El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó este martes que el Gobierno entregó de enero a la fecha 800.199 quintales (qq) de harina a panificadores y confirmó que el 75% del alimento se destina a La Paz.

Flores corroboró que, por el convenio firmado con la Federación Nacional de Panificadores, el precio del pan de batalla se mantiene en 0,50 centavos de boliviano.

“Los importante es el precio justo, que no le falte el pan de batalla a la población, el precio se ha sostenido por mucho tiempo, hubo especulación de elevación de precios, pero eso no va a ocurrir”, aseguró Flores.

Asimismo, el gerente de Emapa informó que precio del quintal de harina para panificadores en los departamentos de La Paz, Cochabamba, El Alto y Beni asciende a Bs 133; para Oruro, Potosí y Chuquisaca es de Bs 123; mientras que el costo en el mercado llega a Bs 250.

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Panificadores

La premisa del Gobierno apunta a reducir los precios de producción e invertir en procedimientos de elaboración de insumos como el trigo. Para ello, el plan contempla mayor cantidad de plantas de acopio.

En Santa Cruz y La Paz marchan proyectos de construcción de megaplantas de acopio.

En el caso de Santa Cruz, está en el municipio de Pailón con capacidad para 155.000 toneladas y la otra está en Viacha que, según Flores, será el molino de trigo más grande de Bolivia y que ahorrará al Estado cerca de Bs 50 millones al año.

“Estas son las acciones concretas que ha tomado el Gobierno y hacen que el tema logístico pueda reducir gastos para mayor trigo y harina, así seguir distribuyendo al sector panificador. El molino va a reducir gastos en cuanto al alquiler, son Bs 50 millones año. Ahora vamos a moler trigo en el molino más grande y ahorraremos esos 50 millones para invertirlos en mayor producción y distribución a un precio justo y a través de ello el pan de batalla se mantenga en 0,50”, agregó Flores. 

El dirigente nacional de los panificadores, Rubén Ríos, ratificó el 22 de mayo que su sector no incrementará el precio del pan de batalla de 0,50 a 0,80 centavos de boliviano, así como otros dirigentes no reconocidos por su gremio intentan “especular”.

(28/05/2024)

El gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ronald Huanca, indicó que, en la reunión que sostendrá el Gobierno con el sector del transporte pesado, se informará los volúmenes de combustible que se despacha diariamente para garantizar el abastecimiento en el mercado interno. 

“Vamos a mostrar los datos de que los volúmenes que se están entregando son los que corresponde a cada estación de servicio, se les va a explicar que incluso se tienen adelantos adicionales a estas estaciones de servicio y que no caigan en la especulación”, manifestó a RTP.

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El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, convocó el lunes a los dirigentes del transporte pesado nacional e internacional para debatir sus demandas, entre ellas el tema del diésel y de los aranceles que cobra la Aduana. La cita es para el miércoles desde las 16.00 en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas. 

En respuesta, la dirigencia del transporte pesado nacional e internacional rechazó la invitación del ministro Montaño y advirtió que solo discutirá su pliego petitorio con el presidente Luis Arce. Afirmó que el bloqueo de carreteras para el 3 y 4 de junio se mantiene en pie.

Especulación

Huanca lamentó que en las semanas pasadas se haya registrado una sobredemanda de diésel y gasolina a causa de malas informaciones y comunicados de asociaciones, lo que ocasionó una especulación.

Para garantizar el abastecimiento de combustibles, indicó que YPFB incrementó los volúmenes despachados de 1,7 millones de litros a 2,1 millones en el departamento de La Paz.

“Ya hemos superado nuestro prodem en las distintas plazas, en La Paz tenemos un promedio entre 1,6, 1,7 millones diarios para este mes, pero ya hubo días donde hemos despachado 2 millones, 2,1 millones para abastecer la gran demanda que había por el tema de las filas y esto ha generado la especulación”, dijo.

El procurador general del Estado, César Siles, informó que solicitó ampliar la investigación por otros delitos contra los implicados en los supuestos hechos de corrupción en la implementación de las piscinas en la planta de litio de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). 

Asimismo, pidió la inclusión de la empresa cruceña encargada de la impermeabilización de las piscinas en las pesquisas y no solo a su representante legal.

“Lo último que hizo la Procuraduría es solicitar la ampliación de la investigación por otros delitos, no contra otras personas. Y hemos pedido también la ampliación contra la empresa, porque si bien está denunciada la señora P. G., la empresa procesalmente también puede ser investigada y punible penalmente”.

La autoridad se refiere a una empresa cruceña que se adjudicó, entre 2013 y 2019, ocho contratos directos para el proyecto del litio. Se estima que los contratos suman un total de Bs 186 millones.

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YLB

Siles aseguró que la indagación del caso avanza y que uno de los hechos más importantes fue la inspección, el secuestro y la obtención de documentación de las oficinas de YLB.

“Hasta la fecha aún se investigan a 10 personas, cinco están siendo buscadas. Una vez que tengamos mayores elementos de juicio se puede ampliar la investigación a otras personas, lo que queremos es el esclarecimiento total de los hechos investigados, como también la reparación del grave daño al Estado”.

Hasta la fecha hay seis personas imputadas, el exministro y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos de Minería Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención domiciliaria, al igual que Paul Q. B., Cristian A. A. y la gerente de la empresa cruceña. A ellos se suman el exjefe de planta en Uyuni Edwin F. U. Y. y Jorge F. M., ambos con detención preventiva en la cárcel.

La denuncia penal fue presentada el mes pasado por la estatal YLB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Procuraduría contra 12 exfuncionarios, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, con un daño económico de más de Bs 425 millones.

La acción fue resultado de una auditoría técnica interna a la construcción e implementación de las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio, en el complejo industrial del salar de Uyuni, en Potosí.

La dirigencia del transporte pesado nacional e internacional rechazó este lunes la invitación del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, a dialogar y advirtió que solo discutirá su pliego petitorio con el presidente Luis Arce. El bloqueo de carreteras para el 3 y 4 de junio se mantiene en pie.

“El transporte pesado internacional sacó un voto resolutivo el sábado donde dice reunión con el presidente Luis Arce, y no con usted u otro ministro. Señor ministro, no intente dividir al transporte pesado”; respondió el presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Héctor Mercado.

Recordó que en dos oportunidades se reunieron con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y no alcanzaron ningún acuerdo, solo les derivaron a mesas de trabajo, pero no hubo avances.

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La mañana de este lunes, el ministro Montaño convocó a los dirigentes del transporte pesado nacional e internacional; para debatir el miércoles sus demandas, entre ellas el tema del diésel y de los aranceles que cobra la Aduana.

Indicó que desde la semana pasada sostiene reuniones con los representantes de las cámaras de transporte pesado de La Paz, Potosí y de la nacional; donde se debate el tema de la elección de los choferes para ser parte o no de una cámara.

El sábado, tras un ampliado nacional, el transporte pesado anunció un bloqueo de carreteras para el 3 y 4 de junio en demanda de la dotación de dólares y combustible, y en contra de los “abusos” de la Aduana e Impuestos.

El encuentro determinó solicitar una reunión con el Presidente y advirtió que en caso de no ser atendidos, masificarán sus medidas.

Empresarios de Bolivia y China se reunirán esta semana para analizar la dinámica y perfeccionar el uso del yuan para el comercio exterior entre ambos países, informó este lunes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

La semana pasada, tras una reunión con el sector exportador, Montenegro indicó que se analiza el uso del yuan y el real para el comercio entre China y Brasil, respectivamente.

“El Banco Unión tiene la corresponsalía con el Banco de Industria y Comercio de China (ICBC) y esta semana se están reuniendo exportadores chinos, importadores con bolivianos para ver esta dinámica de comercio; y vamos a ir mejorando y perfeccionando este mecanismo de comercio exterior que aliviane el uso del dólar”.

Montenegro aseguró que ambas monedas tienen mayor disponibilidad que el dólar en ciertos países. Recordó que desde 2023, Bolivia tiene una corresponsalía con un banco chino y muchos exportadores ya realizan transacciones en yuanes.

“El Banco Unión ha ido dotando de recursos para los importadores en una primera etapa con unos $us 10,5 millones; pero expresados en yuanes, y lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo”.

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Yuan

La autoridad indicó que se reunió varias veces con el sector privado y exportador, y trabajan en un acuerdo para mejorar el comercio exterior, lo que generará más divisas para el país.

Asimismo, reiteró que para fines de este mes y en junio se espera el ingreso de mayor cantidad de dólares por las exportaciones de varios productos, la soya entre ellos. Añadió que, producto de la crisis climática; este año la cosecha se rezagó casi 50 días.

“Se hizo un acuerdo con el sector azucarero para que puedan exportar etanol y azúcar, que es otra fuente de divisas y otro tipo de exportadores; estamos hablando también con el sector cárnico para que aumenten sus cupos, son aspectos que van a confluir a una mejor dotación de divisas en los próximos meses”.

El uso de otras monedas para el comercio exterior apunta a aliviar su uso debido a las dificultades para mejorar el flujo de dólares; un problema que afecta a los sectores exportadores y a la población en general desde el año pasado; pese a los esfuerzos del Gobierno por impulsar medidas para normalizar la circulación de la moneda.