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Monday 8 Apr 2024 | Actualizado a 20:17 PM

¿Cómo darle independencia al Poder Judicial?

/ 26 de junio de 2021 / 01:51

La idea de República rechaza la existencia de un poder absoluto o permanente. La Asamblea fundacional de 1826 decretó en su sesión del 13 de agosto que el gobierno “representativo republicano” se expediría por los tres poderes “separados y divididos entre sí”. No puede ser el mismo el que hace las leyes que quien las aplica, y ninguno debe resolver por sí mismo las controversias.

Desde entonces se ha planteado el gran desafío de establecer los mecanismos adecuados para garantizar la separación y división de poderes. El problema mayor corresponde al judicial, que al no generar leyes ni contar con la fuerza coercitiva o los recursos económicos para aplicarlas, resultó el más débil.

La primera Constitución boliviana, sancionada en 1826 a partir de un texto encomendado a Simón Bolívar, buscó la independencia de los jueces dotándoles de inamovilidad. Todos los magistrados, desde la Suprema hasta los jueces de partido, debían ser vitalicios, ejerciendo su autoridad “cuanto duraren sus buenos servicios”. Por supuesto, podían ser removidos mediante procedimientos judiciales y por tanto no estaban exentos de cumplir las leyes. Pero al ser vitalicios podían ejercer la magistratura libres de la voluntad o la influencia política que sí estaba sujeta a renovación periódica de acuerdo a la votación de los electores, y libres de preocupaciones económicas y de empleo.

Para llegar a la Suprema se planteaban requisitos de edad y experiencia bastante exigentes para la época. Tener al menos 35 años cuando la esperanza de vida era de 50, equivaldría hoy a exigir una edad mínima de 50 años para la Suprema. Y se esperaba que además hubieran sido previamente magistrados distritales o que tuvieran al menos 10 años de ejercicio profesional.

En otras palabras, la independencia de los jueces no nacía del origen de su mandato, como es el voto de los electores para los legisladores, sino en su especialización profesional y autonomía laboral. La seguridad del cargo vitalicio le daba al juez la suficiente tranquilidad como para juzgar sin temor a ser removido por el poder de turno. La forma de elección involucraba a las Cámaras: los senadores enviaban ternas a los censores (diputados) y éstos elegían de dichas ternas.

Esta forma no se mantuvo mucho tiempo aunque sí sus principios, al establecer plazos de mandato mucho más prolongados que los de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En la Constitución de 1967, por ejemplo, el mandato de los Supremos era de 10 años, es decir, dos y media veces más que el de los legisladores y por tanto podían ejercer sus funciones con relativa independencia.

Una revisión de los casos con mejores sistemas judiciales (Dinamarca, Alemania, Finlandia e incluso otros exitosos como Estados Unidos, Japón, España) muestran que ese sistema es el más extendido y útil. Siempre hay dos órganos distintos involucrados, uno para seleccionar postulantes y otro para elegirlos, y el mandato es vitalicio aunque en algunos casos con la obligación del retiro a una edad determinada (70 o 75 años, por ejemplo).

Bolivia experimenta la elección de magistrados por sufragio desde 2009, tratando de dar a los jueces independencia de origen, limitándolos en el cargo a un periodo breve. Lamentablemente no se logró el objetivo. La elección los subordina a los poderes que los promueven. Los electores votan sin conocerlos, y por eso también rechazan su elección votando en blanco y nulo en gran mayoría. Y su breve paso por el cargo se ha convertido en un punto más de sus currículums profesionales: esos cargos ya no son la culminación de una carrera sino un empleo transitorio. Los mismos jueces parecen tomar decisiones pensando que tendrán toda una vida para corregirlas, olvidarlas o esconderlas.

Podemos enmendar el error. No hace falta volver a la experiencia previa sino mejorarla, para lo cual podríamos pensar en el origen fundacional. O sea: designaciones vitalicias subiendo las exigencias de selección, y solvencia económica determinando una proporción mínima del presupuesto para el Órgano Judicial, que debería tener autonomía de gestión. Nada de esto libraría a los jueces de cumplir las leyes, incluyendo las de rendir cuentas y someterse al control presupuestario.

Necesitamos transformar la justicia y eso pasa por recuperar y garantizar la independencia judicial. Una Suprema con autoridad y credibilidad podría encargarse de reconstruir nuestro sistema en crisis.

Roberto Laserna es economista.

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Censo y representatividad política

Por disposición constitucional, el Censo da parámetros de referencia para asignar recursos y de diputados, ajustando la distribución a los cambios poblacionales. Las proporciones de población cambian y mientras algunas zonas declinan, otras se expanden.

/ 16 de diciembre de 2023 / 06:53

Estamos a meses del Censo Nacional de Población y Vivienda, tema de movilizaciones y conflictos. Es que los datos censales son claves para la distribución de recursos económicos a gobernaciones y municipios, y pueden influir en la configuración de la Asamblea Legislativa.

Por disposición constitucional, el Censo da parámetros de referencia para asignar recursos y de diputados, ajustando la distribución a los cambios poblacionales. Las proporciones de población cambian y mientras algunas zonas declinan, otras se expanden. Lo sabemos, pero cuando llega el momento unos se sentirán perdedores y otros ganadores, alentando situaciones conflictivas. Hay que evitarlo explicando que los cambios afectan a las categorías territoriales (departamentos o municipios), pero no a la gente, que es el nivel que verdaderamente importa.

Utilizar categorías territoriales en la asignación de recursos es inevitable, pues ellas son jurisdicciones de gobernaciones y municipalidades. El problema está en su utilización como circunscripciones electorales, pues ello distorsiona la representación política creando conflictos imposibles de resolver en los marcos de la actual Constitución.

En efecto, en la Constitución de 2009 se mantiene un sistema bicameral, pero confuso en forma y fondo. En el origen, se concibe al Senado como un nivel de representación que facilita la concertación en temas de largo plazo, más institucionales, ya que tiene pocos integrantes y representan a los departamentos más que a los partidos o la población. Son en cantidad igual por cada departamento, independientemente de su tamaño geográfico, económico o poblacional. Antes eran tres y asumían dos por mayoría y uno por la primera minoría en cada departamento. Desde 2009 se amplió a cuatro y se los elige en proporción al apoyo político, es decir, se lo ha “politizado” un poco más, además de otorgarle también atribuciones coyunturales. En todo caso, mantiene la igualdad territorial.

El problema viene en Diputados, donde se reitera la representación territorial al hacer de cada departamento una circunscripción, con lo que la elección mezcla la representación de territorio y de población. Asigna un número mínimo a cada departamento (criterio territorio) y el resto según población. El resultado es que los más poblados pierden representación mientras la ganan los menos poblados. Esto es injusto para quienes viven en los departamentos más poblados y es innecesario, puesto que la “compensación” ya se da en el Senado.

La situación se exacerba con las circunscripciones uninominales, que se organizan en base a una geometría caprichosa con el fin de que cada una contenga una cantidad más o menos uniforme de votantes. Conocemos el resultado: no ha mejorado la representación política, se han debilitado los partidos, se ha alentado la actividad de caudillos locales. En suma, empeoró la calidad de la democracia.

¿Cómo resolver este problema? Es sencillo. Si volvemos al origen el Senado conserva la representación territorial, y Diputados asume la representación política. Eso significa elegir de manera tal que cada departamento sea igual al otro en el Senado, y que todos los votos ciudadanos valgan lo mismo. Esto solo se logrará si superamos circunscripciones subnacionales y se asignan diputados en proporción directa a la votación partidaria nacional. Es decir, evitar la asignación departamental de diputados y evitar el difícil juego de organizar circunscripciones uninominales caprichosas. Todos los votos valdrían lo mismo y se fortalecería la representación política, con partidos más fuertes.

¿Dónde quedaría en ese caso la representación local? En los concejos municipales y en las asambleas departamentales, que es donde corresponde. Habría entonces una razón menos para que el Censo genere conflicto y un espacio más auténtico para procesar las propuestas políticas. Pero no, no se puede. Con la Constitución de 2009 esta opción es imposible, pero sí es posible pensar en cambiarla.

*Roberto Laserna es economista de CERES

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Las huellas de Goni

Estas huellas no son discurso o símbolos; son realidades que todavía alientan modernidad y democracia.

/ 19 de marzo de 2023 / 07:18

DIBUJO LIBRE

El 9 de marzo, la sesión de Diálogos al Café estuvo dedicada al legado histórico del MAS. Magdalena Cajías y Fernando Molina aceptaron el desafío de ubicarse a 20 años de ahora para reflexionar sobre lo que puede quedar para entonces del “proceso de cambio”.

Fernando Molina fue muy contundente al afirmar que solo quedará en la historia el 22 de enero de 2006, cuando un indígena muy pobre, de origen campesino, alcanzó la Presidencia. El resto quedará como parte del péndulo extractivista que nos lleva a dilapidar en un ciclo lo que se genera en otro.

Es una conclusión muy dura, pues implica que el periodo presidido por Evo Morales comenzó en su cúspide y el resto fue poder efímero y desgaste. O destrucción institucional, dirán otros. No discutiré el tema, aunque sí uno secundario que provocó mi atención: Algo similar pasó con Goni, dijo Molina, a cinco años de su partida ya no quedaba nada.

No fui parte del gobierno de Sánchez de Lozada y mantuve una posición crítica y distante con muchas de sus políticas, hasta que pude ver sus resultados. Me parece que, al contrario de lo que dijo Molina, todavía pueden verse las huellas de sus gobiernos a casi 20 años de su exilio y del persistente esfuerzo de todos sus sucesores por desarticular lo que se hizo entonces.

Sin que el orden aluda a su importancia, comienzo mencionando la municipalización del país. No solamente pervive sino que goza de buena salud, tanto en su organización institucional, con pequeños cambios, como en los mecanismos de financiamiento automático, la coparticipación, que permite que el rincón más alejado cuente con un presupuesto de obras.

En el ámbito de la salud fue decisiva la introducción del Seguro Universal Materno Infantil, que no solamente vive, aunque le hayan cambiado el nombre, sino que sigue salvando las vidas de madres y niños en todo el país. La pensión universal no contributiva, que en su inicio se llamó Bonosol y debía financiarse con las utilidades de las empresas capitalizadas, se llama ahora Renta Dignidad y la financia el TGN. También se amplió su cobertura, canalizando a las familias parte de las rentas petroleras, pero sin pensar en que ellas podían agotarse y poner presión sobre el déficit fiscal. En todo caso, vive.

También sobrevive el sistema de pensiones de capitalización individual. Aún maltrecho, ese sistema marca una huella importante: los ahorros previsionales por más de 24.000 millones de dólares, un tercio de los cuales ha financiado parte de los gastos e inversiones del gobierno de Bolivia. Ahora se busca eliminar la competencia a través de una Gestora Pública, que se justifica solamente en la idea de que las utilidades que pueda generar la administración de los fondos sean distribuidas en pensiones solidarias. Pero la idea de jubilaciones basadas en la capitalización individual sigue viva.

En el ámbito institucional todavía existen los diputados por circunscripciones uninominales. En este caso, lamentablemente, y no por los buenos resultados, ya que en general esta reforma no mejoró la representación política y debilitó a los partidos como instrumentos de la democracia. De aquellos años también persisten otras reformas menos asociadas a Goni, pero en las que tuvo influencia, como la reforma constitucional que introdujo el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, aunque tampoco puedan justificarse por sus resultados.

De la capitalización no queda nada, dijo Molina, fue revertida completamente. Pues no tanto, digo yo. Un elemento clave sí fue revertido, el componente social, que se expresó a través del Fondo de Capitalización Colectiva, que hizo a los bolivianos accionistas de las empresas capitalizadas. Esos accionistas fueron expropiados sin que se pagara la indemnización que establece la Constitución, y la propiedad pasó de nuevo al Estado.

En la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos no se tocó a las empresas, ofreciéndoles más bien nuevos contratos que les aseguraron la total recuperación de sus costos y, aunque tuvieron menores ganancias, fueron liberadas de riesgo y de la obligación de exploración. El resto de la capitalización se fue disolviendo después de haber cumplido el objetivo de dinamizar inversiones (Entel, Ferrocarriles). Su eficacia fue indudablemente clave para explicar la bonanza exportadora que hizo del proceso de cambio la etapa de mayor dinamismo de expansión del mercado en la historia reciente del país.

Con esas referencias, es absurdo proclamar la muerte del neoliberalismo cuando su institución principal, el mercado competitivo, es el mecanismo predominante en la vida económica del país.

También puede leer: El golpe, Evo y la continuidad del proceso

Donde Molina sí tiene razón es en la eliminación de algunas instituciones que fueron centrales en las reformas de Sánchez de Lozada, como el sistema de superintendencias. Eran árbitros independientes del gobierno que podían proteger al ciudadano, sin obligarlo a buscar influencia política o corporativa, o acudir al sistema penal. Ya no existen, pues las han convertido en dependencias ministeriales, dejando inermes a los ciudadanos. Tampoco queda nada de la reforma educativa, aunque más lógico sería decir que no se desarmó la reforma sino la educación, con improvisaciones sin mejora efectiva. Olvidada está la Ley INRA y desprotegidas las áreas protegidas, pero para muchos campesinos e indígenas siguen siendo referencias.

Las huellas de Sánchez de Lozada no son solamente memoria, discurso o símbolos. Más bien hay poco de ello. Pero sí son realidades que todavía alientan modernidad y democracia y ofrecen señales que pueden orientar un quehacer futuro.

Una de las cosas más interesantes es que todo eso, además, se hizo en 5 años (4+1), teniendo en ambos gobiernos una mayoría reducida y, por tanto, sin control del Congreso, sin bonanza exportadora y sin romper instituciones. La huella histórica más significativa tal vez sea esa, intangible pero real, la demostración de que es posible hacer cambios en democracia, en base a la negociación y el diálogo.

(*)Roberto Laserna es economista

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Crisis del gas… oportunidad del trabajo

/ 21 de octubre de 2022 / 02:06

En un reciente diálogo organizado por el Grupo “Marcos Escudero” se trató la situación de los hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas. Expusieron el tema dos especialistas que, en su momento, tuvieron responsabilidades ministeriales en el rubro: Álvaro Ríos Roca y Mauricio Medinaceli. Ambos coincidieron en definir la situación actual como difícil y las perspectivas como muy críticas.

Hoy nadie menciona más la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón energético de América del Sur. Bolivia ya es un importador neto de hidrocarburos.

Los especialistas también coincidieron al identificar la causa de este dramático cambio de situación: la nacionalización. Ésta expropió las acciones que tenían los bolivianos a través del Fondo de Capitalización Colectiva, y obligó a los inversionistas extranjeros a cambiar sus contratos, aceptando una carga tributaria mayor, a cambio de garantizarles rentabilidad al cubrir sus “costos recuperables”. Esto desalentó nuevas inversiones y estimuló la explotación acelerada de los yacimientos ya existentes.

El debate se centró luego en lo que debería hacerse para reactivar la producción, volver a exportar y satisfacer las expectativas de la gente. El escenario más optimista dice que, si se cambia de inmediato y radicalmente la política de hidrocarburos, comenzando por la Constitución, y se consigue que comiencen a llegar nuevas inversiones con alta tecnología, recién cinco años después sabremos si puede ser posible lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos o contar con un sector exportador dinámico. Tal vez esto nos dé una oportunidad de desarrollo.

En medio del debate, Medinaceli recordó que varios profesionales firmamos en 2006 una propuesta de distribución directa de las rentas de recursos naturales entre todos los ciudadanos. La idea entonces no era solamente cumplir con la afirmación constitucional de que los recursos naturales son de todos, sino también la de evitar los males del rentismo estatal, una enfermedad que se contagia muy fácilmente hacia la sociedad, como precisamente ocurrió, con secuelas que todavía nos afectan.

El rentismo surge de la concentración de las rentas en el Estado divorciándolo de la vida económica de la sociedad. El Estado resuelve con rentas sus problemas de financiamiento, cobrando a un puñado de empresas, y depende menos de los impuestos, que exigen mayor trabajo de cobranza y que se generan con el trabajo y la producción de miles de personas y empresas. De espaldas a la economía pero con recursos, el Estado se concentra en la gestión política, logrando apoyos mediante el gasto público. Esto, a su vez, incentiva comportamientos corporativos en la sociedad: todos se organizan en grupos que luchan para “arrancar” recursos al Estado: inversiones, servicios, oficinas, subsidios, etc. Así, en vez de que la creatividad y el esfuerzo de la gente se canalicen hacia la producción, lo hacen hacia la “política”, reducida a pugnas por el presupuesto. Las rentas de recursos naturales terminan distribuidas al calor de la presión corporativa, muchas veces en proyectos insostenibles y otras en simple despilfarro.

Sucedió precisamente eso, pues caímos en la trampa del rentismo. Pudimos haberla evitado creando un fondo soberano, como lo hicieron en Noruega, pero no teníamos entonces (y menos ahora) la institucionalidad y fortaleza jurídica para hacerlo. También lo hubiéramos evitado, como propusimos algunos, dándole a la gente su plata, porque sin duda hubiera hecho un uso más prudente de ella que la burocracia, y seguro no se habría distraído en pugnas pseudopolíticas como las que han debilitado nuestra democracia.

Para tener una idea, tomando en cuenta un informe de YPFB que asegura que se recaudaron más de $us 37.000 millones entre 2006 y 2019, su distribución entre la gente hubiera llevado a cada familia cerca de $us 15.000 de libre uso en estos años. Para la mayoría, eso hubiera sido un cambio radical de vida.

Para ambas opciones ya es un poco tarde, ahora nos queda trabajar y producir.

Esa es la oportunidad.

Roberto Laserna es economista de CERES.

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Jubilaciones en riesgo

/ 20 de julio de 2022 / 02:20

El tribunal arbitral internacional ha fallado en favor del principal accionista de la AFP Previsión. La demanda fue interpuesta en 2018 reclamando retrasos indebidos por parte del Gobierno de Bolivia en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones. El Estado boliviano tiene ahora la obligación de pagar $us 105 millones al principal accionista de Previsión, que en su demanda insistió en que hizo varias propuestas al Gobierno para transferir la administración de los ahorros previsionales y de las jubilaciones que están a su cargo.

A primera vista, puede resultar extraño que una empresa internacional haya reclamado ante un tribunal por el incumplimiento en la nacionalización, tomando en cuenta que dicha empresa ha seguido operando todo este tiempo, atendiendo a sus clientes, administrando sus ahorros, pagando jubilaciones, generando utilidades, etc. ¿Acaso quería ser estatizada?

La explicación tiene que ver con la naturaleza del negocio.

Las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reciben los ahorros de sus clientes y los administran para devolvérselos después en la forma de jubilaciones o pensiones de retiro. “Los administran” quiere decir que deben invertirlos en algo que sea seguro y rentable, a fin de que los clientes tengan un beneficio de largo plazo. Mientras mayor es ese beneficio son mejores las jubilaciones, y más ganan las AFP, pues su remuneración proviene sobre todo de la comisión que obtengan de los réditos de las inversiones.

Esto no es sencillo. Hacer inversiones que sean rentables es difícil, y lo es más que lo sean a largo plazo. Y el plazo es clave en la gestión de las pensiones. En condiciones normales, se supone que una persona ahorra durante su vida laboral, de 25 a 30 años, para retirarse y recibir una pensión hasta su muerte, lo que puede suceder en otros 25 a 30 años. Una AFP, por lo tanto, necesita una perspectiva de largo plazo. Cada cliente se vincula por 50 a 60 años, y con frecuencia más, si sobreviven cónyuges, o derechohabientes, como dice la jerga de los especialistas.

Esto de los plazos y la necesidad de inversiones rentables muchas veces no lo comprenden ni los interesados. ¿Cómo podría uno ahorrar el 10% durante 30 años, que equivale al ingreso de tres años, y esperar una jubilación por otros 30 años? Solamente si ese equivalente de tres años se multiplica con inversiones rentables que se mantengan así por periodos prolongados.

En Bolivia, la licitación internacional que abrió el sistema de pensiones dio lugar a contratos que garantizaban ese largo plazo. Pero la añoranza por un sistema de jubilaciones excluyente y restringido, pero que se financiaba con los ingresos de todos, llevó al MAS a prometer la reforma. Ella se estableció inicialmente en la Constitución de La Calancha y Oruro, y luego en la nueva ley que creó la Gestora Pública. Con ello se introdujo un grave factor de incertidumbre. El Gobierno ha estado fijando y prorrogando plazos desde entonces, sin que se concrete la transferencia de las cuentas previsionales de las AFP a la Gestora Pública. ¿Cómo planificar para 60 o 70 años los ahorros de un cliente si en cualquier momento el proceso se interrumpe?

Al parecer, Previsión demandó el arbitraje para obligar al Gobierno a tomar una definición que resolviera esa incertidumbre.

El Gobierno está ahora obligado a pagar los 105 millones y hacerse cargo de la administración de Previsión y las inversiones que ésta administra (unos $us 12.000 millones, pertenecientes a 1,4 millones de bolivianos).

Pero hay otro camino, que yo aconsejaría si fuera parte del Gobierno: negociar con la empresa un nuevo contrato que le devuelva la perspectiva de largo plazo. No tiene sentido asumir la obligación de pagar 105 millones para hacerse cargo de un problema complicado, como es el de administrar tanto dinero de tanta gente, sin tener la capacidad institucional para hacerlo. Porque, además, lo que se haga con Previsión sienta las bases de lo que se hará con Futuro, con lo que los costos y el problema se multiplican por dos.

No es seguro que, a estas alturas, los accionistas acepten quedarse, pero tampoco es imposible. Son inversionistas y conocen la importancia de negociar. Nuevos contratos y garantías de largo plazo devolverían certidumbre al sistema. Si el país lo necesita, los ahorristas todavía más.

La Gestora Pública podría convertirse en una tercera AFP, desarrollando la tecnología que se necesita para manejar ahorros a largo plazo, y compitiendo con las otras dos, lo que terminaría por fortalecer el sistema.

La obligación ya está clara. El Gobierno sabe lo que le costará de inmediato persistir en una reforma que es riesgosa e innecesaria. Pero puede enderezar el entuerto con una acción política rápida y clara: negociar con los inversionistas y concertar un cambio en la normativa.

 Roberto Laserna es economista de CERES.

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Bolivia: derrotas militares y triunfos políticos

La diplomacia consolidó territorios y fijó límites con más eficiencia que las armas.

/ 3 de julio de 2022 / 17:21

SALA DE PRENSA

La historia oficial boliviana cultiva la derrota y el victimismo. Resalta los fastos militares, con escasas y olvidadas victorias y muy recordadas y lloradas derrotas.

Muy heroicas, eso sí. No es necesario ni nombrarlas, pues llegan rápido a nuestra memoria; como también visualizamos el mapa del luto boliviano impreso en cuadernos escolares e incluso en libretas del servicio militar. Es el mapa que muestra la reducción de nuestra geografía de los supuestos dos millones de kilómetros cuadrados con que habríamos nacido, a su mitad actual. Es el mapa de las usurpaciones y las pérdidas del Litoral y Atacama, del Acre, de los Chacos Central y Boreal. Es el mapa de las quejas, del lamento y la desconfianza.

Sin embargo, todo eso tiene un lado distinto, sembrado de triunfos y victorias que deberíamos reconocer para mirarnos e imaginarnos de otra manera como país.

Pensemos que el reclamo inicial de territorios, al fundarse las repúblicas, se basó en un principio del derecho romano que aludía a la posesión según el derecho. Los virreinatos fueron la referencia inicial y luego, al quebrarse éstos, las capitanías y otras entidades de gobierno. La Audiencia de Charcas, entidad en la que se basa la fundación de Bolivia, no era una institución administrativa ni militar, sino jurídica. Su área de influencia no necesariamente coincidía con las de los entes de gobierno. Era lógico que la controversia fronteriza nos acompañara desde el inicio, como además lo hizo en todos los países.

En segundo lugar, recordemos que la posesión territorial de la nueva república era muy limitada. La mayoría de su escasa población (menos de 200.000 adultos) y de la actividad económica estaban en un área muy reducida alrededor del eje Potosí-La Paz, que incluía sus entornos y los de pequeñas ciudades como Oruro, Sucre y Cochabamba. Lejos, y muy aisladas, estaban las ciudades de frontera que hoy conocemos como Tarija, Santa Cruz, Trinidad y otras que figuraban como lugares de paso en las poco transitadas rutas comerciales de la época. Si se trazara un mapa de esa geografía económica y demográfica, tendríamos una imagen de la Bolivia inicial reducida posiblemente a la quinta parte de lo que supuestamente perdimos.

La gran pregunta que debemos hacernos es cómo una república pequeña y económicamente débil, con muy pocos recursos y erigida sobre una sociedad fragmentada, logró consolidar una geografía tan grande, extensa y rica en recursos naturales.

La respuesta, obviamente, no estará en las guerras, ya que perdimos todas. Está en la política. Es decir, en la negociación basada en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos, en la inteligencia de unos pocos individuos que fueron capaces de argumentar y convencer, dándonos triunfos que nos deberían enorgullecer y que hemos olvidado. Muchos de ellos fueron cancilleres sin cancillería, es decir, sin institución que les diera el soporte que la diplomacia requiere, o embajadores con más voluntad que respaldo.

Esa historia de triunfos podría comenzar con Casimiro Olañeta y sus amigos, que sin ejércitos ni batallas lograron vencer la voluntad de los bien armados y experimentados ejércitos de Bolívar y Sucre, que se negaban a reconocer la aspiración independentista del Alto Perú. Usaron la adulación y la lisonja, pero también la razón y el argumento. Y se fundó Bolivia.

Antes de que Hilarión Daza pretendiera “sentar soberanía” con su impuesto al salitre, nuestros diplomáticos habían logrado dos tratados de límites con Chile, uno en 1866 y otro en 1874, que reconocían el litoral como territorio boliviano a pesar de que no teníamos posesión efectiva sobre las costas ni posibilidad alguna de defenderlas. Cuando comenzamos a perder esos territorios fue al desconocer los tratados y buscar soluciones militares.

Algo parecido sucedió en el Chaco, una guerra que fue mucho más dura y sangrienta, y que al parecer también fue provocada por quienes confiaron más en las armas que en la política. Recientes libros de Raúl Rivero sobre la época recuerdan victorias diplomáticas que eran aplastadas por torpezas militares. Al final de la guerra, fueron nuevamente los diplomáticos los que conservaron territorios que Paraguay también aspiraba a controlar (recuerden que Ñuflo de Chávez partió de Asunción a fundar Santa Cruz) y que hoy nos permiten una salida navegable al Atlántico. Se criticó mucho al canciller Elío, pero fue su coraje el que permitió conservar la salida al río Paraguay, como antes el Tratado de 1904 conservó el derecho de libre tránsito hacia todos los puertos chilenos en el Pacífico.

En la relación con Brasil libramos una guerra en el Acre, un territorio tan alejado que tomaba dos meses llegar allá. Las tropas fueron a marcha forzada por las selvas y los pertrechos y oficiales tuvieron que ir hasta Buenos Aires para navegar por el Atlántico hacia el Amazonas, el Madera y el Abuná. Solo así podía llegarse al Acre, una zona que no estaba en posesión de Bolivia, sino de algunos bolivianos que recolectaban goma y castaña. En dos libros sobre el tema, Walter Auad Sotomayor muestra también que la diplomacia consolidó territorios y fijó límites con más eficiencia que las armas en las fronteras norte y este del país.

Con Perú y Argentina, países fundados a partir de los virreinatos de Lima y Buenos Aires, resolvimos los límites en base a tratados y acuerdos diplomáticos, es decir, recurriendo a la política y evitando la guerra.

En síntesis, deberíamos invertir más en diplomacia que en armas y cuarteles, y olvidar el mapa del luto y en vez de mostrar cómo perdimos un millón de kilómetros cuadrados por guerras, deberíamos recordar a nuestros niños cómo ganamos un país de un millón de kilómetros cuadrados a base de acuerdos, diálogos y negociaciones políticas. Nuestros héroes tendrían que ser distintos, más bien moderados y reflexivos, y seguramente nuestros comportamientos también.

(*) CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Cochabamba.

(*) Roberto Laserna es economista, investigador del CERES (*)

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