El Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales instó a los sectores sociales a estar alertas porque pronto se saldrá a las carreteras debido a que el Gobierno no resolvió los problemas estructurales del país como son el económico, político y social.

“En este momento, como Pacto de Unidad, hacemos conocer a todos los sectores sociales, no solamente la confederación única de campesinos, ni interculturales, ni bartolinas, sino mineros y transportistas a ponerse en estado de alerta, ya llega (la hora) de salir a las calles y carreteras, porque no han resuelto los temas estructurales del país, en tema económico, dólar y combustible”, dijo Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista.

El dirigente reiteró que aún no se dará hora y fecha, pero, además pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que haga cumplir la ley de organizaciones políticas, esto respecto a la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista, programado para el 11 de julio en el municipio de Villa Tunari, del departamento de Cochabamba.

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“El Tribunal Supremo Electoral está jugando con el sentimiento de la militancia y de los sectores sociales, especialmente con el movimiento indígena originario. Queremos decir, a los siete vocales supervisen el congreso de Villa Tunari, sino vamos a tener serios problemas con ellos, no vamos a aceptar ninguna intromisión”.

El 18 de mayo, el bloque evista realizó un ampliado en Cochabamba en el que se declararon en “emergencia permanente” y señalaron que están en situación de «apronte», por lo que se pidió a las bases organizarse para “futuras movilizaciones”.

“Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles”, indicaron entonces.

Además, exigieron el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

“Hemos sido claros, porque en 72 horas tenían que tratar la ley 073 y 075, como han incumplido y no ha convocado David Choquehuanca, por lo tanto, nuevamente decimos y como está en la resolución (del 18 de mayo), debe convocar inmediatamente a una sesión ordinaria de la Asamblea para tratar ambas leyes. Caso contrario ya lo veremos”, advirtió Santos.

Por tercera vez, la audiencia de Luis Fernando Camacho fue reprogramada, ahora para el 16 de julio. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue tajante respecto de la imposibilidad de trasladar al gobernador electo de Santa Cruz al penal de Palmasola. Consideró que se necesitaría de 60.000 policías para el resguardo.

“No hay condiciones materiales (…), necesito por lo menos 60.000 policías. ¿Ustedes consideran que los 37.000 policías (que hay en todo el país) son suficientes para evitar que se quemen nuevamente 28 instituciones públicas y privadas? (…); puede haber una convulsión social nuevamente”, supuso el ministro el miércoles en entrevista con el programa Poder y Placer.

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Traslado

Del Castillo respondió así cuando se le consultó por el traslado de Camacho, detenido en Chonchocoro, La Paz, a Santa Cruz. El pasado lunes debía presentarse físicamente, pero las autoridades advirtieron que no había condiciones para su traslado.

Camacho fue detenido el 30 de diciembre de 2022 a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en el Palacio Quemado con Biblia en mano.

Cuando se conoció su aprehensión, en Santa Cruz se desató el caos. Figuras próximas a Camacho incendiaron varias instituciones a manera de reclamo. La Fiscalía Departamental sufrió varios daños y la casa del ministro Édgar Montaño fue saqueada.

De acuerdo con Del Castillo, el Consulado de los Estados Unidos también resultó afectado.

Paro

De igual manera, entre noviembre y diciembre de 2022 Camacho encabezó, junto a otros cívicos, un paro de 36 días en pedido del Censo de Población y Vivienda. En esa oportunidad, las medidas se radicalizaron; se quemaron varios edificios, como la sede campesina, y se registraron al menos tres muertos. Además de los peajes y el marcado racismo que se observó en las movilizaciones.

Por todo ello, el ministro Del Castillo y otras autoridades del ministerio de Gobierno rechazaron que Camacho sea trasladado a Santa Cruz, para su audiencia oral por el caso Decretazo, pese a que existe una orden judicial que instruye al traslado.

El caso Decretazo investiga a Camacho por haber delegado de manera arbitraria sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) cuestionó la obligatoriedad del servicio militar y afirmó que ese sistema reproduce costumbres “patriarcales, violentas, homofóbicas y racistas”.

El lunes, el presidente Luis Arce solicitó al mando militar de las Fuerzas Armadas reflexionar sobre el marco normativo del servicio militar y, al mismo tiempo, sugirió ciertas adecuaciones necesarias. Hizo un llamado a diversificar los programas de formación técnica en las unidades militares.

El mandatario enfatizó la importancia de promover una cultura de defensa del pueblo boliviano, en línea con la doctrina de patriotas y el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, Rodríguez Veltzé sugirió explorar medidas alternativas al servicio militar obligatorio como el servicio civil, para que los jóvenes trabajen con su comunidad, entre ancianos y niños, para que sean parte de una integración cultural.

“Aplaudo la decisión del presidente Luis Arce”, reconoció en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Recomendó una reforma en la que se mantenga el servicio militar, pero, simultáneamente, instituir un servicio civil para jóvenes que trabajen y apoyen a los grupos vulnerables. “Que lo hagan quienes tiene la vocación militar, pero también se deben implementar medidas alternativas”.

Rodríguez lamentó que, en los últimos 20 años, se registraron, por lo menos, 60 jóvenes que fallecieron en ejercicios militares, conflictos sociales o castigos. “Hay absoluta impunidad. Hay decenas de chicos lesionados y con lesiones graves”.

Recordó que en dos ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) admitió dos denuncias en contra de la obligatoriedad de asistir al servicio.

Contó que, durante su gobierno (en 2005), el caso Díaz Bustos hizo valer la objeción de conciencia en relación al servicio militar obligatorio y que el Estado pudo resolver su caso con la entrega de una libreta militar.

El segundo que recordó fue el caso Orías Calvo, a finales de 2016, se interpuso una objeción de conciencia respecto del servicio militar por su vocación de paz. “El 2021, la Comisión IDH declaró admisible el reclamo”.

Por ello, resaltó la importancia de explorar el debate previo de la Asamblea Constituyente para encontrar las razones del por qué se mantuvo el servicio militar obligatorio en Bolivia. “Si uno examina, en la Constitución de 1967 no se cambió una coma”.

“Cuan útil es esta reflexión del tiempo constituyente”, insistió.

La Constitución dispone la obligatoriedad de este servicio a la patria. Su artículo 108 indica que “prestar el servicio militar es obligatorio para los varones”. Mientras que el artículo 249 remarca que “todo boliviano estará obligado a prestar Servicio Militar, de acuerdo con la ley”. Y en los últimos años se abrió la opción para que las mujeres se sumen de forma voluntaria.

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El precandidato presidencial por la alianza Cambio 25 y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, desahució la propuesta de elecciones primarias abiertas de Carlos Mesa, líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

“Tiene un alto costo; unas elecciones nacionales más o menos le salen al país alrededor de Bs 270 millones. El señor Carlos Mesa está planteando dos cosas en uno: que las primarias sean parte del proceso eleccionario de 2025, entonces estaríamos pensando que gastarían Bs 270 millones en las primarias; otros Bs 270 millones en las nacionales, eso implicaría un alto costo en un país quebrado (…), creo que es inviable. No estamos de acuerdo”, cuestionó en conferencia de prensa.

Carlos Mesa

El martes, Mesa reiteró su propuesta de llevar adelante elecciones primarias abiertas, para que, en su criterio, todos los ciudadanos, no solo los militantes, puedan elegir los binomios de las organizaciones políticas para las elecciones presidenciales. En esta ocasión, Mesa propuso que ambas, primarias y nacionales, se lleven a cabo en 2025.

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En criterio del expresidente, esto permitirá que la atención del Órgano Electoral esté enfocada en la realización de las elecciones judiciales para este año.

Sin embargo, Cuéllar se mostró optimista en que opositores y oficialistas lleguen a un acuerdo para viabilizar las judiciales en esta gestión. Así, descartó que las primarias deban modificar su calendario previsto para septiembre de 2024.

“¿Vamos a destinar Bs 270 millones para los políticos? ¿Para que se autoelijan en sus partidos políticos?”, cuestionó Cuéllar.

Cuéllar

Justamente, Cuéllar y la alianza Unidad es Posible buscan una alternativa a los políticos tradicionales. Dicha alianza se compone por políticos de agrupaciones alternativas o independientes, como Agustín Zambrana, de El Bunker, o Amparo Ballivián.

Consideran que, en más de tres elecciones nacionales, ningún político ha podido hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS). Entonces, buscan una candidatura que provenga “de la ciudadanía”.

Sin embargo, pese al rechazo de la propuesta, el precandidato por Cambio 25 no está cerrado a posibles acuerdos en relación a otros temas con CC. “Esperemos que se den puntos de coincidencia”, auguró.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) consideró que el orden constitucional con relación a la reelección indefinida todavía está abierto y que el “pueblo soberano” debe tomar una decisión al respecto.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el también expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia afirmó que hay una “necesidad constituyente” de que el pueblo soberano decida. “No serán los sabios del Tribunal ni las autoridades; deberíamos llevar esto a una decisión soberana de la gente que decida cuál es el orden de la reelección”.

La reelección indefinida es un tema que está en cuestión, principalmente, entre las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, el asunto tiene antecedentes que datan desde hace varios años.

El expresidente Evo Morales ganó dos elecciones bajo la nueva Constitución, en 2009 y 2014. En 2019, se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos.

En 2016, impulsó el referéndum para la modificación de la Constitución para una nueva repostulación. En ese proceso electoral, el No a la modificación de la Constitución se impuso con un 51,3% de los votos y el Sí logró 48,7%

Pese a ello, se presentó en las presidenciales gracias al amparo de la Sentencia Constitucional 84/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que reivindicó la reelección como un derecho humano. Aunque en 2019 ganó los comicios, la oposición denunció “fraude” y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política y salir del país.

Al respecto, Rodríguez consideró que la Sentencia 084/2017 del TCP fue «desafortunada» y que los miembros de ese tribunal interpretaron la ley a su manera. 

Uno de los argumentos que utilizó Morales fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

En criterio de Rodríguez, el problema requiere una salida política ciudadana, debido a que el TCP no goza de legitimidad por la prórroga de magistrados y consejeros de los altos tribunales, quienes no puedes ser remplazados por el empantanamiento de las elecciones judiciales.

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