La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó un amparo constitucional ante el juez de garantías del municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, para que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervise el congreso nacional de esa facción previsto para el 10 de julio.

“Lo que se busca es que el Órgano Electoral (…) pueda aprobar una supervisión para el congreso de Villa Tunari, que está convocado para el 10 de julio”, dijo el dirigente del MAS evista Rodolfo Machaca en una entrevista con la red DTV.

Según explicó, la solicitud fue presentada por Elizabeth Paco, electa vicepresidenta del MAS en congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, a principios de octubre del año pasado. Esa dirigencia no fue registrada ente el Órgano Electoral por una serie de incumplimientos a su estatuto.

TSE

La audiencia que definirá ese amparo está programada para este miércoles a las 10.00. En la espera de una decisión favorable, un grupo de militantes y simpatizantes evistas instalaron una vigilia en puertas del tribunal de Cuatro Cañadas.

“Las organizaciones sociales ya están molestas porque desconfían de actuar del órgano electoral. Esperamos que el juez de garantía actúe bajo derecho y bajo las normas”, agregó Machaca.

Afirmó que la supervisión del congreso evista será “el desquite” del TSE, y recordó que la Sala Constitucional Primera de La Paz, ordenó el 2 de mayo al TSE la supervisión del congreso arcista, que se celebró el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Si bien el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) supervisó dicho cónclave, la Sala Plena, en base a un informa de la comisión técnica que asistió al evento, decidió no registrar sus resoluciones, debido a incumplimientos “insubsanables” a su estatuto orgánico.

MAS

En medio de las disputas por la “legitimidad” de las convocatorias arcista y evista, el TSE emitió el 8 de mayo la primera amonestación grave por incumplir con la renovación de su directiva. La última fue registrada ante el TSE en 2017 y se mantiene vigente hasta ahora por disposición del TSE, que amplió por quinta vez el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus dirigencias.

En caso de que el TSE emita una segunda sanción, el MAS se expone a la pérdida de su personería jurídica.

El líder del MAS, Evo Morales, consideró que la amonestación al MAS responde a órdenes del presidente Luis Arce.

En su justificación, Morales dijo que el presidente Luis Arce “instrumentalizar” al TSE en busca de proscribir al MAS e inhabilitarlo como candidato en las elecciones de 2025.

El expresidente del Estado y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propuso este martes un acuerdo político-institucional para que las elecciones judiciales se realicen este año y, las primarias “abiertas”, en 2025.

El planteamiento busca un “acuerdo mínimo con el conjunto de las fuerzas políticas y particularmente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Electoral” y consta de seis puntos.

“El reordenamiento de los procesos electorales, trasladando para el 2025 todos los actos de las elecciones presidenciales, suprimiendo las primarias cerradas y aprobando las abiertas simultáneas obligatorias y competitivas a realizarse el próximo año”, dice la primera propuesta del exmandatario.

La segunda plantea “la realización de las elecciones judiciales, cesación de los autoprorrogados y posesión de los nuevos magistrados y consejeros del Órgano Judicial en 2024”.

Carlos Mesa

Asimismo, la tercera idea del líder opositor busca “el cumplimiento de las obligaciones generadas por los resultados del Censo de Población y vivienda en lo económico y político (redistribución de escaños) en 2024”.

Un cuarto punto pide “el establecimiento de las garantías orgánicas y funcionales para la transparencia de la realización, cómputo y resultados de las elecciones presidenciales y subnacionales con el saneamiento del Padrón Electoral, sistema informático confiable y TREP, en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales”.

Además, “el fortalecimiento del Órgano Electoral, especialmente del TSE, a través de garantías orgánicas y funcionales para que sus decisiones tengan la fuerza y legitimidad de un verdadero cuarto poder del Estado, en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales”.

Jáuregui

Finalmente, se prevé “garantizar que la nueva ALP, emergente de las elecciones de 2025, elija oportunamente a los nuevos vocales del TSE que deben presidir las elecciones subnacionales de 2026”.

Conocida la propuesta, y consultado al respecto, el diputado del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui descartó algún acuerdo con Mesa y su equipo, y calificó de “descabellada” esa idea.

“Nosotros no pactamos, no tranzamos, no hacemos coalición con nuestros masacradores. Con los golpistas no pactamos”, dijo en conferencia de prensa.

“Por eso, como sector renovador del MAS, no tiene ningún tipo de posibilidad de tener viabilidad”, complementó.

La Sala Constitucional Primera de Cochabamba declinó competencia sobre la acción de cumplimiento contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentada por legisladores evistas.

El recurso planteaba la inclusión en la agenda bicameral de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros prorrogados por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La Sala Constitucional I, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, DECLINA COMPETENCIA territorial y en consecuencia DISPONE la remisión de la presente Acción de Amparo de Cumplimiento y actuados acompañados, ante la Sala Constitucional de Turno del Departamento de La Paz, sea con la debida nota de atención dirigida (sic)”, se lee en el por tanto de documento al que accedió La Razón.

Inicialmente, ese recurso fue presentado en La Paz, por los senadores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) MAS William Torrez y Lucy Escobar. Luego de ser sorteada y derivada a la Sala Constitucional Primera, a cargo del vocal Israel campero, los accionantes decidieron retirar el memorial y trasladarlo al Tribunal de Justicia de Cochabamba.

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez el lunes.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (la Cámara de Diputados en este caso) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

Torrez volvió a denunciar una supuesta manipulación informática que derivó la asignación de la acción de cumplimiento a la sala de Campero.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

Nota en desarrollo

El exprocurador del Estado y abogado del MAS Wilfredo Chávez admitió que su esposa, Vanessa Miramendy, presentó uno de los 39 amparos constitucionales en contra de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La abogada fue rechazada en su postulación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de La Paz. Según informo Chávez a La Razón, el motivo por el que la separaron del proceso tuvo que ver con su antigüedad como profesional.

“Ella (su esposa) tiene más de 20 años de antigüedad como abogada; 20 años desde el título, y supuestamente le han dicho que no tiene antigüedad, y ése fue (el motivo de) el amparo, nada más (…). Entonces, ella ha postulado, efectivamente, y ha acudido a la Justicia para que le reparen su derecho”, dijo Chávez en entrevista con La Razón.

Wilfredo Chávez

Defendió la trayectoria de Miramendy, de la que dijo que es titulada por la Escuela de Jueces y ejerce, actualmente, el cargo de juez de Familia en el municipio de El Alto.

Las declaraciones de Chávez son una respuesta a la denuncia del diputado de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, que afirmó que 17 de los 39 amparos constitucionales contra las judiciales fueron presentados por exfuncionarios y afines de Evo Morales, entre ellos Miramendy.

“No es la primera vez que escuchamos en la sucia boca de Jáuregui estas cosas y cuando queramos vamos a contestar con la altura que haya que hacer”, respondió Chávez.

Pidió, además, que se investigue si la calificación que obtuvieron los postulantes que, según dijo, son allegados a Jáuregui y otros miembros del Órgano Ejecutivo.

Elecciones Judiciales

“Habría que ver los allegados al diputado Jáuregui, a los ministros de ellos. Si están habilitados o no, para hacer ecuánimes, yo pido esa investigación a los medios de comunicación para que sea efectivamente un balance. ¿Quiénes están habilitados?, veamos de dónde vienen, si trabajan en el Ejecutivo y cuánto (de puntaje) tienen, y cómo han votado esos diputados”, reclamó.

El debate por la continuidad de las elecciones judiciales, según el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, está en manos de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural.

Entretanto, el titular de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, afirmó que es una sesión de la Asamblea Legislativa, para definir nuevos plazos, pues la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, establece un plazo de 80 días para que ese órgano remita una lista de 192 postulantes para los comicios judiciales. Ese tiempo se cumplió el 6 de mayo.

En la búsqueda de la continuidad del proceso de elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

“Nosotros, desde el principio, indicamos que tiene que proseguir las elecciones judiciales. Hay un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional y las comisiones mixtas deben analizar y proceder, eso dejamos a las comisiones mixtas”, dijo el diputado arcista a los periodistas en La Paz.

El lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, instó a las dos comisiones, que llevan adelante el proceso de preselección, a que sigan con su trabajo.

Judiciales

Pasaron 43 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz puso el primer freno y ordenó paralizar el proceso. El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Luego, el 30 de abril, la acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró que la Sala Constitucional Primera de Cobija apruebe la acción popular que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Pero la luz verde para la continuidad se vio el jueves de la semana pasado, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo dictado en Pando.

Por su parte, consultado por los periodistas en La Paz, el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

Comisiones mixtas

En criterio del senador evista, la Asamblea debe resolver una ampliación de plazos para que se pueda retomar el proceso que debe concluir con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 postulante.

Ese plazo, según la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, es de 80 días y se cumplió el pasado 5 de mayo.

En criterio de Rejas, con el plazo vencido, se necesita de una norma que amplíe ese tiempo.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, insistió Rejas.

Por su parte, en una entrevista con La Razón Radio, la senadora chuquisaqueña Silvia Salame advirtió de la “urgencia” de resolver los escollos y continuar con la preselección, pero criticó que a sus colegas legisladores “no quieren entender” aquello.