Voces

Thursday 30 May 2024 | Actualizado a 23:17 PM

Mesa, el ‘caudillo ilustrado’

‘Tampoco sería bueno pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado’, aludió Suárez.

/ 13 de noviembre de 2018 / 04:48

Cuando Carlos Mesa hizo pública su decisión de ser candidato presidencial para las elecciones de 2019, no había dirigentes ni militantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) —el partido que lo cobija ahora— arropándolo, ni banderas ni aplausos ni periodistas, solo una cámara de video y un frío canal de YouTube.

Su mensaje se centró en una serie de frases, cuyas palabras capitales fueron democracia, 21F, justicia, ciudadanos y ciudadanas, colectivos y plataformas, proyecto, poder, candidato, nuevos tiempos y unos cuantos “soy” y “yo”; como la siguiente premisa muy suya: “Soy candidato porque creo que represento adecuadamente lo que el país necesita hoy día”.

Su incursión en la carrera electoral fue precedida por una serie de negativas a una eventual candidatura. Candidato al fin, se ha convertido en el centro de atención de quienes también emulan su decisión.

Como dijo en el video, fue el FRI el que lo buscó, y no hay una sola fotografía con quienes ahora son sus correligionarios. Quienes consolidaron su alianza con ese viejo partido fueron sus más cercanos colaboradores, Carlos Alarcón, Saúl Lara y otros; a los que se les vio con una gorrita roja tras los acuerdos de Oruro, junto con militantes y dirigentes de esa fuerza.

Mesa es él como candidato; el FRI es solo una sigla. “Tendió la mano” a las plataformas y colectivos ciudadanos, fuerzas sociales, organizaciones indígenas e incluso partidos políticos. No los buscó, la prueba es que el líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo) y alcalde de La Paz, Luis Revilla, tuvo que mandarle una carta para sumarse a su frente. Al final, luego de una caminata muy publicitada por las calles de La Paz, ambos sellaron la Alianza Ciudadan@s, no la alianza Sol.bo-FRI. Otra vez él, sin la presencia de dirigentes ni militantes del FRI, el partido que lo cobija.

Antes, de acuerdo con la confesión de Samuel Doria Medina —líder de Unidad Nacional (UN)—, Mesa había rechazado la invitación del partido del empresario. “Carlos Mesa me dijo que prefería tirarse al río Choqueyapu antes que ser candidato a la presidencia de Bolivia”, contó. La respuesta de Mesa fue anterior a su decisión de postularse, cuando Doria Medina cabildeaba por conseguir respaldo a su propuesta de unidad ante la cuestionada repostulación del presidente Evo Morales, por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, pesó más la poca potabilidad del dirigente de UN como aliado.

Y cuando Demócratas, el partido del gobernador cruceño, Rubén Costas, anunció su intención de participar en las elecciones, lo primero que se le ocurrió a su líder político fue descalificar la candidatura de Mesa, a quien aludió de figura política del pasado y con un “disfraz” de ciudadanía. Grave alusión, que develó serias diferencias entre ambos políticos. Era vox populi que Mesa no quiso una alianza con Demócratas debido a que este partido cerró filas en torno al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, sobre quien pesan serias denuncias de corrupción.

Esas diferencias volvieron a recrudecer ayer, a horas del cierre de las alianzas políticas por mandato del calendario electoral, cuando el vicepresidente de Demócratas, Ernesto Suárez, se refirió a Mesa con duros calificativos. “Tampoco sería bueno pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado”, dijo en Contacto Bolivia.

A Mesa, que pudo ser clave para la unidad de la oposición, termina traicionándolo un perfil personal poco favorable identificado por algunos políticos. Aparentemente tendrá que enfrentarse a Morales y a una segunda alianza política de oposición. 

* Periodista.

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Autoridades de Turco denuncian avasallamiento de tierras por parte de Curahuara

“Nos sentimos avasallados territorialmente, queremos denunciar públicamente” este extremo dijo el alcalde de Turco, Jonás Mollo, en conferencia de prensa en la plaza Murillo de La Paz.

El alcalde de Turco, Jonás Mollo, acompañado de autoridades originarias y pobladores.

/ 29 de mayo de 2024 / 17:10

Autoridades municipales y originarias de Turco, de Oruro, denunciaron el “avasallamiento territorial” de parte de algunos pobladores de Curahuara.

Ambos municipios de la provincia Sajama, del departamento de Oruro, reavivaron el conflicto a raíz de un problema sobre el servicio de transporte interprovincial propiciado por vecinos e Lagunas, comunidad de Curahuara.

Por una semana, Tambo Quemado, en el hito 18 del municipio de Turco, fue bloqueado por transportistas de Curahuara, que pretenden monopolizar el servicio e instalarse en la localidad turqueña fronteriza con Chile.

“Nos sentimos avasallados territorialmente, queremos denunciar públicamente” este extremo dijo el alcalde Turco, Jonás Mollo, en conferencia de prensa en la plaza Murillo de La Paz.

La autoridad reivindicó la soberanía del territorio de Tambo Quemado, en el distrito Chachacomani de Turco, y de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el que genera el conflicto. El INRA “quiere hacernos pelear”, afirmó.

“Somos el centinela de la patria” desde tiempos ancestrales dijo, por su lado, la autoridad originaria del ayllu Jach’a Salli Capurata de Chachacomani, Óscar Canqui.

En la línea del alcalde Mollo, el hilacata (autoridad originaria) reivindicó la pertenencia de Tambo Quemado al municipio de Turco e informó que desde hace medio siglo está urbanizada la localidad. “Tenemos una población de hace 50 años, urbanizada, atendida en salud y educación por la Alcaldía de Turco”, afirmó.

Puede leer: Entregan al 100 por ciento el recinto multipropósito de la Aduana en Tambo Quemado

Al respecto, el alcalde informó que el gobierno municipal de Turco, a lo largo de décadas, atendió las necesidades de Tambo Quemado a través de obras de infraestructura urbana, como colegios, centros de salud, alcantarillado, parques y enlosetado, entre otras obras.

Destacó la última obra en esa localidad con apoyo del gobierno del presidente Luis Arce, el Recinto Multipropósito de Frontera de Tambo Quemado-Oruro, sobre una superficie de 28 hectáreas concedidas por el municipio de Turco.

La infraestructura fue entregada a principios de abril de este año y tuvo una inversión de Bs 295.208.260.

Mollo lamentó que el conflicto se haya reavivado con la georreferenciación del Censo de Población y Vivienda, y anunció medidas legales para la “defensa” del territorio de Turco. “Tenemos la documentación necesaria”, dijo.

En tanto, Canqui afirmó que los pobladores de Tambo Quemado cuentan con documentos de transferencia territorial ancestrales. Dijo que las familias Apaza, Gómez, Villanueva o Canqui son los sayañeros (propietarios) de las tierras del lugar.

“Nunca vamos a abandonar nuestras tierras” y Tambo Quemado “nunca ha sido ni va a ser” de otro municipio que no sea Turco, advirtió.

La autoridad originaria denunció que durante la semana de bloqueos propiciados por transportistas de Curahuara, los comunarios de Tambo Quemado y de Turco fueron maltratados en su intento de llegar a la comunidad o viajar a La Paz.

“A la hora que han querido” los transportistas de Lagunas, Curahuara, han bajado de los vehículos a profesores y su familia que volvían a la comunidad, como forma de amedrentamiento.

“Queremos vivir en paz”, no son todos los curahuareños, dijo Canqui.

Tambo Quemado se encuentra a 285 kilómetros al sudoeste de la ciudad de La Paz y 270 kilómetros de Oruro. La localidad colinda con Chungará, en Chile.

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Judiciales estancadas: la Asamblea está atada de manos por la crisis política

El dilema radica en continuar o no con el proceso de preselección

Una sesión en la Asamblea Legislativa.

/ 29 de mayo de 2024 / 06:59

Cada quien por su lado, la Asamblea Legislativa se encuentra atada de manos para reencauzar las elecciones judiciales, cuyo proceso está suspendido desde hace 44 días. A la vista, no hay iniciativa viable y las posiciones políticas se hallan parapetadas.

Cuando se preveía la continuidad del proceso de preselección de postulantes en su fase de evaluación oral y escrita como consecuencia de la Sentencia Constitucional 0191/2024-S2, del 23 de mayo, las tensiones y desacuerdos siguen latentes entre, especialmente, las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Esa sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a instancias de la presidencia de la Asamblea Legislativa, revocó la resolución 004/2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando, que dejó en fojas cero el proceso de preselección de postulantes y declaró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales. Sin embargo, no otorgó la tutela del proceso a los legisladores recurrentes.

Con este miércoles, el proceso de preselección de postulantes se encuentra paralizado 44 días.

El 16 de abril, a solicitud de la abogada Margarita Medrano, que resultó inhabilitada como postulante a las elecciones, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz dispuso la suspensión de las tareas de las comisiones de Constitución y Justicia Plural. Y el 30 de abril, a instancias de la abogada Yeny Dury, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando frenó el proceso.

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Asamblea

A una semana de la última sentencia del TCP, no hay forma cómo se reencauce el proceso de evaluación oral y escrita de los postulantes, fase en la que había quedado suspendido.

La mañana de ayer, en la transmisión digital La Razón Radio, la senadora de Chuquisaca Silvia Salame consideró que, si bien la sentencia del TCP es “solo una opinión” de magistrados “autoprorrogados” de la que hay que hacer “abstracción”, las comisiones mixtas deberían continuar con su trabajo desde la fase que fue suspendida. “Al impedido por causa justa, no le corresponde término”.

Similar criterio expresó la semana pasada en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado. Esos días de suspensión del proceso “es tiempo muerto”, afirmó.

Sin embargo, Salame sugirió la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de una resolución de interpretación de la Ley 1539 para reencaminar el proceso. Desahució cualquier posibilidad de que las comisiones puedan tomar una decisión por su cuenta.

El sábado, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador evista Roberto Padilla, negó la posibilidad de continuar con la fase de preselección pendiente. Afirmó que, ante los plazos vencidos el 5 de mayo, la Asamblea Legislativa perdió competencia sobre los comicios.

Parálisis

Ante el estado de parálisis legislativo sobre las elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, demandó ayer la reanudación del trabajo de comisiones.

Similar posición fue expresada el lunes por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.

En respuesta, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador evista Miguel Rejas, instó ayer a Choquehuanca a convocar a sesión bicameral.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos”, afirmó.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, propuso el lunes un “diálogo judicial” bicameral y tripartidario. Como Salame, consideró que la última sentencia del TCP “no tiene efecto jurídico”.

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Morales propone renta de dos salarios mínimos solo a expresidentes electos por voto

Evo Morales planteó la reducción como parte de su campaña

Álvaro García y Evo Morales, en su mandato

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de mayo de 2024 / 06:47

Con un dejo de campaña electoral, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, planteó ayer la reducción de las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes. Consideró que solo exautoridades electas reciban ese beneficio.

“Los expresidentes de Bolivia tienen derecho a tener una renta, pero ésta debe ser de máximo dos salarios mínimos. Ése es mi compromiso ante el pueblo boliviano si llegó a la presidencia”, escribió ayer el exmandatario en sus redes sociales.

Actualmente, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, el equivalente de 10 salarios mínimos, que con el último ajuste es de Bs 2.500.

Sin embargo, Morales condicionó el pago de ese beneficio a solo las exautoridades electas por voto. “De los expresidentes que quedan, ninguno ganó elecciones y fueron elegidos por el Congreso, por sucesión. Solo los electos por el voto del pueblo deberían tener una renta de dos salarios mínimos”, propuso Morales.

Revise: Evo Morales pide juicio a cinco vocales del TSE que lo inhabilitaron en 2020

Expresidentes

Actualmente, no hay exmandatario cuyas funciones hayan derivado de una votación directa en una elección. A saber: Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, sucedió al dimisionario Carlos Mesa (2003-2005), que a su vez reemplazó en la magistratura al renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Jorge Quiroga (2001-2003) sucedió al renunciante Hugo Banzer (1997-2001) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), que resultó tercero en las elecciones de 1989 (luego de Sánchez de Lozada y Banzer), fue elegido en el antiguo Congreso Nacional. Jeanine Áñez, a la que se le atribuye haber gestado el “golpe de Estado” de 2019 y por el que fue sentenciada a 10 años de prisión, no goza la renta a pesar de haberla reclamado.

También reciben ese beneficio los exvicepresidentes Álvaro García y Víctor Hugo Cárdenas.

La renta fue establecida en la Ley 376, de Reconocimiento Pecuniario a Expresidentes y Exvicepresidentes Constitucionales, del 15 de mayo de 2013.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, electos en 2020, también serán beneficiarios de la renta vitalicia al concluir su mandato.

(27/05/2024)

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Evo Morales pide juicio a cinco vocales del TSE que lo inhabilitaron en 2020

Entonces, a través de Twitter, Evo Morales consideró que la decisión del TSE “es un golpe contra la democracia”. “Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS”, afirmó.

Los vocales del TSE que anunciaron en 2020 la inhabilitación de Evo Morales.

Por Rubén Atahuichi

/ 26 de mayo de 2024 / 19:23

Evo Morales pidió un juicio penal contra los cinco vocales que en 2020 lo inhabilitaron como candidato a senador por Cochabamba. “Cometieron un acto inconstitucional”, afirmó.

El exmandatario planteó esa iniciativa como respuesta a las reacciones en su contra por su interés de ser indemnizado con Bs 1.912.933,59 en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, del 7 de mayo de 2021.

“Nunca hemos pedido dinero como compensación a esa injusticia. Lo dije en marzo de 2022, en un Twitter, que no teníamos intención de cobrar plata”, escribió Morales la tarde de ese domingo en redes sociales.

El jueves, el abogado Wilfredo Chávez recordó que Morales reclamó esa indemnización por razones de justicia, “por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el TSE”.

https://x.com/evoespueblo/status/1794852792823070857

El 20 de febrero de 2020, a través de la Resolución Jurisdiccional 010/2020, el TSE inhabilitó a Morales como candidato a una senaturía por Cochabamba. Entonces, los vocales alegaron que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), radicado en Argentina, no contaba con el requisito de residencia.

Puede leer: Propuesta electoral de Morales: reducir renta de expresidentes ‘a dos mínimos’ salariales

En conferencia de prensa, el vocal Salvador Romero comunicó la decisión, acompañado por sus colegas Francisco Vargas, Óscar Hassenteufel, María Angélica Ruiz, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez.

Entonces, a través de Twitter, Morales consideró que la decisión del TSE “es un golpe contra la democracia”. “Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS”, afirmó entonces.

Meses después, el 20 de septiembre, el entonces presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó la medida. “El TSE ya se pronunció sobre la residencia del candidato de Evo Morales e hizo toda una evaluación y se pronunció en una resolución, que está de acuerdo al Tribunal Supremo, apegado a lo que disponen la Constitución y las leyes”, afirmó.

En su mensaje de este domingo, Morales consideró que quieren callarlo con esa indemnización. “No estamos aquí por plata, estamos para hacer justicia, no quiero que nunca más mis hermanos menores, líderes políticos, indígenas sean inhabilitados por el TSE”, justificó.

En su criterio, “han comenzado a tergiversar la información” con el “único interés de dañar” su imagen. Esto, “para pretender que la ciudadanía considere que nosotros somos platistas, falseando la verdad y también la realidad”, dijo. El sábado, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que, con esa indemnización, Morales “quiere hacerse rico”. Su colega Francisco Vargas calificó el viernes de “exagerado” el reclamo del exmandatario y consideró que el TCP “se extralimitó” con el fallo a favor de Morales.

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Otro frente de conflicto: El dilema ahora es continuar o no con la preselección

Iván Lima apunta a Miguel Rejas y Roberto Padilla como responsables.

Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución

Por Daniel Zenteno y Rubén Atahuichi

/ 25 de mayo de 2024 / 01:53

Liberada la preselección de postulantes para las elecciones judiciales a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el arcismo y el evismo se encuentran enfrentados ahora en el dilema de continuar o no con el proceso suspendido.

Quien puso reparos sobre la situación fue el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Padilla, quien adelantó que el Órgano Legislativo perdió competencia sobre el proceso debido al vencimiento —en su criterio— de los plazos.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita, nosotros, ya no tenemos competencia”, afirmó ayer el legislador a radio Global de Sucre.

Preselección

“Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, justificó.

Hasta ayer, 24 horas después de la decisión del TCP sobre la continuidad del proceso, ninguna de las comisiones había convocado a una sesión sobre el caso.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, demandó la atención de Padilla y de Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución. “Ambos son los presidentes de las comisiones y deben liderar este proceso que, a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

Los responsabilizó del futuro del proceso electoral. “Si Rejas y Padilla hacen su trabajo, vamos a tener elecciones judiciales; si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos —perdón, a sus ahijados— a las candidaturas, claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”, espetó.

Elecciones judiciales

Lima se refirió a unos audios que la red DTV difundió a finales de marzo. “Van a ir a visitarte, por fa, ¿ya? Ya ahí hablamos y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo, ¿ya? Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina todo y con confianza Miguel porfa ¿ya?”, se escucha decir a una mujer, supuestamente en conversación con el senador Rejas.

En la entrevista de ayer, el senador expuso otro argumento y criticó la decisión del TCP. “El TCP fácilmente dice que continuemos, pero también nos dice el problema de las postulantes mujeres indígenas (…), nuevamente nos van a paralizar, nos van a decir ‘están haciendo ilegal’; ya no confiamos”, arguyó Rejas.

“Mientras existan estos magistrados autoprorrogados el proceso de preselección sigue corriendo riesgo”, cuestionó el senador.

Plazos

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, otorga 80 días calendario Asamblea Legislativa para el trabajo de preselección de postulantes, en todas sus fases, y 150 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones judiciales.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural comenzaron su trabajo el 16 de febrero con la convocatoria a postulantes y el 19, con el registro.

El proceso debía terminar el 5 de mayo, pero dos recursos lo impidieron: el 16 de abril, una sala constitucional de Santa Cruz falló a favor de Margarita Medrano y el 30 de abril, otra sala constitucional, esta vez de Pando, dejó en fojas cero el proceso y declaró inaplicable la Ley 1549 a instancias de Jeny Dury. Precisamente, el TCP anuló esta última decisión.

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