Según resultados electorales de México, Claudia Sheinbaum obtuvo cerca del 60% de los votos, consagrándose como la nueva presidenta de México con una sólida representación y gobernanza. Pero, ¿quién es ella? Es una científica ecologista, con una licenciatura en Física y maestría en Ingeniería Energética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, como política de izquierda, representa a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su programa de gobierno busca continuar y consolidar la Cuarta Transformación liderada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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Según el portal de noticias CNN, sus cinco propuestas clave son: seguridad, con una estrategia que aborda la lucha contra la violencia y fortalece la justicia; educación, con la gratuidad en los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como la mejora de las condiciones para estudiantes y docentes; economía, manteniendo la orientación social del gasto público, promoviendo la austeridad, reduciendo la deuda, aumentando el salario mínimo, entre otros; regulación del uso del agua, priorizando el acceso para consumo humano y la tecnificación del riego agrícola, además del tratamiento del uso del agua para la industria y riego; y transición energética, impulsando energías renovables y eficiencia energética, con el fin de alcanzar la sostenibilidad.

El ascenso al poder de Sheinbaum, impulsado por el liderazgo de AMLO, ha dejado una impresión significativa en la región, especialmente en nuestro país, que enfrentará elecciones presidenciales en 2025. Es así que en el Estado Plurinacional es crucial que se superen los intereses particulares que desvían el horizonte planteado de la revolución social, cultural y económica.

A diferencia de México, Bolivia se encuentra en un escenario político controversial por el intento de retorno a la presidencia de un exmandatario que gobernó desde 2006 hasta 2019. Aunque se avanzó hacia una sociedad más equitativa y justa, para continuar con una economía estable y con crecimiento es necesario contar con nuevos lideres jóvenes y, ¿por qué no?, también mujeres, que estén alineados con los nuevos paradigmas de justicia social. Si bien se implementaron políticas económicas progresistas, dicho regreso a la presidencia plantea grandes interrogantes sobre la renovación e impulso que podrían aportar lideres con un enfoque moderno acorde con los avances de las ciencias sociales.

El triunfo de Sheinbaum refleja la continuidad de la Cuarta Transformación, caracterizada por AMLO como un camino hacia la justicia social y económica. Lo notable de todo esto es la capacidad de AMLO para trascender su propio liderazgo y fomentar una sucesión ordenada, sin aferrarse al poder, lo que será relevante para asegurar una transición tranquila y promover la estabilidad económica en México.

En este contexto, México le da una lección de liderazgo a Bolivia, mostrando que se puede luchar por el horizonte. El enfoque de AMLO hacia la sucesión política destaca la importancia de cultivar nuevos líderes y priorizar el bienestar del país sobre los intereses particulares.

(*) Gabriela Alanoca Flores es economista e ingeniera

Según información de ejecutivos de la Asfi, en medios de comunicación, las sanciones a entidades del sistema financiero representan aproximadamente Bs 20 millones, por incumplir las disposiciones emitidas respecto a las tarifas y cobro de comisiones.

Al respecto, es importante conocer que dichas sanciones se encuentran enmarcadas en las disposiciones de la Ley de Servicios Financieros, que estipula que estos servicios y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público, poniendo énfasis en que la protección al ahorrista e inversionista es competencia privativa del Estado.

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Independientemente de los montos pecuniarios, la importancia de imponer sanciones radica en generar acciones correctivas en el sistema financiero, comprendiéndose que con dichas medidas se demuestra la labor de protección a los inversionistas, ahorristas y a todas aquellas personas que efectúan operaciones financieras, los que perciben protección frente a las entidades financieras, fortaleciendo la confianza con relación a sus transacciones.

Con dichas determinaciones, el Estado, como rector del sistema financiero a través de instancias del Órgano Ejecutivo, en el marco constitucional busca cumplir con la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, pilares fundamentales que tiene presente el Gobierno.

Por otra parte, se considera que la supervisión por parte del Estado es íntegra, en consideración que no solo los bancos fueron sancionados, sino también otro tipo de entidades financieras, con el fin de precautelar que la venta de dólares no sean transados a un tipo de cambio superior a lo establecido.

Las inspecciones llevadas a cabo por la Asfi tienen como finalidad controlar el cumplimiento normativo, cuyos resultados ameritan sanciones si se observan contravenciones, sin embargo, es preciso denotar que dicha labor no solo se efectúa en momentos coyunturales, como es el caso actual sobre la mala especulación de la falta de divisas en el país, siendo más bien que se la realiza de forma constante.

Según la Asfi, instruyó a las entidades de intermediación financiera restituir un total de  Bs7,9 millones a más de 9.200 clientes financieros que fueron afectados por cobros en exceso en este tipo de transacciones realizadas en estas entidades, tarea de seguimiento que le compete a dicha autoridad, a fin de restituir los derechos del consumidor financiero.

Recordar a la población y a los clientes de la banca y de otras entidades financieras que la Asfi, por mandato de la ley, cuenta con una dirección especializada de Defensoría del Consumidor Financiero, que tiene como tarea fundamental atender todo tipo de reclamos y denuncias de forma gratuita, a la cual se puede acudir cuando consideran que sus derechos se encuentran vulnerados por parte de las entidades financieras.

(*) Franklin Tintaya Vela es auditor financiero y abogado

En agosto de 2010, cuando hubo el paro de 21 días en Potosí, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc en los departamentos de Oruro y Potosí. Su importancia era clara: se exportan $us 1.500 millones en concentrados de zinc al año y el costo de realización en el exterior absorbe el 50% de este valor, reduciendo al mínimo las utilidades de las empresas mineras en Bolivia; además, más allá de esto existe una fuga de otros metales valiosos que no se declaran: indio, cadmio, galio, germanio y los conocidos: plata, estaño, plomo, cobre, azufre, por un valor de $us 1.200 millones. Tal es la amplitud de la naturaleza de los complejos de zinc.

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Con la urgencia del compromiso se promulgó, el 9 de octubre, la Ley 050, que permitía a la Comibol ejecutar el proyecto sin que esté programado en su presupuesto, condicionado al financiamiento del proponente. Inmediatamente se lanzó la convocatoria en el marco del convenio con la China que disponía de $us 7.000 millones. La convocatoria fue adjudicada en agosto de 2011, pero lamentablemente se anuló por cuanto la empresa ganadora no presentó la documentación requerida. Luego hubo otros tres procesos de contratación, que cayeron por problemas administrativos y legales, mostrando las deficiencias de una empresa que no ha cambiado su estructura, impuesta por el neoliberalismo, dedicada solo a arrendar yacimientos mineros.

En 2014 se inició otro proceso, el cual concluyó con la adjudicación a la empresa Henan Yuguang Internacional por un monto de $us 520 millones para la construcción de dos plantas hidrometalúrgicas con capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc por año. Esta adjudicación no se concretó por cuanto el proponente propuso el 100% de financiamiento, mientras el banco estatal de China solo garantizaba el 85%; la oferta de utilizar la boleta del 15% de seriedad de la propuesta, como garantía del financiamiento, no fue aceptada por la Comibol. También se conoció la denuncia de la empresa Henan Complan Mechanical sobre una suplantación de propiedad en las plantas que visitó la comisión de inspección en China. Este proceso también quedó trunco.

El problema para la Comibol era que estaba amarrada a los financiadores, en este caso el gobierno chino, que exigía el 15% de participación de la parte boliviana, al igual que el pago de la supervisión que significaba otro 10% del monto global, lo que hacía un total de $us 130 millones, cifra que le era imposible financiar. Entonces buscó un proyecto más pequeño y menos costoso, con financiamiento interno. Así se recibió la oferta del proceso Metalox, con un costo de $us 40 millones, con capacidad de 45.000 toneladas de concentrados y la recuperación de la inversión en dos años; la propuesta elevada en 2017 al Ministerio de Minería fue rechazada, para favorecer el proyecto Ausmelt para el zinc, presentado por la fundidora Vinto, que no tenía financiamiento y con grandes observaciones medioambientales.

La importancia de las refinerías de zinc es transcendental, así lo establece la Ley 625 del 14 de diciembre de 2014, la Agenda Patriótica al 2025, el Plan de Desarrollo Nacional y Social 2016-2020. Para su concreción se han manifestado las cumbres productivas de La Paz, Oruro y Potosí. El Gobierno ha buscado dar respuestas a estos pedidos al ofrecer la construcción de una refinería de zinc en Oruro, proceso de adjudicación que comenzó a principios de 2022, cuando el ministro de entonces anunció la tecnología y el financiamiento, y concluyó en octubre de 2023, beneficiando a la empresa ENFI-CRIG Consorcio, por un monto de $us 350 millones. En enero de este año, el Eximbank de China aceptó el financiamiento, sin embargo, el contrato no ha sido remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, ¿por qué? De por medio surge la denuncia que la adjudicación fue incorrecta por cuanto en el pliego de especificaciones se establece que debe usarse la tecnología “Lixiviación a Alta Presión con Oxigeno”, cuya patente la tiene otra empresa, Sinosteel, que participó de la competencia, a la que había que favorecer y fue subestimada. En otras palabras, la licitación estaba direccionada.

Entre la incompetencia y los intereses particulares se va frustrando un anhelo nacional. Dejar de ser exportadores de materias primas y exportar productos con valor agregado es el único camino para la industrialización.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

“Hegel observa en una de sus obras que todos los personajes de gran importancia en la historia del mundo ocurren por así decirlo dos veces. Se olvidó agregar la primera vez como tragedia y la segunda como farsa”. Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

Es maravilloso verificar cómo se cumple la cita que precede este artículo en nuestra realidad, rememorando la historia una vez más.

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El 6 de agosto de 1956, se produciría el primer cambio de mando en el orden político del MNR. El presidente Víctor Paz transfirió el gobierno a Hernán Siles, quien tendría que lidiar con graves desequilibrios macroeconómicos. En esas circunstancias, Paz era el presidente inflacionista y Siles, el deflacionista. Veintinueve años después, en 1985, justamente un 6 de agosto, nuevamente ambos personajes se encontrarían, pero con los papeles intercambiados. En esa época, Siles era el inflacionista y Paz, el deflacionista.

La historia mira irónicamente a ambos personajes. El drama estuvo a cargo del presidente Siles, quien tuvo que aceptar muchas imposiciones de los poderes fácticos, que precipitarían la división del MNR con el mundo sindical y minero. Marcaría el fin del MNR como fuerza detrás del nacionalismo revolucionario. A Víctor Paz le tocó la farsa dicha con acento provinciano de sur del país: “Bolivia se nos muere”, y que ahora está siendo repetida para crear pánico económico por los voceros de la derecha.

Nuevos personajes de la política boliviana representarán escenas análogas: Andrónico Rodríguez y Jorge Quiroga. El tema no es la inflación. Ahora el asunto es el endeudamiento externo.

El presidente del Senado, Rodríguez, con los senadores de derecha y los de la corriente evista del MAS están en la antesala de la escena. Andrónico juega un papel importante para bloquear los créditos externos, porque es moneda de intercambio en la política boliviana.

Quiroga es un referente de peso en la oposición; pero claro, insignificante electoralmente. En un programa de TV argentina y boliviana planteó una visión geoestratégica global. Asocia a Corina Machado, la líder opositora venezolana en el norte, y a Javier Milei, en el sur, como los nuevos libertadores que terminarán con los gobiernos de orientación de izquierda en América Latina. Con relación a nuestro país, afirma que Bolivia debe tocar las puertas del FMI para obtener un crédito de $us 12.000 millones para salvar su macroeconomía.

En este caso, la tragedia está representada por Rodríguez. Quedará grabada en piedra en la biografía del titular del Senado el bloqueo de los recursos externos. Los efectos económicos los sentirá el nuevo gobierno que asuma el poder en 2025, el cual independientemente de su orientación política, estará sin recursos financieros externos. Los organismos internacionales de financiamiento —conscientes que están siendo utilizados como instrumentos de la política boliviana— serán extremadamente conservadores para asumir riesgos en el futuro de Bolivia. Frente a problemas de pagos en 2025, en la búsqueda de culpables, el dedo índice apuntará en dirección de Andrónico. Rédito doble para Evo Morales, bloquea al actual Gobierno y manda al tacho de basura a un potencial competidor dentro del MAS.

A Quiroga le corresponde la farsa. Entra abiertamente en contradicción con los senadores de derecha. Es evidente que tiene otras lealtades que van más allá de las fronteras del país. La lucha del poder por la súper estructura jurídica es irrelevante frente al trasfondo económico. Por eso la institucionalidad que construye la derecha es siempre frágil y desechable. En similares proyectos se mostró exitoso, en Argentina, el dilecto amigo de Quiroga, Mauricio Macri. En el gobierno de Macri, Argentina contrató un crédito de $us 47.000 millones con el FMI, que creó importantes restricciones de ese país para seguir políticas soberanistas en el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Pero en esta obra falta un personaje muy importante, el pueblo de Bolivia, que, a través de sus organizaciones políticas, sociales y sindicales, lucha por un proyecto soberanista. La victoria de este proyecto depende de la lucidez de sus líderes para conducir con generosidad un proyecto de unidad, como fue desde 2006 en adelante.

(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario

En una conversación entre los filósofos Gilles Deleuze y Michel Foucault, sucedida a comienzos de los años 70, Foucault señalaba que, en los grandes momentos de crisis de la justicia —es decir de crisis de credibilidad en los jueces, corrupción en los tribunales y abusos en las prisiones—, lo que se percibe no es el pedido de mejora del funcionamiento de la institución judicial, sino la denuncia de un ejercicio abusivo del poder, a través de un dispositivo que debería frenar el abuso, es decir, a través del dispositivo llamado derecho. Y no es que antes de esta visibilidad de este ejercicio abusivo existiera un ejercicio no abusivo del poder, sino que, hasta antes de ese momento, el derecho y sus instituciones hacían pasar ese ejercicio abusivo como algo normal, es decir, que se justificaba el ejercicio del poder a través de una discursividad institucional legitima —algo así como que esto es bueno en teoría, pero estamos fallando en la práctica—, y con ello se hacía tolerable el mismo. No debe olvidarse que cuando Foucault protagoniza esta conversación estaba por crear un grupo de información sobre las prisiones y preparaba una de sus obras más importantes sobre el derecho titulada Vigilar y castigar.

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Pero, volvamos al tema de la conversación entre Deleuze y Foucault. La crisis de justicia no es una crisis de las instituciones jurídicas, sino una crisis del ejercicio de poder, el cual se vuelve visible porque el mismo es escandalosamente abusivo y cínico, imposible de ser contenido por el discurso del derecho. Si bien se pensará que el problema trata sobre la necesaria reforma del discurso jurídico, lo que se pone en cuestión no son en sí las instituciones jurídicas, sino las prácticas y las maneras en las que se desarrolla el poder. No es el derecho lo que está novedosamente mal —que en realidad tal vez siempre lo estuvo—, sino son las prácticas las que visibilizan lo irracional del sistema jurídico.

Tanto para Deleuze como para Foucault, el poder es algo relacional, algo que fluye. Nadie, hablando con propiedad, es su dueño. El poder, si existe, es en acto. Dicho de otra manera: el poder se ejerce. Por ello el ejercicio de poder puede rebasar el camino predeterminado de su práctica institucional y, en ese rebalse puede volverse obsceno y visible. Eso trae una vez más la reflexión hecha antes. No es que el ejercicio de poder alguna vez haya sido amable, sino que la predeterminación de su flujo desde lo institucional lo hacía tolerable —o justificadamente legal—, pero cuando el ejercicio de poder sobrepasa esta predeterminación y, en consecuencia, se vuelve obscenamente visible, la resistencia al mismo tendrá como punto de partida una denuncia al sistema judicial, pero seguidamente la necesidad de una reforma al sistema político.

(*) Farit Rojas es abogado y filósofo