQ+ que estaba programada en el Museo de El Altillo en la ciudad de Santa Cruz, en ocasión de que este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB. La novedad ya venía dada desde antes y generaba cierta expectativa en quienes esperamos que pronto se consolide la construcción de una sociedad nacional cada vez más progresista en términos culturales e involucraba, en este caso, al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz que —nobleza obliga—, de la mano de su secretaria municipal de Cultura, Sarah Mansilla, viene impulsando interesantes agendas culturales en el municipio cruceño.

Tras las múltiples agresiones que sufrieron las piezas que componían la mencionada exposición, varias fueron las manifestaciones públicas a favor y en contra. Entre ellas, el sociólogo Eduardo Paz tuiteó que lo ocurrido en El Altillo del Beni se constituye “en una embestida política antiderechos que cada día está más organizada, (encabezada por quienes) saben qué es un frente de batalla cultural” y que, por esa razón, no resultaba adecuado simplificar el fenómeno ocurrido denominando a las y los agresores como “provincianos” o “ignorantes”.

De alguna manera, esa reflexión nos plantea la disyuntiva en torno a cuál es la manera en la que se debe responder a este tipo de afrentas agresivas que provienen de grupos que no toleran la visibilización/celebración de las múltiples diversidades sexuales, identitarias y religiosas que conviven simultáneamente en nuestro país.

¿Cómo se responde entonces ante la violencia intolerante presenciada que, de repente, se va generando y mostrando con cada vez menos pudor en nuestra sociedad? Una opción puede ser la de la denuncia sonora ante lo que se considera injusto, otra es la del silencio impávido y precavido y una última es la de la búsqueda de opciones alternativas (e inteligentes) a la reacción indignacionista que no solo proviene, sino que alimenta una cultura que (mal)interpreta la libertad a favor suyo sin entender que, por fuera, existe una comunidad que sin nuestro trabajo colectivo no va a funcionar.

¿Qué implica este trabajo colectivo/personal? Superar la lógica polarizadora que plantea que la libertad (y voz) propia está por encima de cualquier otra. Al parecer ese (mal)sentido de época solamente nos llevaría, como sujetos sociales, a ser objetos de polarización alimentados por la inmediatez y la falta de reflexión respecto a cómo vamos a afrontar el gran desafío que implica construir comunidad en conjunto, con respeto al Estado laico, a los pensamientos/ credos distintos y a las diversidades e identidades sexuales.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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Las cosas por su nombre

/ 3 de junio de 2022 / 02:41

En Colombia, a pesar de que existían encuestas que anticipaban lo que el domingo ocurrió en términos de resultado, la obtención del segundo lugar en esta votación por un candidato fue tildada como “sorpresa electoral”, esto a pesar de que fuentes y voces provenientes de fuera del establishment mediático en ese país advertían con anticipación no solo la presencia del candidato Rodolfo Hernández en estas elecciones, sino también su incursión en ellas como una estrategia para debilitar a la izquierda colombiana que luego de muchos años se vio beneficiada con la mayoría del voto popular en primera vuelta, aunque esto no le alcanzara para hacerse del gobierno.

Fue entonces, producto del resultado, que el continente y el mundo conocimos a Rodolfo Hernández, siendo que hasta entonces el relato en torno a la pugna electoral se había instalado teniendo como centro la pugna entre el Petrismo versus el Uribismo. Tras conocerse el resultado, los análisis y la información preliminar propusieron a Hernández como el candidato outsider y populista que irrumpió sorpresivamente en los resultados. Es difícil pensar en alguien como outsider cuando ha ejercido anteriormente cargos de elección que, en la mayoría de los sistemas electorales incluido el colombiano, requieren la intermediación de los partidos. La calificación de populista complejiza más aún esta denominación, sobre todo cuando existe tanto debate irresuelto desde hace décadas en torno a la significación e implicancia del populismo político. Como apunte, la pensadora feminista Luciana Cadahia ha señalado que considera que, en realidad, el de Rodolfo Hernández “es un proyecto demagógico y protofascista (que) es una tendencia global ahora mismo”. Una categorización seguro más precisa y honesta que la facilona que recorre el mundo ocultando lo que Hernández en realidad encarna. Las cosas por su nombre.

El fenómeno político que durante la década pasada emergía (y lleva ya un tiempo cosechando resultados electorales) en Europa y el norte, al parecer, está empezando a afincarse, ahora con mayor claridad, también en nuestro continente. Y si bien los síntomas de esto son previos a la presencia de Rodolfo Hernández en la escena continental, su incursión/votación permite referirse con mayor evidencia sobre ello y hablar, al mismo tiempo, del futuro de la democracia y nuestras sociedades.

A reserva del enorme descrédito que atraviesan los sistemas de partidos y la “clase”/casta política en distintos países, lo cierto es que quizás uno de los componentes que complejizan más el escenario de la política global son las ciudadanías que, en gran parte, por como votan a determinados líderes de este perfil, podrían tender a parecerse más a las de inicios del siglo XX que a las de finales de éste. Mucho de ello podría ser resultado de las dinámicas instauradas en un mundo altamente digitalizado en varios aspectos, incluido el informativo.

Mientras en términos culturales tengamos todo lo destinado a ser público sometido a la política emotiva, a su vez supeditada al estallido y linchamiento emocional de la ciudadanía y éste, simultáneamente, promovido por operaciones de desinformación y descrédito generadas a conveniencia, seguiremos asistiendo a la emergencia de líderes en apariencia antisistémicos y en realidad cercanos al fascismo. Y estaremos más lejanos de líderes que puedan ir aplacando las grietas sociales producidas por la polarización de donde éstos emergen y de la cual se alimentan.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.Twitter: @verokamchatka

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¿Personas menstruantes?

/ 20 de mayo de 2022 / 01:22

En medio de un escenario político que a pocos 70 días del nuevo gobierno de Chile se complejiza continuamente, el Congreso chileno avanzó en la aprobación de un (aún) proyecto de norma garantista de derechos que permite y promueve una gestión menstrual libre y digna. En un país en el que durante décadas el tema de la privatización de la salud ha sido centro de múltiples desigualdades y en el que un gobierno manifiestamente feminista se hace cargo de enfrentar el desafío de la gran promesa del cambio, resulta tremendamente lógico que, sin pompas ni aspavientos, una iniciativa legislativa pretenda regular el rol del Estado ante una situación concreta referida a la salud sexual y reproductiva por la que atraviesa una buena parte de la población. La idea es simple y fácil de entender, se trata de un breve texto que concibe que hay quienes en ese cruento sistema altamente privatizado no tienen acceso a agua o no pueden asistir a clases durante su periodo menstrual y podrían mejorar su calidad de vida atravesando esos días tan dolorosos e incómodos si el Estado apoya, favorece y promueve políticas que permitan un mejor y mayor acceso a productos sanitarios y una nueva cultura sobre el tema que permita ir rompiendo la idea de que, en pleno 2022, este sigue siendo un asunto sobre el cual se debe hablar en susurros. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con ello?

Si bien es posible que la apuesta —de las y los miembros del Congreso chileno por incluir en esta ley a las personas de las poblaciones LGTBIQ— puede haber sido “apresurada” a su tiempo o “radical” en su postura, también es cierto que es garantista. Bajo el razonamiento de sus legisladores que respeta el derecho a la identidad (de género) del que goza todo y toda chilena, existen mujeres biológicas que menstrúan pero que, en el camino de su vida, tomaron la decisión de ser transexuales o no binarias y ya no ser denominadas mujeres, pues ese denominativo no las identifica ya. En consecuencia, en una sociedad que pretende respetar las diversidades sexuales e identitarias, es perfectamente posible que existan personas menstruantes que no se identifiquen como mujeres, son esas las que están incluidas en el mencionado proyecto de ley y esa es la razón de este polémico apelativo en el mismo. De eso va una “persona menstruante”.

Bien, ¿cómo es que entonces un simple proyecto de salud pública se convierte en un absurdo y peligroso meme que desvirtúa absolutamente esos fines y que alcanza una fuerte presencia incluso en Bolivia? Esto ocurre por dos situaciones concretas. Dos tipos de procesos político-desinformativos que tienen lugar de manera simultánea en niveles distintos. Uno global, decidido a frenar todo aquello que pudiera parecerse, concebirse (o construirse) como “marxismo cultural”, “ideología de género” o progresismo y que tiene como objetivo el desorden social y cultural a partir de la excesiva ampliación de derechos y libertades identitarias. Y otro regional y local contra el avance concreto de las izquierdas, asociadas mayoritariamente a las corrientes progresistas que impulsan esas agendas y de las cuales hay que liberar, más aún, a los países que aún no están permeados del todo de ellas. Países cuyas izquierdas, aunque hayan obtenido una mayoría congresal y otra en la Convención Constitucional, no alcanzan aún a reunir el poder necesario para batallar los sentidos en una sociedad que durante tantas décadas ha afianzado tantos otros poderes fácticos por fuera del político.

¿Creyó usted el absurdo de que, como tituló el diario mayor de Bolivia, el “Congreso chileno (aprobó un) proyecto de ley para cambiar la palabra ‘mujer’ por ‘persona menstruante’”? Pues de esos efectos desinformativos que nos alcanzan también van estas batallas políticas.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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El TSE en estos tiempos

/ 6 de mayo de 2022 / 02:15

Con la Constitución de 2009, la otrora Corte Nacional Electoral pasó a ser Tribunal Supremo Electoral (TSE) y éste, junto con los tribunales electorales departamentales, pasó a constituirse en el cuarto poder del Estado Plurinacional. Desde entonces, habiéndose designado vocales nacionales en tres ocasiones, ninguna y ningún vocal nacional ha concluido su mandato. Es decir que no hubo ninguna autoridad nacional que haya ocupado su cargo desde el día 1 de su nombramiento hasta seis años después, como establece la norma. Todos y todas finalizaron el ejercicio de sus cargos por renuncia personal, renuncia “colectiva” o persecución. En la última semana se ha conocido que una más de las vocales designadas durante la crisis política de 2019 ha renunciado a su mandato.

El dato es no solo complejo, sino también elocuente. No faltará quien equipare el mismo al tiempo de gobierno del MAS, un impulso común desde la oposición sin importar de cuál Sala Plena se está hablando. No obstante, queda el registro de que la renuncia colectiva (de 2015) y la persecución contra vocales (nacionales y departamentales, de 2019) fueron situaciones producidas o apoyadas por la oposición ante actuaciones personales de algunos/as vocales o decisiones colegiadas de la Sala Plena nacional. En el otro lado, si bien algunas de las renuncias individuales tuvieron lugar por razones personales, otras varias estuvieron ligadas a condiciones (dentro y/o fuera de la Sala Plena) que imposibilitaban dar continuidad a mandatos establecidos, esto quedó inscrito en algunas de las notas de renuncia. Este panorama, en su generalidad, permite entender de alguna manera que quienes han ejercido esos cargos se han visto continuamente asediados por las facciones políticas que pugnan intereses, muchas de las veces este asedio iniciado incluso durante el periodo de designaciones para estos cargos.

Aunque es verdad que el accionar individual de algunos fue fulminante, en su momento, para la credibilidad del ente colegiado (sobre todo en la primera Sala Plena designada tras la puesta en vigencia de la CPE) lo cierto es que, a la postre, fueron más la cantidad de valiosas y valiosos profesionales que han tenido que dar un paso al costado a su mandato por encontrar sus funciones inviabilizadas por diversas razones, todas de alguna manera relacionadas con el devenir de la política que, desde oficialismo y oposición, no han generado las suficientes condiciones para brindar estabilidad a este poder estatal. Aunque esto suena inquietante, más aún lo es imaginar que mientras esto pasaba, la imagen del OEP (que varias de estas personas trataron de recuperar mediante acciones concretas que fueron mejorando nuestra democracia) ha continuado en declive, un resultado que no se comprende si no es dentro de las perversas lógicas mediante las cuales, en la actualidad, se defenestra o legitima personas e instituciones.

Lo que le toca a la actual Sala Plena es continuar trabajando en urgentes e importantes tareas en aras de procurar el fortalecimiento democrático de nuestro tejido social, pero es cierto que ya se avizoran escenarios riesgosos para la institucionalidad electoral: se los ve venir porque se vivieron anteriormente y ya se los está generando. Si el plan es presionar al TSE desde un lado, y deslegitimarlo, desde el otro, quienes perderemos seremos los y las bolivianas que necesitamos una institución en pleno, silencioso y legitimado trabajo que ofrezca certidumbre ante el proceso de adecuación de los partidos respecto a la norma, la reasignación de escaños tras los resultados del Censo y el reforzamiento de la legitimidad del padrón electoral; todo esto como tareas mínimas de cara a garantizar un tránsito democrático a un nuevo gobierno electo en 2025.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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