Sin agenda y sin norte político, la oposición venezolana protagonizó un bochornoso y circense espectáculo político cuando dijo el jueves que la opositora María Corina Machado había sido secuestrada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Al más puro estilo de las fake news (noticias falsas), el equipo de apoyo de la opositora afirmó que las fuerzas policiales habían retenido a Machado tras ser interceptada y tumbada de una motocicleta en la que se trasladaba después de participar de una movilización opositora en Caracas; además, que hubo un herido tras la detonación de armas de fuego.

Este hecho fue la apertura de los noticieros televisivos en sus emisiones nocturnas en varios países de Latinoamérica. Lo paradójico de todo es que en ninguna de las imágenes televisivas ni de las redes sociales se escucharon detonaciones de armas de fuego, ni se vieron irrupciones violentas de parte de la Policía Bolivariana en contra de los manifestantes opositores.

La oposición y el Comando con Venezuela, equipo de campaña del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, no supieron explicar por qué el “régimen dictatorial” liberó a la exdiputada Machado después de su “captura”. Parece que el gobierno de Maduro no había sido tan “dictatorial” como lo califican varios gobiernos y medios de comunicación internacionales. Fue el mismo ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que, si el Gobierno chavista hubiera decidido capturar a la líder opositora, “ya estuviera detenida”. Veinticuatro horas después, la misma Machado dijo que fue detenida, atacada y que “abruptamente hubo una orden para liberarla”.

Muchos gobiernos y exmandatarios de la región buscan descarrilar a Venezuela y tratar de llevarla por los caminos del caos, la división, por los caminos del enfrentamiento y con el caos, la división, la violencia, hacer un llamado a una intervención extranjera militar, que es el sueño último de esta idea descocada del fascismo venezolano, de la extrema derecha, de tratar de aplicar un método de máxima presión, violencia y destrucción del chavismo. Desde hace años existe un movimiento mediático promovido en la prensa escrita, televisiva y en las redes sociales, para hacer ver a Venezuela como un estado fallido y desestabilizar a la nación. Y esta vez se ha sumado al mismo los medios de la socialdemocracia europea y latinoamericana, repitiendo los mismos argumentos sin base alguna.

En los últimos años, los principales opositores han huido de Venezuela, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien en noviembre de 2017 escapó a España después de ingresar ilegalmente a Colombia. El también opositor Leopoldo López llegó en octubre de 2020 a Madrid tras abandonar la residencia del embajador de España en Caracas. Allí permaneció como huésped durante 18 meses, justo desde que fue liberado en abril de 2019 de su arresto domiciliario por un grupo de uniformados dirigidos por el también líder opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En abril de 2023, entró a Colombia desde Venezuela en un viaje muy polémico al tratarse de la tercera vez que rompía la prohibición de Maduro de no salir del país por una orden de arresto sustentada principalmente en la «legitimación de capitales». En la actualidad vive en Miami, desde donde realiza un activismo político «discreto». Aunque técnicamente se encontraba bajo vigilancia y no arrestada, la exfiscal General, Luisa Ortega, tenía prohibido salir del país. Sin embargo, protagonizó un sonado escape en una lancha que la llevó a la isla de Aruba y de ahí viajó a Bogotá. Actualmente vive en la capital española. Desde que huyó a España en agosto pasado, González Urrutia amenaza con autoproclamarse gobernante de Venezuela, no precisamente de Maduro, sino de Guaidó, el olvidado títere a quien Estados Unidos ungió presidente interino entre 2019 y 2023.

Lo cierto es que con una oposición cada vez más débil y menos creíble, Maduro juró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 y Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares, el máximo disponible, la recompensa por información para detenerlo.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Sobre temas relacionados en economía el presidente Luis Arce Catacora no le acierta ni una. Hoy no queda nada de aquel exministro de Economía que puso a Bolivia en el ejemplo a seguir por los logros financieros que había alcanzado el programa económico del entonces gobierno de Evo Morales. El martes, el actual jefe de Estado vaticinó que en 2025 la situación económica va a mejorar, minimizando los reportes de organismos nacionales e internacionales que han observado con preocupación el desempeño de la economía nacional.

El mes pasado un informe de JP Morgan ubicó a Bolivia como el segundo país con mayor riesgo en América Latina, solo superado por Venezuela. Según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), Bolivia alcanzó los 1.945 puntos al 19 de noviembre de 2024, lo que refleja una percepción de alta desconfianza entre inversionistas internacionales. Otro informe de la agencia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings ratificó la calificación crediticia soberana de Bolivia como negativa, CCC+/C, debido a su débil capacidad para cumplir plenamente con sus compromisos de deuda en el largo plazo bajo un perfil externo frágil. Según otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país terminará la gestión 2024 con un crecimiento de apenas el 1,7%, uno de los más bajos en los últimos 15 años. Este dato es lapidario para el gobierno de Arce Catacora, puesto que Bolivia será la segunda economía con menor crecimiento en Suramérica y la cuarta en Latinoamérica, solo Ecuador con 0,8% está por debajo, mientras que Argentina presentará un decrecimiento de 3,2%.  Por último, un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que el país tuvo una inflación acumulada, a noviembre, del 8,82% y una interanual del 9,51%, debido principalmente a un déficit fiscal, siendo la más alta en los últimos 25 años. Para colocar la cereza sobre la torta, el informe 2024 de Latinobarómetro reveló que la aprobación del gobierno de Arce Catacora cayó al 9%, de un 46% de apoyo que tenía hasta el año pasado. Es el índice más bajo de respaldo de su gestión.

Con estos lapidarios informes, la situación económica del país es bastante compleja y tiende a desmejorar durante el 2025 porque la actual administración carece de un verdadero y profundo programa que vaya a controlar el constante desabastecimiento de hidrocarburos, la preocupante falta de dólar, el aumento de los precios de la canasta básica de los alimentos y el alto costo de la vida. De nada sirve que el presidente Arce intente minimizar la crisis económica que afecta a millones de bolivianos acusando al expresidente Morales por un bloqueo de caminos (que solo se efectuó en Cochabamba durante 24 días), bloqueo, que fue levantado los primeros días de noviembre, que denunciaba el encarecimiento de la economía nacional.

El déficit fiscal consolidado de los últimos 12 años, en términos nominales ascenderían alrededor de 44.700 millones de dólares que el Gobierno gastó más de lo que recaudó en ingresos, es decir que el Estado no pudo cumplir con todas sus obligaciones de pago que han sido comprometidos y que la economía ha retrocedido considerablemente. Según el Gobierno, el déficit fiscal se genera para garantizar la inversión pública en el país.

Los cuatro años del gobierno de Arce Catacora estuvieron enfocados más en el aspecto político, en buscar aniquilar políticamente al expresidente Morales y no en mejorar la economía nacional que era uno de los puntales que le habían pedido miles de bolivianos que lo encumbraron a la presidencia de Bolivia. Lamentablemente, el gobierno dilapidó el dinero del erario nacional en comprar a dirigentes de las organizaciones sociales, crear nuevos dirigentes sindicales, aumentar el número de empleados públicos, cooptar periodistas, aumentar la pauta publicitaria en los medios de comunicación y redes sociales, y sobre todo, dejar pasar la corrupción y el robo de millones de dólares de las empresas estatales por parte de los principales operadores que manejan los ministerios, viceministerios y demás dependencias gubernamentales.

El presidente Luis Arce Catacora, de la forma más maquiavélica, está a punto de asestar su última estocada de muerte contra Evo Morales Ayma, su promotor y actual rival político, cuando en los próximos días se lleve a cabo la excarcelación y extradición hacia Estados Unidos del exjefe antidroga Maximiliano Dávila. Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que la Cancillería terminó las gestiones judiciales necesarias “vía diplomática” y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para la inminente extradición de Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del gobierno de Morales Ayma.

Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de más de cinco kilogramos de cocaína y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de Estados Unidos con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas. Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. En esa oportunidad, Dávila se encargó de alertar que el ministro Del Castillo busca involucrar a Morales Ayma con el narcotráfico. En un primer momento, Dávila fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención preventiva con fines de extradición. No fue acusado de narcotráfico en Bolivia porque la extradición solicitada por Washington se viabilizó este año.

Los delitos que se atribuyen por Estados Unidos para que Dávila sea juzgado en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York son asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico. El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito, 10 a 20 años. De llevarse a cabo el juicio, Dávila, para reducir su condena, tendrá que cooperar con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e involucrará directamente a Morales Ayma, y a varios de sus estrechos colaboradores que lo acompañaron en los catorce años de su gobierno, con el narcotráfico.

La deslealtad, traición y odio político que expresa Arce Catacora contra Morales Ayma no tiene límites. Sus operadores políticos en Washington, que otrora lanzaron vivas y ensalzaron la figura del expresidente indígena, no escatimaron recursos para realizar el correspondiente lobby con la DEA y el Departamento de Estado estadounidense para quitarse de encima del político boliviano a quien consideran un enemigo ideológico y de máximo peligro para la región por su postura antiimperialista.

Paradójicamente, fue Morales Ayma quien rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 2008; ahora el gobierno de Arce Catacora le asesta una puñalada por la espalda haciendo prevalecer el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos que fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros. El mismo vicepresidente David Choquehuanca fue enfático en afirmar que la extradición de Dávila representa “un desafío para las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos”.

Si Estados Unidos involucra a Morales Ayma con el narcotráfico, Washington pondrá un precio sobre la cabeza del expresidente boliviano, lo cual significará para los arcistas tener el camino expedito para las elecciones generales de 2025. La pésima administración política, económica y social del gobierno de Arce Catacora no son avales para que éste vaya a la reelección porque carece del apoyo popular que le llevó al poder hace cuatro años; pero con tal de seguir gozando del poder y encubrir a sus hijos de las muchas denuncias de corrupción, ya definió a sus candidatos: Eduardo del Castillo a la presidencia y Eva Copa a la vicepresidencia.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

El fracaso del Partido Demócrata y de la candidata Kamala Harris en las recientes elecciones estadounidenses tiene de trasfondo varios aspectos socio-políticos que se presentaron antes y durante el proceso electoral, pero el que sobresale es el sorpresivo sufragio de los varones latinos —un grupo que los demócratas consideraban que era existencialmente suyo— votó por el republicano Donald Trump, quien también había derrotado en 2016 a Hillary Clinton, la primera mujer en ser la candidata presidencial de su partido.

Según los resultados oficiales de la Corte Suprema estadounidense, Harris obtuvo un 53% del voto hispano, muy por debajo del 65% de Joe Biden en las elecciones de 2020, del 66% de Hillary Clinton en 2016 o del 71% de apoyo hispano a Barack Obama. Los latinos, un grupo muy diverso y disperso por todo Estados Unidos, fueron pieza fundamental en la victoria de Trump, que decidió atraerlos incidiendo en propuestas económicas, de lucha contra la inflación, creación de empleo y asegurando que la política migratoria del Gobierno actual también les afectaba negativamente.

El hecho de que el Partido Demócrata haya caído entre las minorías es la gran sorpresa de los recientes comicios. Como lo es que el expresidente haya ganado en el segmento de la población más joven, la llamada Generación Z, que los demócratas —y la mayor parte de los expertos— pensaban que iban a rechazar el mensaje “pasado de moda” de Trump.

El senador independiente Bernie Sanders, símbolo del movimiento progresista en el país del norte, fue lapidario contra el Partido Demócrata al que acusó de “abandonar a la clase trabajadora”, hecho que, a su juicio, justifica que ésta no haya votado por Harris. Para Sanders, la debacle del Partido Demócrata no debería ser una gran sorpresa, puesto que esta tienda política ha abandonado a la gente de la clase trabajadora, y, en contraparte, la clase trabajadora la ha abandonado también.

También hay que tomar en cuenta el fracaso del Partido Demócrata viene por los vaivenes durante la campaña electoral que favorecieron enormemente a los republicanos. El presidente Joe Biden intentó buscar la reelección e, inicialmente, lideró las encuestas. Empero, a partir de marzo de 2024 su popularidad cayó a medida que crecían las dudas dentro y fuera de su partido sobre la idoneidad de su candidatura, en especial, debido a las preocupaciones por su avanzada edad y las dudas sobre su supuesto declive cognitivo.

La situación llegó a un punto crítico durante el debate que ambos candidatos sostuvieron a finales en junio, durante el cual Biden tuvo dificultades para presentar sus argumentos y, por momentos, pareció perder el hilo de sus pensamientos. Pocos días más tarde, Biden anunció su retiro de la carrera y su apoyo a la candidatura de su vicepresidenta. En pocas semanas, Harris asumió el liderazgo demócrata y logró recuperar en las encuestas el terreno perdido por Biden, pero solamente hasta instalarse en una situación de empate técnico con Trump, el cual se mantuvo hasta el día de los comicios.

Menos conocida por los votantes que Trump, Harris tuvo dificultades en la campaña para desligarse de las políticas de Biden y de sus aparentes consecuencias en términos de inflación y de crisis en la frontera. Intentó presentar su candidatura como la opción del «cambio» generacional y de la alegría, pero su candidatura no pareció convencer a los electores insatisfechos con el sistema político estadounidense.

La candidata demócrata también resultó perjudicada por su negativa a conceder entrevistas a la prensa durante sus primeras semanas de campaña, lo que alimentó la idea de que no tenía un plan claro de gobierno. Además, a lo largo de la campaña, Harris lucía como clara favorita para ganar el voto femenino, pero perdía mucho terreno en el voto masculino, en especial de jóvenes afroamericanos e hispanos que giraron de forma sorpresiva hacia Trump, contribuyendo así a su regreso a la Casa Blanca. El expresidente construyó una coalición de votantes más diversa que cualquier candidato republicano en 20 años, a pesar de llevar a cabo una campaña cargada de agresiones y de demonización de los inmigrantes.

*Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Por más que el gobierno de Luis Arce Catacora gaste y destine millones de bolivianos en publicidad en diferentes medios de comunicación y sus ministros junto a sus directores de diferentes áreas salgan, con un libreto predeterminado, para negar y jurar que en Bolivia no hay “gasolinazo”, el preocupante desabastecimiento de hidrocarburos, desde hace meses, echan por tierra el ya no creíble discurso gubernamental.

La mala administración gubernamental está conllevando a situaciones jamás vista desde los últimos veinte años. La desesperación en la ciudadanía por conseguir gasolina y diésel ha hecho incluso que en las redes sociales se inunden mensajes en busca de los carburantes porque en muchas estaciones de servicio del país se agotan rápidamente sus suministros.

A las largas filas en los surtidores, desde hace ya seis meses, de camiones, ómnibus, buses coaster, tractores, o cisternas de agua que utilizan diésel, en las últimas semanas se han sumado miles de automóviles del transporte privado en busca de gasolina especial. Tras peregrinar por varias estaciones de servicio y tras largas horas de hacer fila, cuando le llega el turno para su respectivo carguío, el personal les comunica que se terminó la gasolina Especial (litro a 3,74 bolivianos) y que solo queda las gasolinas Premium Plus (6,18 bolivianos) y Ultra Premium de 100 octanos (6,82 bolivianos). Ante esta situación, al usuario no le queda otra opción que adquirir las nuevas gasolinas con un precio más elevado.

Desde el pasado 7 de agosto, el Gobierno, de manera maquiavélica, está quitando parcialmente la subvención de los hidrocarburos. Obliga a la población a comprar los dos combustibles con precios más altos y ha dejado de suministrar paulatinamente el carburante subvencionado. Esta medida no solucionará la crisis económica que vive el país, solo aliviana un poco el gasto que realiza en la compra del hidrocarburo.

Recordemos también que meses antes, Arce Catacora había propuesto realizar un referéndum sobre la subvención de la gasolina, propuesta que fue observada y rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Las observaciones fueron aplaudidas por la población y por los partidos de oposición porque consideraron que el presidente Arce “quería lavarse las manos” y dejar a los bolivianos y bolivianas decidan qué hacer con la subvención.

A principios de semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso al mercado interno un nuevo combustible denominado Diésel ULS que es el resultado de la mezcla del diésel oíl con biodiesel y que será comercializado en las plantas de almacenaje de YPFB para grandes consumidores o clientes directos, previa suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y el comprador.

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La falta de combustibles en todo el país, provoca largas filas en las estaciones de servicio. El Gobierno atribuye el problema a los bloqueos evistas y en Arica. Excusas que ya nadie cree porque los bloqueos en las carreteras datan de hace diez días. En tanto, la escasez de combustibles lleva ya meses.

La falta de dólares para la compra de hidrocarburos es una espada de Damocles para el Gobierno. Si bien autorizó al sector privado (especialmente a los agricultores) la importación directa de combustibles la medida no ha servido de nada, porque el sector del agro no es importador de energéticos. La falta de dólares y el tipo de cambio paralelo genera incertidumbre en los financiadores del agro que dejaron de entregar créditos al sector.

A la falta de combustibles se suma la falta de dólares y esto ha hecho que de manera alarmante se incrementen los precios de los alimentos en todos los mercados del país. El poder adquisitivo de la población está perdiéndose poco a poco, lo cual repercute negativamente en la economía nacional. La crisis económica boliviana es ya una realidad, pero para el Gobierno, que no reconoce su mala administración, es una crisis producto del contagio de las economías de los países vecinos. Mientras tanto, la población y sectores sociales anunciaron realizar una serie de protestas y cacerolazos contra la incapacidad gubernamental de hallar una solución a la crisis política, económica y social que impera en el país.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.