Ante las declaraciones de la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, sobre que Piso Firme pertenecería a Santa Cruz luego que el Órgano Electoral ratificara este hecho, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentó las declaraciones de la legisladora e indicó que politiza el caso con “especulaciones”.

“Lamento las declaraciones de la diputada, pese que la hemos convocado a una reunión de información justamente para evitar este tipo de especulaciones o desinformación, claramente no ha entendido lo que consiste el proceso de delimitación. Me extraña que una diputada genere este tipo de comentarios. Ahora, entiendo el afán político, el protagonismo, la falta de visibilización por hacer algo interesante por su región, genera este tipo de declaraciones”, dijo.

El miércoles, Álvarez indicó que tras un cuestionario de preguntas enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste les respondió sobre una de las preguntas, respecto a “los parámetros que tiene la comunidad de Piso Firme” en San Ignacio de Velasco.

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“La respuesta fue contundente, ‘la localidad de Piso Firme se tiene registrado bajo los siguientes parámetros, departamento de Santa Cruz, provincia Velasco, municipio San Ignacio de Velasco, comunidad Piso Firme’. El cambio del trazo del límite departamental que surgió de un momento a otro de manera unilateral del Viceministerio de Autonomía entra en discrepancia sobre la identificación o pertenencia, o tuición jurisdiccional en las entidades territoriales implicadas”, cuestionó Álvarez.

La controversia limítrofe en esta comunidad se desencadenó tras la realización del Censo de Población y Vivienda, el 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la regional Beni.

Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria entre los departamentos de Beni y Santa Cruz.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS evista), informó que el equipo técnico de las comisiones mixtas trabaja en una propuesta de ley corta o interpretativa que se enviará al presidente nato de la Asamblea, vicepresidente David Choquehuanca, para que convoque y ponga a consideración del pleno.

“Estamos cumpliendo con el trabajo que nos manda la Constitución, de esa manera  las dos comisiones mixtas vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la Ley 1549 para que la Asamblea la considere”, dijo.

El martes, el Vicepresidente descartó convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de continuar con la preselección corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia.

Ante ello, también el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insistieron en que Choquehuanca debe llamar a sesión por mandato constitucional, para tal efecto, le dieron un plazo de 72 para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con la preselección.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, como comisión mixta, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

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“Quiero plantear a Choquehuanca que, para no perjudicar al tema de preselección del Órgano Judicial, netamente convoque con el único punto de tratar una ley interpretativa de las elecciones judiciales en la Asamblea. Él tiene miedo de convocar por las críticas que hay por las leyes 073 y 075”, mencionó.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, insistió en que el Vicepresidente convoque a sesión para continuar con el proceso de preselección. Además, dijo que están en la espera que convoque a una mesa de diálogo.  

“Seguimos esperando que el Presidente de la Asamblea convoque otra vez a otra mesa de diálogo y que podamos allanar el camino de manera inmediata, lo que sería una resolución o una ley corta”, señaló Rejas.

La preselección en las comisiones mixtas fue paralizada desde mediados de abril, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

El Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales instó a los sectores sociales a estar alertas porque pronto se saldrá a las carreteras debido a que el Gobierno no resolvió los problemas estructurales del país como son el económico, político y social.

“En este momento, como Pacto de Unidad, hacemos conocer a todos los sectores sociales, no solamente la confederación única de campesinos, ni interculturales, ni bartolinas, sino mineros y transportistas a ponerse en estado de alerta, ya llega (la hora) de salir a las calles y carreteras, porque no han resuelto los temas estructurales del país, en tema económico, dólar y combustible”, dijo Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista.

El dirigente reiteró que aún no se dará hora y fecha, pero, además pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que haga cumplir la ley de organizaciones políticas, esto respecto a la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista, programado para el 11 de julio en el municipio de Villa Tunari, del departamento de Cochabamba.

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“El Tribunal Supremo Electoral está jugando con el sentimiento de la militancia y de los sectores sociales, especialmente con el movimiento indígena originario. Queremos decir, a los siete vocales supervisen el congreso de Villa Tunari, sino vamos a tener serios problemas con ellos, no vamos a aceptar ninguna intromisión”.

El 18 de mayo, el bloque evista realizó un ampliado en Cochabamba en el que se declararon en “emergencia permanente” y señalaron que están en situación de «apronte», por lo que se pidió a las bases organizarse para “futuras movilizaciones”.

“Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles”, indicaron entonces.

Además, exigieron el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

“Hemos sido claros, porque en 72 horas tenían que tratar la ley 073 y 075, como han incumplido y no ha convocado David Choquehuanca, por lo tanto, nuevamente decimos y como está en la resolución (del 18 de mayo), debe convocar inmediatamente a una sesión ordinaria de la Asamblea para tratar ambas leyes. Caso contrario ya lo veremos”, advirtió Santos.

Por tercera vez, la audiencia de Luis Fernando Camacho fue reprogramada, ahora para el 16 de julio. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue tajante respecto de la imposibilidad de trasladar al gobernador electo de Santa Cruz al penal de Palmasola. Consideró que se necesitaría de 60.000 policías para el resguardo.

“No hay condiciones materiales (…), necesito por lo menos 60.000 policías. ¿Ustedes consideran que los 37.000 policías (que hay en todo el país) son suficientes para evitar que se quemen nuevamente 28 instituciones públicas y privadas? (…); puede haber una convulsión social nuevamente”, supuso el ministro el miércoles en entrevista con el programa Poder y Placer.

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Traslado

Del Castillo respondió así cuando se le consultó por el traslado de Camacho, detenido en Chonchocoro, La Paz, a Santa Cruz. El pasado lunes debía presentarse físicamente, pero las autoridades advirtieron que no había condiciones para su traslado.

Camacho fue detenido el 30 de diciembre de 2022 a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en el Palacio Quemado con Biblia en mano.

Cuando se conoció su aprehensión, en Santa Cruz se desató el caos. Figuras próximas a Camacho incendiaron varias instituciones a manera de reclamo. La Fiscalía Departamental sufrió varios daños y la casa del ministro Édgar Montaño fue saqueada.

De acuerdo con Del Castillo, el Consulado de los Estados Unidos también resultó afectado.

Paro

De igual manera, entre noviembre y diciembre de 2022 Camacho encabezó, junto a otros cívicos, un paro de 36 días en pedido del Censo de Población y Vivienda. En esa oportunidad, las medidas se radicalizaron; se quemaron varios edificios, como la sede campesina, y se registraron al menos tres muertos. Además de los peajes y el marcado racismo que se observó en las movilizaciones.

Por todo ello, el ministro Del Castillo y otras autoridades del ministerio de Gobierno rechazaron que Camacho sea trasladado a Santa Cruz, para su audiencia oral por el caso Decretazo, pese a que existe una orden judicial que instruye al traslado.

El caso Decretazo investiga a Camacho por haber delegado de manera arbitraria sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) cuestionó la obligatoriedad del servicio militar y afirmó que ese sistema reproduce costumbres “patriarcales, violentas, homofóbicas y racistas”.

El lunes, el presidente Luis Arce solicitó al mando militar de las Fuerzas Armadas reflexionar sobre el marco normativo del servicio militar y, al mismo tiempo, sugirió ciertas adecuaciones necesarias. Hizo un llamado a diversificar los programas de formación técnica en las unidades militares.

El mandatario enfatizó la importancia de promover una cultura de defensa del pueblo boliviano, en línea con la doctrina de patriotas y el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, Rodríguez Veltzé sugirió explorar medidas alternativas al servicio militar obligatorio como el servicio civil, para que los jóvenes trabajen con su comunidad, entre ancianos y niños, para que sean parte de una integración cultural.

“Aplaudo la decisión del presidente Luis Arce”, reconoció en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Recomendó una reforma en la que se mantenga el servicio militar, pero, simultáneamente, instituir un servicio civil para jóvenes que trabajen y apoyen a los grupos vulnerables. “Que lo hagan quienes tiene la vocación militar, pero también se deben implementar medidas alternativas”.

Rodríguez lamentó que, en los últimos 20 años, se registraron, por lo menos, 60 jóvenes que fallecieron en ejercicios militares, conflictos sociales o castigos. “Hay absoluta impunidad. Hay decenas de chicos lesionados y con lesiones graves”.

Recordó que en dos ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) admitió dos denuncias en contra de la obligatoriedad de asistir al servicio.

Contó que, durante su gobierno (en 2005), el caso Díaz Bustos hizo valer la objeción de conciencia en relación al servicio militar obligatorio y que el Estado pudo resolver su caso con la entrega de una libreta militar.

El segundo que recordó fue el caso Orías Calvo, a finales de 2016, se interpuso una objeción de conciencia respecto del servicio militar por su vocación de paz. “El 2021, la Comisión IDH declaró admisible el reclamo”.

Por ello, resaltó la importancia de explorar el debate previo de la Asamblea Constituyente para encontrar las razones del por qué se mantuvo el servicio militar obligatorio en Bolivia. “Si uno examina, en la Constitución de 1967 no se cambió una coma”.

“Cuan útil es esta reflexión del tiempo constituyente”, insistió.

La Constitución dispone la obligatoriedad de este servicio a la patria. Su artículo 108 indica que “prestar el servicio militar es obligatorio para los varones”. Mientras que el artículo 249 remarca que “todo boliviano estará obligado a prestar Servicio Militar, de acuerdo con la ley”. Y en los últimos años se abrió la opción para que las mujeres se sumen de forma voluntaria.

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