Sunday 19 May 2024 | Actualizado a 23:37 PM

Ley Electoral, problemas de diseño, dilemas de lectura

Se viene el debate sobre la reforma de la Ley del Régimen Electoral. El tema es determinar los puntos o ejes más conflictivos, a fin de establecer un marco de discusión productivo. 

/ 19 de abril de 2015 / 04:08

Las decisiones y actuaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de algunos tribunales departamentales han sido, por lo menos, polémicas. ¿En qué medida esto se debe a limitaciones, vacíos o contradicciones que trae la propia norma, la Ley del Régimen Electoral? En consecuencia, ¿por dónde debería ir una rectificación de los males o ambigüedades hasta ahora detectados en las dos últimas elecciones, especialmente en la subnacional? Pero también: ¿es problema de la ley o de los operadores de la ley?

Desde el TSE, el vocal Ramiro Paredes llama la atención a que el tema sea visto en un contexto amplio: el “juego electoral”, afirma, es una interacción entre ciudadanía, organizaciones políticas, autoridades, normas y procedimientos, “no interviene solo lo jurídico, sino también las conductas de los actores. Las normas han sido elaboradas para que las personas adecuen sus actuaciones a sus prescripciones. Si vemos así las elecciones, debemos señalar que algunos actores incumplieron los mandatos legales, los problemas han sido provocados por ciertas personas que, por ejemplo, ignoraron las prohibiciones o renunciaron días antes al acto de la votación”.

Con todo, el vocal no deja de reconocer precisas falencias de la norma: “debilidad de la garantía de debido proceso electoral, estrechez de los plazos de sustitución de candidatos, que impide realizar las medidas administrativas correspondientes, plazos muy estrechos para gestionar la enorme carga procesal, déficit conceptual de la propaganda gubernamental, falta de tipificación del delito de publicación de encuestas por personas no autorizadas por ley”.

Para el abogado constitucionalista Williams Bascopé, aparte de fallos en la “técnica legislativa” en la confección de la ley, los problemas de fondo surgen por las contradicciones que hay entre algunos textos de la Ley del Régimen Electoral y derechos consagrados en la Constitución. El más reciente es el referido a la cancelación de la personería jurídica de Unidad Demócrata (UD) en Beni. Cuando una organización política —como pasó— transgrede una disposición referida al ámbito de la información (la difusión de una encuesta), la Ley señala dos tipos de sanciones, una económica y otra, la suspensión. Mientras la primera es la más razonable, la segunda es francamente desproporcionada, apunta Bascopé: “lo proporcional es darle una sanción económica, porque este artículo (136 de la Ley del Régimen Electoral) está atentando al derecho político a ser elector y ser elegido, y de la ciudadanía de ir a votar por un candidato; eso es inconstitucional”.

Ante estos argumentos, en reiteradas ocasiones los vocales se defendieron alegando que lo suyo solo es la aplicación del sentido estricto de la ley: es el caso de la suspensión de UD en Beni. El artículo 136 es explícito, lo cual no abre campo a ninguna interpretación de parte del TSE.

En palabras de Ramiro Paredes: “Nosotros aplicamos la ley bajo el principio de presunción de constitucionalidad de cada uno de sus artículos, no tenemos la facultad de cotejar o interpretar si un artículo es constitucional o no, esa es tarea del Tribunal Constitucional”.

Es el caso, por ejemplo, de la prohibición a exlegisladores a postular a candidaturas municipales porque su “residencia” durante cinco años, según el TSE, fue La Paz; ahora, que esta prohibición “debería tener mayor precisión en la normativa electoral, eso es evidente”, destaca Paredes.

Este es un razonamiento inadecuado para el politólogo Jorge Lazarte. En primer lugar, dice, el vocal electoral es un juez, una “autoridad jurisdiccional”, y que esto de que la normativa es incompleta, con vacíos o contradictoria, no es un hecho nuevo ni peculiar de la actual ley. En la legislación electoral de los 90, heredada del periodo “predemocrático”, igual se presentaban problemas y tensiones en la misma ley, y la Corte Electoral Nacional (CNE) de entonces, de la cual Lazarte fue vocal, se orientaba —recuerda— antes que por la “letra muerta de la ley”, por el “sentido del derecho”.

“En la Corte de los años 90 también se encontraron estos problemas en la ley, pero en ese entonces había un sentido no de letra muerta de la ley, sino de recurrir a los principios del derecho, es decir, de razonar de manera jurisdiccional, y decir cómo podemos nosotros salvar este vacío”. Y los vacíos se los puede salvar, argumenta, apelando a la jurisprudencia, a los principios constitucionales o al sentido mismo del derecho, razonar por analogía.

Para el exvocal, en rigor, el juez electoral, como todo juez, está obligado a interpretar la ley. “Eso de que nosotros no interpretamos, no tiene sentido; legalmente no se lo hace porque esto está reservado a organismos especializados (el Tribunal Constitucional), pero no pueden decir que no interpretan, y las interpretaciones que han hecho han sido violatorias del texto constitucional, porque en la lectura correcta el sentido de la palabra es siempre el contexto”. De aquí que para Lazarte, las dificultades que ha tenido el actual proceso electoral no se deben, al menos principalmente, a la ley misma, sino a los operadores de la ley.

“En mi convicción, lo que está ocurriendo en el proceso electoral no es cuestión solo de la ley, ni siquiera de manera principal, sino de las responsabilidades de los operadores del Órgano Electoral; este fue el problema en toda la historia del país; el problema del país nunca estuvo en las leyes, ni en la Constitución, que además (paradójicamente) siempre estuvieron avanzadas (en relación a su época), sino en los operadores”. Por eso, dice, aparte de los vacíos que pudiera tener la ley, “el otro problema grande es la forma de elección de los miembros del Órgano Electoral…”

Para el vocal Paredes, las dificultades de la Ley Electoral y su aplicación también tienen que ver con la novedad de los procesos: “Estos comicios subnacionales fueron los primeros que se han realizado en el marco de la Ley del Régimen Electoral; vale decir, (ésta) ha sido puesta a prueba y ello ha permitido observar algunas falencias como, por ejemplo, en lo que se refiere a los plazos de sustitución de candidatos, los que son muy estrechos para la administración electoral”.

Cuando se planteó al vocal del TSE la posibilidad de que ante las dificultades que hubo, el Órgano Electoral acaso reaccionó tardíamente, no previendo los problemas que se venían, decidiendo “sobre la marcha”; y esto dado el, al parecer, mayor poder de decisión que hoy tienen en el marco de la nueva Ley Electoral, Paredes rechazó tal presunción:

“Habrá que comparar el grado de disposición de poder de las actuales autoridades con las que se constituyeron con las anteriores leyes, para saber si tenemos mucho poder. Nuestra actitud de anticipación a los hechos se plasma en la planificación y el calendario electoral, instrumentos que nos señalan anticipadamente las actividades que tienen que realizar todos los actores electorales, así, no improvisamos nada y tampoco hacemos acciones en la marcha, solo actuamos en términos legales”.

Las decisiones polémicas del TSE (o del Tribunal Departamental de Chuquisaca, al anular un voto ya computado, válido) lo que han generado, interviene el constitucionalista Bascopé, es incertidumbre. “No hay un debido proceso; en este sentido, esta ley está violando un principio universal, un derecho: la seguridad jurídica, que es la certeza que debe tener todo ciudadano para el actuar del Estado; la claridad de la ley y lo que va hacer la autoridad del Estado; saben a qué atenerse tanto la autoridad como el ciudadano”.

El abogado también propone ver en contexto la cuestión del carácter inapelable de las decisiones del TSE; en rigor, aclara, el máximo tribunal electoral si bien es inapelable, existe por fuera una normativa por la que se puede frenar sus arbitrariedades, especialmente cuando se trata de la violación de derechos fundamentales.

“Agotada la vía (de reclamos) inclusive en el Tribunal Supremo Electoral, puede haber una acción de amparo constitucional, una acción heroica que ve el Tribunal Constitucional; no hay ‘cosa juzgada’ cuando se viola derechos constitucionales; si los vocales del TSE dicen que no hay la posibilidad de otra apelación, sí pueden ir a un amparo: éste no puede desconocerse, porque el máximo tribunal, el TCP, puede tranquilamente tutelar ciertos derechos que viole el TSE; ellos (las autoridades electorales) no son un poder dentro del mismo Estado; no son un Estado dentro del Estado”. Para el constitucionalista, el actual texto electoral transgrede al menos cuatro derechos fundamentales: el derecho político, a la información, a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica.

Por su parte, la abogada Moira Sandóval llama la atención acerca de la ausencia del debido proceso (“una garantía, derecho y principio del derecho positivo”) particularmente en el artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral, por el cual se canceló la personalidad jurídica de Unidad Demócrata en el Beni.

Lo que Sandóval cuestiona es que este artículo, que castiga una falta, no contemple, como en toda sanción de orden público, un “proceso sancionatorio, con sus respectivas fases de cargos, periodo probatorio de descargos y luego de la evaluación de las pruebas, recién producir la emisión de la respectiva resolución sancionatoria o desestimatoria”; de ahí que —observa— la redacción del artículo 136, “sin lugar a dudas (…) es de corte autoritario, pues no prevé ni por asomo el procedimiento a seguirse (…) y faculta a la autoridad electoral a perpetrar un acto discrecional, porque no contempla el debido proceso y además no guarda proporcionalidad entre la sanción y la infracción”.

Con la Ley del Régimen Electoral se pretendió introducir un cambio cualitativo en relación a la norma anterior, pero es aquí donde el politólogo Lazarte encuentra uno de los mayores fallos de la ley: la falta de consenso al ser concebida.

“Quizás una de las grandes fallas operativas de estos problemas que sin lugar a dudas existen en la ley, pero que no explican el comportamiento del Órgano Electoral, es que no fue una ley consensuada”; a diferencia, señala, de lo que se hizo en los años 90, cuando cada cambio era consultado y consensuado con los partidos políticos.

Por esta vía —afirma— el relativo drama de la actual ley expresa uno de mayor dimensión: la actual crisis del sistema político partidario: “en términos de partidos, yo creo que no ha habido una crisis de la estructura partidaria, en toda la historia del país, como la que hay ahora; en rigor de verdad, no hay partidos en Bolivia en este momento”, asevera Lazarte.

Por eso, concluye, hay tres grandes “huecos” en la Ley Electoral: su inspiración y filosofía, la “creencia de que los partidos pueden ser prescindibles, y que las organizaciones sociales (como tales) pueden incursionar en la política”; luego, las disfunciones internas de la ley, que no es muy clara, es contradictoria y desigual, que no es garantista en el sentido en que esté de acuerdo siempre con la Constitución; y el tercer gran problema es la metodología con la que se la elaboró.

Faltó tiempo para la acción administrativa: Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral

Cuando la norma permite sustituciones y renuncias sin lugar a sustitución  hasta un tiempo muy cercano a la jornada electoral, se producen problemas, no se dispone del suficiente tiempo para tomar medidas administrativas y presupuestarias para informar de ese hecho al electorado, es muy difícil comunicar estos aspectos a las autoridades de las mesas electorales.

Debe profundizarse en consensuar la norma: Jorge Lazarte, analista político

En democracia no todo puede ser consenso, pero cuando se trata de aprobar principios o reglas fundamentales, que obligan a todos, para el caso del proceso electoral, las reglas de juego del proceso electoral, eso debe ser consensuado; porque los partidos después se obligan a cumplir aquello que ellos mismos han consensuado; eso es lo que se ha roto con la actual ley.

Preocupa que cause  mayor incertidumbre: Williams Bascopé, abogado constitucionalista

Tal vez esta ley, con estas cosas ambiguas, oscuras y contradictorias y de supresiones de derechos constitucionales, va a causar mucha incertidumbre por el hecho de que se recurra al Tribunal Constitucional de manera constante; lo cual no es aconsejable, porque ya no habrá armonía entre el procedimiento administrativo electoral y lo que va a ver la justicia constitucional.

La sanción necesita de un debido proceso: Moira Sandóval, abogada, experta en Derecho Administrativo

De haberse aplicado el debido proceso, los representantes legales de UD debían ser notificados con la imputación de los cargos, y dentro de un periodo de prueba, realizar éstos sus descargos (para justificarse y/o eximirse de la sanción prevista en la tipicidad de la conducta infractora), mismos que deben argumentarse por escrito, para una apropiada defensa.

Comparte y opina:

El embrollo opositor

Una entrevista con el reconocido periodista y escritor, Fernando Molina, sobre cómo se origina y configura en el tiempo la situación actual en la vereda de los contrarios al partido de gobierno.

Por Pablo Deheza

/ 19 de mayo de 2024 / 06:55

El Punto Sobre la i

Una reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), da cuenta de un escenario poco esperanzador en la vereda opositora. Ante la pregunta sobre quién es el dirigente más capacitado para derrotar al MAS en las venideras elecciones presidenciales de 2025, 33,9% pidió un candidato nuevo y un 20,1% no se identificó con los actuales liderazgos más visibles. El alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, es quien mejor se desempeña, con un 14,8% de respaldo.

A todas luces, esto habla de un panorama fragmentado y difuso en la vereda de los contrarios al partido de gobierno. Cabe preguntarse a qué se debe esto y cómo se fueron configurando las cosas para llegar a esta situación. En realidad, lo que hoy aparece es el resultado de una acumulación histórica. Dicho de otro modo, el embrollo actual no surge de la nada.

Conversamos al respecto con el reconocido periodista y escritor, Fernando Molina. Es autor de diversos libros, ensayos y artículos sobre el devenir de la sociedad y la política en el país, lo que permite un recorrido amplio en el tiempo, intentando identificar los diversos momentos que han dado origen al presente.

¿Cómo se puede valorar hoy, siete décadas después, el impacto de la Revolución Nacional de 1952 en la política boliviana?

Con la reforma agraria y el voto universal, la Revolución Nacional creó lo que podemos llamar “el pueblo boliviano” como sujeto y referente de la política del país. No fue una invención menor. En otras latitudes, la constitución de una comunidad política en principio igualitaria constituyó la base del Estado Nación y de la democracia republicana. En Bolivia, permitió acercarse a estos objetivos, pero de manera imperfecta, porque el nuestro es un país poscolonial y, por tanto, está crucificado por el racismo estructural. De modo que la noción de “pueblo boliviano”, como todas las importaciones liberales de nuestra historia, se aclimató mal entre nosotros. Mientras un descendiente blanco no pueda reconocer a un descendiente indígena como alguien con el que pueda casarse o ser íntimo amigo, no puede decirse que haya un verdadero “pueblo boliviano”. Por esta razón histórica, el poder en Bolivia es otra cosa que un poder de clase. A esto se refería René Zavaleta con su “paradoja señorial”. La revolución burguesa del 52 fue cooptada por un bloque social formado por la clase media blanca y los residuos de la vieja clase dominante o “rosca”. Antes de 1952, la élite estaba formada por terratenientes semi-feudales y mineros semi-burgueses. En ambos casos, la argamasa que unificaba internamente a estos bloques dominantes era la similitud étnico-racial y su oposición a un “Otro” que era el mundo indígena. Un “Otro” que sirve de referente antinómico de la identidad de estas élites: las clases señoriales constituyen su ser sobre la convicción existencial de que no son indígenas. Por el otro lado, los descendientes indígenas encuentran en el mundo de los descendientes blancos un “otro” sin mayúsculas, que se les presenta como un obstáculo, pero que al mismo tiempo desean. Como vemos en la última película de Jorge Sanjinés, Los viejos soldados, los mecanismos de la Revolución Nacional, como el Control Obrero, no solo sirvieron para que los indios se educaran y enriquecieran, sino también para que se blanquearan. El poder en Bolivia siempre ha sido un medio de blanqueamiento, tal es la “paradoja señorial”.

Esta es la herencia que nos ha dejado la gran catástrofe colonial, que, por decirlo en términos psicoanalíticos, obligó a todos los habitantes de este territorio, desde 1535 hasta ahora, a internalizar el discurso del “Amo Español”, el cual nos ha dado valor en la medida en que nos parecemos a unos remotos antecesores que en su mayoría abandonaron el país a principios del siglo XIX y, al mismo tiempo, ha escarnecido y ha vejado nuestra indianidad. El discurso del “Amo Español” sigue siendo el que nos produce y reproduce a todos, tanto a descendientes blancos que sienten su fenotipo como un privilegio, aunque no verbalicen este sentimiento, como a descendientes indígenas desesperados de “ser como el otro” y que, por tanto, adoptan posiciones racistas contra sí mismos.

¿Cómo cambia, o no o en qué, la clase dirigente tradicional, la de acervo señorial, luego de la Revolución Nacional y durante las dictaduras militares?

El 52 fue el momento constitutivo de una nueva estructura social. Una estructura que concretaba de manera singular las contradicciones originarias del país, entre ellas las contradicciones étnico-raciales. La nueva élite se beneficiaba del capitalismo de Estado; este constituía su horizonte de visibilidad. También se beneficiaba de un complejo ideológico que sumaba el nacionalismo revolucionario y la ideología del mestizaje.

La hegemonía de este complejo ideológico fue poderosa. Sin embargo, ni las sociedades ni los poderes son completamente estables nunca. Ciertos sectores anticomunistas y supremacistas blancos, sobre todo de Santa Cruz (Falange), se sintieron afectados por los cambios, no se adaptaron a la Revolución y la socavaron. El Estado del 52 también fue atacado desde la izquierda porque no supo resolver la cuestión de la dependencia.

Barrientos y Banzer fueron la respuesta anticomunista del nacionalismo revolucionario a la radicalización cristiano-marxista de los jóvenes en los 60. Ambos dictadores dijeron que buscarían la restauración, y era verdad, pero en los hechos no pudieron escapar a la sombra del Estado del 52, es decir, al desarrollismo con capitalismo de Estado. Era, además, lo que correspondía con la orientación mundial en la posguerra hasta la crisis de la deuda de los 80.

En la lucha contra las dictaduras militares apareció una nueva ideología tan poderosa como el nacionalismo revolucionario, la ideología democrática, asentada la lucha de los movimientos sociales bolivianos por las libertades civiles.

¿Qué tan importante es lo que sucedió entre 1982 y 1986, desde la llegada de Hernán Siles Suazo al poder hasta la aplicación de la Nueva Política Económica con Víctor Paz Estenssoro?

Muy buena pregunta. La historiografía no ha comprendido la importancia de este momento, que es el de quiebre del Estado del 52. La hiperinflación fue un terremoto que sacudió de tal manera a los bolivianos que los llevó a abandonar, temporalmente, la ideología nacionalista-revolucionaria que, desde los años 30 del siglo XX, se había ido decantando como la forma específicamente boliviana de modernización.

Sin la hiperinflación, el proyecto neoliberal no hubiera podido despegar, mucho menos alcanzar la forma radical que tuvo en el gonismo. Se debe entender como una ruptura epistemológica.

Gonzalo Sánchez de Lozada condensaba la paradoja señorial en sí mismo: por un lado, hijo de un jerarca de la Revolución, Enrique, y, por el otro lado, nieto de un patricio del liberalismo rosquero, Daniel Sánchez Bustamante. Y, en tercer término, sucesor de Simón Patiño. Solo él pudo ejecutar la restauración prometida por Barrientos y Banzer: pasó de la ideología antipatiñista y nacionalista de su padre (y de su partido) y ejecutó en cambio el librecambismo crudo y proyanqui de su abuelo.

Con ello, ¿qué quedó de la Revolución? Los discursos y libros pendejos de Guillermo Bedregal y los esquizofrénicos actos de homenaje que hacía el MNR cada 9 de abril. Goni obtenía cierto voto campesino, pero odiaba lo que debía hacer (bañarse en mixtura) para conseguirlo, como confesó en Our Brand is Crisis.

La hiperinflación y Goni mataron a la Revolución Nacional. No sabíamos entonces que retornaría de entre los muertos. Por otra parte, la hiperinflación causó una derrota histórica, de 20 años, de la izquierda boliviana.

¿Cómo se puede caracterizar la relación entre la clase dirigente del ciclo neoliberal, o de la democracia pactada, con las clases populares e indígenas?

El neoliberalismo fue una ola mundial que encandiló a la elite, que se deshizo del Estado del 52 para perseguir la nueva panacea. Por su fiebre privatista y trasnacional, la élite neoliberal perdería a la larga el poder, no sin antes dejar a los sectores nacionalista- revolucionarios duros completamente en manos de la izquierda extraparlamentaria.

En esta encrucijada, el MIR (incluyendo a su ala MBL) se extravió. Su papel histórico debiera haber sido constituir una alternativa de izquierda democrática al neoliberalismo. No olvidemos que dirigía a muchos sectores populares, aunque siempre mediándolos con una representación de la clase media tradicional o blanca. Quizá esto fue lo que hizo imposible que este partido se resistiera a la moda neoliberal, que parecía beneficiar a esta clase media por la ligazón que esta tenía con la “globalización”. Lo cierto es que el MIR la siguió y con ello se destruyó a sí mismo, al mismo tiempo que dejaba el campo de la izquierda completamente libre para el MAS.

¿Cómo queda la relación entre las clases a favor y en contra del MAS luego del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada?

Se cumplió la profecía de Zavaleta en Las masas en noviembre: los plebeyos llegaron al poder por sí mismos, pero también llegaron, nunca debe olvidarse, llevando a cuestas el discurso del “Amo Español” y con el deseo de satisfacer el “goce” que les había sido negado durante toda la historia republicana. Una fuerza que busca el goce no puede más que sumergirse sin resistencia en el flujo extractivista y desarrollista de la sociedad contemporánea. El discurso del “vivir bien” fue la cobertura consciente del inconsciente gozante. Así, el goce identitario (ser indígena se convirtió en un mecanismo de acceso al poder), el goce del mando político (la reelección) y el goce del nuevorriquismo se articularon al goce extractivista.

¿Hubo intentos desde la vereda de las actuales oposiciones tradicionales para acercarse nuevamente a las clases populares e indígenas o cómo es que vienen actuando?

En 2018 escribí un artículo titulado “La sociología del mesismo”, en el que mostraba que el partido del expresidente Carlos Mesa era “demasiado blanco” y no interpelaba a los descendientes indígenas, muchos de ellos ya en la clase media y en proceso inicial de blanqueamiento, pese a que estos ya se estaban decepcionando de Evo Morales. Me condenaron por “traición de clase”. Dos años después, Mesa explicó su derrota en las elecciones de octubre de 2020 con un argumento muy parecido: solo había obtenido los votos de la clase media tradicional, etc.

El gobierno de Jeanine Añez tuvo la oportunidad de aprovechar la desarticulación del bloque de poder masista en 2019, para conseguir sectores indígenas y sindicales que la respaldaran, pero desperdició este chance porque siguió a rajatabla los humores radicalizados de la clase media tradicional, que querían “sentar la mano” a los indígenas.

En cuanto a lo positivo, el más impresionante logro de una oposición de corte popular fue el triunfo de Soledad Chapetón en El Alto en 2015. Varios alcaldes y gobernadores actuales también han sabido tejer redes políticas en los sectores subalternos. Según las encuestas, un político que tiene atractivo para los descendientes indígenas de la clase media ascendente es Samuel Doria Medina y su propuesta de emprendimientos populares.

También puede leer: El desplazamiento del camachismo

Estas experiencias son raras porque hay un bloqueo de partida. Muchos sectores de oposición no han aceptado que el MAS ha sido resultado del neoliberalismo y que no será con neoliberalismo que lograrán vencer al MAS. Por otra parte, no han comprendido que deben apartarse de la tendencia de la élite criolla/mestiza a proyectar su identidad étnico-racial como la única universal boliviana. En mi opinión, estos dos pasos causarían un automático debilitamiento del monopolio que ejerce el MAS en la representación a los sectores indígenas y populares.

En la perspectiva de cierta oposición, hacer el esfuerzo de salir de la zona de confort no vale la pena, porque no le va a dar votos en las próximas elecciones. Esta percepción se agrava ahora que se han puesto de moda los valores de ultraderecha y cuando ciertos sectores del electorado son supremacistas blancos.

Para mí esta cuestión va mucho más allá de los cálculos electorales (aunque también los incluya). Un sistema político sin segregación de los indígenas en el “gueto MAS” y sin instrumentalización de los indígenas por los demás partidos sería un paso hacia una sociedad no racista y, por tanto, más democrática.

¿Cómo impacta el gobierno de Jeanine Añez en la vereda de las oposiciones tradicionales?

Fue una grave derrota, porque desperdició la oportunidad objetiva que se presentó de vencer al MAS. Recién ahora la oposición (la que no participó en este gobierno) se está recuperando de esta derrota. Si no hubieran estallado la crisis económica y la división del MAS, su recuperación habría tardado más.

A partir de todo lo anterior, ¿Cuál es la situación actual de las oposiciones tradicionales? ¿Cuáles son las principales causas que permiten explicar su dispersión y ausencia visible de propuestas para el colectivo nacional?

Las oposiciones están fragmentadas porque están fuera del poder desde hace mucho. Esto no ha permitido que emerja un caudillo fuerte que pueda articularlas. Pero si uno de los líderes opositores llegara al gobierno el próximo año, la cosa cambiaría por completo. Así es el sistema político boliviano: caudillista y rentista.

En cuanto al discurso, la oposición sí tiene uno: superar la crisis actual del modelo estatista. Este discurso puede darse con diferentes variantes: puede ser utópico, a lo Añez o a lo Antonio Sarabia, y ofrecer una restauración neoliberal. En ese caso probablemente falle en democracia si no se da una “ruptura epistemológica” y surgen condiciones sociales tan extremas como las de la hiperinflación de los 80.

Al llegar al poder, los plebeyos han obtenido unos niveles de acceso al goce que no van a perder fácilmente. Por eso un hipotético discurso opositor exitoso no solo debería apoyarse en el cansancio y la envidia que existen tras tantos años de poder masista; también tendría que demostrar que va a incorporar a los grupos populares e indígenas ya empoderados dentro un “pueblo boliviano” más igualitario.

 (*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

Comparte y opina:

El orden económico mundial se desmorona

Nuevos proteccionismos pululan por el mundo hoy en día, cuestionando el otrora liberalismo dominante.

El exvicepresidente Álvaro García Linera.

Por Álvaro García Linera

/ 19 de mayo de 2024 / 06:42

Dibujo Libre

Continúan los lamentos del prestigioso semanario económico conservador The Economist. La edición del 9 de mayo le dedica investigación, tinta y abundante frustración para comprobar lo que califican como el “lento desmoronamiento del orden internacional liberal” que predominó durante 40 años.

El rosario de quejas se inicia con la parálisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC), considerada hasta hace poco como la portaestandarte y guardián del globalismo mercantil. Desde hace 5 años, deliberadamente, han quedado acéfalas las representaciones de las grandes potencias, dejando al “libre” albedrio de los gobiernos el rechazo a la apertura de sus mercados. En las siguientes paginas desmenuza la sucesión de “desglobalizaciones” que han proliferado en el mundo, comenzando por la guerra de aranceles, no solo entre China y EEUU, sino ahora también, entre la Unión Europea (UE) y China que, vaticinan, habrá de recrudecer en los siguientes meses. La UE está a punto de imponer elevados impuestos para impedir la presencia arrasadora de los automóviles eléctricos chinos, que son más eficientes y baratos que los de la pesada industria europea. Por su parte, el gobierno del Reino Unido acaba de impedir que empresarios chinos compren una fábrica de chips y, tragándose la retórica del libre mercado, han decidido, por “seguridad nacional”, vendérsela a inversionistas norteamericanos, claramente menos competitivos. Por si fuera poco, el candidato Donald Trump, que amenaza a los estadounidenses con un “baño de sangre” si no gana las elecciones, ha anunciado que subirá los aranceles a los productos chinos, del 25% al 60%. La libertad de comercio ya no arrastra votos. Hoy lo hace el “made in EEUU”.

Al “indignante” incremento mundial de regímenes de regulación y control estatal de las inversiones extranjeras, The Economist incorpora, con sobria resignación, los reveladores gráficos del declive del comercio mundial, de la retracción de los capitales transfronterizos e incluso del comercio de servicios. Abatido ante este derrumbe del orden global liberal, el semanario enumera otras dos medidas de esta inevitable catástrofe: la primera, la acelerada divergencia de precios de los mismos bienes en países diferentes. La añorada utopía de un mercado único planetario con un precio estampilla, queda aplastada por la realidad de un mundo fragmentado por mercados regionalizados y lealtades geopolíticas en la que cada país impone políticamente la diferencia de precios. Y la segunda, el reverdecer de “políticas industriales”, esto es, subsidios estatales para crear empresas, privadas o estatales, en suelo patrio a fin de garantizar “soberanía” y “autonomía” nacional en esos rubros.

Curiosamente, y a apropósito de esta “tragedia” del ascenso del “nacionalismo económico” el FMI ha publicado la investigación “The return of industrial policy in data 2024”. Parece que la retórica de la “eficiente asignación de recursos del mercado” ya solo queda para los incautos y, ante lo inevitable, el FMI hace “sugerencias” para unas “eficientes” subvenciones que no “agraven” aún más la geofragmentación. Enumera que, mientras en el año 1990, las acciones de política industrial no llegaban ni a 70, y eran solo en países periféricos, el 2023, se han producido más de 2.500 intervenciones de políticas industriales en el mundo que, esta es una joyita lingüística del FMI, “discriminan” intereses extranjeros. Y lo peor es que estas medidas no las encabezan países marginales, engullidos por populismos desenfrenados, sino los baluartes del capitalismo moderno: EEUU, Europa y China, que ahora compiten en subsidios con las llamadas “economías emergentes”. Al final, el FMI se inclina por un tipo de orden global hibrido en el que el proteccionismo y las subvenciones selectivas en la industria se combinen con liberalizaciones de la relación salarial y de la inversión extranjera “amiga”.

Pero no solo las grandes instituciones económicas defensoras del antiguo orden global liberal constatan su lenta fosilización, sino que son también las elites políticas occidentales las que salen a justificar esta nueva oleada soberanista. No ha sido un comunista trasnochado quien ha arrojado al “infierno” el libre comercio, sino el presidente Joe Biden en su discurso ante los sindicalistas norteamericanos el año pasado. Y ha sido el mismísimo Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de EEUU, que recibió al presidente electo de Argentina, Javier Milei, en visita a Estado Unidos en noviembre del 2023, el que semanas antes había expuesto brillantemente la “estrategia industrial estadounidense” para garantizar su “seguridad nacional”. Tengo curiosidad de saber que habrá hecho Milei, con sus acartonadas frases paleolibertarias aprendidas de Murray Rothbard, al chocarse con el ferviente defensor de un “patio pequeño y valla alta”, es decir, proteccionista, para las tecnologías estratégicas estadounidenses en las áreas de inteligencia artificial, microprocesadores, computación cuántica y las llamadas energías verdes.

Para no quedar muy cortos ante la historia, los políticos europeos, fervientes defensores del liberalismo económico, ahora también están mudando de ropaje y asumiendo el alegato soberanista. Se trata de un travestismo ideológico obligado por la inferiorizacion económica frente a China. En un extenso discurso pronunciado el 25 de abril en La Sorbona, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expuesto de manera sistemática el fin del orden globalista y el regreso a la política de las fronteras para que la vieja Europa “no muera” En palabras solemnes, la Europa que “compraba su energía y sus fertilizantes a Rusia, tenía su producción en China y delegaba su seguridad en Estados Unidos ha terminado”.

También puede leer: Gaza y el destino de la humanidad

Hay que abandonar la “ingenuidad” de las políticas comerciales de fronteras abiertas ya que “las dos principales potencias internacionales han decidido dejar de respetar las reglas del comercio”, sentencia Macron. Y para que Europa no muera, propone que hay que “ser soberanos”. Para ello, hay que aumentar “la capacidad de defensa” europea, incluida la atómica y el despliegue de “una economía de guerra” para el rearme. Como ya lo había adelantado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltelberg, los mercados no traen la armonia; sólo “las armas son el camino a la paz”.

Paralelamente, argumenta Macron, se debe impulsar una política industrial “made in Europa”. Esta mala palabra hace 7 años, cobra hoy protagonismo estratégico para el presidente francés. Y lo hace de la mano de la defensa de las “subvenciones” a empresas estratégicas, la “derogación de la libre competencia” en sectores productivos claves. Ante productos extranjeros más baratos, “hay que proteger a nuestros productores” y no “ceder ante la desindustrialización”, asevera Macron en La Sorbona. Para rematar este arrebato de proteccionismo iliberal, propone proteger aún más a sus agricultores europeos de la “desleal” competencia externa y un “golpe de inversión pública” que dinamice la económica continental. ¿Y el difícil fiscal?, no es problema para él. Hay que subir los impuestos, comenta Macron ante la mirada horrorizada de los defensores del libre comercio. “Impuestos fronterizos” a las importaciones, “impuestos a las transacciones financieras”, “impuestos a las multinacionales”. Ni la CEPAL anteriormente dirigida por Alicia Barcenas lo habría dicho mejor. Y si hay dudas de este revival del nacionalismo económico, Macron se encarga de disiparlas anunciando el control de inversiones “no-europeas” en sectores sensibles. Con razón The Economist se ahoga en un mar de lágrimas ante el irreversible derrumbe del viejo orden global. Ciertamente no es un regreso a los tiempos del norteamericano “new deal” de Roosevelt, ni a la quinta república de Charles de Gaulle; pero claramente es el globalismo neoliberal que cede su paso a un modelo anfibio de soberanismos regionales, liberalismos selectivos y oleadas de subvenciones y déficits fiscales elevados.

Sin embargo, nunca faltan en el teatro político, los anacrónicos, como los Milei y los mileis andinos, que evocan a un “occidente” globalista y de libre mercado que ya solo existe en la insignificancia de su furiosa retórica. Son los melancólicos esperpentos de un exotismo colonial, tratados con indulgente conmiseración por un “occidente” hoy cada vez más soberanista y proteccionista, que se distrae con sus agraciados malabarismos discursivos “vintage”, a modo de rancio recuerdo de los dorados años de un globalismo extinto.

(*)Álvaro García Linera es exvicepresidente de Bolivia

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Manuel Chachawayna en la memoria

El antropólogo Esteban Ticona Alejo presenta un nuevo libro, esta vez sobre el primer candidato aymara a diputado.

/ 19 de mayo de 2024 / 06:37

Dibujo Libre

La Vicepresidencia de Bolivia, mediante el CIS, publicó la investigación del antropólogo y sociólogo Esteban Ticona Alejo, titulado Manuel Chachawayna, el primer candidato aymara a diputado. El libro consta de 164 páginas, dividido en 4 capítulos, mas anexos, donde el autor expone los pormenores del primer candidato indígena de Chachawayna en 1927. El libro, está acompañada de fotografías de varios personajes de la política boliviana de la década de 1920 y los movimientos indígenas y campesinos de la época. Esteban Ticona, es un intelectual e investigador aymara. Es docente en la Universidad Mayor de San Andrés y es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos y tiene publicado varios libros. Esta obra tiene un prólogo de la historiadora María Luisa Soux, que reproducimos a continuación.

El prólogo que presento al libro de Esteban Ticona, Manuel Chachawayna, el primer candidato aymara a diputado, sigue en gran parte la forma como se ha escrito el mismo, se guía a través de preguntas, algunas de las cuales responde y otras no. Y es que no se trata únicamente de dar a conocer la historia del protagonista, sino de ubicarlo en un contexto dado, de tratar de entender las lógicas del poder que han caracterizado a la vivencia política boliviana. Como señala Ticona en una de sus conclusiones, la historiografía boliviana (añado yo la de la gran mayoría de los Estados nación) ha sido construida bajo la mirada de la política formal, mientras que la política desde el lado indígena (subalternos) no es considerada sino pre-política, es decir, acciones centradas en reacciones mediante “movilizaciones, rebeliones e incluso como grupos de choque”. De esa manera, desde esta visión tradicional, existiría una sola forma de mirar, estudiar y vivir la política: el Estado. Últimas investigaciones historiográficas han buscado ampliar el estudio del mundo del poder, generando diversas miradas que van más allá de la lucha por un cargo y el ingreso a la esfera estatal. Estudios que analizan relaciones de negociación, interacción, alianzas diversas, hasta la lucha por reivindicaciones sociales, pero también políticas, nos muestran una nueva mirada que cruza lo económico, lo social y lo cultural, sin dejar por ello de ser profundamente políticas.

En el presente estudio, Esteban Ticona presenta precisamente eso. A través de la actuación de Manuel Chachawayna, el candidato a diputado en 1927, pero también de otras figuras contemporáneas como Santos Marka T’ula o Eduardo Leandro Nina Quispe, desfilan en el libro las diversas maneras como los pueblos originarios y sus representantes se constituyen en actores políticos de nuestra historia. Ya no son sujetos vistos desde la esfera estatal, sino actores con sus propios proyectos, sus estrategias, sus sueños y contradicciones; todos ellos bajo un contexto hegemónico –que puede llamarse liberal, republicano o nacionalista– que, a pesar del discurso de progreso y civilización, no ha dejado de lado su faceta y visión señorial y colonial.

A lo largo del libro desfilan políticos del ámbito estatal, como Bautista Saavedra, Hernando Siles o Carlos Salinas Aramayo; curas de la Cruzada Pro Indio y pastores protestantes; intelectuales “indigenistas” o “progresistas” como Abel Retamozo y Adhemar Gehain; jóvenes universitarios como Enrique Baldivieso, y también líderes indígenas como los caciques apoderados. Se suceden proyectos políticos y discursos, leyes y reglamentos desde el ámbito estatal; pero al mismo tiempo, también se desarrollan proyectos propios indígenas de defensa de las tierras y la educación. En resumen, es un contexto complejo, pleno de contradicciones.

En este espacio, Manuel Chachawayna se presenta como un “hombre bisagra”. Con un proyecto de poder indígena se presenta como candidato apoyado por el poder estatal en la figura de Hernando Siles; su propuesta recibe el apoyo de algún vecino y de un periódico urbano como La Razón y, sin embargo, debe enfrentarse a otros dos candidatos, uno de ellos apoyado también por el mismo presidente Siles. En la figura de Manuel Chachawayna encontramos, desde mi punto de vista, esa dualidad que se ha vislumbrado en varios otros ámbitos de la vida andina. Un brazo en la política tradicional: diputado hoy, mañana presidente de las mayorías; el otro brazo en la autoridad de las comunidades o ayllus. A un lado una campaña tradicional, con la presentación de propuestas y el apoyo de vecinos mestizos; en el otro, la búsqueda de una otra forma de hacer política ligada a los principios propios de convivencia y reciprocidad. En una esfera, la búsqueda de la ciudadanía para los suyos; por la otra, el mantenimiento de su propia cultura política.

También puede leer: Polémica sobre los vocales electorales

A lo largo de la historia de lo que hoy es Bolivia, estos dos brazos se han presentado en numerosos momentos: la dualidad Manco Inca – Paullu, estudiada por Ximena Medinacelli para el siglo XVI, la justicia y/o la rebelión en Tomás Katari, analizada por Sergio Serulnikov para el siglo XVIII; las estrategias de lucha indígena durante la guerra de independencia, estudiadas por mi persona; los horizontes de memoria colonial y sindical propuestos por Silvia Rivera para la Bolivia poscolonial. En la presente obra, que se ubica en un contexto liberal con sus diferentes versiones, la triada de actores representada por Santos Marka T’ula, Eduardo Nina Quispe y también por Manuel Chachawayna nos permite apreciar que la lucha ancestral por la tierra, el territorio y la autonomía, la “mano” profunda, pasa también por estrategias propias del grupo hegemónico: los títulos coloniales de Santos Marka T’ula, la educación de Eduardo Nina Quispe, pero también la participación en la política tradicional, la candidatura a diputación de nuestro Manuel Chachawayna.

En ese sentido, el libro de Esteban Ticona, con todas las preguntas contestadas o no, se convierte en una propuesta para repensar las estrategias políticas de los pueblos indígenas dentro de reglas y normas que desconocen su existencia; si bien quedan aún muchos temas para abrir un debate más profundo acerca de las características de nuestra historia, el texto se constituye en una apertura hacia una “otra mirada” para entender nuestra vida política. Por todo ello, invito al lector a asumir la lectura de este libro con una mirada amplia y crítica, buscando responder a las preguntas que se hace el autor.

Gracias Esteban por el reto.

(*)María Luisa Soux es historiadora

Comparte y opina:

La supremacía del odio

La malignidad de las palabras en las declaraciones públicas es el formato que hoy toma la violencia simbólica.

Jorge Richter

/ 19 de mayo de 2024 / 06:25

Dibujo Libre

Cómo llegamos hasta acá si lo que había en marcha era un proceso transformador, una construcción de sociedad mejor, de tolerancias y aceptaciones de la otredad por décadas y décadas resistida. Cómo de pronto estamos ante este desmedido consumismo del lenguaje que nos ha impuesto su lógica perversa y perniciosa de vaciamiento político. Y cómo los revolucionarios que construyeron el Estado Plurinacional hoy se han reducido a simple palabrería agresiva, histeria, griterío, noticias falsas y realidades paralelas y ficcionales.

Este vaciado político, es a momentos imperceptible pues se presenta como libertad de expresión y hoy también como libertad de prensa. El vaciado político es, en definitiva, la supresión de las ideas a cambio de la imposición de la violencia fácil, siendo el odio su mayor factor argumentativo. Los estridentes decibeles del consumismo del lenguaje ahora también van incorporando un objetivo diferente: la confección de las nuevas formas de silenciar el pensamiento, las ideas, la disidencia y la exposición reflexiva respecto del Estado, la sociedad y el poder político. Es el intento de exterminio de las discrepancias intelectuales, del libre pensamiento, de la voz pública y disruptiva, de las innovadoras miradas democráticas o de la expansión misma y a momentos incómoda, del sistema de representación, de instituciones y de organización democrática.

El odio busca terminar con todo aquel que te compite. El odio determina el listado plural o singular de quiénes tienen la autorización suprema a participar y quiénes deben estar resignados a roles secundarios o de simple apoyo. El silenciamiento trabajado desde la acción derechizada y ultra, es aquel que te difama, el que se ensordece ante la crítica, el que siembra vergüenza y te empuja al arrepentimiento de haber expuesto públicamente tu pensar, el que busca que te invisibilices y desprecies el haber hablado. El silencio es su objetivo, una mordaza auto impuesta por vergüenza u hostigamiento.

Las formas de lo que se entiende de cómo se debe hacer la política en Bolivia, transversal a todas las estructuras políticas y partidarias, han incorporado lo que se denomina violencia simbólica, que a su vez se entremezcla con la violencia física. Theodor Adorno decía que todo sufrimiento es físico. Sobre ello, Marcia Tiburi escribe con claridad: “En la base de las instituciones en las que el autoritarismo (Estado, Justicia, Escuela, Familia, Iglesia) define el rumbo de los actos de opresión y sumisión de las personas en general, la violencia simbólica nos habla de la comprensión de la propia violencia: la idea de que la violencia define la violencia posible. De ahí que algunos se sientan autorizados, ya sea a insultar, ya a fomentar el odio en la televisión o en las redes sociales”.

También puede leer: Ni estatales ni independientes, periodistas

La malignidad de las palabras en las declaraciones públicas, en la virtualidad de la infinitud posibilitada por las redes sociales, es el formato que hoy toma la violencia simbólica, la violencia fácil. Allí, gesticulando un carácter que se torna incontrolable, con la comicidad de un histrionismo desvergonzado fomentan a diario el odio. Las asambleístas de CREEMOS gritan desaforadamente en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, los adjetivos irreproducibles construyen el desprecio y el odio. No hay debate ni pensamiento, sino agresividad irresponsable. El diputado del MAS, conocido por sus cuadros que van prontuariando a quienes tienen a mal caer en su elección de odio y difamación, se presenta regularmente ante el país para soltar fuego de una boca que no balbucea siquiera una idea, pero sí guarda una enorme habilidad para el insulto y el odio. La diputada de CC, el diputado de CC, enemigos ellos entre sí, el uno y el otro, un expresidente que odia a diario y varias veces al día, otro ex presidente que hace lo mismo, un candidato permanente, todos sin pausa compitiendo con el otro grupo de plataformistas del odio en quién odia más. Todos los días, carentes de toda compasión por la sociedad, proceden al linchamiento discursivo. Estos “formadores de opinión” toman familias, irrumpen en lo privado de la vida y proceden a descomponer y degradar la política, el valor de la democracia, la coexistencia social pacífica, las dignidades para dispersar escándalos.

Recuperada la democracia el año 2020, la violencia simbólica y física se instala como método de hacer política en la mayor expresión de la derecha radical del país, representada entonces por el proyecto violento del elegido gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico de entonces. Ahogado en su bullicio rabioso, desahuciado por quienes lo pensaron como una alternativa posible y sin haber legado algunas ideas que puedan construir un Estado y una sociedad dable, su distintivo recordado es la violencia, considerada como audacia en un principio, pero que solo podía arrastrar hacia el destino inevitable: la exacerbación del odio y enfrentamiento entre bolivianos. Apagado eso que sus asesores llamaron el camachismo, la posta de la violencia simbólica y física efectiva ha sido ocupada por quien un día construyó inclusión y nuevos derechos del vivir bien. Incontenible en sus desatinos, revela información falseada domingo a domingo. Calumnia e imposta ser alguien que ya hace mucho tiempo no es. Solo destruye y odia. Odia para existir, para ser y estar. Instruye a sus anónimos a que odien militantemente, levanta ejércitos de haters. Contamina todo de desprecio y ofensas. No es ideología, tampoco pensamiento, es la supremacía del odio por encima de las ideas. El odio a quien no quiere ser como él. La destrucción de la sociedad se da cuando la subjetividad de las personas está siendo arrollada. No hay futuro posible de paz y bienestar si las palabras de bien son sustituidas por una acción de fascismo enmascarado de pueblo.

(*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El desplazamiento del camachismo

Una entrevista a profundidad con el abogado y conocedor de la política cruceña, Vladimir Peña.

/ 12 de mayo de 2024 / 06:58

El Punto sobre la i

Tras un tumultuoso ingreso en la política, que logró sus puntos más altos con el derrocamiento de Evo Morales en 2019 y la elección de Luis Fernando Camacho como gobernador cruceño en 2021, la potencia del camachismo hoy aparece disminuida. Atrás quedaron las jornadas de movilización que apelaban a la épica de una cruzada regionalista, con sobrados tintes religiosos y cargados de emotividad.

La última elección en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz evidenció el paso de Creemos, la agrupación liderada por Luis Fernando Camacho, de ser la fuerza política dominante en el espacio cruceño a su establecimiento como una minoría aislada. El pasado viernes 3 de mayo, el asambleísta Antonio Talamás (Creemos) fue elegido como presidente del ente legislativo, en reemplazo de Zvonko Matkovic, con 21 votos a favor, cuatro en contra y uno nulo. La elección fue realizada por plancha, de forma tal que el sector camachista del oficialismo departamental quedó fuera de la directiva.

Se trata del episodio sintomático más reciente del declive del camachismo, que sobrevive sin un norte claro. Con todo, expresa el momento actual de un largo, intenso y apasionante proceso. Conversamos al respecto con Vladimir Peña, abogado, analista político y amplio conocedor de la realidad cruceña. Desde el lugar que ocupó en la Gobernación cruceña, como secretario de Gobierno, tuvo un lugar privilegiado para comprender las estructuras del poder local y a sus protagonistas.

¿Cómo llega el camachismo a este momento donde aparece debilitado?

Habrá que ir por una parte al origen de Creemos y ver si como tal es un proyecto político, más allá de la tipología organizativa. Es verdad que se creó al fragor de la revuelta ciudadana en 2019, que tuvo mucho apoyo, pero considero que ese apoyo estaba asentado esencialmente y casi únicamente en el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Ahora, tres años han sido suficientes para comprobar que era un liderazgo insustancial en términos de cultura política. Más allá de la situación de la detención, abstrayéndonos de todas esas circunstancias, creo que la administración de la Gobernación ejemplifica que ni el liderazgo ni el proyecto estaban capacitados para dirigir una institución tan importante como el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Entonces, esta desintegración que se está viendo en Cremos hoy, precisamente tiene que ver con el liderazgo de Camacho y también con su poca cohesión como organización política. Creemos supeditó su futuro al liderazgo de Camacho y no supo responder a diferentes crisis. No hubo nadie que ponga un alto a los excesos del líder, desde congelar al vicegobernador, hasta tomar la determinación de dirigir la Gobernación desde la cárcel. ¿Por qué? Porque el gran error de Camacho es pensar en sí mismo. Sólo pensó en sí mismo y no pensó en Santa Cruz.

Cuando uno mira hasta ahora las discusiones de la gente de Creemos, es entre ellos. Lo que pasa con lo de las comisiones en estos días en la ALD o lo que abrió la discusión sobre el tema del vicegobernador: es un tema de desconfianza, de supuestas traiciones. Nunca se hacen en cargo de sus decisiones. Cuando subieron el decreto departamental 373, dijeron que no lo habían aprobado, después que sí, luego que no lo habían firmado, apareció firmado. Toda una cadena de explicaciones que al final devela el manejo que han tenido.

Sin ánimo de ser determinante en esto, considero que lo que hemos visto en estos tres años de mandato es suficiente para darnos cuenta de que estamos en un proceso involutivo en el desarrollo de nuestra autonomía.

¿Cómo se puede valorar el desempeño de gestión pública en la Gobernación durante el periodo actual?

Hay un gran déficit. Si bien probablemente ante los ojos ciudadanos, por la agenda mediática, puede atraer el fraccionamiento, el enfrentamiento entre grupos de Creemos, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional como ahora en la propia Gobernación y la ALD, creo que el mayor problema y el gran déficit ha estado en la gestión. Si uno lee el programa de gobierno de Creemos y analiza su administración, no se encuentra el objetivo. Lo poco que han hecho ha sido seguir algunas líneas de la administración anterior. Lo que han intentado hacer como algo nuevo, les ha salido mal.

Cuando uno revisa, dijeron que ellos van a cambiar la política respecto a los avasallamientos y todo lo que tiene que ver con la tierra. Hicieron un par de intentos para constituir la Comisión Agraria Parlamentaria y luego no hicieron absolutamente nada. En términos de desarrollo provincial, las provincias están avanzadas. En términos de salud, no han sido capaces de implementar el hospital de Montero. Y así uno puede seguir mostrando ejemplos, pero la conclusión es la misma: una gestión muy deficiente y en términos políticos sin horizonte, sin rumbo. Dijeron que iban a profundizar la autonomía para pasar a un federalismo. Lo cierto es que ni profundización de la autonomía, hemos ido para atrás, y de federalismo ni una hoja.

¿Cómo queda la discursividad camachista, esta apelación al regionalismo?

Dos reflexiones sobre eso. La primera, si algo bueno se puede extraer de la presencia del camachismo, es que el camino de la radicalidad no conduce a ningún lado. Puede ser que en un momento de efervescencia la espuma suba, pero tiene límites y después vuelve a bajar. Pero, no alcanza para salir de Santa Cruz. Considero que es ya ahora un discurso agotado y que la gente comprende que no lleva a ninguna parte. Por eso inclusive el viraje del propio Comité Cívico. Temo que los que se han anclado en el discurso cruceñista lo han mal utilizado y lo han malgastado; y no han sabido encontrar un nuevo relato. Y por eso, ante la carencia de una nueva propuesta, vuelven a lo mismo. Ven que eso no lleva a ninguna parte, pero por otro lado tampoco encuentran un discurso nuevo y menos uno que pueda ser homologable con todo el país.

Ahora, también considero que la crisis va a ir mucho más allá del camachismo. Creo que esta crisis hace ver que probablemente estamos en un cambio de época también en Santa Cruz. La autonomía tiene que ser eso. Nuestra autonomía tiene que hacernos ver que nuestra institución (la Gobernación), no tiene que supeditarse a un sistema tradicional de poder. Que la autonomía tiene que dar la posibilidad a que haya competición electoral entre diferentes proyectos políticos que pretenden dirigir Santa Cruz y no canalizarlos todos a un solo cauce; que es lo que ha definido, de alguna manera, las elecciones en el último tiempo, bajo el nombre de unidad o cualquier otra cosa.

El debate que se abre es si nuestra autonomía se ensancha para competir democráticamente o si se utiliza, como utilizó Camacho, el discurso del antimasismo precisamente para evitar que haya un sistema electoral competitivo.

¿Qué porvenir puede tener el estilo de hacer política del camachismo, cuya impronta más notoria fue la confrontación?

También es muy parecido en eso a la radicalidad del evismo. Al final se torna disruptivo, talvez también en eso se asemejan. Pero está claro, independientemente del camachismo o el masismo, o una facción de este último, que los radicalismos tienen límites. No estoy muy de acuerdo con esto de generalizar en la polarización, sino en la radicalización. Los extremismos tienen límite. Puede ser que en algún momento te hagan ganar votos, puede ser que te den instituciones, pero cuando tienes que asumir y administrarlas como tal, pues bueno, ahí se acaba el discurso y hay que actuar.

Ya vemos que para muestra basta un botón, como se dice. Querían las instituciones, pero ahora, por ejemplo, con la brigada parlamentaria cruceña no saben qué hacer. Entonces, ¿para qué querían las instituciones? Así, es verdad que se puede ser radical en la forma, pero sin ningún planteamiento.

Y al final eso termina siendo humo, viene el viento y lo disipa. Si no, miremos lo que pasó con el federalismo. Camacho, en los casi dos años que estuvo ejerciendo la titularidad se sostuvo a puros golpes de efecto. Cuando salió el tema de ley de legitimación de ganancias ilícitas y luego los gremialistas y otros movimientos se apoderaron y le doblaron la mano al Gobierno, rápidamente Camacho se planteó el tema de federalismo, sin haber escrito media hoja. Entonces, eran los golpes de efecto, precisamente por esta radicalidad.

Uno puede ver en Javier Milei, por ejemplo, una radicalidad. Uno puede compartir más o menos su idea o estar totalmente en contra, pero tiene un sustento, por lo menos. La radicalidad del camachismo era superflua y al final eso se vuelve en contra. Al final eso es favorecer a tu oponente. En este caso, el MAS. Si tu radicalidad es simplemente discursiva, bronca, áspera, delirante, y no tienes cómo sustentarla, pues eso, más temprano que tarde, termina diluyéndose. De alguna manera, eso es lo que le ha pasado al camachismo.

Hubo un momento de inflexión en la política cruceña con el paro de los 36 días en 2022. ¿Cómo ha jugado esto en perspectiva?

Fue una causa buena que fue estropeada por malas decisiones y porque esencialmente Camacho pensó que podía repetir la épica de los 21 días y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, que era el coordinador, no tuvo la suficiente energía ni valor para detener a Camacho.

Cuando uno mira los 36 días en retrospectiva, pues Camacho ahí amenazó al propio rector, Vicente Cuéllar, que claramente tenía otra posición. Lo hizo en la propia universidad, con aquello de la muerte civil. Camacho tuvo la oportunidad de resolver esto la primera semana, pero pensó que podía derrotar al gobierno y eligió el camino que mejor sabe. Obviamente, su fuerza estaba en la calle. Pensó que podía nuevamente agitar a Santa Cruz, que podía hacer una resistencia más dura al gobierno. Le fallaron los cálculos o no previó una situación de que la gente ya no quería seguir con esa forma. Camacho subestimó a Santa Cruz, pensó que era dar una orden y automáticamente resistir otra vez.

Está claro que, mientras las cámaras y los medios de comunicación mostraban a los que salían a bloquear las calles y avenidas de Santa Cruz, no había tantas cámaras para mostrar a la gente que se quedaba con mucha rabia e impotencia en casa. Y eso es lo que pasó. Al final, el paro de los 36 días le jugó en contra porque Camacho jugó a doblarle la mano al Gobierno y la gente ya no le respondió de la misma manera porque era absurdo.

También puede leer: Ser antimasista ya no es lo que era

Fue un absurdo el paro. La causa era positiva, pero las formas se equivocaron. Terminaron malgastando dos los institutos de la forma de lucha de Santa Cruz que han sido tradicionales, sí, pero también efectivas en su momento: el cabildo y el paro cívico. Al final, en el cabildo no sabían qué determinaciones asumir, porque claramente estaban con mucha improvisación. Y por otra parte, en el tema del paro cívico, se confecciona algo que los cruceños, los bolivianos, rechazan en su mayoría: el bloqueo, el abuso, el atropello, el impedirle al otro que pueda transitar. Los 36 días terminaron pasándole un alto costo por los excesos.

Además, la economía ya no era la misma la gente lo sufrió. Santa Cruz quedó herida, quedó desquebrajada, porque entre vecinos se terminaron enfrentando ya en las últimas semanas. Nadie se ha dedicado a reparar esos daños, esas heridas que todavía quedaron socialmente en Santa Cruz.

¿Cómo se podría caracterizar la situación actual del camachismo y sus perspectivas?

Están pasando por malas horas. La gente tiene muy claro que no han tenido capacidad de gestionar, de construir un proyecto político, menos actuar de forma colectiva en todos los espacios de representación democrática que les confiaron los cruceños; los han malogrado y su papel es paupérrimo en términos de oposición al gobierno de MAS. La radicalidad, de alguna manera, termina favoreciendo al oficialismo porque la gente piensa que, si esa es la alternativa, complicado elegir.

En Santa Cruz, considero, se van a reducir. No veo un proyecto político a nivel nacional, porque a estas alturas ya han renunciado a esa posibilidad. No han hecho un partido, una organización de carácter nacional, más allá de las cuestiones de siglas. Su principal aliado, Marco Pumari, fue el primero en graficar lo que era Camacho y más allá del resultado en 2020, la situación ha ido a peor.

Ahora, ¿se van a anclar en Santa Cruz? Sí. Y sí, se van a anclar recurriendo al discurso de víctimas. Apelarán al victimismo, que es lo que les queda, por la detención arbitraria e ilegal contra Camacho. Desde ahí van a tratar de resurgir. Van a tratar de denostar al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, por su alianza con el MAS, para de alguna manera cubrir sus propias falencias. Van a ir contra la administración actual de la Gobernación para justificar que el camino de las radicalidades es la única vía para Santa Cruz. Entonces, desde su perspectiva, la cuestión va a ser elegir entre los funcionales, que van a representar en Aguilera y el establecimiento cruceño que lo apoya, y ellos, que van a tratar de retomar lo disruptivo. ¿Cuánto de Santa Cruz puede seguir este discurso? Yo me temo que la gente está cansada, pero también va a exigir de la posibilidad de que surjan nuevas alternativas y nuevos discursos, nuevos relatos. Hay una nueva etapa, pero el camachismo todavía tiene armas para seguir peleando.

¿Cómo queda la política cruceña?

Se había generado una expectativa en el país respecto de las potencialidades de Santa Cruz, inclusive antes del camachismo. En eso ayudó de forma determinante el proyecto político de Demócratas, pero fundamentalmente pienso que esa expectativa se generó a partir de la cantidad poblacional de Santa Cruz. Lo que ya es una realidad y que seguramente el censo lo va a reconocer formalmente para las cuestiones históricas del país, que Santa Cruz se convierte en el departamento más poblado. En 70 años este departamento pasó de ser el quinto al primero en cantidad de habitantes. Adicionalmente a eso, la capacidad económica de Santa Cruz, la generación de oportunidades, la migración, la composición de esta nueva Santa Cruz del siglo XXI, mucho más heterogénea, con ciertas complejidades también, propias de las sociedades multiculturales; y que no ha sabido encontrar una élite que pueda gestionarla adecuadamente.

Pese a todo, la gente miraba con expectativa que desde Santa Cruz se pueda gestar un proyecto político alternativo al MAS. El camachismo aportó a esta idea de la resistencia en 2019, pero la gente ve ahora que la misma tenía pies de barro cuando mira al camachismo. Lo que más me pesa es que la gente tiende a verse decepcionada por la falta de construcción de alternativas. En términos políticos, son dos cosas elementales: resistir y construir alternativas. Santa Cruz tenía o tiene potenciales para las dos. La resistencia está comprobada, aunque ahora estamos en horas bajas por todo lo que ha sucedido.

Más allá de que sea Camacho o no, que era impensable en otro tiempo que el gobernador de Santa Cruz termine preso en una cárcel de La Paz. Eso a nadie se le hubiera ocurrido. Pero bueno, los hechos son así.

Pero, cuando tenemos, creo, el declive del Gobierno del MAS, ya casi definitivo; cuando el MAS muestra su peor versión o su versión original, sin fachada; cuando hay una serie de acusaciones entre evistas y arcistas, es que hay un proyecto agotado. Hemos pasado del proceso de cambio al proceso de decadencia. La gente exige alternativas y ahí Santa Cruz tendría que estar liderando un proyecto para todo el país. Y este es el déficit, y esta es la gran pérdida, más allá inclusive de la Gobernación, de nuestra autonomía.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

Comparte y opina: