La Procuraduría califica de ilegales fallos a favor de Áñez y usará todos los recursos para revertirlos
La institución rechazó las declinatorias de competencia en los casos Sacaba y Senkata, que “no solo contradicen la normativa procesal penal, sino que también desafían sentencias inapelables y vinculantes de la justicia constitucional y ordinaria”.
El procurador general del Estado, César Siles, informa sobre el fallo del caso Orlandini.
Imagen: APG
Después que dos tribunales de sentencia, de Sacaba y El Alto, se declararan incompetentes para enjuiciar a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por la vía ordinaria, la Procuraduría General del Estado remarcó que utilizará “todos los recursos legales” para revertir estas decisiones que amenazan el derecho a “la justicia independiente y transparente”.
La institución rechazó los fallos porque “no solo contradicen la normativa procesal penal, sino que también desafían sentencias inapelables y vinculantes de la justicia constitucional y ordinaria”.
“Los jueces que, de manera ilegal, se autodeclaran incompetentes para enjuiciar penalmente a la exsenadora Jeanine Áñez y sus cómplices por su participación en la ruptura del orden constitucional hace exactamente cuatro años, están privando a las víctimas de las garantías de Memoria, Verdad y Justicia. Estas decisiones ignoran flagrantemente las graves violaciones de los derechos humanos documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)” (sic), indicó la Procuraduría, a través de un comunicado.
El miércoles, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba declinó su competencia para llevar adelante “el juicio oral contra una expresidenta y los otros involucrados, ya que de llevar adelante en vía ordinaria la tramitación del juicio y el emitir una sentencia en primera instancia se estuviera incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”.
Esta decisión es por el caso Sacaba, que investiga la masacre del 15 de noviembre de 2019 en Cochabamba, tres días después que Áñez tomó el poder, que dejó el saldo de 10 fallecidos por impactos de bala en un operativo bajo el paraguas legal del Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidad penal a los efectivos que participen en operativos para “restablecer el orden”.
A finales de octubre de la actual gestión, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto se declaró también incompetente para juzgar a Áñez por el caso Senkata en la vía ordinaria, al considerar que fue reconocida como Presidenta por los órganos del Estado y le correspondería el juicio de responsabilidades.
“Si bien, la forma de asumir la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado por Jeanine Áñez es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del órgano Ejecutivo; no solamente como ciudadanos, sino también los órganos del Estado, como el Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el propio Órgano Ejecutivo”, señala la resolución.
Esto aplica para el caso Senkata, que indaga la masacre en ese barrio de El Alto, el 19 de noviembre de 2019, que dejó otros 10 fallecidos por balas.
La Procuraduría señaló que, en su rol constitucional de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, se involucró “activamente en el proceso” conocido como las “Masacres de Senkata y Sacaba”.
Áñez asumió la presidencia transitoria el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política tras la renuncia de Evo Morales, luego de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
“Es fundamental destacar que estos magistrados que deniegan la justicia están haciendo caso omiso de manera deliberada a la Sentencia Constitucional Plurinacional (TCP) 0052/2021, la cual establece de manera clara y contundente que al autoproclamarse, Jeaníne Añez infringió el Artículo 169 de la Constitución Política del Estado, en la vía jerárquica ordinaria correspondiente”, subrayó la Procuraduría.
Áñez se encuentra en el penal de Miraflores, en La Paz. Tiene una sentencia, en primera instancia, de 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II, que se ventila en la vía ordinaria. Según la Fiscalía, ella se proclamó mandataria sin el quórum respectivo en la Asamblea Legislativa y vulnerando el reglamento de debates de la Cámara de Senadores.
