Perdona-vidas
Los ladrones de cuello blanco deben estar felices, sin que nosotros defendamos seriamente nuestros recursos naturales
José Pimentel Castillo
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha dispuesto el pago de $us 253 millones por el Estado boliviano a favor de la transnacional Glencore, por la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio en Vinto, la anulación del contrato de alquiler de la mina de Colquiri y por la apropiación de 161 toneladas de estaño por la fundidora estatal.
El proceso de privatización destruyó el aparato productivo estatal, en particular de la minería, así las empresas transnacionales se adjudicaron las minas con futuro, entre ellas Comsur, cuyo propietario era Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni): obtuvo las minas Bolívar, Colquiri y Porco, luego compró la Empresa Metalúrgica Vinto a la quebrada Allied Deals. En Colquiri, el contrato era de alquiler, con una retribución de tan solo 7% de la producción bruta a favor de la Comibol.
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En 2003 cayó el gobierno de Goni, la indignación popular pedía justicia y resarcimiento a las víctimas; el gobierno de entonces no hizo nada para afectar el patrimonio del prófugo, al contrario, autorizó que los contratos mineros sean transferidos a la transnacional Glencore, con residencia en el país a través de la empresa Sinchi Wayra. Con el advenimiento del proceso de cambio (2006), el presidente Evo Morales anunció la reversión de las minas de Goni, causando la oposición de sus trabajadores. En vez de nacionalizar estas minas, se buscó la negociación para lograr una participación mayoritaria del Estado, negociaciones que concluyeron en 2013.
El 31 de octubre de 2006 se revirtieron los contratos de alquiler con los cooperativistas en la mina de Huanuni. El estaño producido por Huanuni era vendido a la fundidora de Vinto; la visión de integración de la cadena productiva en una corporación llevó a la expropiación de la fundidora (10 de febrero 2007). El 1 de mayo de 2010 se nacionalizó la fundición de antimonio, ubicada dentro de los terrenos de Vinto, utilizada como depósito: en éstos se encontraban 161 toneladas de concentrados de estaño, que la empresa estatal introdujo a su circuito.
El 20 de junio de 2012 se anuló el contrato de la mina Colquiri por problemas que creó Sinchi Wayra, al permitir que los cooperativistas ingresen a áreas de la empresa y se enfrenten con los trabajadores; se dio un plazo de 120 días a la Comibol para que se pague por la maquinaria e insumos de la empresa, que no cumplió.
A pesar de estos sucesos se continuó con la negociación de los contratos de asociación minera dispuestos por la Constitución para las minas de Bolívar y Porco, concluyendo el 22 de abril de 2013, cuando el Directorio de la Comibol aprobó el contrato con una participación del 55% de las utilidades para la empresa estatal, la inversión de $us 100 millones para duplicar la producción, teniendo vigencia desde el 1 de octubre de 2011.
El contrato fue aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgada la Ley 386 el 22 de abril de 2013, la que, para sorpresa nuestra, no era el aprobado por el Directorio. En ese sentido se reclamó a la presidencia de la Comibol, que instruyó una investigación; el informe llegó a la conclusión que hubo modificaciones, particularmente la referida a la fecha de inicio del contrato, causando un daño a la Comibol de $us 20 millones. Ante la falta de acciones del Ejecutivo, para denunciar y reparar el daño, junto con el director Pedro Ticona presentamos una denuncia ante la Fiscalía, que la rechazó a pesar de la testificación de los miembros del Directorio. Se recurrió a la Procuraduría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia, que no hicieron nada, también se llegó a la Contraloría, que ordenó una auditoría cuyo resultado no se conoce.
La modificación apresurada de lo aprobado por el Directorio dejó huecos que inviabilizó su aplicación; el 1 de octubre de 2018 se suscribió una adenda al contrato que superaba estos obstáculos, volviéndose a los términos originales; este documento, que modificaba una ley, debía tener el mismo rango para su aplicación, lo que nunca ocurrió. Mientras tanto se ha actuado obviando esta obligación, al extremo que se permitió que Glencore venda la empresa, sin antes superar este problema legal, ni mucho menos verificar si se cumplió el contrato.
Colquiri aumentó su ganancia de $us 4 millones que recibía con la privada a 30 millones el primer año. Vinto es la única empresa que ingresa dólares al Banco Central, en un monto superior a los $us 200 millones cada año.
Con este fallo, los ladrones de cuello blanco deben estar felices, sin que nosotros defendamos seriamente nuestros recursos naturales. ¡Basta!, un poco de dignidad nos obliga a hablar con voz alta.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero